997 resultados para Teología dogmatica


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Analizar las razones de la angustia que padece un mundo en crisis, a través de escritos religiosos para llegar a la figura de Jesucristo y su influencia en la vida cristiana. El presente trabajo se encuentra dividido en tres partes atendiendo a los presupuestos básicos, abarcando una serie de aspectos que deben ayudar a centrar la cuestión en torno a la figura de Jesucristo. La segunda parte la constituye exclusivamente una serie de textos de los autores más significativos y la tercera parte está integrada por la reflexión teológica. En el capítulo primero se desarrollan los presupuestos aludidos en los textos trabajados: 'La última en el cadalso', 'Diálogos de Carmelitas' y la comparación posterior de las mismas y los datos históricos en los que se basan. En el capítulo segundo se explican los textos de Gertrud von Le Fort y Georges Bernanos. En el capítulo tercero se atiende a la teología de estas obras, acerca de la agonía de Cristo y su influjo en la vida cristiana, su importancia y trascendencia. La agonía de Cristo desde un punto de vista, humano y la valoración teológica basada en el dato de la cristología cristiana y los posibles campos de la aplicación de una fórmula cristológica. Junto con la angustia con Cristo o fidelidad a la angustia. 1) Vigencia de la espiritualidad cristiana que subraya el momento de Cristo en Getsemaní. 2) Se padece la misma tentación que sufrió Cristo en el Huerto de los Olivos, la tentación de huída y fuga. 3) Los datos extraídos de los textos muestran la trascendecia de la figura de Jesucristo.

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Analizar la obra pedagógica de Lorenzo Hervás y sus repercusiones en la educación. Publicaciones existentes sobre su obra. Análisis documental. Los datos son obtenidos a través de fuentes primarias, documentos originales y fuentes secundarias: Publicaciones realizadas. Investigación histórica sobre la vida de Lorenzo Hervás. Lorenzo Hervás ingresa en la Compañía de Jesús realizando estudios de Filosofía y Teología en Alcalá de Henares que completó con estudios de astronomía y matemáticas, indicando su labor profesional en el Colegio de los Jesuitas de Cáceres, pasando posteriormente al Seminario de Nobles de Madrid y al Colegio de la Anunciata de Murcia. Con la expulsión de los jesuitas de España, marcha a Italia estableciéndose finalmente en Roma, vuelve nuevamente a España trabajando en el Archivo de la Corona de Aragón, pero decide nuevamente ir a Roma y ser el bibliotecario del Quirinal, nombrado por Pío VII, cargo que regentó hasta su muerte. Su estancia en Roma le permite ponerse en contacto con los intelectuales de la época, participando como socio de la Real Academia de Ciencias de Dublín, de la Etrusca de Crotona, es teólogo del Cardenal Albani, laconista del Cardenal Reverella y Socio de mérito de la Sociedad Económica Vascongada, además de bibliotecario. Su obra abarca temas diversos, destaca: Idea del Universo Italiano de 21 volúmenes, de los cuales los ocho primeros que tratan sobre la Historia de la vida del hombre fueron traducidos al castellano, realizando a través de esta obra un tratado completo de educación, estableciendo una parcelación en la educación, separada por etapas de la vida: Infancia, niñez y juventud; indicando para etapa un planteamiento educativo integral para el sujeto que abarca la educación física, moral y científica adaptado a las distintas etapas. Se preocupa de la educación de la sociedad española ilustrada, con sus teorías educativas se adelanta a las doctrinas sociológico-educativas del siglo XIX. Su importancia educativa destaca por su intención de lograr una armonía entre el desarrollo espiritual y el material que propugna la Ilustración, aunando los principios básicos del Catolicismo. El análisis pedagógico observa la amplitud de su obra, teniendo presente las lecturas que realiza y las influencias que tuvo en el exilio al tomar contacto con una civilización distinta a la occidental, hace que sea considerado como uno de los hombres más sabios e influyentes de su época.

