1000 resultados para direito fundamental constitucional dos trabalhadores


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El propósito del análisis de la presente investigación, cuyo título es: “JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA”, surge como una inquietud de plasmar puntual y objetivamente la significación del Tribunal Constitucional Boliviano como una nueva institución en la administración y fortalecimiento de la justicia, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia; y que gracias a la globalización se encuentran presentes en los países latinoamericanos y por ende en los países andinos, por el impulso de factores irresistibles. Señalado lo anterior, cabe describir sintéticamente el contenido explorado y explotado en ésta investigación, así se tiene que: En el Capítulo I, se consignan generalidades y consideraciones necesarias respecto de lo que se entiende por Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, dentro de un Estado Moderno; asimismo, se realizan puntualizaciones sobre Justicia Constitucional, las razones y motivos para su existencia, así como los presupuestos jurídicos que la sustentan. El Capítulo II, está referido a los Principios de la Justicia Constitucional, comprendiendo a la Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa. En el primer principio, se desarrollan los fundamentos, doctrina y la relevancia de la Supremacía Constitucional en el Estado Constitucional de Derecho. Respecto del segundo principio, se examina la Constitución de la Constitución, entendida ésta como las Decisiones Constitucionales Fundamentales, que rigen el desarrollo dogmático y orgánico de la Ley Fundamental. Los Sistemas de Control Constitucional reconocidos en la Justicia Constitucional, son analizados en el Capítulo III, explicándose la diferencia entre el Control Político y el Control Jurisdiccional dentro del cual se definen los Sistemas de Control Difuso, Concentrado y Mixto, haciendo referencia a las experiencias de modelos adoptados por países en Estados Unidos de Norteamérica, Europa y la Región Andina; y su efectividad respecto de los regímenes democráticos. En el Capítulo IV, se examina en forma exhaustiva el Control Constitucional en la Justicia Constitucional Boliviana, haciendo un análisis de los antecedentes históricos, tomando en cuenta el control constitucional en la Constitución de 1967, para posteriormente ingresar en la nueva propuesta de dicho control en la Reforma Constitucional de 1994, determinando las justificaciones para la creación del Tribunal Constitucional y la referencia de los criterios necesarios para la elaboración de la Ley del Tribunal Constitucional Boliviano. El Capítulo V, referido al Tribunal Constitucional como actor principal en la Justicia Constitucional Boliviana, comprende un estudio profundizado de su naturaleza jurídica, composición, su estructura orgánica y, finalmente, se examina el estatuto jurídico – constitucional de los Magistrados del Tribunal Constitucional. El papel del Tribunal Constitucional en Bolivia, se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo VI, estableciendo las funciones y atribuciones de éste órgano de control constitucional, así como los alcances y efectos de sus resoluciones emitidas. Concluyendo éste capítulo, con el enfoque de la actuación del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del régimen democrático boliviano y en la consolidación de la Constitución, permitiendo así la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales. Finalmente, en las conclusiones se da a conocer la trascendencia del rol que cumple el Tribunal Constitucional en Bolivia, al encontrarse encaminado a garantizar, que el modelo de jurisdicción constitucional diseñado se fortalezca cada día más en busca de una jurisdicción constitucional anhelada por los bolivianos. Para la realización y análisis de los capítulos enunciados, se recurrió a fuentes bibliográficas y documentales, así como a fuentes de normas legales, doctrinales y jurisprudenciales que fueron el objeto de estudio y sistematización de ésta investigación jurídica. Se considera que el presente tema, es de importancia incalculable tanto para estudiosos de derecho, juristas, administradores de justicia o simples ciudadanos que desconocen y anhelan que el Tribunal Constitucional Boliviano, intérprete supremo de la Constitución refleje y responda a los principios y fundamentos para los que fue creado.

