817 resultados para estudios internacionales


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La V Cumbre celebrada en Lima (Perú) en mayo de 2008 revela, en una aparente paradoja, tanto el dinamismo de las relaciones como el menor interés que estas suscitan en ambas partes. El diálogo eurolatinoamericano sobre migraciones debería promover consensos basados en el respeto a los derechos laborales y de ciudadanía; así como en la gestión adecuada de los mercados laborales.

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Desde su incorporación a las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 España ha experimentado cambios muy importantes en su estructura social y productiva. Las políticas de la UE han tenido gran influencia en esos procesos. Cabe citar, entre ellas, la modernización de las infraestructuras de transportes, lo que también ha contribuido a mejorar la competitividad global de la economía. Además, la adaptación de España a la UE ha exigido la transformación, a menudo traumática, de los sectores agrícola y pesquero, lo que ha llevado, en algunos casos, a sacrificar vacas, arrancar cepas y desguazar barcos, contribuyendo de este modo a la necesaria reducción del tamaño del sector primario.

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La ampliación hacia el Este de la Unión Europea (UE) representa uno de los desafíos más importantes para el Viejo Continente desde que se suscribiera el Tratado de Roma. No sólo desde el punto de vista económico, sino también desde una perspectiva social, política y estratégica; no sólo para los países que comparten frontera o que tienen lazos históricos y culturales con los nuevos socios, sino también para los que, más distanciados geográfica, política y culturalmente, como España, tienen una economía básicamente vertebrada en tono al espacio comunitario. Los países de la ampliación (PA) heredaron economías que durante décadas se mantuvieron parcialmente cerradas a los intercambios con el mundo capitalista. La disolución de las estructuras administrativas ha abierto un período donde el comercio exterior ha sido una pieza clave de las políticas económicas instrumentadas por los diferentes gobiernos que han pilotado a transición hacia el mercado.

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Al margen de razones puramente solidarias, la cohesión social y las políticas orientadas a alcanzarla se justifican por los réditos recíprocos derivados de las relaciones económicas internacionales. Bajo determinadas circunstancias, estos réditos pueden aumentar gracias a las políticas de cohesión, tanto para los receptores como para los donantes netos de fondos. En primer lugar, porque se aprovechan en mayor medida las ventajas que proporciona la especialización productiva. En segundo lugar, porque aumentan los incentivos para reducir las barreras al movimiento de mercancías y factores de producción. En tercer lugar, porque pueden fortalecer las capacidades institucionales de los distintos países. Finalmente, porque, junto a estas razones de índole económico, existen también importantes beneficios de corte sociopolítico.

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La vida después de Lisboa ha sido decepcionante para Europa. El objetivo de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo ha quedado indefinido, con resultados lejos de lo esperado. Igualmente pobres han sido los resultados del esfuerzo hecho en 2005 por la Unión Europea para dar a Lisboa un nuevo impulso, intentando combinar crecimiento sostenible con empleo, competitividad con solidaridad. Un indicador clave para evaluar los resultados obtenidos hasta ahora es la productividad laboral, ya que un crecimiento en el PIB por persona ocupada puede ser considerado un indicador aproximado del éxito económico y una condición para aumentar la calidad de vida (si bien ésta no es alcanzable descuidando la sostenibilidad humana y medioambiental). Los resultados han sido pobres y volátiles. Se identifican cuatro áreas de política económica en la nueva estrategia de Lisboa: invertir en la gente y modernizar el mercado de trabajo; desbloquear el potencial de negocio, especialmente de las PYMES; invertir en conocimiento e innovación; abordar los retos del cambio climático y del aumento del precio de la energía.

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Desde que en 1978 se aprobó la Constitución Española y se incluye en el artículo 3 que “Las demás lenguas (aparte del Castellano) serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”, la entidad bilingüe del territorio nacional ha ido quedando patente de forma clara en las distintas Comunidades Autónomas. Los datos indican que cada vez son más los bilingües en algunas zonas españolas, por ejemplo, Cataluña, Galicia y el País Vasco, aunque no son las únicas.

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En este trabajo se pasa revista al camino recorrido en cuanto a acuerdos ambientales internacionales hasta llegar a la cumbre de Copenhague. Se examina y valora el Acuerdo de Copenhague y se avanzan algunas ideas sobre el camino tras Copenhague.