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Este trabajo quiere centrarse en como nace y como se desarrolla la obra y el pensamiento de las escuelas del Ave María.. Para poder llevar a cabo este trabajo se han consultado: las distintas obras de A. Manjon, así como otras obras que estudien algún aspecto de la vida u obra de A. Manjon.. Los aspectos más relevantes sobre la persona de Manjón, su pensamiento y sus escuelas son:-Su recia personalidad está caracterizada por una gran coherencia interna. Las notas más características de su actuación son: amor a la Virgen, amor a su madre, amor a la patria, amor al trabajo, amor a los pobres y amor a la verdad.-Su mentalidad: dado sus origen familiar modesto y pueblerino, así como su formación seminarística en un ambiente cerrado, culminan con la militancia en la juventud católica recien creada para defender los intereses de una iglesia perseguida, su mentalidad era conservadora y antiliberal.-Las escuelas del Ave María: la primera escuela del Ave Maria, creada en 1889, se puede considerar como una de las primeras escuelas al aire libre. Esta escuela estaba destinada a niños de Las Cuevas, las que se fundaron más tarde estaban destinadas a niños pobres, sin que fueran precisamente gitanos. Hasta 1898 las escuelas del Ave María no se extienden fuera de Granada. A partir de esta fecha, se propusieron como modelo regenerador de la decadente España. La preocupación fundamental de Manjón fueron los talleres para la formación profesional de los alumnos de sus escuelas. Los maestros: sus primeros colaboradores fueron personas sin una preparación especial, sin embargo, supo acudir a especialistas en distintas materias para que orientaran a los maestros avemarianos, tuvo empeño, también, en promocionar a los alumnos y alumnas más aventajados de la escuela para prepararlos al magisterio y convertirles en sus colaboradores, fundó con la colaboración D. Enrique González Carrillo, en 1905, un seminario de maestros, para la formación de buenos maestros. Pedagogía Manjoriana: sin ser especialista en pedagogía, Manjón dedicó gran parte de su vida a la enseñanza. Los escritos pedagógicos: Manjón estudió la teología y la teleología de la educación, además de teólogo era jurista y trató todos los puntos de la pedagogía que están en contacto con el derecho, abordó, como teólogo y como jurista, la deontología del maestro, catequista eminente en la teoría y en la práctica, también trató la educación moral, fue Manjón un maestro práctico, ya que pasó toda su vida dedicado a la enseñanza en todos sus grados.. Manjón fue consciente de tener un estilo propio, de tener un espíritu, de buscar unos procedimientos más adecuados para enseñar mejor; ciertamente estuvo muy condicionado por los contenidos escolares de su época, su preocupación fundamental estuvo centrada en el como y en el que de la enseñanza.Su pensamiento educativo se movió siempre dentro de la más estricta ortodoxia de la doctrina de la iglesia; fue apostol infatigable de la educación popular, de la enseñanza religiosa y española. Al haber promovido personalmente cerca de trescientas escuelas, siendo el creador de la escuela al aire libre, al haber tratado practicamente todos los temas de la pedagogía, al haber redactado libros para párvulos, escolares, normallistas y universitarios, al haber practicado en todos los niveles de la enseñanza, se puede asegurar que ningún educador de ningún siglo ha desarrollado personalmente una labor pedagógica tan vasta como Manjón. Las prospectivas: con este trabajo se desea contribuir a la actualización y renovación de las escuelas del Ave María que necesitan adaptarse continuamente a las exigencias de los tiempos, permaneciendo siempre fiel a los principios básicos y al espíritu del hombre que las fundó. El ser fiel a Manjón no consiste en repetir mecánicamente lo que él dijo, sino en renovar su pensamiento pedagógico, siendo servidores del pueblo y estudiando e incorporando a su espíritu de escuela activa todas las aportaciones de las ciencias pedagógicas actuales..

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El objetivo central ha sido la comprensión de la actitud religiosa de Lorenzo Milani. Su modo de relación con Dios vivida a través de su propia existencia humana.. El proceso seguido ha sido realizado a nivel fenomenológico- descriptivo-comprensivo - sin apenas pasar a una filiación cristiana en la pertenencia teológica de Lorenzo Milani.. La interpretación de Milani , su absorción en la historía sucesiva, está por terminar. Milani no ha sido olvidado ni arrumbado con tantos otros testigos de un momento particular de la historía, tampoco es objeto de encendidas polémicas, sino más bien que continúa distante y enigmático para quien no asume sus puntos de vista más que los panoramas concretos que desde ellos ve. Milani no puede ser compartido plenamente con la vertiente política marxista, pero tampoco la perspectiva Milaniana acaba de compartirse en la zona eclesial,a Milani no se puede traducir a proposiciones estratégicas, tampoco en esta zona. El mayor peligro de Milani es caer en las redes de problemas laterales y lo es el de su misma obediencia a la jerarquía. Lo seria también el discutir o negar la validez de su propuesta de aconfesionalidad para la escuela cristiana sin comprender que no se trata de una propuesta estratégica sino de una característica más profunda..

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Resumen basado en el de la publicación

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El presente estudio analiza los orígenes, el proceso organizativo e irrupción en la escena nacional del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador, FEINE, un sector importante del movimiento indígena ecuatoriano que ha sido ignorado por la supuesta escasa significación. Los orígenes de FEINE se remontan al proceso de evangelización protestante. El protestantismo que se asentó y se expandió entre los indígenas es de la tipología evangelical, caracterizada en el primer momento como conservadora y luego de reformista al asumir el compromiso social en su teología. En este sentido FEINE se nutre de la ideología reformista. FEINE tiene sus organizaciones de base en las comunidades indígenas y en barrios urbanos marginales de indígenas que han migrado, agrupado en uniones de iglesias en ámbito local, asociaciones y federaciones en provincias y el país. Primero, FEINE se articula como organización de iglesias (en comunidades), luego como organización social (en provincias y país) y hasta actuar como movimiento social durante los últimos años. FEINE ha recibido cooperación privada externa principalmente de las iglesias. Las organizaciones no gubernamentales de origen evangelical norteamericanas juegan un papel importante a lo largo de los años ochenta y durante los años noventa, FEINE entabla básicamente relaciones y cooperación con iglesias históricas y ecuménicas tanto de Norteamérica como de Europa; aunque también establece relaciones con el Estado y organismos internacionales públicos.

