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La obra vincula las instituciones, el orden público y la construcción de una ciudadanía en la Pampa Central con la extensión de propiedades de construcción del Estado que el gobierno federal intentaba concretar en los territorios nacionales -fines del siglo XIX-. Se analizan las instituciones, su constitución, funcionamiento e inconvenientes. Se reconstruyen las relaciones de la incipiente sociedad civil que estaba adquiriendo rasgos de "ciudadanía", pese a la limitación del derecho a la soberanía y representación política, por cuya razón se abocó al reducido poder local, a la conversión del Territorio en provincia y a la presión sobre las instituciones del Estado. Ciertos sectores sociales -vecinos propietarios- participaron en el poder y pudieron incidir en la disposición de un determinado orden público. Se descubre este entramado a través de la cuestión política, la constitución de la esfera pública, el papel de la prensa, y el accionar de sectores gubernamentales y particulares, especialmente en los conflictos sociales. Estas cuestiones se analizan con mayor profundidad en el estudio particular de una institución: la justicia letrada nacional con marcado poder en el Territorio. Se demuestra que esta institución ejerció un papel importante en la extensión de las propiedades que caracterizaron la construcción y consolidación del Estado. El protagonismo judicial a nivel nacional tuvo su correlación en el poder de los jueces y de los juzgados letrados territoriales, basado en: el carácter nacional de estos tribunales, el perfil profesional de sus miembros, una red social y política de los magistrados a nivel nacional y, la debilidad de las demás instituciones del Territorio. Este poder era reconocido y consolidado por la prensa y los vecinos -propietarios, comerciantes y profesionales- interesados en jerarquizar el papel de la justicia.

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Los expedientes judiciales nos permiten acercar al complejo entramado de relaciones que se tejen entre los distintos actores sociales a nivel local. Aquí nos ocuparemos de uno de los sujetos de singular importancia en la sociedad rural bonaerense colonial: el pulpero. Sus vínculos con los distintos actores sociales locales son manifiestos, desde hacendados acaudalados y principales autoridades locales hasta vagabundos, esclavos e indios. Este artículo estudia el rol que cumplen los pulperos rurales en los conflictos que llegan a la justicia. ¿De qué lado se encuentran la mayoría de los pulperos, víctimas, acusados, testigos, funcionarios judiciales, etc.? ¿En qué tipo de casos se ven involucrados los pulperos? Robo de sus tiendas, violencia frente al mostrador, engranaje del circuito de contrabando de cueros son algunos de los asuntos en los que tienen vinculación directa. Por otro lado el trabajo aborda un tema más general ¿El pulpero perseguido por el Estado o instrumento de éste para perseguir a los sujetos que afecten el "orden público "? En definitiva el estudio intenta situar al pulpero dentro de la conflictividad de la campaña y el juego de coacción y negociación que se desarrolla con el avance de la racionalización del espacio rural hacia fines del siglo XVIII en la región pampeana.

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La obra vincula las instituciones, el orden público y la construcción de una ciudadanía en la Pampa Central con la extensión de propiedades de construcción del Estado que el gobierno federal intentaba concretar en los territorios nacionales -fines del siglo XIX-. Se analizan las instituciones, su constitución, funcionamiento e inconvenientes. Se reconstruyen las relaciones de la incipiente sociedad civil que estaba adquiriendo rasgos de "ciudadanía", pese a la limitación del derecho a la soberanía y representación política, por cuya razón se abocó al reducido poder local, a la conversión del Territorio en provincia y a la presión sobre las instituciones del Estado. Ciertos sectores sociales -vecinos propietarios- participaron en el poder y pudieron incidir en la disposición de un determinado orden público. Se descubre este entramado a través de la cuestión política, la constitución de la esfera pública, el papel de la prensa, y el accionar de sectores gubernamentales y particulares, especialmente en los conflictos sociales. Estas cuestiones se analizan con mayor profundidad en el estudio particular de una institución: la justicia letrada nacional con marcado poder en el Territorio. Se demuestra que esta institución ejerció un papel importante en la extensión de las propiedades que caracterizaron la construcción y consolidación del Estado. El protagonismo judicial a nivel nacional tuvo su correlación en el poder de los jueces y de los juzgados letrados territoriales, basado en: el carácter nacional de estos tribunales, el perfil profesional de sus miembros, una red social y política de los magistrados a nivel nacional y, la debilidad de las demás instituciones del Territorio. Este poder era reconocido y consolidado por la prensa y los vecinos -propietarios, comerciantes y profesionales- interesados en jerarquizar el papel de la justicia.

