999 resultados para Figura jurídica


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Since the beginning of the last century several laws have gradually reformed the prison system. In spite of their adequacy during the periods of their enforcement some of the measures have never been put into practice. Nevertheless it is worth mentioning the legislator main concern regarding the taking care of prisoners, namely with the Prison Reform of 1979 pioneer in the building of the new European prison law. The Law no. 115/2009 of 12th of October currently in force ensures the prisoners’ rights towards the administration by reformulating their legal status and by reinforcing their privileges when serving prison sentence. Those rights are focused on the human dignity and on the effective cooperation with the community.

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Esta dissertação aborda o tema do ensino jurídico e cidadania e da função social do Núcleo de Prática Jurídica(PRAJUR) da FIP-Faculdades Integradas de Patos-PB. Para analisar o ensino jurídico e cidadania do PRAJUR/FIP, parte-se da Resolução nº 09/2004/MEC que sucedeu a Portaria nº 1.886/94/MEC, onde instituiu a implantação de escritórios jurídicos em todos os cursos de Direito, na busca de melhor delinear o conhecimento prático dos acadêmicos. Os objetivos da pesquisa foram: descrever que através do conhecimento tem-se uma forma de diminuir a distância entre os níveis sociais e um caminho à buscar cidadania pela educação, refletir sobre o acesso à justiça como um direito de cidadania e analisar a função social do PRAJUR/FIP no acesso à justiça. A coleta dos dados foi realizada através de bibliografia, doutrina, dados documentais e aplicação de questionários. A dissertação foi organizada de forma a contemplar educação jurídica e efeitos práticos no exercício da cidadania onde no primeiro capítulo discorre-se sobre a educação e suas transversalidades aplicáveis atualmente na sociedade. No segundo capítulo abordou-se além da função social do PRAJUR/FIP no acesso à justiça, apresenta-se os dados coletados junto aos educadores em forma de entrevista do PRAJUR/FIP, e em forma de pesquisa dados coletados de exalunos e usuário. Finalmente, no terceiro capítulos aborda-se a evolução dos cursos de Direito e a formação acadêmica do educando.

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Comecei a colaborar com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) há cerca de três anos, lapso de tempo porventura insuficiente para emitir uma opinião autorizada sobre este Instituto. Guardo, contudo, uma impressão muito nítida sobre a sua natureza: é uma instituição da sociedade civil criada para servir a comunidade algarvia.

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A problemática jurídica da detenção de requerentes de asilo e de imigrantes irregulares assume uma especial relevância no período da nossa história coletiva, em que o fenómeno migratório, em pleno século XXI (século do movimento dos povos)tenderá cada vez mais a condicionar e a pulverizar as políticas públicas estaduais e supra estaduais. Como fenómeno político, económico, social, religioso e cultural, o fenómeno migratório, goste-se mais ou menos dele, aborde-se de forma mais generalizada ou mais pormenorizada, vai quase obrigatoriamente ter de estar nas prioridades políticas, legislativas e jurídicas dos Estados europeus e também ao nível das Instituições da União Europeia. Muito do futuro da Europa e de Portugal está umbilicalmente associado, política e juridicamente, à forma como souberem trabalhar a imigração em cada uma das suas múltiplas variáveis. Desde logo, dedicando especial atenção a variáveis, como o envelhecimento populacional e as taxas de fecundidade e natalidade, entre muitas outras. Fiel ao seu passado coletivo, faz sentido que a Europa e Portugal da diversidade, da tolerância, do respeito pelos direitos humanos, mesmo em momentos de crise económica e social, como o que vivemos atualmente, não deverão transigir nos seus princípios humanistas e de influência cristã.

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Este ensayo describe y explica la absorción que la escritura literaria hace de un controvertido fenómeno de la vida política y cultural argentina: el peronismo. Para ello la autora examina un corpus de textos literarios producidos en las últimas décadas: La novela de Perón (1985), Santa Evita (1995) y Las memorias del General (1996) de Tomás Eloy Martínez, y los confronta con los de otros narradores argentinos que relevan la misma isotopía: Rodolfo Walsh y Abel Posse. La búsqueda se centra en el análisis de estrategias discursivas que revelan la inscripción de los discursos sociales en la escritura literaria. Zulma Sacca adecua procedimientos de la sociocrítica, el psicoanálisis y las teorías semióticas para el aprovechamiento del soporte historiográfico y su resignificación literaria. En este texto se evidencia un movimiento de flujo y reflujo en la narrativa que tematiza la figura de Eva Perón hacia el imperativo de construir al personaje como objeto cultural, cuya fijación en la historia argentina le posibilitaría un destino esquivo y siempre inquietante.