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El presente trabajo aborda la problemática del ritual procesional de Jesús del Gran Poder. Parto por comprender la Procesión como una instancia movilizadora capaz de configurar los códigos, las creencias y los imaginarios ciudadanos, en una relación de resistencias, luchas e imposiciones, en el contexto de una compleja relación. Importa no perder de vista que el ritual está atravesado por elementos provenientes de diferentes matrices culturales; remite a cuestiones de identidad, a la lucha por la posesión de las imágenes, y la instrumentalización política de la celebración. Interesa también abordar el estudio de la procesión en el marco de las diversas estrategias hegemónicas y proyectos culturales que, en diferentes coyunturas históricas, han institucionalizado o prohibido el rito. Analizo la composición misma de la Procesión, sus representaciones más importantes, la presencia de la fiesta y la fórmula Barroca que trasciende su momento histórico, para pensar su impacto contemporáneo en el espacio público. En este marco de reflexión, me pregunto también por las tensiones y negociaciones entre lo popular y lo “culto” presentes en esta celebración. Finalmente, abordo la Procesión como un escenario de disputa política que combina lo religioso, lo cultural y lo identitario. En este contexto, resulta clave no olvidar el rol que desempeño la Iglesia Católica en la oficialización de la fiesta, durante la década de los años sesenta, en la lucha anti-comunista, como reacción al impacto que tuvo las tesis de la Teología de la Liberación. Los órganos oficiales del poder en alianza con la Iglesia Católica desarrollaron estrategias que combinaron hábilmente las ideologías del Hispanismo y la Fiesta Taurina.

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Desentrañar los mecanismos de exclusión de las mujeres laicas como grupo subalternizado dentro de una estructura eclesial católica eminentemente patriarcal, es el tema central de esta investigación. A través de un acercamiento a la comunidad parroquial escogida como estudio de caso, se ha buscado conocer la magnitud del trabajo femenino dentro de ella, conocer la condición socio económica de las mujeres laicas que allí trabajan y establecer de qué manera esta condición influye o no en su participación dentro de la Iglesia; se ha intentado además, determinar en qué medida ellas han sido valoradas, incluidas o excluidas dentro de su comunidad eclesial, así como las formas en que se presentan esas exclusiones. El estudio se lo ha realizado con perspectiva de género y la novedad en él, es la utilización del aporte de la Teología Feminista como lugar de resistencia al discurso hegemónico eclesial. La fuente de recolección de datos para el análisis, ha sido el escuchar las voces de las mujeres agentes de pastoral, como principales actoras en el trabajo de la Iglesia, a través de las entrevistas a ellas realizadas. Como recurso metodológico, se ha adaptado el método pastoral propio de los católicos: ver, juzgar y actuar. En este método se parte de la realidad a investigar, se juzga esa realidad a la luz de la bibliografía escogida y se vuelve a ella con nuevos elementos para su transformación. Se analizan cuatro formas en las que se expresa el poder dentro de la Iglesia: la estructura jerárquica tanto a nivel de la Iglesia universal como de la parroquia en estudio, el discurso androcéntrico del aparato doctrinal católico que la legitima, la valoración del trabajo femenino en la comunidad eclesial y los espacios de poder (Diaconado, Sacerdocio, Episcopado y Pontificado) donde las mujeres no han sido incluidas. El resultado del estudio resumido en las conclusiones, gira en torno a la premisa confirmada: “una Iglesia sostenida con el trabajo de mujeres y gobernada por hombres”, se cierra con algunas recomendaciones recogidas de las propias entrevistadas durante el proceso de observación de la realidad, que se resumen en la necesidad de emprender con elementos de formación permanentes que hagan conciencia de la situación de marginación femenina en el campo eclesial, para lograr un real empoderamiento de las mujeres de la parroquia investigada.

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Pós-graduação em Direito - FCHS

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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

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The Folha Universal, newspaper produced by the Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd, abbreviation in Portuguese for Universal Church of the Kingdom of God), reaches an average weekly circulation from 2.5 to 3.5 million copies. Studies indicate that the Folha Universal is not merely an institutional newspaper. It is systematically dedicated to be a source of political information to their readers, in order to publicize candidates and politicians who defend the Iurd’s proposals for the Brazilian public life. This paper describes results of an empirical study on the frames built by the Folha Universal about the social demands, economic and political governance considered as priorities to the public management by the Iurd around five themes of analysis: public safety; children and adolescents care; public health; environment; politics and economy. The results indicate that, as characteristics of the Folha Universal in the four months prior to the 2010 Brazilian elections, aspects that differ from those indicated by previous studies on the newspaper. Previously detected in the pages of Folha Universal as a mean for finding solutions to social problems, the theology of prosperity was in our sample replaced by the formulation of public policies.