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El presente estudio tiene como objetivo determinar ¿si la institución del control constitucional previo de tratados internacionales ha funcionado como mecanismo idóneo que permita garantizar la supremacía constitucional? Cuestión que a lo largo de este trabajo pretende ser resuelta mediante la confrontación de las dos modalidades de control constitucional que tradicionalmente se han planteado para los tratados internacionales: el control a priori o control a posteriori. Se parte del análisis de la figura del control constitucional en general para luego aterrizar en la institución del control constitucional previo como mecanismo para asegurar la supremacía de la Constitución, como instrumento político fundamental de un Estado. Igualmente se recurre al estudio de la normativa constitucional que se ha expedido en el Ecuador a partir del año 1945 hasta el 2008, haciendo una breve referencia a las constituciones promulgadas antes de ese período, en donde se hace un análisis crítico de la conveniencia de los sistemas de control constitucional de tratados internacionales acogidos en cada una de las cartas políticas. Posteriormente se hace una investigación de derecho comparado de las constituciones vigentes en Bolivia y Perú a partir del cual se identifican las similitudes y divergencias que presentan estos sistemas en lo que al control constitucional de tratados internacionales se refiere. Finalmente se pretende determinar la conveniencia del control a priori de los tratados internacionales como un mecanismo que permite por un lado la coherencia del ordenamiento jurídico interno con la Constitución, y por otro el respeto por el Derecho internacional y los compromisos internacionales que el Estado ha adquirido o lo hará en el futuro como ente soberano.

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O trabalho apresentado tem como finalidade primordial traçar os principais temas ralacionados às medidas de segurança, trazendo, sobretudo, um enfoque ricamente constitucional e os principais desdobramentos no quotidiano jurídico e social. Além disso, é realizado um estudo da execução dessas espécies de sanção penal, uma vz que se revela de fundamental importância descortinar os verdadeiros desafios do direito no século XXI em relação ao efetivo cumprimento de tais medidas e de sua eficácia tanto sob a ótica do inimputável quanto da própria sociedade. O contexto histórico nos revela a evolução do tratamento de todos aqueles que não se ajustaram à sociedade, mas que merecem ser tratados com dignidade pelo simples fato de serem seres humanos, que que a própria Carta Magna confere tal direito a todos.

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Este trabalho tem por finalidade analisar de forma sintética os diversos recursos colocados a disposição no ordenamento jurídico e discutir a eficácia do sistema recursal a fim de demonstrar a necessidade de critérios técnicos na valoração de alternativas que podem facilitar o alcance do resultado jurídico. O termo efetividade advém do latim efficere, que significa produzir , realizar, estar ativo de fato. A questão da realização efetiva do processo vem tomando espaço, cada vez maior, junto aos operadores do direito, que passaram a preocupar-se com um valor fundamental, qual seja, a indispensabilidade da efetividade do processo, enquanto instrumento de realização da justiça. O Estado, na posição de titular da Jurisdição, assume importante papel, na medida em que deve assegurar, a todos os cidadãos, a efetivação dos seus direitos, mediante o instrumento do processo. O processo deve propiciar, à parte que lhe invocar, a efetividade do resultado que a mesma poderia alcançar, caso lhe fosse permitido usar dos recursos próprios para exigir o cumprimento da lei. Atualmente, a efetividade é tida como o maior desígnio do processo moderno. Cada vez mais, percebe-se que não basta, ao direito processual, a pureza conceitual de seus institutos e de seus remédios, mas sim, deve ser observado o resultado prático que tais institutos propiciam, pois, nos tempos modernos, o que se espera é um processo de resultado que satisfaça a pretensão dos que acionam. Apesar da crescente preocupação quanto à efetividade do processo, nota-se, também, acentuado interesse no que diz respeito à segurança jurídica do processo, a qual deve, igualmente , ser observada e assegurada, para que não se atropele princípios básicos do direito, como o Devido Processo Legal. Diversas são as causas que emperram a celeridade da justiça: o enorme número de processos que sobrecarregam o trabalho nos tribunais, a grande possibilidade de recursos dada às partes, à falta de comprometimento na elaboração das leis. Conhecendo as causas, é preciso que se busque a solução. Os operadores do direito devem ser preparados para tomarem decisões eficazes. Conseguir a máxima eficiência técnica somente se torna viável se for demonstrada a máxima eficiência administrativa. Deve-se procurar a eficiência técnica do Judiciário compatível com a eficiência Administrativa. O presente estudo propõe a aplicação de técnicas administrativas para elaboração de modelos de auxílio aos problemas de gestão, bastante desenvolvida em grandes empresas. Entretanto, por carência de apoio técnico especializado, seu emprego no sistema judiciário é muito limitado, apesar de seu potencial como fator de otimização de desempenho ser similar.

