1000 resultados para Servicios públicos - Aspectos jurídicos


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El propósito de este trabajo es, no sólo la realización de un documento de análisis de la realidad jurídica de los Afrocolombianos, sino la creación de espacios, para la ampliación de estudios e investigaciones, que generen una conciencia crítica desde la academia, de las necesidades, la discriminación y desconocimiento de derechos que sufren las negritudes en Colombia. La necesidad de este avance, no sólo se hace imperiosa, por el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, sino también porque los AFROCOLOMBIANOS han sido y son, una parte esencial e importante en el desarrollo social, económico, político, ambiental y cultural de Colombia. Una de las más grandes riquezas de Colombia se encuentra en su diversidad, por lo que la divulgación de los derechos de los negros, su efectiva implementación, es inaplazable para que estos se materialicen, así lograr la consecución de una sociedad con igualdad de oportunidades para los Afrocolombianos, donde se respete su cultura, no se discriminen, una sociedad con mayor justicia y equidad.

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Actualmente nuestro país padece una de las expresiones más dramáticas de violencia como es el Desplazamiento Forzado, resultado del conflicto armado interno, las nuevas dinámicas del enfrentamiento y la disputa por un control territorial. Este fenómeno ha ahondado en la exclusión social: aumentando los niveles de pobreza, la informalidad laboral, la continua violación de los derechos fundamentales, la falta de garantía en los derechos prestacionales, entre otras manifestaciones.

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La Autonomía Universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, le otorga a las Universidades la facultad de poder regularse filosóficamente y de determinarse administrativamente. Es claro que el principio de la autonomía universitaria, se considera como uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, ya que no se puede concebir un Estado, aparte de las ciencias del saber. Las Universidades, después de la expedición de nuestra actual Carta Política, han gozado de una independencia, lo cual las faculta para tomar decisiones tanto en el ámbito académico, en lo relativo a periodos, materias y notas, como en lo concerniente a su ámbito social, esto es elección y promoción de profesores, nombramiento de directivas y adopción del régimen de alumnos y docentes. Esta independencia por parte de las Universidades de cualquier poder público, no quiere decir que puedan adoptar decisiones arbitrarias, al contrario deben ser estas las primeras en acatar mandatos superiores, dado el papel preponderante que cumplen en la sociedad.

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William Murray fue un jurista singular. Con el nombre literario de Lord Mansfield, creó para su época y para la posteridad una expresión inolvidable: ―Una persona puede usar una copia tocándola, pero no tiene ningún derecho a robarle al autor los beneficios multiplicando las copias y disponiendo de ellas para su propio uso‖1 . En esa opinión se apoyó para decidir el memorable caso de Millar v. Taylor2, donde por primera vez se sostuvo que los derechos de autor son perpetuos y nunca entran a hacer parte del dominio público. La disputa involucraba a Andrew Millar, un vendedor de libros que, en 1729, adquirió los derechos de edición sobre ‗The Seasons’, un poema de James Thomson. Cuando la protección de esos derechos expiró, Robert Taylor comenzó a publicar sus propias copias y a competir con Millar.

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Con la Constitución Política de 1991, se introdujo en el sistema jurídico colombiano un nuevo paradigma de interpretación a partir del cual la Constitución, como norma de normas, fija los límites para que el sistema normativo estructure las directrices que rigen la organización de nuestro país. Ante este inevitable fenómeno jurídico, nuestro sistema tributario no fue ajeno y fue el Artículo 338 de la Carta Política el encargado de sentar las bases para la reglamentación a nivel nacional y territorial de las normas tributarias.

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El régimen económico y de la hacienda pública en Colombia, el cual encuentra sustento en la Carta Política de 1991, se encargó de establecer y consagrar los principios y bases ideológicas sobre las cuales se fundamenta y nutre la institución presupuestaria, siendo ésta una de las herramientas esenciales de las finanzas públicas del país. Bajo este entendido, la Constitución Política propone que el concepto del presupuesto no sólo se entienda desde el punto de vista de su contenido contable y jurídico, sino que, también, éste se aborde desde la perspectiva de su contenido político y económico y, así, ser consecuente con el importante papel que ha de desempeñar éste como instrumento esencial de la hacienda pública. En tal virtud y desde el punto de vista del contenido político, la Constitución prevé la existencia de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como herramientas para garantizar la continuidad de la actividad pública en las finanzas del Estado cuando el Congreso o el Gobierno no le den trámite oportuno; y éstas, no son otra cosa que mecanismos de control que le hacen eco al mencionado contenido político. 1No obstante, veremos cómo la realidad de la institución presupuestaria en Colombia se caracteriza por una profunda indiferencia social y política que ha impedido que el presupuesto se aprecie como figura trascendente para el afianzamiento de las finanzas del Estado. De esta manera, en primer lugar, haremos mención al presupuesto público y a su régimen jurídico desde el punto de vista de su contenido contable, político y jurídico, haciendo énfasis en su naturaleza jurídica; establecido esto, se expondrán las principales características de la repetición del presupuesto y la dictadura fiscal como mecanismos de carácter sancionatorio que buscan reforzar la participación activa de las ramas del poder público y, finalmente, se analizarán los principales efectos de la Sentencia de la Corte Constitucional C-1645 de 2000 en la institución presupuestaria.