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Nonostante la riforma societaria ed i tentativi di rilanciare l’economia nazionale, ancora oggi la principale fonte di ricchezza e di capitalizzazione resta l’investimento immobiliare. Ed ecco perchè si sente sempre più parlare di “Real Estate”, ovvero dei diritti reali sui beni immobili, della loro circolazione, e delle garanzie e tutele ad essa correlate. Dalla vendita immobiliare tipizzata nel codice civile del ’42 ad oggi molto è cambiato. E il mio lavoro parte proprio da un’analisi delle nuove forme e dei nuovi limiti alla circolazione degli immobili. In primis ho affrontato il tema del riconoscimento giurisprudenziale della cessione di cubatura: un esempio tipico del passaggio dal fatto al diritto attraverso la costruzione giurisprudenziale di nuove fattispecie giuridiche già in uso fra gli operatori del mercato. Tecnicamente la stessa espressione “cessione di cubatura” non risulta corretta: non si ha una vera e propria cessione, quanto la costituzione di una servitù ius non edificandi a favore di un terreno e a carico di un altro. La giurisprudenza è ormai concorde nello stabilire che l’accordo delle parti rimane comunque privo di efficacia se ad esso non segue un permesso di costruire della Pubblica Amministrazione che riconosca la maggiore capacità edificatoria al terreno a cui vantaggio è stabilità la servitù. Un’altra nuova forma di circolazione della proprietà, così come degli altri diritti reali minori, è la multiproprietà. La multiproprietà viene disciplinata nel nostro ordinamento, a seguito di una risoluzione del Parlamento Europeo del 13 ottobre 1988, dapprima con il D.lgs. 9 novembre 1998 e da ultimo con il Codice del Consumo, che con gli artt. 69 ss. stabilisce una più puntuale tutela degli acquirenti. Si riconosce qui l’esistenza di uno squilibrio fra le posizioni contrattuali fra venditore ed acquirente/consumatore: vi è una profonda asimmetria informativa fra le parti, che viene colmata prevedendo la consegna al futuro acquirente di un dettagliato prospetto informativo predisposto dal venditore. La mia attenzione si è concentrata proprio sul tema delle tutele che il nostro ordinamento riconosce al consumatore multiproprietario: un prospetto informativo dal contenuto minimo legislativamente predeterminato, recesso, fideiussione. Ho dedicato un particolare approfondimento alla normativa sull’acquisto immobiliare sulla carta. Il D.lgs. 122/2005 si inserisce nel contesto di una legislazione, che spesso trova la sua origine nel diritto privato europeo, finalizzata alla regolamentazione di un fenomeno sempre più frequente nella realtà economica contemporanea, rappresentato dalla contrattazione fra soggetti che si trovano in una posizione di squilibrio contrattuale: un “contraente forte” da una parte, ed un “contraente debole” dall’altra. La legislazione nazionale interviene sempre più frequentemente per porre un rimedio a queste situazioni di squilibrio, con interventi di tipo conformativo intesi a rendere effettiva l’autonoma contrattuale delle parti e, conseguentemente, agevolare il corretto funzionamento del mercato. Si parla in tal senso di una ius espansiva del modello europeo di legislazione a tutela del contraente debole, e quindi di una espansione del diritto privato europeo anche in settori dove manca una puntuale normativa comunitaria. Vi è una generale tendenza ad un “neoformalismo”, che consiste nella richiesta espressa della forma scritta e nella conformazione del contenuto del contratto, che solo apparentemente limitano l’autonomia contrattuale delle parti ma che tende ad eliminare le situazioni di squilibrio dando una tutela effettiva al contraente debole. Contraente debole e non “consumatore”. L’art. 1 del decreto parla, infatti, espressamente di “persona fisica”. Secondo gli orientamenti dottrinali maggioritari dalla nuova disciplina resterebbero esclusi, e quindi non rientrerebbero nella definizione di “acquirenti”, le società, le persone giuridiche e gli enti collettivi in generale. Si riconosce la figura del “professionista debole”, giacché si riconosce che l’acquisto di un immobile da costruire sia un’operazione che, in virtù della sua importanza economica, viene gestita con maggiore avvedutezza: l’acquisto di un immobile non è propriamente “atto di consumo”in senso tecnico. L’esigenza di tutela è diversa: si vuole tutelare l’acquirente in considerazione dell’intrinseca rischiosità dell’operazione, stabilendo alcuni profili fondamentali del contenuto del contratto non solo e non tanto a fini informativi, quanto piuttosto per una “tutela sostanziale” dell’acquirente. Il legislatore si preoccupa di predisporre garanzie obbligatorie per il caso di dissesto dell’impresa costruttrice. Le garanzie, quindi, come forma di tutela del contraente debole. Il mio lavoro si concentra, a questo punto, sulle garanzie personali e reali. Poche le novità sulle garanzie, ma alcune significative. Nel campo delle garanzie personali, acquista maggiore rilevanza la fideiussione prestata dal contraente forte a