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La ayuda al desarrollo constituye un pequeño capítulo dentro de las políticas públicas con efectos sobre los países en desarrollo. Otras políticas, como la comercial, agrícola o migratoria, por sólo citar algunas, pueden tener efectos de desarrollo de mayor entidad que la propia ayuda internacional. De poco servirá, por tanto, disponer de una política de cooperación comprometida si el resto de las decisiones que adoptan los gobiernos operan en sentido contrario. Por ello, si se quieren alcanzar logros económicos y sociales en los países más pobres, será necesario incrementar los niveles de coherencia de las políticas de los países donantes. Este propósito ha sido asumido como doctrina por la Unión Europea y la OCDE, que elaboran informes de seguimiento al respecto (UE, 2009; OCDE, 2008).

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Aunque no cabe identificar el desarrollo con el mero crecimiento económico, la ampliación de las capacidades productivas de un país constituye una dimensión obligada de toda senda sostenible de progreso social. Ampliar las capacidades productivas exige, a su vez, la promoción del tejido productivo y empresarial en los países en desarrollo, potenciando la capacidad de la sociedad para convertir las iniciativas creativas en emprendimientos generadores de renta y empleo. Es esta convicción la que convierte a este sector en una de las obligadas prioridades de las políticas de desarrollo.

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Con inequívoca constancia, la educación ha sido considerada un sector prioritario de la cooperación española, hecho que queda confirmado en los tres Planes Directores hasta ahora aprobados. Acorde con su importancia, en 2007 se aprobó la Estrategia de Educación para la Cooperación Española, un documento que pretendía sentar las bases estratégicas del trabajo en el sector. Adicionalmente, España se incorporó a la Fast Track Initiative (FTI): sin duda, la iniciativa internacional más relevante en materia educativa. Ahora bien, aunque la importancia otorgada a la educación en el seno de la política española de cooperación parece poco cuestionable, la elevada dispersión sectorial de nuestra ayuda limita la eficacia de semejante definición.

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La cooperación triangular constituye una modalidad novedosa con relevantes potencialidades para el sistema internacional de ayuda y para la cooperación española. Además de constituirse como un instrumento mediante el que impulsar la cooperación Sur-Sur, de creciente interés en la nueva arquitectura de la ayuda, le otorga a la cooperación española claras oportunidades para dar contenido práctico a la agenda con los países de renta media y, específicamente, con América Latina. Conocedora de estas implicaciones, España inició su andadura en esta modalidad de ayuda en 2005, con una actividad centrada en los países latinoamericanos. Sin embargo, no existen estudios que analicen estas intervenciones y sus implicaciones. Esto es lo que motivó un estudio promovido por la Fundación Carolina sobre dos experiencias concretas de cooperación triangular. El presente artículo presenta las principales enseñanzas extraídas de ese análisis sobre el terreno, al tiempo que recoge algunas orientaciones que puedan ser de utilidad para la práctica futura en este ámbito.

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La población infantil de hoy constituye la base de la sociedad del mañana, de ahí que su bienestar actual y las oportunidades que tenga a su alcance determinarán en buena medida la senda futura de desarrollo de un país. Una consulta a los indicadores internacionales sobre la infancia revela que en los últimos años se han producido mejoras reseñables. Unos logros en los que ha influido el despliegue de un marco normativo sobre la infancia ampliamente consensuado –la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989-, unas metas compartidas en torno a los objetivos de Desarrollo del Milenio, y una actitud más consecuente por parte de algunos países, tanto donantes como en desarrollo. No obstante, es mucho lo que resta para que las necesidades y los derechos de la infancia reciban la atención que merecen, de acuerdo con la importancia que este aspecto tiene en los procesos de desarrollo.

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Un verdadero compromiso con el desarrollo humano, sostenible y equitativo debe trascender las limitadas capacidades de la política de ayuda y apostar por la promoción de la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). Si bien las políticas de ayuda mantienen un relevante papel que desempeñar en el sistema internacional, existe un conjunto más amplio de políticas ―como la comercial, la agrícola, la migratoria, la medioambiental o la de exportación de armas, entre otras― cuyos efectos condicionan en mayor medida las oportunidades reales de progreso de los países en desarrollo y contribuyen de forma más relevante a la conformación de un mundo más estable, justo y seguro. Así, lejos de recluir el trabajo por el desarrollo a la política de ayuda, la CPD reclama la necesidad de incorporar la visión del desarrollo en el conjunto de la acción pública, de tal forma que este objetivo impregne el diseño, ejecución, seguimiento e impacto del conjunto de las políticas desplegadas. De ahí la necesidad de someter progresivamente a estudio en qué medida determinadas políticas públicas integran cuestiones relativas al desarrollo o permanecen ajenas ―cuando no son contradictorias a ellas-.