880 resultados para Supreme Court Confirmation


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Contains business correspondence, accounts and documents relating to Jacob Franks of New York, his two sons, Moses and David, a nephew, Isaac, and a John Franks of Halifax, possibly a member of the family.

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The aim of this paper is to present the evolution of the Francovich doctrine within the European legal order. The first part deals with the gradual development of the ECJ's case law on State liability in damages for breach of EC law. Starting from the seminal Francovich and Brasserie du Pêcheur, the clarification of the criteria set by the Court is attempted with reference to subsequent case law, whereas issues concerning the extent and form of the compensation owned are also mentioned. The second part concerns one of the more recent developments in the field, namely State liability for breaches of Community law attributed to national judiciary. The Court's ruling in Köbler is examined in connection with two other recent judgments, namely Commission v. Italy of 2003 and Kühne & Heitz, as an attempt of the ECJ to reframe its relationships with national supreme courts and appropriate for itself the position of the Supreme Court in the European legal order. The implications on State liability claims by the ruling in Commission v. France of 1997 constitute the theme of the third part, where it is submitted that Member States can also be held liable for disregard of Community law by private individuals within their respected territories. To this extent, Schmidberger is viewed as a manifestation of this opinion, with fundamental rights acquiring a new dimension, being invoked by the States, contra the individuals as a shield to liability claims. Finally, the third part examines the relationship between the Francovich doctrine and the principle of legal certainty and concludes that the solutions employed by the ECJ have been both predictable and acceptable by the national legal orders. Keywords: State liability, damages, Francovich, Köbler, Schmidberger

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In common law jurisdictions such as England, Australia, Canada and New Zealand good faith in contracting has long been recognised in specific areas of the law such as insurance law and franchising, and more recently the implied duties of good faith and mutual trust and convenience in employment contracts have generated a considerable volume of case law. Outside of these areas of law that may be characterised as being strongly‘relational’ in character,the courts in common law jurisdictions have been reluctant to embrace a more universal application of good faith in contracting and performance. However increasingly there are cases which support the proposition that there is a common law duty of good faith of general application to all commercial contracts. Most important in this context is the recent decision of the Supreme Court of Canada in Bhasin v Hrynew.1 However, this matter is by no means resolved in all common law jurisdictions. This article looks at the recent case law and literature and at various legislative incursions including statutes, codes of conduct and regulations impacting good faith in commercial dealings.

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Resumen: Este artículo analiza el fallo del 13 de marzo de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “F., A. L. s/ medida autosatisfactiva”, en el cual el máximo tribunal argentino adoptó la interpretación amplia del Artículo 86, inciso 2, del Código Penal, a la luz de la “voluntad del legislador histórico”; teniendo en cuenta que la misma Corte la invoca en sus fundamentos para fallar a favor de la constitucionalidad del inciso referido. Se parte de entender el contexto histórico e ideológico de las primeras décadas del siglo XX, tanto a nivel nacional como internacional, del cual surge la influencia que tuvo la eugenesia en los ámbitos científicos, académicos y jurídicos. Teoría que tenía por objetivo la búsqueda del “perfeccionamiento” de la especie humana, lo que implicaba descartar a los seres humanos más débiles, imperfectos o defectuosos. Dentro de este contexto se impulsó la modificación del Código Penal, por lo que es central para entender la “voluntad del legislador histórico” el Informe de la Comisión de Códigos del Senado de la Nación, de 1920, que receptó claramente las ideas eugenésicas, siendo el Artículo 86, inc. 2, un claro ejemplo de ello. El mencionado informe demuestra que la verdadera motivación de los legisladores para incluir la no punibilidad del aborto en este inciso fue que no nacieran “seres anormales o degenerados”, no hay una sola mención a la situación de la mujer embarazada y de los perjuicios que un embarazo en estas condiciones le podrían acarrear.

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Resumen: El artículo considera los derechos y deberes de médicos y pacientes, especialmente luego de la sanción de la ley 26.529, destacando sus temas relevantes, aquellos que habían dado lugar a distintas interpretaciones tanto en la jurisprudencia, como en la doctrina. Se tratan, así, la historia clínica y el consentimiento informado, precisándose sus conceptos, formas, funciones e interpretaciones. Similar atención merecen las directivas anticipadas de salud, el “testamento vital”, las posibilidades del médico y sus posibles objeciones de conciencia. De igual modo la autonomía de la voluntad del paciente, su libertad y responsabilidad. Se considera la eutanasia, precisándose que no es un derecho del paciente. Se estudia el secreto profesional del médico, a la luz de las contradictorias normas legales vigentes y jurisprudencia consecuente, para detenerse en la más reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su actual composición. Finalmente se precisan los conceptos de las responsabilidades de médicos y órganos sanitarios, con la posibilidad de su aseguramiento y el conflicto de algunas de las coberturas que se otorgan en plaza, como la conocida claims made.

