Fronteras abiertas y trata de personas con fines de explotación laboral: análisis de la política exterior del Ecuador

La presente tesis tiene como propósito realizar una breve investigación sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en el Ecuador, tomando en cuenta la política migratoria establecida en el 2008. Para esto se expone la situación de los derechos humanos en la trata de personas; se aborda las dimensiones de este delito y el modus operandi de las organizaciones delictivas transnacionales. Así también se pone en discusión la relación entre los derechos humanos y la movilidad humana. Por otro lado, se expone la propuesta de fronteras abiertas que fue adoptada por el país y cómo ella encaja en la política migratoria. La investigación abarca los años 2008-2012 y recoge los datos de los registros de entradas salidas de personas proporcionadas por el INEC. Así también se expone el número de denuncias proporcionado por la fiscalía y los datos obtenidos de investigaciones realizadas por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) Con todo esto, la presente tesis responde a cómo la política migratoria del Ecuador de eliminar el requisito de visa consular para fines turísticos implementada en el 2008 incidió en el reporte de casos de trata de personas con fines de explotación laboral entre el 2008 al 2012; y si bien la evidencia empírica no permite llegar a una conclusión clara, conceptualmente se evidencia que las fronteras abiertas y la trata de personas no poseen una relación directa de causalidad.

El piropo callejero: acción política y ciudadana

El piropo callejero ha dejado de ser visto exclusivamente como una práctica “positiva” para comprenderse como un problema social. Así, gobiernos, organismos internacionales y activistas han generado iniciativas que lo abordan como una forma de acoso basada en la desigualdad de género. Un boom de experiencias latinoamericanas de rechazo, la diferencia de sus propuestas y sus coincidencias en formatos que van desde leyes hasta expresiones artísticas, pasando por un agitado activismo, fueron el punto de partida de este trabajo. Preguntarse ¿cómo un piropo se convierte en un problema social?, y ¿cuáles son las estrategias que se usan para enfrentarlo?, permitió acercarse a un complejo objeto de estudio que da cuenta de varias relaciones de convivencia en las ciudades contemporáneas, surcadas situaciones de violencia y desigualdad de género. Este trabajo explora diversos escenarios del piropo callejero. Desde su historia, hasta sus principales rasgos culturales; la forma en la que entran a operar estas iniciativas que lo objetan en Suramérica y se detiene en dos experiencias concretas: Quito y Bogotá. La primera, “Quiero andar tranqula, calles sin acoso”, cuenta con una campaña estatal y la segunda, “¡Atrévete!”, con un proceso de tipo activista. En ambas la relación con la Internet y la comunicación es determinante para operar. Finalmente, este estudio se presenta como una propuesta para comprender las relaciones de “socialidad” a partir de prácticas de comunicación en la ciudad. El piropo callejero se asume como un asunto social que problematiza la relación de las mujeres con el espacio público. Transforma la experiencia de habitar el escenario indivisible de la comunicación determinada por la cultura e interpela los códigos de convivencia urbanos, en suma, la tradición.

Informe sobre derechos humanos Ecuador 2012

El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, inició en 2009 la publicación anual de un informe sobre derechos humanos como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Tomó como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafíos al Estado ecuatoriano y al conjunto del país en el fortalecimiento del catálogo de derechos y de garantías y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, pro homine, aplicación directa y progresividad. Cada nueva entrega del Informe fue sujeta a una evaluación y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al año 2011, publicado el año pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provocó el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinión pública el contenido y alcances de la publicación, pero se generó un conflicto público. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonomía universitaria, consultó a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisión internacional para que estudiara el Informe y presentara sus observaciones y sugerencias. La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisión internacional fue designada. Así se lo comunicó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la República del Ecuador. La comisión, integrada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros (Perú) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabajó por varios meses y visitó Quito, entre enero y febrero de este año. La comisión internacional delimitó su labor a examinar la metodología del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Presentó su informe en abril y su versión final estuvo lista para publicación en junio. El contenido completo del documento ha sido publicado, por disposición del Presidente del Consejo Superior, en la página web de la Universidad: ‹http://www.uasb.edu.ec/ padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ac›. Desde mediados de 2012, el PADH continuó con las actividades necesarias para realizar el Informe correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvió esperar el informe de la comisión internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoció, el equipo de PADH procuró recoger las observaciones y recomendaciones. Es así como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una división entre el “Informe” propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artículos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este año, aparecerán dos publicaciones. Por un lado el Informe sobre Derechos Humanos, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicación colectiva titulada Horizontes de los derechos humanos que analiza varios casos y temáticas relevantes de 2012, con la contribución de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa.

