572 resultados para Espacio público -- Bogotá (Colombia)


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El texto se centra en el estudio de las comunidades musulmanas de Bogotá. Como tal, se hace referencia a las tendencias de pensamiento religioso que las distinguen dentro de la diversidad existente en el Mundo Islámico, pero especialmente se hace énfasis en sus actividades, prácticas cotidianas, formas de organización y relación con el entorno social de la ciudad. El trabajo es fruto del estudio realizado por la Línea de Historia y Estudio Comparado de las Religiones del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones de la Universidad del Rosario, entre los musulmanes de la ciudad durante los años 2007 - 2008. El texto, que se dirige a un público amplio, no especializado en el tema, ofrece una base introductoria al Islam como hecho religioso, social y cultural, así como a la manera en la que los musulmanes viven su cotidianidad, con el fin de preparar a los lectores para comprender de manera adecuada los pormenores del estudio realizado. Así mismo, se enmarca el fenómeno de las comunidades musulmanas en la ciudad dentro de una traducción histórica, pero también dentro de unos ejes de influencia que los relacionan con otras regiones del mundo y del continente.

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El principal objetivo de esta monografía es determinar cómo la legislación ha incidido en la ampliación de los escenarios de participación en las dinámicas políticas y culturales de las comunidades musulmanas en Bogotá, derivadas de la interacción entre las comunidades minoritarias –para este caso, la comunidad musulmana en Bogotá- y la cultura dominante. Desde la Constitución de 1991, se sentaron las bases para la protección de las minorías religiosas y culturales, es por ello, que se aborda desde la perspectiva de los líderes religiosos los problemas referentes a la integración y el reconocimiento de la comunidad, y los desafíos que representa la normatividad. Para el desarrollo de este propósito, se utilizara la teoría de la esfera pública de Iris Marion Young, y la de identidad de Charles Taylor.

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La presente investigación busca explicar el monto y el uso del crédito público como una palanca financiera para la transformación de las condiciones de vida de los colombianos (2006-2014). En primer lugar, se pretende describir la evolución de la deuda (crédito) y la estrategia de su gestión. En seguida, se analizará un proyecto relevante en educación, salud, vivienda, medio ambiente y familias en acción financiados con recursos de crédito de 2006-2014, y por último, se identificará cómo el gasto público social, unido con recursos del crédito, ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.

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Esta investigación se preocupa por dilucidar la función de la diplomacia cultural como herramienta para mejorar la relación económica de Colombia con Corea del Sur y Australia. Así, se analiza a la diplomacia cultural y lo que hace Colombia en esta materia en ambos países; así como el estado de la relación económica de Colombia en un periodo de ocho años con dichos países, y cómo las acciones culturales colombianas podrían llegar a mejorar dicha relación económica. De esta manera además del desarrollo conceptual de diplomacia cultural y los indicadores económicos, a saber; exportaciones; Inversión Extranjera Directa y turismo; se corrió un modelo de regresión lineal para saber si efectivamente hay relación entre ambas variables y una contribución final que consiste en una propuesta de generación de indicadores de gestión a utilizarse al momento de implementar la diplomacia cultural como herramienta en política exterior.

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En el periodo que va desde el 2000 al 2011, el Partido Conservador Colombiano y el panorama político del país tuvo múltiples cambios desde el punto de vista organizacional, la gran mayoría de los presidentes de los Directorios Nacionales del Partido que asumieron durante este periodo, implementaron estrategias de reforma que específicamente en el caso de las mujeres, se refieren a la creación de la Organización Nacional de Mujeres, la inclusión de cuotas, la inclusión del voto privilegiado para las mujeres, la creación de la Secretaria de la Mujer, la creación de la figura de la Consulta Popular, entre otras, que se muestran hoy como grandes fortalezas en la organización. A pesar de esto, no se puede desconocer el conjunto de resistencias explícitas fundamentadas en el comportamiento tradicional de un partido que llevan a la constitución de instituciones no formales por costumbre y conveniencia y que han trascendido aún el día de hoy. Éstas se manifiestan durante el periodo de estudio con la inclusión del voto preferente, el clientelismo, la negativa a la consulta, el machismo, las divisiones internas por personalismos políticos y el machismo, las cuales en muchos casos han sido parte de la estructura tradicional del Partido Conservador y que aún persisten. Dichas estrategias serán definidas en este trabajo como contrareforma. En el marco de estas pujas entre reforma y contrareforma las mujeres del Partido se consolidaron y se empoderaron dentro de la organización, ellas se han beneficiado de las dos vertientes. Así como se fortalecieron con la reforma, con la contrareforma, muchas de las mujeres ingresaron al Partido para lograr sus grandes caudales electorales e incluso convertirse hoy en día en caciques. En este sentido, este trabajo va a permitir identificar cómo se ha apropiado el Partido Conservador Colombiano del tema de la mujer al interior de su organización interna, teniendo en cuenta los procesos de reforma y contrareforma desde el año 2000 hasta el año 2011.

