Delito de grooming. ¿Necesidad de tipificación en la legislación penal ecuatoriana?

Existen conductas netamente sexuales, en las que la red ha llegado a convertirse en un fin o un medio para que ciertos individuos busquen y logren satisfacción sexual a través del chantaje sexual a menores de edad, delito conocido en la normativa penal anglosajona como “grooming” o “child grooming”, conducta que actualmente en el COIP se encuentra tipificada en su Art.- 173; siendo entonces que a través del presente trabajo pretendemos, en base a la teoría el derecho penal mínimo consagrado en el Art 195 de nuestra Constitución, analizar si el tipo penal incluido en el COIP referente al grooming, o como se lo ha denominado, delito de “Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos”, cumple o no con aquella conducta considerada como tal por la doctrina y las legislaciones extranjeras; y especialmente establecer, conforme a los axiomas de Ferrajoli, si existe efectivamente la necesidad y la lesividad como para tipificar esta conducta a través de un tipo penal autónomo o si bien pueden estos actos encontrar su verbo rector y características especiales en otros tipos penales ya existentes en la legislación sustantiva penal, pues es claro que el Derecho Penal, para legitimar su existencia en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, debe limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado.

El cumplimiento de los parámetros del debido proceso en el procedimiento directo del Código Orgánico Integral Penal

Con la evolución del derecho penal, han surgido dos grandes tendencias extremadamente opuestas entre sí y que se han arraigado en el pensamiento penal mundial, y que de acuerdo a la política criminal de cada Estado, para el ejercicio de su poder punitivo, han sido implementadas con el fin de alcanzar los objetivos en materia de delincuencia y seguridad. Estas grandes tendencias son: Eficientismo y Garantismo. El garantismo penal busca controlar el poder punitivo del estado frente a los ciudadanos, y el eficientismo penal intenta luchar contra la impunidad a toda costa, inclusive llegando a desconocer las garantías de los procesados. Con la promulgación del nuevo Código Orgánico Integral Penal, y la implementación de instituciones como el procedimiento directo, el sistema penal ecuatoriano busca conciliar el respeto a las garantías del debido proceso con la eficiencia judicial, pensando no solo en los derechos del procesado sino en los derechos de las víctimas. El procedimiento directo es un procedimiento sumarísimo, que concentra todas las etapas de un procedimiento ordinario en una sola audiencia, obteniendo una sentencia condenatoria o ratificadora de inocencia en 10 días. Este procedimiento se justificó por la necesidad de dar celeridad y simplificación al proceso penal, y así tratar de reducir las causas represadas en los juzgados y tribunales de nuestro país. No obstante, también se debió analizar las afectaciones que la aplicación de dicho procedimiento podría causar a derechos constitucionalmente reconocidos como: defensa, presunción de inocencia, igualdad de armas y contradicción. En cuanto al derecho a la defensa, no es posible ejercer adecuadamente este derecho en apenas 10 días; en cuanto a la igualdad de armas, a pesar de que existe ya un desequilibrio institucional entre el órgano acusador y la defensa, ésta desigualdad se merma aún más con la restricción de varios derechos y garantías reconocidos en la Constitución, en cuanto al contradictorio, no es suficiente que se lo pueda ejercer en la audiencia de juicio, cuando los elementos probatorios que van a obtener la calidad de prueba, son recabados en la etapa de instrucción fiscal, y por último y como consecuencia de lo anterior, si atenta contra estos derechos pues evidentemente se vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia.

El atentado contra la propiedad en la justicia penal ordinaria e indígena

En el presente trabajo académico analizamos la aplicación de la justicia penal ordinaria en un atentado contra la propiedad, respecto del juzgamiento ante la justicia indígena, con la finalidad de conocer qué tipo de justicia ofrece mejores resultados y constituye una solución efectiva a la hora de su aplicación. Inicialmente trataremos el pluralismo jurídico y su reconocimiento hasta contemplarse en la legislación ecuatoriana, analizamos las bases legales y constitucionales, su importancia y vigencia, además de recoger los principios rectores, procedimiento, requisitos y efectos de aplicación tanto de la justicia penal ordinaria e indígena. Finalmente, a través del análisis comparativo, el trabajo de investigación pretende descubrir si se puede resolver legítimamente un atentado contra la propiedad sin considerar la pena privativa de libertad como única solución que ofrezca mejores resultados dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia.