Horizonte de los derechos humanos Ecuador 2012

El respeto a la dignidad del ser humano pasa por el reconocimiento, el cumplimiento y el ejercicio de sus derechos, asumidos como una obligación primordial de los Estados bajo una comprensión integral y que considere los criterios de diversidades, equidad y justicia. Horizonte de los derechos humanos. Ecuador 2012, expone y analiza temáticas relevantes de 2012, como son: la reforma a la administración de justicia; la caracterización de la conflictividad; el caso Los diez de Luluncoto; la sentencia sobre el caso La Hora; sobre casos graves de violación a derechos humanos, los estados de excepción; la política petrolera y las nuevas concesiones; el caso Texaco; el caso Sarayacu; el extractivismo minero; la participación ciudadana; los procesos de consulta previa y prelegislativa; la movilidad humana y el caso Assange; el femi[ci]dio; mujeres privadas de la libertad; el acceso a la educación y la discriminación; el derecho a la alimentación; el derecho al trabajo; derechos lingüísticos; y sobre la importancia de discutir la relación entre salud, producción abusiva y la judicialización. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa. Sin duda, este libro constituye un aporte importante para la reflexión sobre la situación de los derechos humanos. Reúne las reflexiones de diversas organizaciones, colectivos y académicos; realizadas por docentes, profesionales y activistas que trabajan en el campo de los derechos humanos y de la naturaleza en diferentes áreas. Desde una lectura crítica y propositiva, se plantean aportar en la construcción de un Estado y sociedad basados en el respeto, garantía, protección y el desarrollo progresivo de los derechos humanos. La esperanza va más allá de las hojas de papel, los sueños rebasan las páginas de la Constitución. Respetar la dignidad de las personas y colectivos, y lograr una convivencia respetuosa o al menos caminar hacia ella, es imprescindible y mucho depende de lo que hagamos como sociedad y de lo que el Estado haga para habilitar ese camino, para proyectar aquello que se requiere transformar, a partir del goce de los derechos y de las demandas expresadas, sentidas por cada grupo humano que convive en el país y de la población nacional que se encuentra fuera de él. Este ejercicio de investigar para informar que cada autor y autora de los artículos ha realizado, nos hace reconocer lo olvidado y negado; reorientar el conocimiento; afirmar la unidad de lo fragmentado y permite que expresemos lo impensable del horror del miedo a la exclusión (Piedad Vásquez Andrade). Les invitamos entonces a explorar y sentir estos textos, despejar este sendero y caminar hacia el horizonte de lo soñado.

El legado de Cádiz: ciudadanía y cultura política en la Gobernación de Cuenca, 1812-1814 (Estudios)

Este trabajo analiza el legado de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 en Cuenca entre 1812 y 1814. Estudia los principales cambios políticos relacionados con los derechos de diversos actores sociales, así como el rompimiento de antiguas formas de relación social. Los cambios políticos se relacionaron con la introducción de nuevos conceptos y prácticas como ciudadanía, soberanía, elección y representación, tanto en el mundo criollomestizo como en el indígena (población cañari) de la provincia. Se analiza la abolición del tributo indígena, el servicio personal y la mita, además se estudian algunos cambios administrativopolíticos como la creación de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y nacionales.

La salud y los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales (Tema Central)