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OBJETIVOS: Identificar la percepción del riesgo biológico de los trabajadores asistenciales del Hospital Central de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá. METODOS: se realizó un estudio analítico de corte transversal para describir la percepción acerca del riesgo biológico en 159 trabajadores asistenciales de un hospital de alta complejidad en la ciudad de Bogotá (Colombia), la información se recolectó por medio de la utilización de la encuesta validada nota técnica 578 (Portell M, Solé M, 2001). Se realizó la caracterización de la población por variables de sexo, edad, tiempo de experiencia y servicio al cual pertenece y se promediaron las respuestas obtenidas para cada ítem encuestado, obteniendo una clasificación para cada dimensión de percepción de riesgo baja (1 a 3), media (4 a 5) o alta (6 a 7). Resultados: De los 159 trabajadores asistenciales encuestados el 80.4% eran de género femenino, el 22.2% pertenecían al servicio de urgencias, el 16,5% al servicio de medicina interna y el 9.5% al servicio de pediatría, de los encuestados el 62.9% fueron auxiliares de enfermería, el 21,4% enfermeras jefes y el 6.9% médicos. Se obtuvo una percepción de riesgo alta (media aritmética mayor de 5) para todas las variables incluidas en la encuesta, demostrando conocimiento de todo el personal acerca de la alta exposición a accidentes de tipo biológico. No se encontró asociación entre la labor desempeñada y la percepción del riesgo biológico, sin embargo, se encontró una asociación entre el tiempo de experiencia del trabajador y una disminución en la magnitud del riesgo percibido (Chi cuadrado de asociación, p=0.042). Conclusiones: Los trabajadores asistenciales identifican la magnitud del riesgo biológico al que se encuentran expuestos en sus labores del día a día, sin embargo, es necesaria una mayor participación por parte del personal directivo y de los responsables de la prevención en temas de reacción ante accidentes y en la valoración del riesgo, especialmente en personas que llevan mucho tiempo desempeñando la labor.

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La configuración de lugares como áreas de protección ambiental puede ser vista como un proceso técnico y objetivo, en el que se crean políticas públicas que definen prácticas adecuadas e inadecuadas en el lugar. Pero esta configuración es un proceso histórico y negociado. Este se construye en contante diálogo entre diferentes actores que se preocupan por definir qué es la naturaleza y el cuidado ambiental, y las percepciones que individuos que habitan en o cerca a estos lugares construyen en su diario vivir. Es así como la configuración socioambiental de lugares como áreas de protección ocurre por transformaciones en la forma de percibir un lugar, la relaciones con este y sobre todo, prácticas y relaciones que se traducen en formas de negociar nociones de naturaleza y cuidado ambiental. Esta negociación tiene grandes implicaciones en los individuos, particularmente en su subjetividad. Es decir, en hechos como la forma de nombrarlo, caminarlo, observar las especies, iniciar proyectos de agricultura orgánica, cambiar prácticas productivas, el cerramiento de zonas para proteger las fuentes de agua o zonas de vegetación. También sobre su subjetividad, la manera como se sienten frente al lugar, como juzgan sus acciones y las de otros y cómo construyen objetivos personales con respecto a la idea de cuidado ambiental.

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El estudio sobre la juventud y su relación con prácticas realizadas en los espacios públicos, especialmente la calle, ha tenido un renovado interés durante las últimas décadas. Estos debates se han vuelto relevantes en cuanto que los jóvenes parecen ocupar un lugar primordial en las escenas cotidianas de violencia, en particular los jóvenes de sectores populares. A través de un proceso etnográfico de carácter sistemático y sostenido en el tiempo identifico y explico las distintas interacciones de los jóvenes en los espacios públicos de cuatro barrios populares, centrando el análisis en las distintas formas de negociación con los actores armados, especialmente con la policía y el paramilitarismo. Lo que argumento es que hacer presencia en los espacios públicos, especialmente en la calle, termina por constituir en una opción de vida a través de los cuales fomentan una beligerancia social y política de resistencia pero ante todo como método que les permite proponer alternativas de existencia, por demás no violentas, frente a la violencia generalizada de la policía y el paramilitarismo. El problema radica en que muchas de las expresiones de algunos jóvenes terminan por reproducir los mecanismos de violencia del que son víctimas, aspecto que es identificado, por quienes acuden a la violencia, como una forma de reclamar un lugar en la comunidad, a permitirse ser reconocidos y escuchados y a sobrevivir en medio de una simultaneidad de violencias que cotidianamente los atropella y les vulnera los derechos. La violencia de estos jóvenes es una forma de no permitir que las esperanzas se diluyan, aunque paradójicamente también les puede quitar la vida