favore del contraente debole, affinché quest’ultimo possa recuperare tutte le somme investite per l’acquisto dell’immobile: sia esso un immobile in multiproprietà, sia esso un immobile ancora da costruire. E ancora le garanzie reali: pegno e ipoteca. Ho posto particolare attenzione al tema della "portabilità" dei mutui e surrogazione ex art. 1202 c.c. ed al tema delle formalità ipotecarie così come previsti dagli artt. 6, 7 e 8 della l. 2 aprile 2007, n. 40 sulla concorrenza. Ma la mia attenzione si è soffermata soprattutto sul tema della nullità ed in particolare sulla nullità relativa. La più recente legislazione speciale, specie quella di derivazione europea, ha dato un grosso scossone alla dogmatica tradizionale della nullità negoziale. Le fattispecie di nullità relativa sono sempre più frequenti, tanto da far parlare di una nuova categoria di nullità c.d. “nullità di protezione”. Quest’ultima risponde ad esigenze profondamente differenti dalla nullità assoluta di stampo codicistico. In luogo della nullità, sembra oggi più corretto parlare delle nullità: diverse categorie di invalidità, ciascuna delle quali soddisfa interessi diversificati, e come tale riceve anche una disciplina differenziata in termini di legittimazione all’azione, rilevabilità d’ufficio, prescrittibilità, sanabilità, opponibilità ai terzi. Ancora una volta partendo da un’analisi critica del D.lgs. 122/2005, ho avuto modo di approfondire il fondamentale tema della nullità nel nostro ordinamento. L’art. 2 del decreto stabilisce espressamente la nullità relativa, e cioè azionabile dal solo acquirente parte debole del contratto, nel caso in cui non sia rilasciata dal venditore la fideiussione. L’art. 6 stabilisce, invece, un contenuto minimo del contratto poste a tutela della parte debole e del corretto funzionamento del mercato immobiliare. Se ad alcune di esse può attribuirsi un valore meramente ordinatorio, altre al contrario rivestono una natura di norme imperative di ordine pubblico attinenti più precisamente al c.d. ordine pubblico di protezione ed al c.d. ordine pubblico di direzione. Nel sistema del nostro codice, la violazione di norma imperative dà luogo, ex art. 1418, alla nullità del contatto salvo che la legge stabilisca diversamente. E’quindi configurabile una nullità virtuale del contratto, ovvero non espressamente e letteralmente stabilita, ma che può essere desunta dal tenore imperativo delle norme. La dottrina prevalente è ormai orientata nel senso di ammettere che anche la nullità relativa possa essere virtuale, nel quadro di un orientamento, ormai dominante, volto al superamento dell’approccio tendente a far rientrare nell’eccezionalità qualsiasi difformità dal modello classico della nullità. Il problema, quindi, si sposta all’individuazione della natura imperativa della norma violata. In linea generale si afferma che perché una norma possa essere definita imperativa debba porre un comando o un divieto espresso, debba essere inderogabile ed indisponibile. Oggetto di dibattiti dottrinali è, poi, il tema della rilevabilità d’ufficio delle nullità relative. A fronte di una prima posizione dottrinale tendente ad escludere tale rilevabilità d’ufficio sul presupposto di una sua inconciliabilità con il regime di legittimazione relativa all’azione di nullità, dottrina e giurisprudenza più recenti appaiono concordi nel ritenere assolutamente conciliabili tali due profili. Si concorda, inoltre, sull’esistenza di limitazioni alla rilevabilità d’ufficio della nullità: la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma tale rilievo deve operare nell’esclusivo interesse del contraente debole, dovendo il giudice bloccarsi davanti ad un concreto interesse della parte a mantenere in vita il contratto. Discorso a sé stante deve poi esser fatto sul rapporto fra nullità relativa e nullità virtuale e responsabilità del notaio rogante. Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza, nella misura in cui vi sia una violazione di norme imperative, e l’imperatività sia evidente, manifesta, dal tenore delle disposizioni, deve ritenersi che la nullità, sia testuale che virtuale, comporti la responsabilità del notaio ai sensi dell’art. 28 l. not. Ogni qualvolta, viceversa, tale nullità non si configuri, la responsabilità disciplinare sarà esclusa. Si avverte, comunque, una prima apertura verso la sanzionabilità delle nullità relative che siano manifeste. In chiusura del mio lavoro non ho potuto non tenere conto della recente crisi dei mercati internazionali. Crisi che ha avuto inizio proprio con il crollo negli Stati Uniti dei settori immobiliare e finanziario, improntati verso una eccessiva deregolamentazione e valorizzazione dell’autonomia contrattuale delle parti. L’assenza di garanzie sicure e la carenza di controllo di un professionista corrispondente al nostro notaio pubblico ufficiale, ha portato ad investimenti e finanziamenti azzardati da parte delle banche e degli istituti di credito che stanno vivendo un momento di profonda crisi aprendo la strada ad una recessione economica di portata mondiale.