Los derechos humanos han significado una lucha histórica de las mujeres por alcanzar un lugar en la sociedad. El derecho a la salud de las mujeres ha sido reconocido a nivel nacional e internacional como un derecho humano fundamental, esencial para el desarrollo de otros derechos y garantizado desde el principio de igualdad y no discriminación. Sin embargo, al referirse a la salud de las mujeres trabajadoras sexuales se ha evidenciado que existen grandes esfuerzos por alcanzar su garantía, protección y respeto, aunque aún existen importantes desafíos por cumplir. El trabajo sexual ha sido muy cuestionado por los distintos feminismos y más aún por la sociedad androcéntrica, machista y patriarcal en la que vivimos, por lo que resulta complicado alcanzar el pleno goce de los derechos de este grupo social. En particular el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales ha sido reconocido y garantizado en función de la salud de los clientes y no de ellas. Históricamente, las mujeres que ejercen el trabajo sexual no han sido consideradas como sujetos de derechos sino como objeto de regulación de los Estados. Por lo tanto, sus derechos han sido invisibilizados y en muchos casos anulados. El Estado ecuatoriano ha logrado implementar políticas respecto de la salud (sexual y reproductiva) de las mujeres trabajadoras sexuales. Sin embargo, es necesario generar una política integral que considere la promoción de los derechos, la prevención de las ITS y VIH/SIDA así como, la restitución de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Mujeres inmigrantes en Ecuador: género y derechos humanos

Recoge un estudio de carácter exploratorio y comparativo sobre los condicionantes de género que intervienen en la experiencia migratoria de mujeres colombianas, peruanas y chinas que viajan y permanecen en Ecuador. Surge del incremento de la presencia de mujeres inmigrantes registrado en la última década en Ecuador; de las limitaciones existentes en la normativa y políticas públicas migratorias para incorporar el enfoque de género y de derechos humanos, y de los escasos estudios sobre este tema en el país. Se brinda una aproximación a la forma en que las teorías de las migraciones, feminista y de derechos humanos analizan la migración femenina; presenta el marco normativo y de política migratoria vigente en Ecuador sobre mujeres no nacionales; analiza la magnitud y principales características de su presencia, y, a partir de la palabra de las mujeres inmigrantes, ubica los principales condicionantes de género que se activan durante la experiencia migratoria y sus repercusiones en la vigencia de los derechos humanos. Con base en los hallazgos encontrados, se formula algunas recomendaciones para la definición de una política pública sobre movilidad humana que articule el enfoque de género y el de derechos humanos.

Los derechos de las mujeres: del reconocimiento constitucional a su aplicación efectiva

La tesis estudia los procesos de construcción de la ciudadanía de las mujeres en el constitucionalismo ecuatoriano, a partir de la aprobación de la Constitución Política del Ecuador de 1998 y la adopción de la nueva Constitución del Ecuador de 2008. A través del análisis de género de las resoluciones judiciales, el trabajo explora los principios y garantías que las juezas y los jueces ponen en práctica a la hora de aplicar la Constitución y la ley. Examina el papel que desempeña la ideología de género en el proceso de aplicación/interpretación de la Constitución y las leyes por parte de jueces y juezas, identificando en sus discursos los mecanismos que garantizan los derechos de las mujeres y promueven la equidad de género y aquellos que, por el contrario, mantienen o reproducen la discriminación, subordinación y exclusión por razón del género. Discute, asimismo, de qué manera el contexto social, político e institucional contribuye a la materialización de los derechos de las mujeres reconocidos en el texto constitucional, y cómo el análisis de las decisiones judiciales plantea nuevos aspectos de carácter relevante tanto para la práctica de incidencia del movimiento de mujeres, así como para el desarrollo normativo e institucional.

La dimensión espiritual y política del canto de Enrique Males

Enrique Males es un músico kichwa Imbaya autor de una musicalidad con una dimensión espiritual y política que llaman a la sensibilidad y conciencia del ser humano desde la cultura y la sabiduría andina. Su arte se constituye en un referente cultural del país, al proyectar una sonoridad ancestral andina en el espectro sonoro contemporáneo, empleando instrumentos musicales que han viajado a través del tiempo para conformar un canto propio que identifica dignamente y con integridad al pueblo indígena. El presente trabajo pretende determinar los aportes del canto de Enrique Males en los ámbitos de lo cultural, lo social, lo político y lo espiritual; mediante un acercamiento desde los Estudios de la Cultura a su carrera musical. La investigación empleó metodológicamente el análisis bibliográfico y discográfico. En el trabajo de campo se empleó la entrevista en profundidad y la descripción etnográfica. La observación participante fue importante en las presentaciones del cantautor. El canto de Enrique Males es un canto comprometido con la lucha social e histórica de su pueblo. Debido a la discriminación y el racismo que ha palpado personalmente, su música aclama a la rebeldía y al levantamiento de un pueblo milenario por la transformación de un sistema excluyente, por la insurgencia ante una colonialidad impuesta, por el respeto a la vida, y por los derechos universales de la humanidad. Su práctica musical está cargada de un simbolismo que mantiene un sentido ritual y ceremonial. La espiritualidad que proyecta hace referencia a la cosmoexistencia y cosmoaudición del mundo andino; en el cual la música es un canal de comunicación y de interrelación entre el mundo exterior e interior del sujeto, entre la naturaleza y el ser humano. Su canto reafirma una manera de ser, de estar, de pensar y de sentir desde la diversidad; proveyendo de elementos constructores de identidad. Sus composiciones revitalizan la cultura andina permitiendo un ejercicio de interculturalidad musical, generando un espacio de resistencia ante un intento homogeneizante de una cultura etnocentrista.