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El 19 de noviembre de 2015 se realizó en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina un workshop organizado por la Cátedra Internacional Ley Natural y Persona Humana de esa Facultad, sobre el tema “De F.A.L. a M.A.D.: el derecho a la vida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. El encuentro fue coordinado por el Prof. Carlos Gabriel Maino y comenzó con una bienvenida a cargo del Decano, Dr. Daniel Herrera. Luego expuso el Dr. Alfonso Santiago, Profesor de la Universidad Austral, quien desarrolló tres temas: a) la protección constitucional y convencional del derecho a la vida; b) la jurisprudencia previa de la Corte Suprema; c) los casos “F.A.L.” y “M.A.D.”. Respecto a la protección constitucional y convencional del derecho a la vida, Santiago se refirió a la importancia del art. 29 de la Constitución Nacional. También señaló la protección expresa que surge del art. 4º de la Convención Americana de Derechos Humanos y del art. 6º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Resaltó la claridad y fuerza de los textos convencionales, especialmente en cuanto prohíben que un ser humano sea privado de la vida arbitrariamente. También destacó la mención al carácter intrínseco del derecho a la vida y a la obligación del Estado de protegerlo en la máxima medida posible...

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Resumen: Análisis crítico de algunos aspectos del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en la causa “F., A. s/ medida autosatisfactiva”, en el que el Tribunal convalida el aborto practicado dos años atrás en la Provincia de Chubut y exhorta a las a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos que denomina como “no punibles” y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual; y, dirigiéndose al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, les requirió a abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles “previstos legalmente”.

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Analisa questões sobre a judicialização dos conflitos e o ativismo judicial, bem como aspectos referentes à Proposta de Emenda Constitucional (PEC 33/2011) que visa alterar dispositivos do texto magno a fim de aumentar ou criar o controle do Legislativo sobre algumas das decisões do Supremo Tribunal Federal.

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Analisa a questão da politização do Supremo Tribunal Federal (STF) diante do mecanismo de escolha de seus ministros. Examina os tribunais constitucionais de quatro países do mundo - Estados Unidos, Alemanha, Portugal e Chile - e, bem assim, o mecanismo de escolha de seus membros.

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Questão de grande relevância, nos dias atuais, no âmbito da Ciência Política, diz respeito às decisões políticas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que se denomina ativismo judicial. O termo ativismo judicial indica que a Corte está deixando de se restringir à atividade interpretativa, para estabelecer novas condutas, criando direito novo. A tendência tem sido a de levar as questões políticas para serem debatidas no âmbito judicial, de forma que assuntos políticos passam a ser exteriorizados como jurídicos. Em todos esses temas, devemos ter em conta que o balizamento tanto da atividade política como da atuação jurídica é a Constituição. Todavia, o que se tem observado é que Supremo passou a adotar uma nova postura interpretativa, de modo a permitir que, por via hermenêutica, torne-se possível corrigir a lei, modificá-la ou mesmo criar direito novo onde a lei nada especifica, além de permitir a criação de normas de caráter constitucional por decisão judicial. Três casos importantes ilustram bem esse cenário: a verticalização das coligações, a instalação obrigatória de comissões parlamentares de inquérito e a perda de mandato decorrente da troca de partido. Por serem temas de cunho eminentemente político, as decisões judiciais proferidas nessas matérias enquadram-se bem no campo do ativismo judicial, daí por que foram escolhidos como estudos de caso. O objetivo da tese é identificar as causas dessa nova postura do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que ela rompe com o entendimento adotado na jurisprudência anterior, em que essas mesmas matérias eram consideradas estritamente políticas e, portanto, fora da competência decisória da Corte.

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Analisa o Projeto de Lei nº 6.002/1990 e apensos, que pretendem disciplinar o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. A abordagem e o desenvolvimento da pesquisa serão realizados no contexto da judicialização da política ou do ativismo judicial, questionando-se qual será a efetividade dos limites/parâmetros impostos ao Supremo Tribunal Federal, acaso o Projeto de Lei nº 6.002/1990 e apensos, se transformem em norma jurídica. Tem-se como hipótese compreender se o pretenso disciplinamento limitará o ativismo judicial que retira o protagonismo do Poder Legislativo e o seu papel preponderante de poder legiferante. Os objetivos específicos da pesquisa são examinar a extensão e os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento de alguns mandados de injunção; avaliar se a conduta omissiva do Poder Legislativo causa prejuízos à sua própria imagem e se essa omissão inviabiliza o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas constitucionais. A metodologia do trabalho será balizada na análise sistemática dos Mandados de Injunção números 107/1989-DF, 631/2000-MS, 670/2002-ES, 708/2004-DF, 712/2004-PA, 721/2005- DF, 758/2007-DF, 786/2007-DF e 795/2007-DF; na análise do Projeto de Lei nº 6.002/1990 e apensos; na Constituição Federal. O trabalho terá como principais referenciais teóricos e conceituais fontes e bibliografia apropriadas, a exemplo dos doutrinadores Alexandre de Moraes, Cândido Rangel Dinamarco, José Afonso da Silva, José Joaquim Gomes Canotilho,Luís Roberto Barroso e Manoel Gonçalves Ferreira Filho.