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Con il presente lavoro, che ha ad oggetto l’istituto dello scioglimento anticipato delle Camere nell’ordinamento costituzionale italiano, il candidato si propone tre obiettivi. Il primo è quello della ricostruzione dogmatica dell’istituto che sconta inevitabilmente un grosso debito nei confronti della vasta letteratura giuridica che si è sviluppata nel corso dei decenni. Il secondo obiettivo è quello, ben più originale, dell’indagine sulla prassi che ha contraddistinto il ricorso allo scioglimento nella peculiare realtà italiana. In questo modo si viene colmando uno spazio di ricerca diretto a leggere gli avvenimenti e a ricondurli in un quadro costituzionale sistematico, anche al fine di ricavare utili riflessioni circa la conformità della prassi stessa al dato normativo, nonché sulle modalità di funzionamento concreto dell'istituto. Il terzo obiettivo, quello più ambizioso, è utilizzare le considerazioni così sviluppate per ricercare soluzioni interpretative adeguate all’evoluzione subita dall’assetto politico-istituzionale italiano negli ultimi due decenni. Quanto al metodo, la scelta del candidato è stata quella di ricorrere ad uno strumentario che pone in necessaria sequenza logica: a) i presupposti storici/comparatistici e il dibattito in Assemblea costituente, utili per l’acquisizione del patrimonio del parlamentarismo europeo del tempo e per la comprensione del substrato su cui si costruisce l’edificio costituzionale; b) il testo costituzionale, avvalendosi anche delle importanti considerazioni svolte dalla dottrina più autorevole; c) la prassi costituzionale, consistente nella fase di implementazione concreta del disposto normativo. La finalità che il candidato si pone è dimostrare la possibilità di configurare lo scioglimento secondo un modello di tipo “primoministeriale”. Per quanto riguarda la prima parte della ricerca, dalla pur sintetica descrizione dei precedenti storici (sia rispetto alle realtà europee, inglese e francese in primis, che al periodo prerepubblicano) si trae conferma che l’operatività dell’istituto è intrinsecamente influenzata dalla forma di governo. Una prima indicazione che emerge con forza è come la strutturazione del sistema partitico e il grado di legame tra Assemblea rappresentativa e Gabinetto condizionino la ratio del potere di scioglimento, la sua titolarità ed il suo effettivo rendimento. Infatti, in presenza di regimi bipartitici e di impianti istituzionali che accentuano il raccordo fiduciario, il Capo dello Stato tende all’emarginazione, e lo scioglimento acquisisce carattere di automaticità tutte le volte in cui si verificano crisi ministeriali (eventualità però piuttosto rara); più consueto è invece lo scioglimento primoministeriale libero, come arma politica vera e propria attraverso cui il Governo in carica tende a sfruttare il momento migliore per ricercare il giudizio del popolo. Al contrario, dove il sistema politico è più dinamico, e il pluralismo sociale radicalizzato, il Capo dello Stato interferisce fortemente nella vita istituzionale e, in particolare, nella formazione dell’indirizzo politico: in quest’ottica lo scioglimento viene da questi inglobato, ed il suo ricorso subordinato ad esigenze di recupero della funzionalità perduta; soprattutto, quando si verificano crisi ministeriali (invero frequenti) il ricorso alle urne non è conseguenza automatica, ma semmai gli viene preferita la via della formazione di un Gabinetto poggiante su una maggioranza alternativa. L’indagine svolta dal candidato sui lavori preparatori mostra come il Costituente abbia voluto perseguire l'obiettivo di allargare le maglie della disciplina costituzionale il più possibile, in modo da poter successivamente ammettere più soluzioni interpretative. Questa conclusione è il frutto del modo in cui si sono svolte le discussioni. Le maggiori opzioni prospettate si collocavano lungo una linea che aveva ad un estremo una tassativa preordinazione delle condizioni legittimanti, ed all’altro estremo l’esclusiva e pressoché arbitraria facoltà decisionale dello scioglimento nelle mani del Capo dello Stato; in mezzo, la via mediana (e maggiormente gradita) del potere sì presidenziale, benché circondato da tutta una serie di limiti e garanzie, nel quadro della costruzione di una figura moderatrice dei conflitti tra Esecutivo e Legislativo. Ma non bisogna tralasciare che, seppure rare, diverse voci propendevano per la delineazione di un potere governativo di scioglimento la quale impedisse che la subordinazione del Governo al Parlamento si potesse trasformare in degenerazione assemblearista. Quindi, il candidato intende sottolineare come l’adamantina prescrizione dell’art. 88 non postuli, nell’ambito dell’interpretazione teleologica che è stata data, alcuno specifico indirizzo interpretativo dominante: il che, in altri termini, è l’ammissione di una pluralità di concezioni teoricamente valide. L'analisi del dettato costituzionale non ha