Interdependencia de la economía social y solidaria y el Estado constitucional de derechos y justicia en la Constitución de Montecristi de 2008

La Constitución de Montecristi de 2008 significó una ruptura con los paradigmas constitucionales y económicos clásicos predominantes en el mundo al crear y diseñar nuevos paradigmas de entender el sistema económico, basados en valores éticos y sociales, el papel del Estado, la centralidad de los derechos constitucionales en el accionar público y, sobre todo, la interconexión e interdependencia entre derechos constitucionales, Estado y sistema económico orientados a lograr el buen vivir. Sin lugar a dudas, los aspectos más significativos en los campos jurídico-institucional y económico de la Constitución de Montecristi son el haber establecido el Sistema Económico Social y Solidario (Art.283) y el Estado de derechos y justicia (Art.1), los cuales constituyen una estructura interdependiente orientada a la consecución de los derechos constitucionales y el buen vivir no solo de los ciudadanos, sino también de la naturaleza. El Estado constitucional de derechos y justicia y el sistema económico social y solidario, constituyen nuevos paradigmas basados en el principio de centralidad de derechos y la solidaridad democrática, donde las necesidades y deseos legítimos aseguran el bienestar y la existencia de todas las personas y la naturaleza; en el cual existen diversos actores económicos (públicos, privados, mixtos, populares y solidarios) que interactúan bajo principios de solidaridad, justicia y responsabilidad en el mercado, que es el punto de encuentro de los mismos, más no su ente regulador. Este nuevo modelo económico requiere de un renovado paradigma de Estado, es así que el Estado constitucional de derechos y justicia, el cual tiene como elementos de interdependencia al buen vivir como la filosofía común que sustenta y justifica al nuevo modelo de Estado y economía, un sistema normativo que responde a la centralidad de derechos y una institucionalidad orientada a aplicar el buen vivir.

La letra pequeña del contrato social. Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos

«La soberanía reside en el pueblo». En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.

O ente estadual na política de atendimento socioeducativo: desafios na implementação a partir de estudo comparativo em Minas Gerais e Rio Grande do Sul

Neste artigo, discute-se os desafios da implementação da política de atendimento socioeducativo em torno dos entes federados, proposta pela Lei 12.594/ 2012– Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE. Para isso, realizou-se análise comparativa das normativas de Minas Gerais e Rio Grande do Sul a partir do olhar sobre a regulamentação do exercício profissional do agente de segurança socioeducativa, tendo por base os instrumentos institucionais: as políticas estaduais e o regimento da função de segurança socioeducativa. Identificou-se a prevalência de aspectos de segurança aos de socioeducação, o que torna a efetiva implementação do novo paradigma ainda um desafio. Apontam-se mudanças institucionais como propostas de aperfeiçoamento da política nos entes estaduais.

Perfil e prática do agente de segurança socioeducativa: recomendações para a subsecretaria de atendimento às medidas socioeducativas de Minas Gerais

Este estudo problematiza e identifica aspectos que influenciam o perfil e a prática do agente de segurança socioeducativa (ASSE) a partir de sua relação com as diretrizes da política de atendimento socioeducativo. Para tanto, o ASSE é considerado um ator fundamental no processo de implementação dessa política. Por meio de um estudo comparado entre a realidade observada nos estados de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, apoiado em entrevistas em profundidade com 23 atores (diretores e agentes), observação da estrutura e dinâmica de 6 unidades de internação e pesquisa documental das estratégias institucionais envolvidas na prática dessa política. Identificamos que a multiplicidade de atribuições exigidas no exercício profissional dos ASSE encontra-se distante de ser alcançada na realidade das unidades, sendo mais exequível focar o perfil coletivo ou o perfil da equipe de segurança socioeducativa. Com base nas entrevistas e análises realizadas, elaboramos recomendações de melhoria em relação a três aspectos: mudança institucional, mudança material e disseminação e transformação de valores.