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O estudo enfoca as diretrizes da política de financiamento da educação básica brasileira, propugnadas ou estabelecidas no ordenamento constitucional-legal, no período compreendido entre os anos de 1987 a 1996, buscando analisar seu movimento textual a partir da articulação com as bases que lhes dão funcionalidade. As diretrizes consideradas são: descentralização, regime de colaboração, responsabilização dos órgãos educacionais e controle público e social da gestão financeira, estabilidade relativa do volume de recursos disponíveis para a educação, hierarquização da alocação de recursos e objetivação de critérios para fixação e distribuição de recursos. Os momentos da produção legislativa analisados são a Assembléia Nacional Constituinte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Emenda Constitucional N.º 14/96 e a Lei N.º 9.424/96, ao que se acrescenta o planejamento da Educação para Todos. O foco de análise recai sobre o teor de proposições e do produto, interpretando a configuração das competências e da colaboração entre as esferas de governo no financiamento da educação básica. Ao longo do período, e em cada fórum, o movimento textual operado nas disposições normativas incidentes sobre a política de financiamento da educação revela dissensos entre os sujeitos, marcadamente no referente à regulação das relações entre o público e o privado, entre a sociedade política e a sociedade civil e entre as esferas de governo no campo educacional. O embate entre “a liberdade de ensinar” e “uma filosofia democrática da educação” foi central na ANC. A longa gestação da LDB passou pela “conciliação aberta”, pelo “sonho demiúrgico” do senador Darcy Ribeiro e pela busca de constituição de um “novo consenso”, a partir do governo FHC. O Plano Decenal de Educação para Todos criou as expectativas de uma “revolução silenciosa” e “uma nova ética de gestão” A Emenda 14/96 e a Lei N.º 9.424 inseriram-se na intenção do Executivo Federal de implantar uma “política esclarecida”, cujo eixo central, o FUNDEF, ou “fundo Robin Hood”, foi questionado pela possibilidade de implantação da “socialização da miséria” no que diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros. Na década, foram assumindo maior relevância as deliberações e os conflitos em torno às competências e à colaboração entre as esferas de governo no financiamento da educação, interpondo-se, também, os referentes às relações entre a sociedade política e a sociedade civil na formulação da política educacional, sendo progressivamente secundarizado o conflito entre o público e o privado. O que ficou contemplado, e o que foi excluído ou desconsiderado em cada fase, expressam, também, o campo de possibilidades permitido pela correlação de forças no contexto político mais geral do país e no Parlamento Federal. No final do intervalo, verifica-se que o ordenamento em foco foi enquadrado no programa reformista da administração pública, integrante da estratégia de ajuste estrutural, sendo, portanto, transversalizado por uma lógica pragmática na distribuição de encargos educacionais e dos recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento do ensino público.

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Trata-se de estudo sobre a eficácia das sentenças proferidas no âmbito da jurisdição constitucional, que compreende a atividade jurisdicional em matéria de interpretação e aplicação da Constituição. Enfoca-se o tema pela perspectiva do sistema brasileiro de guarda da Constituição e, mais especificamente, do sistema de controle da constitucionalidade dos preceitos normativos. Na primeira parte são enfrentadas as questões relacionadas com a eficácia das sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a sua vocação para expandir efeitos erga omnes. O papel da Corte, como órgão de cúpula do Judiciário e guardião da Constituição e a autoridade dos julgados que nessa condição profere - seja na apreciação de casos concretos, seja nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade - são os pontos principais dessa abordagem inicial. A segunda parte trata da problemática relacionada com a estabilidade dos julgados em matéria constitucional e a sua eficácia para produzir efeitos futuros. Os vínculos entre controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade, que se manifestam especialmente nas relações jurídicas de trato continuado, e os conflitos entre importantes valores – res judicata e segurança jurídica, de uma lado, supremacia da Constituição, autoridade do Supremo Tribunal Federal e igualdade de todos perante a lei, de outro – são abordados sob a perspectiva da eficácia temporal dos julgados, nela incluídas a sua rescindibilidade, a sua revisibilidade e a extinção da sua força vinculante em face de alterações no estado de fato ou de direito.