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El interés de este estudio de caso es analizar el proceso de trasformación de Chía, la expansión urbana de Bogotá y la migración poblacional de la ciudad en el período 2002-2012, a partir de tres dimensiones: la primera, hace alusión al proceso de expansión urbana de Bogotá hacia el norte de la Sabana, teniendo en cuenta la transformación del municipio de Chía; el segundo, hace alusión al sistema de movilidad, conectividad y calidad de vida, considerando la migración poblacional de Bogotá hacia Chía, Cundinamarca; por último, describe los cambios efectuados en el municipio de Chía a partir de la construcción de viviendas nuevas para familias de estratos socio-económicos altos, teniendo en cuenta, la realización de encuestas a familias residentes procedentes de Bogotá, dando como resultado datos cualitativos y cuantitativos de la trasformación de la calidad de vida.

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Un analisis de las experiencias diferenciadas de personas socialmente distantes y fisicamente cercanas en el entorno de La Candelaria.

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Las políticas públicas de ordenamiento territorial contienen múltiples implicaciones. Por un lado, definen visiones de ocupación sobre el territorio y, por el otro, establecen mecanismos para su consecución. La zona norte de Bogotá permanece a la espera de un modelo que permita su ocupación con fines urbanos. La presente investigación presenta las implicaciones y caminos desde los cuáles se ha buscado sustentar las posiciones sobre la ocupación de la zona, como las contraposiciones existentes sobre el modelo de ciudad con el que se asocia. La expansión de la ciudad pone de relieve las discusiones sobre lo que debe ser una ciudad, y cambian en el tiempo de la mano con los discursos, intereses e ideologías dominantes.

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Los indígenas como sujeto jurídico para el reconocimiento de derechos étnicos han sido definidos desde el paradigma del multiculturalismo liberal, basado en características esencialistas de la identidad, como el vínculo con el territorio ancestral rural, el uso de la lengua nativa, y la organización colectiva y comunitaria. Sin embargo, el conflicto armado colombiano ha generado el desplazamiento forzado de gran parte de esta población i1, en su mayoría hacia áreas urbanas y metropolitanas, donde son inaplicables las características que eran tenidas en cuenta para el reconocimiento y la garantía de sus derechos. La ausencia de un sujeto jurídico étnico que responda a las condiciones de un indígena desterritorializado víctima de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado que solicita atención individual, se convierte en un obstáculo para la garantía de sus derechos étnicos en la implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación a víctimas del conflicto armado, porque las medidas afirmativas y el enfoque diferencial étnico, obligación del ejecutivo, queda a la discrecionalidad de las decisiones administrativas, poniendo en riesgo la garantía del derecho a la identidad cultural y, por lo tanto, a la diversidad étnica y cultural de la nación.

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Esta investigación analiza la construcción del límite sur de la zona patrimonial de Bogotá de los años 80, a partir de dos procesos simultáneos: la demolición de un sector del barrio Santa Bárbara y la patrimonialización de La Candelaria. A pesar de que estos dos sectores de la ciudad hicieron parte de la ciudad antigua y compartieron un origen común, solo La Candelaria logró hacer parte de la zona considerada de valor histórico. Por lo tanto, este proyecto de grado se interesa, principalmente, por conocer por qué el barrio Santa Bárbara fue excluido del relato histórico de la ciudad, a partir del estudio de la discusión sobre su valor histórico que dio paso al uso público del pasado y a una “lucha por la memoria”, en palabras de Elizabeth Jelin.

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El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

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En Colombia, los movimientos sociales buscan recuperar el espacio público y el de la ciudadanía, en un contexto donde el Estado bipartidista es débil a la vez que excluyente, donde los conflictos sociales se han desbordado y la violencia ha llegado a límites insospechados. Parte de estos movimientos sociales, el movimiento de los Derechos Humanos enfrenta diversos obstáculos: conflicto armado interno, paramilitarismo, impunidad, desplazamiento forzado, que dificultan el desarrollo de su labor.