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Los expedientes judiciales nos permiten acercar al complejo entramado de relaciones que se tejen entre los distintos actores sociales a nivel local. Aquí nos ocuparemos de uno de los sujetos de singular importancia en la sociedad rural bonaerense colonial: el pulpero. Sus vínculos con los distintos actores sociales locales son manifiestos, desde hacendados acaudalados y principales autoridades locales hasta vagabundos, esclavos e indios. Este artículo estudia el rol que cumplen los pulperos rurales en los conflictos que llegan a la justicia. ¿De qué lado se encuentran la mayoría de los pulperos, víctimas, acusados, testigos, funcionarios judiciales, etc.? ¿En qué tipo de casos se ven involucrados los pulperos? Robo de sus tiendas, violencia frente al mostrador, engranaje del circuito de contrabando de cueros son algunos de los asuntos en los que tienen vinculación directa. Por otro lado el trabajo aborda un tema más general ¿El pulpero perseguido por el Estado o instrumento de éste para perseguir a los sujetos que afecten el "orden público "? En definitiva el estudio intenta situar al pulpero dentro de la conflictividad de la campaña y el juego de coacción y negociación que se desarrolla con el avance de la racionalización del espacio rural hacia fines del siglo XVIII en la región pampeana.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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La obra vincula las instituciones, el orden público y la construcción de una ciudadanía en la Pampa Central con la extensión de propiedades de construcción del Estado que el gobierno federal intentaba concretar en los territorios nacionales -fines del siglo XIX-. Se analizan las instituciones, su constitución, funcionamiento e inconvenientes. Se reconstruyen las relaciones de la incipiente sociedad civil que estaba adquiriendo rasgos de "ciudadanía", pese a la limitación del derecho a la soberanía y representación política, por cuya razón se abocó al reducido poder local, a la conversión del Territorio en provincia y a la presión sobre las instituciones del Estado. Ciertos sectores sociales -vecinos propietarios- participaron en el poder y pudieron incidir en la disposición de un determinado orden público. Se descubre este entramado a través de la cuestión política, la constitución de la esfera pública, el papel de la prensa, y el accionar de sectores gubernamentales y particulares, especialmente en los conflictos sociales. Estas cuestiones se analizan con mayor profundidad en el estudio particular de una institución: la justicia letrada nacional con marcado poder en el Territorio. Se demuestra que esta institución ejerció un papel importante en la extensión de las propiedades que caracterizaron la construcción y consolidación del Estado. El protagonismo judicial a nivel nacional tuvo su correlación en el poder de los jueces y de los juzgados letrados territoriales, basado en: el carácter nacional de estos tribunales, el perfil profesional de sus miembros, una red social y política de los magistrados a nivel nacional y, la debilidad de las demás instituciones del Territorio. Este poder era reconocido y consolidado por la prensa y los vecinos -propietarios, comerciantes y profesionales- interesados en jerarquizar el papel de la justicia.

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Los expedientes judiciales nos permiten acercar al complejo entramado de relaciones que se tejen entre los distintos actores sociales a nivel local. Aquí nos ocuparemos de uno de los sujetos de singular importancia en la sociedad rural bonaerense colonial: el pulpero. Sus vínculos con los distintos actores sociales locales son manifiestos, desde hacendados acaudalados y principales autoridades locales hasta vagabundos, esclavos e indios. Este artículo estudia el rol que cumplen los pulperos rurales en los conflictos que llegan a la justicia. ¿De qué lado se encuentran la mayoría de los pulperos, víctimas, acusados, testigos, funcionarios judiciales, etc.? ¿En qué tipo de casos se ven involucrados los pulperos? Robo de sus tiendas, violencia frente al mostrador, engranaje del circuito de contrabando de cueros son algunos de los asuntos en los que tienen vinculación directa. Por otro lado el trabajo aborda un tema más general ¿El pulpero perseguido por el Estado o instrumento de éste para perseguir a los sujetos que afecten el "orden público "? En definitiva el estudio intenta situar al pulpero dentro de la conflictividad de la campaña y el juego de coacción y negociación que se desarrolla con el avance de la racionalización del espacio rural hacia fines del siglo XVIII en la región pampeana.

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This paper reviews the literature on the prevalence of constitutional review across the world, and particularly in emerging democracies, during the last two decades. Two major questions should be addressed in this regard. First, why has the judiciary been empowered and what factors affect judicial activism? Second, does constitutional review ensure an effective self-enforcing function? In sum, the literature shows that constitutional review can make democracy self-enforcing if there is sufficient competition among political parties or between the legislature and the executive branch of government. In a more sophisticated case, political balance within the court can also ensure the observance of court decisions.