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Os Sistemas de Recuperação de Informações (SRI) computadorizados são sistemas capazes de armazenar, recuperar e manter informações, visando minimizar o esforço humano na realização de tais atividades. A classificação de textos é um subdomínio dos sistemas de recuperação de informações que tem como objetivo classificar um texto em uma ou mais categorias existentes. Pode ser utilizada na classificação de mensagens, notícias e documentos, na filtragem de informações, na sumarização de textos, além de auxiliar profissionais na execução destas tarefas. A filtragem automatizada das mensagens de correio eletrônico é uma forma de organizar o trabalho do usuário. O volume de informações divulgadas através deste serviço torna fundamental um sistema de filtros para melhor uso do serviço. Sieve é uma proposta para padrão de linguagens de filtro de mensagens. O Direto é um software de correio, agenda e catálogo corporativos que visa atender todo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Foi desenvolvido na PROCERGS, Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, utilizando a linguagem Java e utiliza os serviços de IMAP, SMTP, LDAP e SGBD. Está disponível com licença de software livre. O objetivo deste trabalho é aplicar técnicas de filtragem no Direto. O trabalho apresenta uma solução para filtrar as mensagens de correio do Direto utilizando Sieve. Também é especificado um serviço de canais de informação que visa divulgar informações de forma eficiente no Estado. Este serviço possui vários canais, cada um destinado a divulgar informações de determinado domínio. O usuário assina os canais que desejar e pode criar filtros para melhor refinamento das informações que deseja receber. Os filtros utilizam técnicas de classificação de textos no processo de filtragem.

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Apesar da revolução da tecnologa digital e da internet, as principais instituições do direito de propriedade intelectual, forjadas no século XIX, permanecem praticamente inalteradas. São discutidos nesta obra os problemas jurídicos causados por esse descompasso, destacando-se os impactos para as estruturas normativas tradicionais. Software livre, cultura livre, a responsabilidade de provedores de internet e as mais recentes e inovadoras propostas de reforma da propriedade intelectual são alguns dos temas abordados neste livro, uma contribuição fundamental para entendermos e melhorarmos a complexa relação entre a cultura, o direito e a tecnologia.

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Apesar das referências explícitas nos correspondentes textos normativos, das óbvias conexões semânticas entre as "partes" constitucional e infraconstitucional da afirmação da defesa da concorrência no direito brasileiro, bem como da aparente semelhança estrutural entre as formas desta afirmação nos arts. 170 e 173, §4º da CF, e 1º e 20 da Lei 8.884/94, os processos de decisão das autoridades responsáveis pela implementação da Lei Antitruste têm permanecido impermeáveis a argumentos substantivos de natureza constitucional. Em particular, a fundamentação das decisões tem dispensado quaisquer referências aos princípios constitucionais expressos, inclusive, no art. 1º da Lei, e seguido um caminho alternativo à divisão das normas em princípios e regras e à construção dos argumentos a partir da sua combinação (entre si e uns perante as outras) segundo métodos de decisão jurídica razoavelmente difundidos (e.g., a "ponderação de princípios"). O propósito do presente artigo é apresentar e discutir o significado desse peculiar e notável fenômeno de impermeabilização e "desconstitucionalização metodológica" do direito de defesa da concorrência brasileiro.

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Este trabalho dedica-se a identificar o perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico, espécie tributária que ganhou relevo no cenário nacional nos últimos anos. Na primeira parte, serão analisadas as contribuições enquanto gênero, destacando-se a sua natureza e o regime jurídico, os parâmetros e os critérios que devem ser utilizados para o controle da validade da norma impositiva tributária, além da definição dos sujeitos passivos, materialidade, destino e finalidade. Uma classificação será apresentada ao final. A segunda parte será dedicada às contribuições interventivas enquanto espécie, sendo destacados o regime jurídico a ser observado e as finalidades que autorizam a instituição do tributo. São apresentados os pressupostos para a intervenção do Estado na economia, as modalidades existentes de contribuições de intervenção no domínio econômico e algumas questões relevantes, das quais podem-se destacar a imunidade, a cumulatividade, as agências regulamentadoras e a vinculação de receitas.