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A través de la política ambiental del país, guiada por los principios constitucionales que rigen el tema ambiental, se han concebido unos instrumentos de punición, reparación y mitigación para contrarrestar los daños ambientales producidos por el hombre. Entre otras normas, el artículo 80 de la Constitución Política, le impone al Estado, representado por las autoridades ambientales, el deber de mitigar, sancionar y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, debido a que los recursos naturales renovables le pertenecen a la nación, forman parte del patrimonio natural y aseguran el desarrollo sostenible, la calidad de vida y la seguridad alimentaria de los colombianos.

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Las directrices del Consenso de Washington en los años 90, implica­ron la transformación política y económica de los Estados de Latinoamérica caracterizada por la liberalización de la economía, la reforma del Estado, la des­regulación del sistema financiero y las privatizaciones de los servicios públicos. Siguiendo estas directrices, el término “inversión extranjera” se transformó en un imperativo de crecimiento económico y desarrollo, por lo que los Estados, para conseguir tales fines, recurrieron a soluciones bilaterales, modificando la legislación nacional y suscribiendo tratados bilaterales de inversiones extranje­ras (TBI). La incorporación de una serie de estándares de protección como trato justo, cláusulas de expropiación, de nación más favorecida; como condición para la participación de inversores extranjeros en la prestación de servicios públicos de los Estados son un claro ejemplo de esta nueva realidad. De esta manera, el régimen de promoción y protección de inversiones extranjeras ha venido constituyéndose en un nuevo “subsistema” jurídico internacional, con sus particularismos normativos y su propio mecanismo de solución de controversias, a través de tribunales arbitrales internacionales, aunque en algunos casos en colisión con normas constitucionales de los Estados.

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This participatory action research was based on a experience of educational intervention on La Cruz and Bello Oriente (Manrique-Medellin), a marginal zone in the northeastern part of the Commune 3 in Medellin,. Colombia. In this marginal sector, psychosocial problems seem to be associated to limited educational and employment opportunities, domestic violence, illegal armed forces, sexual abuse, social discrimination, and lack of adequate public services, among others.  All these are also considered as risk factors for drug dependency.  We used a structured interview designed to identify leisure tendencies, use of free time, and tendencies in recreational activities. Data from the interview were triangulated with information collected by observation and in field work and used to build a psycho-pedagogic method based on play and leisure activities. The effects of the use of this educational intervention on the satisfaction of human needs were analyzed in light of the theory of Manfred Max-Neef. Results point out the need for new educational strategies aimed to promote creativity, solidarity, mental, physical and social health, more enthusiasm and motivation and in general, positive attitudes that help prevent drug dependence.

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El Proyecto se llevó a cabo en el CP Cisneros por cuatro profesores del centro, dentro del programa Atención a la Diversidad. Los objetivos establecidos fueron: Desarrollar todas las habilidades sociales posibles, tanto en autonomía personal (aseo, comida, vestido, realización de tareas sencillas, desplazamientos...) como en autonomía social (juego, emociones, autoestima, conmversación...). Utilización mínima de los recursos del entorno: servicios públicos y privados. Orientación básica a una posible futura escolarización en talleres o garantía social. Formación de una mínima conciencia social: elaborar juicios críticos, resolución de problemas, toma de decisiones, relaciones adecuadas con los demás. Para llevar a cabo el proyecto se establecieron tres talleres y con la peculiaridad de que la colaboración de la familia era fundamental: taller de servicios públicos: donde se trabajó el recorrido desde el centro escolar a su domicilio (en autobus, andando, etc), conocimiento del entorno cercano trabajando todo lo que implica: educación vial, servicios públicos. Taller de Cocina: poner la mesa, utilización de distintos utensilios y electrodomésticos, recetas sencillas (tortillas, flanes, sandwiches sencillos) y Taller del Hogar: donde se trabajó el aseo, vestido, plancha, aspiradora, labores cotidianas (coger el teléfono, abrir el buzón, pequeñas compras, etc) todos estos talleres estuvieron acompañados de una libreta donde semanalmente se apuntó las tareas que se tenían que ir realizando y supervisadas también por la familia. El material utilizado fue: material fungible de papelería, electrodomésticos, alimentos,etc..