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Esta dissertação descreve e analisa a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania , no período de 2002 a 2006. A pesquisa examina as estratégias da Campanha que tem por objetivo a valorização dos direitos humanos e a dignidade do cidadão nos programas de televisão. Observa sua forma de organização, mobilização social e influência na melhoria da qualidade da programação televisiva. Discute o papel do Estado e os limites da fiscalização. Investiga, ainda, a repercussão da Campanha nas ações dos poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa. As estratégias de comunicação e as ações da Campanha mobilizaram a sociedade civil, a mídia e o Ministério Público a favor da qualidade da programação. Patrocinadores foram convencidos a não associarem suas marcas a programas de qualidade duvidosa. Emissoras de televisão aberta foram punidas e até mesmo obrigadas a substituir programas de baixa qualidade por programas independentes selecionados pelo Coletivo Intervozes. Em cinco anos de atuação, a Campanha gerou quase 30 mil denúncias contra a baixaria na TV e provocou a mudança da Classificação Indicativa para programas de televisão com a edição da Portaria 264/07 do Ministério da Justiça, publicada no dia 12 de fevereiro de 2007. A nova Portaria estabelece regras mais rígidas para o setor, com critérios já adotados em outros países e vem provocando reações dos empresários de televisão. Finalmente, a pesquisa demonstrou a dificuldade de diálogo entre os diferentes setores da sociedade civil com os empresários de televisão e o Ministério das Comunicações. Revela, ainda, que o controle social da TV aberta é necessário para garantir a qualidade da programação na televisão e que a mobilização social, quando organizada, produz resultados em benefício do interesse público.(AU)

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Esta dissertação descreve e analisa a Campanha Quem Financia a Baixaria é Contra a Cidadania , no período de 2002 a 2006. A pesquisa examina as estratégias da Campanha que tem por objetivo a valorização dos direitos humanos e a dignidade do cidadão nos programas de televisão. Observa sua forma de organização, mobilização social e influência na melhoria da qualidade da programação televisiva. Discute o papel do Estado e os limites da fiscalização. Investiga, ainda, a repercussão da Campanha nas ações dos poderes constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Trata-se de um Estudo de Caso de natureza qualitativa. As estratégias de comunicação e as ações da Campanha mobilizaram a sociedade civil, a mídia e o Ministério Público a favor da qualidade da programação. Patrocinadores foram convencidos a não associarem suas marcas a programas de qualidade duvidosa. Emissoras de televisão aberta foram punidas e até mesmo obrigadas a substituir programas de baixa qualidade por programas independentes selecionados pelo Coletivo Intervozes. Em cinco anos de atuação, a Campanha gerou quase 30 mil denúncias contra a baixaria na TV e provocou a mudança da Classificação Indicativa para programas de televisão com a edição da Portaria 264/07 do Ministério da Justiça, publicada no dia 12 de fevereiro de 2007. A nova Portaria estabelece regras mais rígidas para o setor, com critérios já adotados em outros países e vem provocando reações dos empresários de televisão. Finalmente, a pesquisa demonstrou a dificuldade de diálogo entre os diferentes setores da sociedade civil com os empresários de televisão e o Ministério das Comunicações. Revela, ainda, que o controle social da TV aberta é necessário para garantir a qualidade da programação na televisão e que a mobilização social, quando organizada, produz resultados em benefício do interesse público.(AU)

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Pesquisa realizada nos principais veículos da mídia impressa nacional, entre os meses de julho e dezembro de 2007, com o objetivo de verificar qual é a imagem do Poder Judiciário Brasileiro divulgada pelos veículos, interpretando os principais temas abordados nas publicações e a angulação das matérias. Utilizou-se a análise de conteúdo e a ferramenta da auditoria de imagem na mídia. Concluiu-se na pesquisa que o Poder Judiciário Brasileiro é foco da mídia impressa principalmente quando analisa processos relativos a pessoas públicas, especialmente parlamentares. Também por esse motivo, observou-se que a maior parte das matérias citava a atuação do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça brasileira e responsável pelo julgamento de senadores, principais focos das matérias e autoridades com di-reito a foro privilegiado. Além disso, chegou-se à conclusão de que a maioria das matérias re-fere-se a processos ainda em curso, evidenciando-se que não há um acompanhamento fre-qüente das decisões e sentenças dos órgãos do judiciário. Embora a análise seja referente a um período delimitado, evidenciaram-se falhas na comunicação do judiciário e foram apresenta-das sugestões para aprimorar essa comunicação. (AU)