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The choice of accounting standards capable of defining the recognition, measurement and publicizing of financial and economic information to the general public constitutes one of the accounting community¿s greatest challenges. So, the analysis of the Fundamental Principles of Accounting and of the Conceptual Structure of Accounting becomes relevant because of its direct relation to the normative process and because it represents the essence of doctrines and theories relating to the Science of Accounting. Each country¿s set of rules diverges when it comes to creating and evidencing Accounting Statements, and that¿s why the harmonization of the International Accounting Rules is becoming more important among accountants: as an answer to the world qualitative and quantitative demand for information. When managers, answering a great variety of incentives, manipulate or manage the disclosure of accounting information, they show that the management of accounting information begins to represent a purposeful intervention in the process of elaboration of financial and economic statements with the intention of obtaining some private benefit. In this context, Accounting Regulation performs an important function in the technical procedure of professionals in the area and in the development of practices convergent with international standards, which, in their turn, are already in force. The present study, which is exploratory and non-experimental, aims at presenting and analyzing the process of accounting regulation under the perspective of rules and of the choice of accounting practices as an answer by regulated entities on a tridimensional perspective. The establishment of interaction among diverse fields, through interdisciplinarity, aims at bridging the gap between the fields of law and accounting by articulating concepts and cognitive schemes in a process of mutual enrichment. The research concludes that it is possible to apply concepts from Miguel Reale¿s Tridimensional Theory of Law in the study of accounting regulation.

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A presente tese examina a contribuição da liberdade de concorrência para o estabelecimento da fase de mercado comum na Comunidade Européia, tendo como objetivo propor alternativas para o Mercosul regulamentá-la e assim possibilitar o alcance do seu verdadeiro mercado comum. O primeiro capítulo retrata as etapas que a Comunidade superou desde o seu surgimento até o estabelecimento do mercado comum e confirma que a evolução do processo, que envolveu um novo objetivo, o mercado interno, e a importância que para tanto assumiu o direito comunitário da concorrência, presente já nos Tratados constitutivos e tutelador da liberdade de concorrência, determinaram a essa uma nova classificação, qual seja a de quinta liberdade fundamental, o que foi comprovado com entendimentos doutrinários e esforços jurisprudenciais. O segundo capítulo centra-se nas reformas no direito comunitário da concorrência e nas suas contribuições para a aproximação do sistema da concorrência com o sistema das liberdades fundamentais, para a manutenção do mercado interno na Comunidade Européia e para o desenvolvimento do direito da concorrência em outros processos de integração, bem como no estudo de propostas de regulamentações de ordem internacional do direito da concorrência. No âmbito comunitário, foram consideradas a refoma ocorrida nas regras de aplicação dos artigos 81 e 82 TCE, com o Regulamento n. 1/2003, a acontecida nas regras do controle das concentrações de empresas, com o Regulamento n. 139/2004, e as mudanças nas regras aplicáveis aos Estados-membros, como, por exemplo, as trazidas pelos Regulamentos ns. 994/98 e 659/99. No âmbito internacional, recebeu atenção o Draft of International Antitrust Code, sugerido à OMC. O terceiro capítulo apresenta os objetivos alcançados e os não-alcançados desde o surgimento do processo de integração do Mercosul e o estágio em que ele atualmente se encontra. O estudo caracterizou o presente momento como o apropriado para o processo confirmar o seu desejo de alcançar a etapa de mercado comum, o que deverá ocorrer com a implantação de um eficaz direito da concorrência e com a conformação das demais liberdades fundamentais. As conclusões são que a liberdade de concorrência é a quinta liberdade econômica fundamental dos processos de integração que tenham por objetivo alcançar um mercado comum, que as reformas sofridas pelo direito comunitário da concorrência estão em sintonia com essa visão e que oferecem um aval ao sistema previsto para o Mercosul. Além disso, que a garantia da liberdade de concorrência integrou os mercados nacionais e contribuiu para que a Comunidade atingisse o mercado comum e que a visão da liberdade de concorrência como a quinta liberdade fundamental e como permitidora do seu alcance na Comunidade contribui para o estabelecimento de um direito da concorrência e este para o alcance de um verdadeiro mercado comum pelo Mercosul.