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Con este proyecto se pretende dar respuesta a una serie de objetivos de autonomía personal y social que se pueden trabajar en el aula y que forman parte de las adaptaciones curriculares de los alumnos con necesidades educativas especiales, matriculados en el centro. Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 1.- Desarrollar todas las habilidades sociales posibles, tanto en autonomái personal (aseo, comida, vestido, desplazamientos, etc.) como en autonomía social (juego, emociones, autoestima, conversación, etc.). 2.- Utilización de los recursos del entorno (servicios públicos y privados) 3.- Orientación básica a una posible futura escolarización en talleres o garantía social. 4.- Formación de una mínima conciencia social: elaborar juicios críticos, resolución de problemas, toma de decisiones, relaciones adecuadas con los demás, desarrollo de actitudes de respecto, etc. Para llevar a cabo este trabajo se han planfiicado los siguientes talleres: 1.- Taller de hábitos de la vida diaria: cocina, casa, aseo, etc. 2.- Taller para el conocimiento del entorno: la calle y los servicios del entorno inmediato. 3.- Taller de juegos: juegos interculturales, integración social con el juego simbólico, implicación familiar en la transmisión de juegos tradicionales, etc. En el proyecto colaboran también las familias.Con el citado proyecto, entre otros resultados, se han obtenido el fomento de la autonomía, ha aumentado la formación de la autoestima y ha acercado la escuela a la vida cotidiana..

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La transformación del régimen mexicano supone cambios en la relación básica entre el ejercicio del control corporativo y las formas de “gobernar el conflicto” en el espacio metropolitano. En este texto se sostiene la hipótesis de una “crisis decisional”, concebida como una serie de transformaciones en la organización y el ejercicio de liderazgos sociales e institucionales en años recientes (1991-2002), como la constitución de una “nueva” modalidad de lo político. A través de una revisión de la literatura reciente y de la revisión de tres bases de datos, se demuestra que en el campo de los servicios públicos como el agua estos “nuevos” liderazgos favorecerían escenarios de desfase y de renovación en el ejercicio de la legitimidad estatal.-----The transformation of the Mexican regime implies changes in the basic relationship between corporate control execution and ways of “controlling conflict” in the metropolitan areas. This paper sustains the hypothesis of a “decisional crisis” that is conceived as a series of transformations of the organization, and the exercise of social and institutional leadership in recent years (1991-2002) as the constitution of a “new” political mode. Through the review of recent literature and three databases, it is proved that in public service areas such as water, these “new” leaderships favor gap and renovation scenarios in the practice of state legitimacy. 

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El proyecto se llevará a la práctica, principalmente, en las instalaciones del Centro Concertado de Educación Especial Arboleda de ASPACE en Santander. Los objetivos que se proponen son: Conocer la situación geográfica. Conocer algunos datos demográficos de interés. Identificar las profesiones características. Analizar los diferentes tipos de viviendas. Conocer y valorar algunas tradiciones populares. Conocer los medios de transporte públicos disponibles. Identificar algunas normas elementales de seguridad vial en las diferentes localidades. Conocer los servicios públicos existentes. El desarrollo tendrá lugar en tres fases: 1. Recogida de la información necesaria y exploración de los conocimientos previos de los alumnos. 2. Período de aprendizaje y elaboración del material. 3. Generalización y evaluación.

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Actualmente, para muchas personas no es claro si el régimen disciplinario se está aplicando a los particulares que ejercen funciones públicas en Colombia, tema en el que no se ha profundizado, excepto por los órganos que lo tienen como función

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Existen disparidades importantes entre los departamentos expresadas en el acceso a los servicios públicos y sociales, en el ingreso per cápita regional, etc. Debido a esto la Constitución de 1.991 fortaleció el proceso de descentralización y aumentó las transferencias de recursos a las regiones más pobres para disminuir las brechas de desarrollo económico y social. La descentralización genera mayor cercanía entre ciudadanos, servicios y gobierno permitiendo una mayor eficiencia en la provisión de los bienes y servicios públicos con un mayor control ciudadano. Así “La descentralización tiene sentido desde el punto de vista económico en la medida en que permite captar mejor las generalmente muy diversas necesidades y preferencias de los ciudadanos.