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La prescripción es una figura del derecho que al aplicarse a lo tributario conlleva dificultades y cuestionables interpretaciones. Por otra parte, la doctrina, al no tener una posición definida sobre la naturaleza de la prescripción, genera discrepancias entre los estudiosos del derecho. Esta investigación pretende contribuir al debate sobre el asunto, analizando el tema de la prescripción tributaria en el Ecuador y en los países de la Comunidad Andina. Se inicia con el estudio de la prescripción tributaria: cuándo nace, desde cuándo es exigible, cuál es su naturaleza, su relación con la prescripción del derecho civil y sus diferencias con la caducidad. Además, aborda la interrupción de la prescripción tributaria, indagado tanto sus causas y efectos, por qué la prescripción se interrumpe y no se suspende, si el tiempo contabilizado para que opere la prescripción debe ser concebido como término o plazo, para enseguida analizar los efectos qué produce la prescripción con respecto a los sujetos de la relación jurídica tributaria. Finalmente, se realiza un estudio comparativo con las correspondientes legislaciones de Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, y se establecen ciertas recomendaciones que, a criterio de la autora, permitirán una mejor y más fácil aplicación de la normas del derecho tributario relacionadas con la prescripción.

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En el presente trabajo se analizan las causas de la reforma del sistema jurídico regulador de la economía durante el actual gobierno, desentrañando las motivaciones económicas, políticas y sociales que la han impuesto. La autora considera que los actuales cambios legales no solamente dan respuesta a procesos internos, sino que obedecen a una lógica que traspasa las fronteras nacionales y tiene correspondencia con el fenómeno de la globalización. Desde esta óptica Ximena Endara revisa el proceso de crisis del capitalismo de postguerra, su reestructuración y las nuevas modalidades de acumulación y centralización del capital a nivel mundial, que han promovido la modificación de la forma de Estado intervencionista y, por tanto, han generado una radical transformación de la estructura jurídica en América Latina y Ecuador. A la luz de estos elementos, se estudia el proceso de reforma legal vivido en el Ecuador desde agosto de 1992, considerando las condiciones económicas y sociales del país y examinando las leyes relacionadas con la economía.

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El Fideicomiso mercantil, aparece en la legislación nacional, en la Ley de Títulos de Crédito de 1963 derogada el 24 de julio de 1964 ley que tuvo poca duración y que no trajo ningún proceso en esa materia. Treinta años después la figura del fideicomiso es incorporada a nuestra legislación por el Art. 80 de la Ley de Mercado de Valores de 1993, insuficiente dada su complejidad y los efectos jurídicos que produce una figura de corte anglosajón en legislaciones de corte romanista como la ecuatoriana. En este trabajo se va a analizar la figura del Fideicomiso Mercantil previsto en la nueva Ley de Mercado de Valores de 1998, normativa que incorpora un elemento único en las legislaciones latinoamericanas, esto es la dotación al fideicomiso mercantil de personalidad jurídica. El fideicomiso mercantil, nace con la finalidad de constituirse en un vehículo seguro, eficaz e idóneo para encargar a una tercera persona profesional y especializada el desarrollo de una gestión, (Administradoras de Fondos y Fideicomisos), en beneficio propio o de un tercero beneficiario designado por éste; es un contrato de medio de gran significación que permite la estructuración de negocios y la continuidad de los mismos con la actuación de un tercero profesional. El presente trabajo pretende estudiar la actuación de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos, en cuanto son los entes especializados para administrarlas, y analizar si estas compañías cumplen con la administración prudente y diligente que la Ley de Mercado de Valores dispone para su adecuado funcionamiento.

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La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.

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El derecho a solicitar la devolución del IVA a favor de las instituciones del Sector Público, dio pie a un sinnúmero de inconvenientes que lo único que lograron fue obstaculizar el proceso de devolución de IVA mensual, perjudicando a las instituciones públicas que se veían privadas de capital para poder continuar con el cumplimiento de sus fines. Este trabajo pretende exponer los principales problemas que surgen por la no tipificación en la ley del plazo de prescripción del derecho para pedir la devolución del IVA debidamente pagado, tema en el cual encontramos criterios opuestos, de lo que nace la importancia de legislar este tema que causa graves inconvenientes. Problema que aunque ya no pertenece a las instituciones del sector público, actualmente causa inconvenientes a los demás organismos que tienen derecho a la devolución de IVA, de conformidad al art. 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno, reformado por el art. 128 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador. Además analizaremos el no reconocimiento de intereses a favor de estos organismos, por parte del Servicio de Rentas Internas, a pesar de haber transcurrido más de un año en la resolución de un reclamo y que este haya sido favorable. Revisando los temas expuestos podemos percibir en muchas ocasiones la violación de derechos constitucionales que no son considerados por el SRI al emitir sus resoluciones en contra del contribuyente; siendo a veces censurable la actitud de la administración tributaria en el sentido de entorpecer su operación práctica, mediante inadmisiones injustificadas y caracterizadas por un formalismo inaceptable que no se separa en mucho de la arbitrariedad. El propósito de este trabajo es encontrar la base legal apropiada, a fin de evitar inconvenientes a los contribuyentes y a la administración tributaria, por la falta de normativa clara y expresa, que se debe aplicar en los casos motivo del presente estudio.