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Estudo de natureza descritiva, analítica e interpretativa de elementos quantitativos e qualitativos, com finalidade de compreender o processo histórico-político da Educação e do Ensino Médio e de apresentar um quadro conjuntural de demanda e oferta da etapa final da Educação Básica no âmbito da 7ª Coordenadoria Regional de Educação do rio Grande do Sul, Brasil, com sede em Passo Fundo, a no período 1987-1999. A região geo-educacional abrange 32 municípios, sobre os quais foram compilados dados estatísticos relativos a escolaridade da população, matrículas, aprovação X reprovação e evasão escolar, por série do Ensino Médio, inclusive com análises comparativas e de cohortes. Adicionalmente, no Volume II, são apresentadas tabulações por unidade escolar, segundo o município. Como contextualização, resenha-se a história da educação escolar brasileira, concentrando a atenção no Ensino Médio, da época da colonização até a atualidade. A seguir, uma leitura do atual ordenamento constitucional e legal nacional, destacando os artigos 35 e 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9394/96, embasa a problematização central da dissertação, que é o direito à Educação Básica, que gera progressiva, mas ainda não plenamente atendida demanda de Ensino Médio. Além do exame dos dados estatísticos, trata-se da reforma do Ensino Médio proposta no país em 1998, cujas diretrizes redefinem objetivos e organização curricular (Resolução CEB/CNE 03/98). Sobre esta, sem pretender dar conta da amplitude e da profundidade da matéria, a autora posiciona-se com o olhar de quem está do lado de dentro da escola média, vivenciando o cotidiano nas unidades escolares, em parte compreendendo a necessidade de mudanças, porém conhecendo as limitações institucionais Na aproximação do objeto geo-educacional, faz-se a contextualização histórica da educação escolar no estado do Rio Grande do Sul, para chamar atenção aos condicionantes culturais e políticos que levam à atual configuração de direitos restritos à Educação, na ambigüidade de deveres do Estado federativo. Assim, situa-se que a expansão das oportunidades de escolarização, com a criação de novas escolas e do Ensino Médio, é processo político e burocrático complexo, em que não basta a óbvia evidência de população sem acesso progressivo aos níveis mais elevados de ensinos para que sejam tomadas as providências adequadas em termos de localização e infra-estrutura da escola ou de recursos humanos e pedagógicos de acordo com as normas vigentes. As solicitações da comunidade e os encaminhamentos aos órgãos competentes, na estrutura centralizada, encontram sucessivas negativas e atendimentos com autorizações sob condições precárias, como ilustram dados do período e região estudada. A análise principal, sobre os dados estatísticos dos municípios da região da 7ª CRE, subdivide as escolas de Ensino Médio segundo as responsabilidades de manutenção e administração: as escolas públicas, que são todas estaduais, à exceção de uma Escola Agrotécnica Federal (dados de 1987 a 2000); e as escolas privadas, de diversas mantenedoras. Para estimar a demanda à 1ª série do Ensino Médio são também considerados os concluintes do Ensino Fundamental; as matrículas do Ensino Médio são tabuladas por série e segundo alunos evadidos, aprovados, repetentes, novos e. Há uma síntese por município, referente a cada um dos indicadores mencionados O Capítulo V, oferece uma aproximação ainda mais detalhada à realidade, com dados de cada escola estadual e privada do município de Passo Fundo, o pólo da região. Nas considerações finais, relatam-se os principais resultados encontrados. Em síntese, no período e na região estudada, os dados indicam que a matrícula do Ensino Médio expandiu-se, a evasão diminuiu e o aproveitamento escolar parece melhorar; mas, paradoxalmente, o número de alunos concluintes do ensino Médio diminuiu. Por isso, cabe destacar à sociedade e às autoridades educacionais que, embora a evasão tenha cedido e o aproveitamento alcançado índices mais positivos, ainda há muita atenção a ser dispensada às escolas, no sentido de mudar o quadro de evasão e aproveitamento, bem como de incluir uma grande parcela da população, em todos os municípios da região que, ainda não tem acesso ao Ensino Médio de Passo Fundo-RS.

