897 resultados para OBLIGACIONES INTERNACIONALES
Resumo:
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, negociado en la Ronda de Uruguay, constituye en el primer acopio de normas internacionales en materia de comercio internacional de servicios, sector que evidencia un crecimiento acelerado en respuesta al rápido crecimiento de la economía mundial, producto de la evolución de las comunicaciones. Con el presente trabajo de investigación se pretende conocer la problemática jurídica que surge en torno a los principales principios que rigen el sistema multilateral de comercio, en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, es decir, como se desarrollan los principios de no discriminación, trato nacional, nación más favorecida y transparencia, tomando en consideración y a manera de ejemplo, el caso particular de nuestro país, de tal suerte que logremos visualizar dentro de un contexto global el AGCS. De esta forma, en el capítulo I, se aborda en términos generales el Acuerdo General del Comercio de Servicios. En el capítulo II, se analizará, el principio de no discriminación, y los principios de nación más favorecida y trato nacional, a la luz del AGCS, para concluir con el análisis de casos examinados por el Órgano de Apelación, tratando de determinar la problemática jurídica que emerge de los referidos principios en el marco de las relaciones económicas internacionales. En el capítulo III, se estudia el principio de transparencia, otro de los principios base del sistema multilateral, en el cual se explica su contenido y formas de expresión, en el marco del AGCS, detallando cada una de las obligaciones que devienen para los Estados miembros de su aplicación.
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El presente estudio incorpora el análisis y la sistematizada investigación efectuada a lo largo de su desarrollo, que incluye una descripción general de las nociones fundamentales del Derecho Tributario Internacional conjuntamente con la evolución y los principios básicos de la Fiscalidad Internacional, así también incluye una introducción al concepto de la Doble Imposición y la estructura y la finalidad de los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición. Adicionalmente constituye una recopilación de información legal y doctrinaria, compuesta por la opinión de varios de los más connotados juristas y profesores de Derecho a nivel nacional e internacional, respecto a la tributación de los Beneficios Empresariales y al manejo del Establecimiento Permanente en los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición y a la legislación nacional. Se trata de una investigación que contempla los aspectos más importantes a tomar en consideración al momento de analizar el concepto y la aplicación del Establecimiento Permanente de acuerdo a nuestra legislación y a lo que establecen los Convenios Internacionales para Evitar la Doble Imposición suscritos con Chile y Uruguay. En cada parte del estudio se pudieron obtener conclusiones importantes, que permitieron el desarrollo adecuado de cada uno de los temas presentados, así como la consecución de los resultados propuestos.
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El sector inmobiliario de las PYMES objeto del presente estudio, es un sector que en los últimos nueve años se ha consolidado, brindando nuevas oportunidades de inversión. La implementación de las NIIF en las PYMES ecuatorianas genera importantes impactos en la presentación de la información financiera, en temas tributarios, informáticos y en el capital humano, el análisis de los mismos es el tema central de este trabajo. La metodología de esta investigación está caracterizada por ser exploratoria y explicativa, se trabaja con la información vigente, que presenta anualmente la Superintendencia de Compañías. En el capítulo I se analiza la implementación de las NIIF en las PYMES ecuatorianas y se presenta la situación actual de las PYMES del sector inmobiliario, en el Capítulo II se presenta el análisis de las NIIF más importantes para las PYMES del sector inmobiliario, en el capítulo III se realiza el estudio de los impactos que genera la aplicación de las NIIF en las PYMES ecuatorianas del sector inmobiliario mediante la encuesta a los profesionales involucrados y el análisis financiero de la información de una muestra del sector y para finalizar en el capítulo IV se emiten conclusiones y recomendaciones de los desafíos y oportunidades que brinda la aplicación de las NIIF para la Pyme ecuatoriana en el sector inmobiliario.
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Un gran número de acuerdos internacionales de inversiones (AII) contiene la formulación “inversiones realizadas de conformidad con las leyes nacionales” o una enunciación similar. En términos generales, la tendencia ha sido considerar que esta formulación hace referencia a la legalidad y a la validez de la inversión. El objetivo del presente trabajo es analizar en qué medida las inversiones extranjeras realizadas ilegalmente pueden beneficiarse de la protección de los AII y de su mecanismo de solución de controversias. Para ello, la primera parte identificará las posibles localizaciones de esta formulación y sus implicaciones. La segunda examinará qué sucede con las inversiones que se tornan ilegales, si la ilegalidad debe ser tratada como una objeción jurisdiccional o como una cuestión de fondo y, finalmente, si la ilegalidad es consecuencia de la violación de normas substantivas o también de meras formalidades.