La presunción de inocencia y prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano

En la presente investigación, se identifica un problema jurídico constitucional: el conflicto entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva en el proceso penal ecuatoriano, en virtud que en la práctica procesal, tanto la presunción de inocencia como la prisión preventiva crean nudos críticos, que colocan en entre dicho el valor jurídico del derecho a la libertad personal en el Estado constitucional de derechos y justicia; por tal razón en los objetivos investigativos se estableció la necesidad de dilucidar las causas por las cuales estas instituciones jurídicas producen visibles conflictos, con la finalidad de buscar soluciones que permitan subsanar las limitaciones observadas. Viabilizar el derecho de libertad personal y la concreción de los fines del proceso penal, premisa importante para edificar una justicia a tono con el Neoconstitucionalismo imperante en el actual paradigma estatal cuya tendencia garantista es impulsada por la Comunidad Internacional que motiva la practicidad del principio pro persona. El Capítulo I, contiene un estudio de la presunción de inocencia, sus referentes históricos, definiciones, su importancia en el Estado constitucional de derechos y justicia, así como su impacto en la realidad procesal y la justicia penal. El Capítulo II, contiene un estudio sobre la prisión preventiva, su evolución histórica, formas de implementación, su carácter de excepcional y medida de última ratio y su apreciación como una pena anticipada. El Capítulo III, contiene un estudio respecto del conflicto o colisión que presentan los institutos de la presunción de inocencia y la prisión preventiva, y las garantías en juego desde un enfoque legal y constitucional. Por esta investigación llegamos a la conclusión que el conflicto persistente entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva, radica por problemas normativos y de la praxis, en casos en concreto.

Medidas de segurança: efeitos jurídico-constitucionais e desdobramentos legais no caso concreto

O trabalho apresentado tem como finalidade primordial traçar os principais temas ralacionados às medidas de segurança, trazendo, sobretudo, um enfoque ricamente constitucional e os principais desdobramentos no quotidiano jurídico e social. Além disso, é realizado um estudo da execução dessas espécies de sanção penal, uma vz que se revela de fundamental importância descortinar os verdadeiros desafios do direito no século XXI em relação ao efetivo cumprimento de tais medidas e de sua eficácia tanto sob a ótica do inimputável quanto da própria sociedade. O contexto histórico nos revela a evolução do tratamento de todos aqueles que não se ajustaram à sociedade, mas que merecem ser tratados com dignidade pelo simples fato de serem seres humanos, que que a própria Carta Magna confere tal direito a todos.

A psicopatia e seu tratamento jurídico-penal

A pesquisa realizada visa atentar não só a sociedade, mas principalmente os profissionais envoltos na realidade jurídica para a necessidade de uma sanção adequada aos psicopatas, com a devida urgência. Esta individualização propiciará uma reação adequada dos juristas aos atos cometidos por estes indivíduos que não são ressocializados pela penalização comum, tampouco podem ser considerados doentes mentais, vez que não há tratamento químico benéfico para este transtorno que possuem. Indivíduos que tem consciência e capacidade de determinação na prática de atos ilícitos, mas necessitam biologicamente destas práticaspara satisfazerem-se e assim cometem crimes variados, de acordo com o grau de periculosidade deste transtorno. Reincidentes, que sem o tratamento legislativo adequado oferecem perigo eminente à sociedade. Apresentando e esclarecendo como trabalha a mente, as ações e reações de um psicopata, e, principalmente seus resultados jurídicos. Discorrente sobre a razão de procurar um caminho para realizar justiça, ou especialmente prevenir possíveis condutas criminosas. O desafio enfrentado no decorrer deste é encontrar respostas positivas dentro do que nos limita a Lei Maior, para que em um futuro próximo exista definitiva solução, utilizando-se de fontes bibliográficas em Direito, Psicologia, Psicologia Jurídica, Criminologia, Medicina Legal, Psiquiatria Forense, e ainda, algumas considerações jurisprudenciais.