potuto prescindere dalla consolidata tripartizione delle teorie interpretative. Dall'analisi della letteratura emerge la preferenza per la prospettiva dualistica, anche in virtù del richiamo che la Costituzione svolge nei confronti delle competenze sia del Presidente della Repubblica (art. 88) che del Governo (art. 89), il che lo convince dell’inopportunità di imporre una visione esclusivista, come invece sovente hanno fatto i sostenitori della tesi presidenziale. Sull’altro versante ciò gli permette di riconferire una certa dignità alla tesi governativa, che a partire dal primo decennio repubblicano era stata accantonata in sede di dibattito dottrinario: in questo modo, entrambe le teoriche fondate su una titolarità esclusiva assumono una pari dignità, benchè parimenti nessuna delle due risulti persuasiva. Invece, accedere alla tesi della partecipazione complessa significa intrinsecamente riconoscere una grande flessibilità nell’esercizio del potere in questione, permettendo così una sua più adeguata idoneità a mutare le proprie sembianze in fase applicativa e a calarsi di volta in volta nelle situazioni contingenti. Questa costruzione si inserisce nella scelta costituente di rafforzare le garanzie, ed il reciproco controllo che si instaura tra Presidente e Governo rappresenta la principale forma di tutela contro potenziali abusi di potere. Ad ognuno dei due organi spettano però compiti differenti, poiché le finalità perseguite sono differenti: come l’Esecutivo agisce normalmente secondo canoni politici, in quanto principale responsabile dell’indirizzo politico, al Capo dello Stato si addice soprattutto il compito di sorvegliare il regolare svolgimento dei meccanismi istituzionali, in posizione di imparzialità. Lo schema costituzionale, secondo il candidato, sembra perciò puntare sulla leale collaborazione tra i poteri in questione, senza però predefinire uno ruolo fisso ed immutabile, ma esaltando le potenzialità di una configurazione così eclettica. Assumendo questa concezione, si ha buon gioco a conferire piena cittadinanza costituzionale all’ipotesi di scioglimento disposto su proposta del Presidente del Consiglio, che si può ricavare in via interpretativa dalla valorizzazione dell’art. 89 Cost. anche secondo il suo significato letterale. Al discorso della titolarità del potere di scioglimento, il candidato lega quello circa i presupposti legittimanti, altro nodo irrisolto. La problematica relativa alla loro definizione troverebbe un decisivo ridimensionamento nel momento in cui si ammette la compartecipazione di Governo e Presidente della Repubblica: il diverso titolo con il quale essi cooperano consentirebbe di prevenire valutazioni pretestuose circa la presenza delle condizioni legittimanti, poichè è nel reciproco controllo che entrambi gli organi individuano i confini entro cui svolgere le rispettive funzioni. Si giustificano così sia ragioni legate ad esigenze di funzionalità del sistema (le più ricorrenti in un sistema politico pluripartitico), sia quelle scaturenti dalla divaricazione tra orientamento dei rappresentati e orientamento dei rappresentanti: purchè, sottolinea il candidato, ciò non conduca il Presidente della Repubblica ad assumere un ruolo improprio di interferenza con le prerogative proprie della sfera di indirizzo politico. Il carattere aperto della disciplina costituzionale spinge inevitabilmente il candidato ad approfondire l'analisi della prassi, la cui conoscenza costituisce un fondamentale modo sia per comprendere il significato delle disposizioni positive che per apprezzare l’utilità reale ed il rendimento sistemico dell’istituto. Infatti, è proprio dall'indagine sulla pratica che affiorano in maniera prepotente le molteplici virtualità dello strumento dissolutorio, con modalità operative che, a seconda delle singole fasi individuate, trovano una strutturazione casistica variabile. In pratica: nel 1953 e nel 1958 è l'interesse del partito di maggioranza relativa ad influenzare il Governo circa la scelta di anticipare la scadenza del Senato; nel 1963 e nel 1968 invece si fa strada l'idea del consenso diffuso allo scioglimento, seppure nel primo caso l'anticipo valga ancora una volta per il solo Senato, e nel secondo ci si trovi di fronte all'unica ipotesi di fine naturale della legislatura; nel 1972, nel 1976, nel 1979, nel 1983 e nel 1987 (con una significativa variante) si manifesta con tutta la sua forza la pratica consociativa, figlia della degenerazione partitocratica che ha svuotato le istituzioni giuridiche (a partire dal Governo) e cristallizzato nei partiti politici il centro di gravità della vita pubblica; nel 1992, a chiusura della prima epoca repubblicana, caratterizzata dal dominio della proporzionale (con tutte le sue implicazioni), si presentano elementi atipici, i quali vanno a combinarsi con le consolidate tendenze, aprendo così la via all'incertezza sulle tendenze future. È con l'avvento della logica maggioritaria, prepotentemente affacciatasi per il tramite