Desafios institucionais na implementação da segurança socioeducativa

A política de atendimento às medidas socioeducativas está em transição, principalmente no que se refere às medidas mais severas que envolvem a restrição da liberdade dos adolescentes que cometeram ato infracional. As diretrizes da nova política desenvolvem-se no sentido de responsabilizá-los e integrá-los à sociedade por meio da garantia de direitos; ela pretende revogar práticas meramente punitivas e sancionatórias. As medidas de internação contemplam o paradoxo de educar em ambiente de supressão da liberdade. O desafio da política é criar uma instituição mais voltada à educação e menos parecida com as prisões e os ambientes de encarceramento. São dois os esforços empreendidos na gestão da política de atendimento de medidas socioeducativas. O primeiro é o de equilibrar aspectos sancionatórios e pedagógicos. E o outro é extinguir a segurança repressiva e punitiva e estabelecer a segurança socioeducativa. Neste artigo discutimos as dificuldades em implementar a segurança socioeducativa a partir da prática de um dos seus principais agentes implementadores: o agente de segurança socioeducativa. Inicialmente identificamos o agente como um burocrata de nível de rua para em seguida verificar quais são os apoios institucionais que ele têm para desenvolver complexa atividade profissional. Inicialmente fazemos um percurso teórico acerca da implementação e formulação de políticas públicas. Em seguida, analisamos o decreto que regula a sua função e o curso introdutório que o prepara para o exercício de sua função. Concluímos que nem o regulamento da função e tampouco o curso introdutório conseguem equilibrar a dupla lógica da política de educar e manter a segurança. O cenário que baseou essa análise é Minas Gerais e a política da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas – Suase.

Implementação da política de assistência social em Mossoró/RN : uma avaliação a partir dos centros de referência da assistência social

The current National Policy for Social Assistance (PNAS) is the instrument that regulates the organization and procedures of social-welfare actions. Developed and approved in 2004 since the Unified Social Assistance System (ITS) was crated in 2003, it reaffirms the democratic principles of the Social Assistance Organic Law (LOAS) focusing on the universalization of social rights and equality of rights when accessing the social-welfare system. In the SUAS point of view, the PNAS highlights the information, monitoring and evaluation fields for being the best way to assure the regulation, organization and control by the Federal Government paying attention to the principles of decentralization and participation. This political-institutional rearrangement occurs through the pact among all the three federal entities. The pact deals with the implementation of the task. It says that it has to be shared between the federal autonomous entities, established by dividing responsibilities. To the cities, considered as the smallest territorial unit of the federation and closer to the population, was given the primary responsibility, which is to feed and maintain the database of SUAS NETWORK and identify families living in situations of social vulnerability. In addition to these responsibilities, the cities that have full autonomy in the management of their actions, have the responsibility to organize the basic social protection and the special social protection, that using the Center of Social Assistance Reference (CRAS) and the Center of Specialized Social Assistance Reference (CREAS), are responsible for the provision of programs, projects and services that strengthen the family and community; that promote people who are able to enjoy the benefits of the Continuing benefit of Provisions (BPC) and transfer of incomes; that hold the infringed rights on its territory; that maximize the protective role of families and strengthen its users organization. In Mossoró/RN, city classified as autonomous in the social assistance management, has five units of CRAS that, for being public utilities, are considered the main units of basic social protection, since they are responsible for the connection between the other institutions that compose the network of local social protection. Also known as Family House, the CRAS, among other programs and services, offers the Integral Attention to Families Program (PAIF), Juvenile ProJovem Program, socio-educational coexistence services programs, as well as sending people to other public policies and social-welfare services network, provides information, among others. In this large field, social workers are highlighted as keys to implement the policy of social assistance within the city, followed by psychologists and educators. They should be effective public employees, as a solution to ensure that the provision of the services are to be continued, provided to the population living around the units. However, what we can find here is inattention to the standard rules of social assistance, which not only undermines the quality of programs and services, but also the consolidation of policy on welfare as public policy of social rights