Provas ilícitas no processo penal

Prova é o meio pelo qual as partes buscam esclarecer os fatos apresentados ao Juiz em uma lide. A utilização da prova é vedada quando é produzida em contrariedade a normas do direito material ou processual, podendo ser ilícita ou ilegítima, respectivamente. Ilícitas são aquelas que violam normas de direito material e ilegítimas as que violam regras de direito processual. A respeito da admissibilidade das provas ilícitas, existem três correntes doutrinárias. A primeira as admite, desde que punido aquele que as produziu. A segunda, não as admite por tratar-se de infração à constituição. A terceira, busca a solução através do princípio da proporcionalidade, segundo o qual se deve sopesar o direito fundamental a ser protegido e os interesses da sociedade. Ainda que ilícita, pode a prova ser utilizada se for favorável ao réu, quando podem aplicar-se as excludentes de ilicitude do Código Penal. Se a sentença condenatória se baseou em provas ilícitas, após o trânsito em julgado o réu pode utilizar-se de revisão criminal ou do habeas corpus. São meios ilícitos de obtenção de provas: violação de domicílio, confissão obtida mediante tortura,violação da intimidade pela imprensa e interceptações clandestinas. O Juiz pode autorizar interceptações telefônicas sempre que houver indícios de autoria ou participação em infração penal, desde que não haja outro meio de se produzir a mesma prova e o fato for punível com reclusão. Em tese, todas as provas colhidas por meio de interceptação e escuta telefônicas realizadas antes da lei 9296/96, que regulou o assunto, seriam ilícitas por falta de fundamento.

Das provas Ilícitas no processo penal

Questão polêmica é a da admissibilidade das provas colhidas ilicitamente, especialmente no âmbito penal.De um lado a proteção das Liberdades Públicas, o direito à intimidade, da dignidade da pessoa humana.De outro o poder-dever do Estado de exercitar o jus puniendi em desfavor do criminoso, buscando manter a harmonia social.Também são contrastes o direito à prova, a verdade real do processo penal e os limites éticos impostos pela atual concepção de dignidade da pessoa humana.Nesse contexto de valores constantes merece destaque a teoria da proporcionalidade que visa sopesar os valores em jogo e proteger valores mais relevantes do que aqueles infringidos na colheita da prova e também constitucionalmente protegidos.Como forma de assegurar a aplicação da inadmissibilidade da prova ilícita tem-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, de origem estadunidense, visa inadmitir no processo penal as provas derivadas das provas obtidas ilicitamente.Adotou a estratégia de frisar as exceções no país de origem para demostrar que a mitigação é ponto crucial para aplicação dessa teoria.O trabalho se deslinda levando em conta a idéia de proteção das garantias e direitos individuais do cidadão sem desconsiderar que o Estado deve manter a harmonia social, e que a sociedade é tão merecedora de proteção quanto o indivíduo.

Responsabilidade penal da pessoa jurídica no crime ambiental

As teses que se colocam diante da aceitação da responsabilidade penal da pessoa jurídica por conduta ou atividades lesivas ao meio ambiente são inúmeras, por isso, ilustra a importância da tutela penal, que surge como medida de urgência"ultima ratio" para assegurar que os verdadeiros agressores do meio explanação sobre a evolução histórica do estatuto jurídico do meio ambiente no Brasil, discrimina o conceito jurídico de meio ambiente,exige a preservação do meio ambiente há direito fundamental.Este estudo demostra, que o meio ambiente é bem de uso comum do povo e que a sobrevivência do ser humano só será possível com a existência de meios eficazes capazes de cessar as agressões ambientais.Trata com evidência o princípio da entre a responsabilidade civil, administrativa e criminal, tendo em vista as divergentes esferas em que são determinadas.Analisa brevemente, em outro plano, uma série de críticas por parte de vários tratadistas de renome que não acolheram a responsabilidade penal da pessoa jurídica apresentado diversos fundamentos fáticos e jurídicos em defesa do respectivo posicionamento, mesmo este sendo contrário á legislação brasileira responsabilização diante da prática de crime ambiental, para garantir que as futuras gerações tenham ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Tribunal penal internacional

No que se concerne á criação do Tribunal Penal Internacional pelo Estatuto de Roma, menciona os seus principais antecedentes políticos e jurídicos como por exemplo, o fim da guerra fria, a globalização e a interdependência, fatores que contribuíram para que a comunidade internacional criasse, em pouco tempo, os tribunais crimonais ah hoc, por meio de decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas.Destaca também, como principais aspectos desse Estatuto, considerando o caráter sui generis e excepcional do TPI:o principio da complementaridade e a definição dos crimes, comparando o Estatuto a um código criminal internacional.Analisa em quais condições se processa o estabelecimento da Jurisdição desse Tribunal e além disso, elucida que a cooperação internacional e assistência judiciária dos Estados são elementos essenciais para o bom funcionamento do TPI.Esse regime estipula a obrigação geral dos Estados- parte de cooperar plenamente com o Tribunal.Assegurando que as legislações nacionais estipulem figuras processuais compat´veis com as formas de cooperação previstas no Estatuto.Não há intervenção em assuntos internos, tendo aplicação somente aos crimes cometidos após a entrada em vigor dos Estatutos.A criação do TPI atenderá a necessidade da ordem plítica e jurídica internacional no seu sentido mais amplo e contribuirá para o desenvolvimento do Direito Internacional