dei referendum elettorali, a sconvolgere il quadro delle relazioni fra gli organi costituzionali, anche per quanto concerne ratio e caratteristiche del potere di scioglimento delle Camere. Soprattutto, nella fase di stretta transizione che ha attraversato il quadriennio 1992-1996, il candidato mette in luce come i continui smottamenti del sistema politico abbiano condotto ad una fase di destabilizzazione anche per quanto riguarda la prassi, incrinando le vecchie regolarità e dando vita a potenzialità fino allora sconosciute, addirittura al limite della conformità a Costituzione. La Presidenza Scalfaro avvia un processo di netta appropriazione del potere di scioglimento, esercitandolo in maniera esclusiva, grazie anche alla controfirma offerta da un Governo compiacente (“tecnicco”, perciò debitore della piena fiducia quirinalizia). La piena paternità presidenziale, nel 1994, è accompagnata da un altro elemento di brusca rottura con il passato, ossia quello della ragione legittimante: infatti, per la prima volta viene addotta palesemente la motivazione del deficit di rappresentatività. Altro momento ad aver costituito da spartiacque nell’evoluzione della forma di governo è stato il mancato scioglimento a seguito della crisi del I Governo Berlusconi, in cui forti erano state le pressioni perché si adeguasse il parlamentarismo secondo i canoni del bipolarismo e del concetto di mandato di governo conferito direttamente dagli elettori ad una maggioranza (che si voleva predefinita, nonostante essa in verità non lo fosse affatto). Dopo questa parentesi, secondo il candidato la configurazione dello strumento dissolutorio si allinea su ben altri binari. Dal punto di vista della titolarità, sono i partiti politici a riprendere vigorosamente un certo protagonismo decisionale, ma con una netta differenza rispetto al passato consociativo: ora, il quadro politico pare saldamente attestato su una dinamica bipolare, per cui anche in relazione all’opzione da adottare a seguito di crisi ministeriale sono le forze della maggioranza che decidono se proseguire la legislatura (qualora trovino l’accordo tra di loro) o se sciogliere (allorchè invece si raggiunga una sorta di maggioranza per lo scioglimento). Dal punto di vista dei presupposti, sembra consolidarsi l’idea che lo scioglimento rappresenti solo l’extrema ratio, chiamando gli elettori ad esprimersi solo nel momento in cui si certifica l’assoluta impossibilità di ripristinare la funzionalità perduta. Conclusioni. Il rafforzamento della prospettiva bipolare dovrebbe postulare una riconfigurazione del potere di scioglimento tesa a valorizzare la potestà decisionale del Governo. Ciò discenderebbe dal principio secondo cui il rafforzamento del circuito che unisce corpo elettorale, maggioranza parlamentare e Governo, grazie al collante di un programma politico condiviso, una coalizione che si presenta alle elezioni ed un candidato alla Presidenza del Consiglio che incarna la perfetta sintesi di tutte queste istanze, comporta che alla sua rottura non si può che tornare al giudizio elettorale: e quindi sciogliere le Camere, evitando la composizione di maggioranze che non rappresentano la diretta volontà popolare. Il candidato però non ritiene auspicabile l’adozione di un automatismo analogo alla regola dell'aut simul stabunt aut simul cadent proprio dell’esperienza regionale post 1999, perché soluzione eccessivamente rigida, che ingesserebbe in maniera inappropriata una forma parlamentare che comunque richiede margini di flessiblità. La proposta è invece di rileggere il testo costituzionale, rebus sic stantibus, nel senso di far prevalere un potere libero di proposta da parte del Governo, cui il Capo dello Stato non potrebbe non consentire, salvo svolgere un generale controllo di costituzionalità volto ad accertare l’insussistenza di alcuna forma di abuso. Su queste conclusioni il lavoro esprime solo prime idee, che meritano di essere approfondite. Come è da approfondire un tema che rappresenta forse l’elemento di maggiore originalità: trattasi della qualificazione e descrizione di un mandato a governare, ossia della compatibilità costituzionale (si pensi, in primis, al rapporto con il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost.) di un compito di governo che, tramite le elezioni, gli elettori affidano ad una determinata maggioranza, e che va ad arricchire il significato del voto rispetto a quello classico della mera rappresentanza delle istanze dei cittadini (e propria del parlamentarismo ottocentesco): riflessi di tali considerazioni si avrebbero inevitabilmente anche rispetto alla concezione del potere di scioglimento, che in siffatta maniera verrebbe percepito come strumento per il ripristino del “circuito di consonanza politica” che in qualche modo si sarebbe venuto a rompere. Ad ogni buon conto, già emergono dei riflessi in questo senso, per cui la strada intrapresa dal candidato pare quella giusta affinchè l’opera risulti completa, ben argomentata ed innovativa.