999 resultados para MASACRES - EL SALADO (COLOMBIA)


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El interés de esta monografía es mostrar la relación entre el poder político y el lenguaje. Esta relación fue estudiada en el discurso del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, durante el período presidencial (2002-2006), quien construyó una particular forma de entender la llamada Política de Seguridad Democrática. Para este efecto, se explica y aplica la teoría de Teun Van Dijk y sus cuatro elementos: acción, contexto, poder e ideología, y de forma complementaria el Concepto de lo Político de Carl Schmitt. Estas Teorías permitirán comprender cuál es la relación del discurso, la legitimidad y la excepcionalidad, teniendo en cuenta que el discurso es un acontecimiento comunicativo del que se puede valer un gobernante para justificar el uso excepcional del poder.

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El artículo se divide en tres grandes partes. La primera parte presenta los antecedentes del caso relativo a la delimitación en el mar Caribe entre Nicaragua y Colombia. Analiza la competencia de la Corte Internacional de Justicia – CIJ (la Corte) de acuerdo con el artículo 36 del Estatuto de la Corte; en consecuencia se estudia la declaración de aceptación de la Competencia de la Corte presentada por Colombia ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1937, y el Pacto de Bogotá de 1948, así como su aplicabilidad y alcance con relación al Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La segunda parte hace una detallado análisis de la decisión de la Corte relativa a las excepciones preliminares, en la que determinó que la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina era colombiana, que el tratado Esguerra- Bárcenas no es un tratado de delimitación marítima y que es competente para conocer sobre el fondo del asunto. La tercera parte señala las actuaciones que faltan por realizarse en lo relativo al fondo del caso.

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Se presenta a continuación una traducción no oficial al idioma españoldel texto de la Sentencia proferida por la Corte Internacional de Justicia el 19de Noviembre de 2012, del caso Controversia Territorial y Marítima (Nicaragua c.Colombia). El texto original de la Sentencia puede ser consultado en la páginaWeb de la Corte, en la siguiente dirección: http://www.icj-cij.orgLa presente traducción es exclusivamente para fines de divulgacióny no tiene carácter oficial.

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El tema de este escrito es el de la dimensión normativa o jurídica de la justicia transicional en América Latina y Colombia y, más precisamente, el desafío de lograr que uno de sus componentes jurídicos, el relacionado con las reglas y estándares sobre los derechos de las víctimas fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sean asumidos como obligaciones efectivas de respeto y garantía por las autoridades colombianas. La tesis estriba en que la incorporación de esas reglas y estándares de origen judicial es obligatoria para Colombia y los Estados parte en la Convención Americana, tanto en situaciones de normalidad como en el marco de procesos de transición, como el iniciado en este país con los paramilitares y hoy continuado con los guerrilleros. Adicionalmente se muestra que la asunción de esos estándares provenientes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos no parece clara, lo que permite cuestionar la consistencia del proceso y plantear el riesgo de un eventual juzgamiento posterior por cortes internacionales

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Este artículo plantea que el diseño institucional contenido en las normas jurídicas sobre propiedad agraria, en el período 1991-2010 no tiene como fundamento la distribución de la tierra y que, por el contrario, incentiva o permite la concentración de la misma; esto, distanciándose de las tesis que aborda el problema de la tierra como una consecuencia de la indebida aplicación de las normas que regulan el tema rural. Además, en materia de propiedad agraria, la Constitución de 1991, a pesar de su sesgo garantista y de haber cambiado un sinnúmero de estructuras sociales y políticas, en el tema de propiedad de la tierra conservó la estructura decimonónica y liberal clásica de los derechos de propiedad regulados en el Código Civil. Si bien los fenómenos de la concentración y el despojo de la tierra no se pueden explicar únicamente desde la variable de la norma jurídica, esta sí puede arrojar indicios sobre dichas situaciones. Así las cosas, se realizará un análisis desde las normas jurídicas para determinar si, desde su diseño, existen elementos que hayan contribuido a la concentración y al despojo de la tierra en Colombia.

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Diversos proyectos de acto legislativo que se han presentado en los últimos años parecen reducir la eficacia directa de la Carta y cargarla con una eficacia simbólica que compromete su coherencia, legitimidad y permanencia. En este artículo se argumenta, a la luz de tres proyectos de acto legislativo que se han planteado en el último período legislativo en Colombia, que el ordenamiento constitucional estaría siendo cargado de un poder simbólico hipertrófico que provoca, en realidad, una tensión entre la eficacia directa de las normas constitucionales y las aspiraciones programáticas permanentemente inconclusas.

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Desde la década de 1990 la región del Pacífico colombiano vive un proceso inédito de agudización del conflicto armado interno. Algunos estudios han descrito este hecho como una consecuencia no intencionada del reconocimiento de las poblaciones negras de la región como grupos étnicos propietarios de los territorios en los que habitan. En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en la subregión del Bajo Atrato chocoano (1985-2005) en Colombia, si esto se vincula con la explotación de sus recursos naturales, en particular la palma de aceite y cuál fue el papel que jugó en estas dinámicas el cambio en el régimen de propiedad de la tierra. Para responder a estas preguntas me baso en los estudios sobre la economía política de los conflictos armados e introduzco el concepto de órdenes de extracción con el fin de analizar las acciones de los actores del conflicto, los empresarios de la palma, el Estado como agente regulador y las poblaciones negras. Mi conclusión principal es que el cambio en la estructura de propiedad de la tierra no fue causa del conflicto y que el tipo de actor involucrado es una variable relevante.

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Este número especial de la revista se compone de una serie de estudios que contribuyen al análisis e interpretación del conflicto alrededor de la tierra en Colombia. Esta problemática se caracteriza por un nivel de despojo que ha sido un rasgo concluyente de la historia nacional de las últimas décadas. Los ensayos señalados buscan descifrar un poco la experiencia en cuestión para responder a la pregunta de ¿por qué Colombia?

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Este artículo intenta, mediante la identificación de patrones históricos y decisiones jurídicas, comprender hasta dónde ha llegado el compromiso con la libertad de expresión en ambas naciones y las dificultades que de acuerdo a la experiencia canadiense está enfrentando el Estado colombiano, que todavía no ha logrado asegurar el monopolio de la fuerza dentro de su propio territorio para superar el primer escollo en su aspiración de consolidar la democracia. Cualquier intento por comparar el ejercicio de libertades en dos países con tradiciones jurídicas tan diferentes enfrenta dificultades apenas obvias. Cuando el tema es la libertad de expresión y uno de los Estados no ha podido obtener, después de 200 años de independencia, la estabilidad y seguridad que se requieren para asegurar un desarrollo económico sostenible, el ejercicio de comparación se complica y se hace más atractivo a la vez. Las historias de Canadá y Colombia son muy diferentes, aunque en el siglo XXI los principios de sus sistemas político y económico sean iguales. El compromiso de practicar la democracia y el buen gobierno, y de imponer el respeto a los derechos humanos, por lo menos formalmente, lo comparten hoy Colombia y Canadá. Esta es la motivación fundamental de este análisis.