A garantia constitucional do devido processo legal na investigação criminal defensiva: contraditório e ampla defesa

A presente monografia tem por finalidade, demonstrar a possibilidade de se adotar a Investigação Criminal Defensiva no Ordenamento Jurídico Brasileiro, tendo em vista as Garantias Constitucionais que a amparam no âmbito do Devido Processo Legal, em especial os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório, tendo em vista os benefícios que esse tipo de investigação poderia trazer à pessoa do indiciado, uma vez que poderia trazer um maior equilíbrio entre as partes, uma celeridade processual, além de uma maior amplitude de elementos que irão formar a convicção do órgão do Ministério Público.

Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional

Trata-se de estudo sobre a eficácia das sentenças proferidas no âmbito da jurisdição constitucional, que compreende a atividade jurisdicional em matéria de interpretação e aplicação da Constituição. Enfoca-se o tema pela perspectiva do sistema brasileiro de guarda da Constituição e, mais especificamente, do sistema de controle da constitucionalidade dos preceitos normativos. Na primeira parte são enfrentadas as questões relacionadas com a eficácia das sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a sua vocação para expandir efeitos erga omnes. O papel da Corte, como órgão de cúpula do Judiciário e guardião da Constituição e a autoridade dos julgados que nessa condição profere - seja na apreciação de casos concretos, seja nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade - são os pontos principais dessa abordagem inicial. A segunda parte trata da problemática relacionada com a estabilidade dos julgados em matéria constitucional e a sua eficácia para produzir efeitos futuros. Os vínculos entre controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade, que se manifestam especialmente nas relações jurídicas de trato continuado, e os conflitos entre importantes valores – res judicata e segurança jurídica, de uma lado, supremacia da Constituição, autoridade do Supremo Tribunal Federal e igualdade de todos perante a lei, de outro – são abordados sob a perspectiva da eficácia temporal dos julgados, nela incluídas a sua rescindibilidade, a sua revisibilidade e a extinção da sua força vinculante em face de alterações no estado de fato ou de direito.

A desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência

Apesar das referências explícitas nos correspondentes textos normativos, das óbvias conexões semânticas entre as "partes" constitucional e infraconstitucional da afirmação da defesa da concorrência no direito brasileiro, bem como da aparente semelhança estrutural entre as formas desta afirmação nos arts. 170 e 173, §4º da CF, e 1º e 20 da Lei 8.884/94, os processos de decisão das autoridades responsáveis pela implementação da Lei Antitruste têm permanecido impermeáveis a argumentos substantivos de natureza constitucional. Em particular, a fundamentação das decisões tem dispensado quaisquer referências aos princípios constitucionais expressos, inclusive, no art. 1º da Lei, e seguido um caminho alternativo à divisão das normas em princípios e regras e à construção dos argumentos a partir da sua combinação (entre si e uns perante as outras) segundo métodos de decisão jurídica razoavelmente difundidos (e.g., a "ponderação de princípios"). O propósito do presente artigo é apresentar e discutir o significado desse peculiar e notável fenômeno de impermeabilização e "desconstitucionalização metodológica" do direito de defesa da concorrência brasileiro.

O perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico

Este trabalho dedica-se a identificar o perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico, espécie tributária que ganhou relevo no cenário nacional nos últimos anos. Na primeira parte, serão analisadas as contribuições enquanto gênero, destacando-se a sua natureza e o regime jurídico, os parâmetros e os critérios que devem ser utilizados para o controle da validade da norma impositiva tributária, além da definição dos sujeitos passivos, materialidade, destino e finalidade. Uma classificação será apresentada ao final. A segunda parte será dedicada às contribuições interventivas enquanto espécie, sendo destacados o regime jurídico a ser observado e as finalidades que autorizam a instituição do tributo. São apresentados os pressupostos para a intervenção do Estado na economia, as modalidades existentes de contribuições de intervenção no domínio econômico e algumas questões relevantes, das quais podem-se destacar a imunidade, a cumulatividade, as agências regulamentadoras e a vinculação de receitas.