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Este artículo presenta una defensa de lo que podemos denominar la “razón posestructural” en la teoría de las relaciones internacionales. Particularmente, centraremos nuestra atención en tres argumentos críticos comúnmente vertidos contra el posestructuralismo: el de la crítica vacía, la negación de la realidad y el del relativismo. El argumento que este ensayo defiende es que dichas críticas se concentran no en lo que el posestructuralismo dice, sino en aquello que este se niega a decir y para hacerlo recurre a una inútil reiteración de sus propios postulados teóricos. El análisis que llevaremos a cabo le presta especial atención a por qué el posestructuralismo circunscribe posiciones fundacionalistas y al hacerlo enfatizaremos y explicaremos varios de los caminos teóricos que este se rehúsa a tomar.
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Reseña del libro de Beatriz Zepeda y Luis Verdesoto, Ecuador, las Américas y el mundo 2010: opinión pública y política exterior Quito, FLACSO Ecuador, 2011.
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Frente a la apremiante amenaza que el Cambio Climático representa para países en desarrollo y al reto que implica una participación efectiva y ejemplar en el espacio de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el presente documento aborda este problema con una visión a fortalecer las capacidades de crítica, de reflexión, de análisis, de conocimiento técnico y de negociación de delegados actuales y futuros que pueda tener no sólo el Ecuador, sino cualquier país en desarrollo. Se hace referencia a los procesos que dieron inicio a la Convención de Cambio Climático y a los problemas que ha presentado desde su inicio, a sus grupos de negociación e inclinaciones políticas divergentes, al avance de temas bajo la Convención y a los problemas que éstos han encontrado para finalizar presentando el mayor reto actual en el marco de estas negociaciones: el diseño de un acuerdo climático que incluya a todos los países (a diferencia del Protocolo de Kioto), con fuerza legal y que debe ser firmado en París, en noviembrediciembre de 2015 para entrar en vigor desde 2020. Las discusiones actuales bajo este espacio de negociaciones se concentran en los elementos que éste futuro acuerdo pueda incluir sin ignorar ni desreconocer el avance que ya se ha realizado en los temas tratados bajo la Convención. Sin embargo, la divergencia principal radica en la inexistencia de lineamientos y principios claros que guíen el régimen en el futuro, y algunas Partes no han desaprovechado la oportunidad de traer a discusión el funcionamiento y principios del régimen actual. Es momento para una participación fortalecida de países en desarrollo, basada en un análisis profundo y reflexivo de las alternativas existentes y sin olvidar la premura que presenta el cambio climático frente a efectos irreversibles y a falta de voluntad política abundante.
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El propósito de la presente tesis es realizar un estudio comparativo de los derechos, obligaciones y prohibiciones de las y los servidores públicos permanentes y ocasionales desde octubre 06 de 2010, en el marco de la legislación ecuatoriana, ya que desde dicha fecha se encuentra legalmente vigente la Ley Orgánica del Servicio Público. Para el desarrollo del presente documento se iniciará conceptualizando algunos términos y conociendo algunos de los principios universales que regula el derecho al trabajo. Posteriormente se identificarán los derechos, deberes y prohibiciones de los servidores públicos, contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Servicio Público; subsiguientemente se realizará un contraste de los derechos entre los servidores permanentes y ocasionales, asimismo se efectuará un breve contraste de las formas de desvinculación laboral entre la Ley Orgánica del Servicio Público y el Código de Trabajo. Finalmente este trabajo pretende proponer políticas que eviten la precarización laboral de los servidores públicos bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales en el servicio público, de tal manera que las unidades de administración del talento humano de las instituciones del Estado, actúen objetivamente para reducir la brecha de desigualdad de derechos de los servidores ocasionales con respecto a los servidores permanentes en el servicio público.