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Pesquisa realizada nos principais veículos da mídia impressa nacional, entre os meses de julho e dezembro de 2007, com o objetivo de verificar qual é a imagem do Poder Judiciário Brasileiro divulgada pelos veículos, interpretando os principais temas abordados nas publicações e a angulação das matérias. Utilizou-se a análise de conteúdo e a ferramenta da auditoria de imagem na mídia. Concluiu-se na pesquisa que o Poder Judiciário Brasileiro é foco da mídia impressa principalmente quando analisa processos relativos a pessoas públicas, especialmente parlamentares. Também por esse motivo, observou-se que a maior parte das matérias citava a atuação do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo da justiça brasileira e responsável pelo julgamento de senadores, principais focos das matérias e autoridades com di-reito a foro privilegiado. Além disso, chegou-se à conclusão de que a maioria das matérias re-fere-se a processos ainda em curso, evidenciando-se que não há um acompanhamento fre-qüente das decisões e sentenças dos órgãos do judiciário. Embora a análise seja referente a um período delimitado, evidenciaram-se falhas na comunicação do judiciário e foram apresenta-das sugestões para aprimorar essa comunicação. (AU)

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A Constituição de 1988 e leis subsequentes determinam que o Estado preste informações aos cidadãos e favoreça a sua participação nas questões públicas trata-se do princípio legal da Transparência Administrativa, que compreende os seguintes subprincípios: (1) Informação; (2) Motivação e, o mais importante, (3) Participação e interatividade cidadãs. O alto investimento na Comunicação Estatal e os avanços tecnológicos, por si sós, não garantem a prática da transparência pública ou da democratização da informação. Sob uma perspectiva multidisciplinar, esta pesquisa discutiu o princípio legal de Transparência Administrativa, comparativamente à Teoria da Comunicação, com o objetivo de propor um conceito de Comunicação Estatal que, de fato, corresponda aos ideais e à ética necessários à Comunicação Pública. Para o desenvolvimento deste estudo foi investigada a relação da comunicação com o grau de transparência alcançado no portal do Senado Federal. O estudo analisou a tramitação da reforma do Poder Judiciário no período de 2000 a 2004, tendo em vista os três subprincípios legais da Transparência Pública. A análise contemplou, no portal do Senado, o trabalho jornalístico e a disponibilização on-line de textos digitais referentes a documentos originais, tais como atas públicas e notas taquigráficas. A metodologia, de enfoques quantitativo e qualitativo, teve como instrumento principal a Nova Retórica, para análise de matérias jornalísticas e textos documentais. Para averiguação da interatividade conceito que fundamenta o ideal de justiça , foram estabelecidos critérios analíticos a partir da intersecção entre os conceitos de transparência e E-parliaments. Constatou-se que o portal do Senado, no referente à reforma da Justiça, alcançou graus de transparência, atendendo mais aos subprincípios da informação e da motivação em detrimento aos da participação e interatividade cidadãs.(AU)

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A Constituição de 1988 e leis subsequentes determinam que o Estado preste informações aos cidadãos e favoreça a sua participação nas questões públicas trata-se do princípio legal da Transparência Administrativa, que compreende os seguintes subprincípios: (1) Informação; (2) Motivação e, o mais importante, (3) Participação e interatividade cidadãs. O alto investimento na Comunicação Estatal e os avanços tecnológicos, por si sós, não garantem a prática da transparência pública ou da democratização da informação. Sob uma perspectiva multidisciplinar, esta pesquisa discutiu o princípio legal de Transparência Administrativa, comparativamente à Teoria da Comunicação, com o objetivo de propor um conceito de Comunicação Estatal que, de fato, corresponda aos ideais e à ética necessários à Comunicação Pública. Para o desenvolvimento deste estudo foi investigada a relação da comunicação com o grau de transparência alcançado no portal do Senado Federal. O estudo analisou a tramitação da reforma do Poder Judiciário no período de 2000 a 2004, tendo em vista os três subprincípios legais da Transparência Pública. A análise contemplou, no portal do Senado, o trabalho jornalístico e a disponibilização on-line de textos digitais referentes a documentos originais, tais como atas públicas e notas taquigráficas. A metodologia, de enfoques quantitativo e qualitativo, teve como instrumento principal a Nova Retórica, para análise de matérias jornalísticas e textos documentais. Para averiguação da interatividade conceito que fundamenta o ideal de justiça , foram estabelecidos critérios analíticos a partir da intersecção entre os conceitos de transparência e E-parliaments. Constatou-se que o portal do Senado, no referente à reforma da Justiça, alcançou graus de transparência, atendendo mais aos subprincípios da informação e da motivação em detrimento aos da participação e interatividade cidadãs.(AU)