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Analisa a tramitação de Medidas Provisórias pela Câmara dos Deputados, levando em consideração os princípios basilares do processo legislativo, bem como os aspectos controversos que envolvem aplicação do texto constitucional, interpretações e decisões do Supremo Tribunal Federal. A presente obra aborda em especial a Questão de Ordem n. 411, de 2009, que alterou significativamente o rito de deliberação das Medidas Provisórias, destacando a importante contribuição política e acadêmica trazida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Busca-se evidenciar a importante discussão no Supremo Tribunal Federal sobre as matérias interna corporis. Evidencia o constante e delicado controle de um poder sobre o outro. Por fim, explora as decisões da Suprema Corte em relação à atuação parlamentar, no que se refere ao cumprimento de dispositivos constitucionais e regimentais. A análise desta obra permite ao leitor uma visão global sobre o processo legislativo, tramitação das Medidas Provisórias, mecanismos e limites de controle entre os poderes da República e as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao Parlamento.

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Mid-frequency active (MFA) sonar emits pulses of sound from an underwater transmitter to help determine the size, distance, and speed of objects. The sound waves bounce off objects and reflect back to underwater acoustic receivers as an echo. MFA sonar has been used since World War II, and the Navy indicates it is the only reliable way to track submarines, especially more recently designed submarines that operate more quietly, making them more difficult to detect. Scientists have asserted that sonar may harm certain marine mammals under certain conditions, especially beaked whales. Depending on the exposure, they believe that sonar may damage the ears of the mammals, causing hemorrhaging and/or disorientation. The Navy agrees that the sonar may harm some marine mammals, but says it has taken protective measures so that animals are not harmed. MFA training must comply with a variety of environmental laws, unless an exemption is granted by the appropriate authority. Marine mammals are protected under the Marine Mammal Protection Act (MMPA) and some under the Endangered Species Act (ESA). The training program must also comply with the National Environmental Policy Act (NEPA), and in some cases the Coastal Zone Management Act (CZMA). Each of these laws provides some exemption for certain federal actions. The Navy has invoked all of the exemptions to continue its sonar training exercises. Litigation challenging the MFA training off the coast of Southern California ended with a November 2008 U.S. Supreme Court decision. The Supreme Court said that the lower court had improperly favored the possibility of injuring marine animals over the importance of military readiness. The Supreme Court’s ruling allowed the training to continue without the limitations imposed on it by other courts. (pdf contains 20pp.)

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A prática da arbitragem comercial internacional tem se deparado, há pelos menos quatro décadas, com a problemática da extensão da cláusula compromissória a uma parte não-signatária, integrante do mesmo grupo de sociedades a que pertence uma das partes integrantes da convenção, em razão do comportamento adotado pela parte não-signatária nas fases de negociação do contrato, execução ou extinção. Nesse sentido, a prática da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional dos últimos trinta anos e reiteradas decisões judiciais em países de diferentes tradições jurídicas como a França, Suíça e Estados Unidos têm se manifestado favoravelmente a essa extensão subjetiva da convenção de arbitragem. O estudo da doutrina nacional e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre os grupos de sociedades e seus efeitos, e a análise detida de diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a homologação de sentenças arbitrais estrangeiras, revelam a compatibilidade da referida prática arbitral internacional com o ordenamento jurídico brasileiro.

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A presente dissertação tem por objetivo analisar a solidariedade social e sua projeção no sistema constitucional brasileiro, buscando definir seus contornos, fundamentos e limites na efetivação de políticas públicas e decisões judiciais. Ademais, busca-se na presente dissertação demarcar os limites e possibilidades da solidariedade enquanto valor que norteia o campo da política, notadamente na prática democrática. O estudo parte de uma análise histórica e filosófica para contextualizar a solidariedade como princípio jurídico que fundamenta direitos e deveres e que encontra nas demandas por reconhecimento das diferenças seu maior campo de incidência. Na política, a solidariedade se abre à opção de uma democracia anti-elitista que tem no conflito, na tolerância e nas divergências as pedras de toque que proporcionam uma dinâmica que respeita as diferenças e geram cooperação social por conta dessa estima intersubjetiva. Os deveres de reconhecimento intersubjetivo e de estima social possibilitam uma construção social dialógica e interacional, na qual seus sujeitos são respeitados como seres livres e iguais, dignos de igual respeito e consideração. Tal afirmativa é colocada a prova quando da viabilidade constitucional da cota racial nas Universidades Públicas brasileiras. Da mesma forma, a solidariedade se projeta para o campo jurídico devido a sua positivação na Constituição brasileira de 1988 como princípio/objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Deste modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem lançando mão do princípio fundamental da solidariedade para fundamentar decisões que envolvam deveres fundamentais de redistribuição e reconhecimento. Tais decisões nos permitem traçar um conteúdo mínimo desse princípio à luz da ordem social e cultural brasileira que, aliás, não foi deixada de lado em nenhum momento no decorrer do estudo. Esse conteúdo material encontra nos deveres de redistribuição e reconhecimento, principalmente neste último, seu suporte de eficácia jurídica, viabilizando, em certos momentos, até uma aplicação direta da solidariedade por meio dos deveres.