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Este ejercicio de repensar el derecho humano a la salud en clave transformadora tiene como propósito avanzar en la definición de un lenguaje del derecho que no sólo resulte políticamente correcto, sino que posibilite el desarrollo de acciones judiciales, legislativas y políticas (sociales, económicas, culturales y ambientales) en torno a la salud también políticamente correctas. El enfoque basado en los derechos humanos tiene como basamento el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituido en marco referencial de la promoción, prevención y protección de los derechos. Los instrumentos internacionales universales y regionales vinculantes y no vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina hacen parte de esta matriz referencial globalizada y legitimada. La teoría crítica de los derechos humanos, uno de los referentes teóricos de este trabajo de investigación, cuestiona no sólo el carácter abstracto de las normas también el sistema de valores en que se basa su desarrollo. La idea de definir y desarrollar el derecho humano a la salud en términos más reales, más “humanos” y comprometidos con la opción transformadora de realidades sociales constitutivas de la violación sistemática de este derecho hace parte del propósito de la tesis. El marco conceptual que aquí se propone tiene en el enfoque de la determinación social de la salud, desarrollado por la corriente crontrahegemónica latinoamericana de Salud Colectiva y la Epidemiología Crítica, otro referente clave para el desarrollo del derecho humano a la salud ya no sólo como un derecho social fundamental, también como un derecho socialmente determinado. Ello implica que el derecho de acceso a bienes, servicios y sistemas de salud supone también el acceso a condiciones de vida humana y natural saludable. La determinación social en clave interpretativa del derecho humano a la salud explica el poder determinante individual en relación con el poder determinante colectivo de la salud en varias dimensiones que dan cuenta de la interacción que hay entre las condiciones biológicas, los estilos de vida, las condiciones y modos sociales y, los procesos generales sociales y productivos que impactan la vida y la salud de las personas y de la naturaleza también. En otras palabras, impactan las condiciones en que se ejerce el derecho humano a la salud. La extensión del contenido y alcance en relación con las obligaciones del derecho, con base en el enfoque de la determinación social de la salud, se constituye además en oportunidad para el desarrollo de marcos más efectivos en prevenir, garantizar, respetar y proteger el derecho humano a la salud. La metodología de la investigación es de carácter cualitativo con apoyo en fuentes documentales, referencia bibliográfica, instrumentos internacionales de derechos humanos y marco constitucional venezolano, doctrina y jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
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El presente trabajo de investigación pretende establecer un análisis crítico de la Interpretación Prejudicial como recurso integrante de otros mecanismos jurídicos y de toda una estructura de integración andina, que junto con la integración europea, constituyen los procesos de integración mas importantes en cuanto al uso y desarrollo de la interpretación prejudicial como principal instrumento de uniformidad de un nuevo derecho que se basa en la delegación de competencias soberanas equitativas e iguales de sus Estados miembro, como es el Derecho Comunitario. En otras palabras, se abordará si la interpretación prejudicial junto a sus métodos interpretativos, son una construcción propia y original que ha respondido a las necesidades y a la problemática andina, o si por el contrario es una competencia que ha sido utilizada con mayor utilidad y beneficio por la Unión Europea, en el intento de desarrollar una integración solida, estable y fuerte
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El presente trabajo investigativo se enmarca en el análisis del artículo 1 de la Ley orgánica de la defensa de los derechos laborales, mediante el cual se conmina al Estado a asumir obligaciones de un empleador que está en mora de los beneficios en favor de sus trabajadores. Razón por la cual el legislador crea un mecanismo para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, y además perseguir el cumplimiento de las obligaciones a favor de los trabajadores a fin de evitar que estos se vean afectados, para ello encarga a las instituciones públicas el asumir las obligaciones que se generan por la falta de pago del empleador para posteriormente reclamarlo mediante un procedimiento coactivo. La norma objeto de análisis tiene como fundamento jurídico a los “indicios de público conocimiento” y en la forma como los concibió el legislador, concede a la administración pública, a través de una resolución motivada, el instaurar medidas cautelares contra los bienes no sólo del obligado principal y sus subsidiarios, sino en contra de los bienes de una tercera persona, que no es la obligada de responder por aquellas acreencias que se reclaman. Esta determinación de la norma, restringe el contenido esencial de los derechos constitucionales de una tercera persona, toda vez que en base a indicios se le puede privar de su derecho de propiedad sobre su bien, sin que se haya determinado previamente alguna responsabilidad en un proceso con las garantía mínimas donde pueda ejercer su defensa, lo que además afecta su derecho a la tutela judicial efectiva, y presunción de inocencia. Más aún cuando en un Estado de derechos y justicia se busca precautelar de manera efectiva a los derechos consagrados constitucionalmente, ya que estos son el límite para la actuación del poder estatal, razón por la cual, cualquier restricción a los derechos constitucionales debe estar plenamente justificada.