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La vigencia de la pluralidad jurídica en Ecuador es una realidad constitucionalmente reconocida, un reto fundamental para la sociedad pluricultural ecuatoriana, pero su aplicación aún exige superar las cargas ideológicas de dominación que bajo el escudo de estereotipos suelen adjetivar a la administración de justicia indígena como sinónimo de "salvajismo".

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Nuevas contextos exigen nuevas estrategias. Pero no puede hablarse de una estrategia de exigibilidad si ésta carece de una sostenibilidad de actores, de organizaciones, de sujetos sociales que se reconozcan como sujetos, como titulares de derechos y, por lo tanto, se organicen, movilicen y exijan la plena realización de esos derechos.

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Me he involucrado profundamente en la presente investigación, toda vez que en mi vida judicial he sido fiscal y juez, y he considerado la importancia del principio constitucional de la presunción de inocencia, pues éste principio no está bien comprendido por los jueces de garantías penales, fiscales, policías, abogados en libre ejercicio y ciudadanía en general, porque no existe en nuestro país una cultura constitucional de respeto a la dignidad de las personas y a los derechos humanos, lo cual significa que no estamos todavía preparados para vivir en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia; y, como consecuencia de ello se atropella el derecho a la libertad de personas inocentes, que a título de prisión preventiva han permanecido en Centros de Rehabilitación por varios meses y a veces por años, para luego obtener una sentencia que confirma la presunción de inocencia. La prisión preventiva, sin embargo de que es una medida cautelar personal extrema, y de excepción de acuerdo a la Constitución de la República, el fiscal al momento de solicitarla y el juez de garantías penales al dictarla casi nunca la motiva, esto es, no se cumple con los requisitos constitucionales y legales, por falta de cultura jurídica constitucional, tanto más que al dictarla se violenta varios otros derechos constitucionales como el de la presunción de inocencia, la libertad, la privacidad, la dignidad, el derecho de defensa, etc. En los capítulos primero y segundo fundamentaré el estudio sobre el principio constitucional de presunción de inocencia y los requisitos constitucionales y legales para limitar el derecho a la libertad, al momento que el fiscal lo solicita y que el juez lo dicta, pues toda persona debe ser considerada y tratada como inocente, por esta razón este principio constitucional es la garantía más significativa y se halla en primer plano en nuestro ordenamiento jurídico, pues se deriva del principio de que nadie puede ser penado sin juicio previo, de lo cual se deduce la figura de un derecho constitucional a permanecer en libertad mientras no exista sentencia condenatoria ejecutoriada o en firme, lo cual demuestro en el capítulo tercero que trato sobre la investigación de campo.

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Toda persona posee un derecho general a impugnar las actuaciones de las autoridades públicas. En sede administrativa, este derecho se encuentra instrumentado principalmente a través de los institutos procesales denominados Recursos. La legislación tributaria ecuatoriana, prevé la existencia de tan sólo un Recurso, lo cual limita el derecho a la impugnación del contribuyente. Es por ello que este trabajo se encarga del estudio de los diferentes Recursos que la doctrina y las distintas legislaciones han desarrollado. De manera especial, se analiza la naturaleza jurídica de estos medios de impugnación, a fin de identificar el contenido y alcance de cada una de las clases y subclases de Recursos. Todo lo cual aporta elementos de juicio para la elaboración de nuestra postura por la rehabilitación normativa de Recursos derogados –Reposición– y por la creación de uno nunca previsto en materia tributaria común –Apelación–.

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El propósito de este trabajo es entender cómo debe aplicarse la seguridad jurídica en la ejecución de los contratos de concesión otorgados a las operadoras de servicios de telefonía para no afectar a características ontológicas del derecho como el ius variandi y a otros valores jurídicos, debido a que considero existe una propensión a interpretar este valor “seguridad jurídica” como sinónimo de inmovilidad del Derecho, lo cual puede afectar otros valores como la justicia y el bien común, los que más bien deben realizarse en virtud de una eficiente aplicación de la seguridad jurídica. Para conseguir este propósito en los cuatro capítulos que conforman el presente documento, se identificará las corrientes de pensamiento que estudian los valores jurídicos y dentro de ellos la seguridad jurídica, se determinará la naturaleza de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telefonía en el Ecuador; se establecerá los efectos del quiebre de la seguridad jurídica en la ejecución de un contrato de concesión; y se estudiará la Confianza Legítima como principio que surge ligado a la materialización de la seguridad jurídica en un Estado Social de Derecho o Constitucional de Derechos, como el modelo actual del Ecuador. El trabajo de investigación se apoya en fuentes documentales provenientes de la doctrina, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico histórico y vigente.