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As Constituições surgiram como um instrumento apto a constituir e legitimar o governo vinculado à vontade soberana do povo. Atualmente, as Constituições são também garantidoras de direitos políticos, sociais, econômicos, culturais e difusos. A proposta constitucionalista é fundada na ideia de supremacia da Constituição e, deste ideal, decorre o controle de constitucionalidade das leis. Após meados do século XX, o controle de constitucionalidade foi expressamente incorporado a diversos ordenamentos jurídicos. Existe, no entanto, uma forte objeção democrática ao controle judicial de constitucionalidade, sob o argumento de que os juízes não são eleitos pelo voto popular e, por isso, não poderiam controlar normas editadas por aqueles a quem o povo delegou o exercício do poder político. Nesse debate, é possível identificar três posições: uma mais radical, que defende o self restraint judicial, e outras duas que defendem a legitimação da jurisdição constitucional pelo procedimento (para preservar a integridade do processo democrático) ou pela substância (para assegurar direitos morais dos indivíduos, voltados para o bem-estar coletivo). Apesar de tal discussão, a possibilidade de controle judicial de constitucionalidade está positivada no ordenamento jurídico brasileiro desde a Constituição de 1891. Nos termos da Constituição de 1988, a tarefa de “guardião da Constituição” cabe ao Supremo Tribunal Federal, que a realiza tanto por meio de controle concentrado ou quando analisa, em última instância, questões constitucionais levantadas em sede de controle difuso. Cumpre observar que o STF não se distancia da sua função de proteger a Constituição, mesmo quando exerce outras funções que lhe foram conferidas pelo texto constitucional. A partir do estudo de decisões do STF proferidas em casos difíceis relacionados ao sistema político-representativo, o presente trabalho visa a perquirir como o STF compreende seu papel institucional na definição de questões políticas e, em que medida, a jurisdição constitucional contribui para o amadurecimento do regime democrático brasileiro.

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Tem-se observado em todo o mundo e no Brasil, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma grande alteração da postura do Judiciário, que tem se sentido à vontade para, com base na Carta de Direitos positivada no texto constitucional, interferir em decisões políticas ou em relações jurídicas. Este movimento tem causado certa perplexidade na comunidade jurídica, pois parte dela o encara como uma ameaça aos valores democráticos e à soberania popular, enquanto outros entendem que a intervenção do Judiciário nestes casos, ao ouvir imparcialmente as demandas de grupos fragilizados, tem contribuído para sua inclusão e, portanto, para o aprimoramento da democracia. O ponto de partida deste trabalho é de que a novidade do fenômeno ainda não permitiu sua completa compreensão, nem a avaliação de suas reais dimensões e que o Judiciário não é, necessariamente, mais aberto a ouvir demandas de grupos fragilizados. Para comprovar esta hipótese, observarei como o Judiciário tem atuado na questão habitacional, que constitui um tema central para a discussão do papel das instituições jurídicas, sem mencionar que constitui o déficit habitacional um problema crônico e de enorme dimensão no Brasil. Finalmente, o direito à moradia foi escolhido porque coloca, de maneira muito nítida, o juiz frente ao dilema de atuar como um agente de transformação social ou de continuar no exercício de sua função tradicional de solucionador de conflitos. Para realizar minha tarefa, observei a jurisprudência produzida pelo Supremo Tribunal Federal, pelos Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde está localizado o maio centro urbano do Brasil e concentra-se a demanda habitacional, desde a promulgação da Emenda Constitucional n.º 26 em 14 de fevereiro de 2000 até 25 de abril de 2010. A minha conclusão é a de que os tribunais estudados pouco interferem em políticas públicas habitacionais ou em relações jurídicas para a proteção à moradia, cujo conteúdo, por esta e outras razões, continua ainda muito pouco definido.