1000 resultados para Colombia – Administración pública – Control


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En el plan de desarrollo integral 2004 2019 la universidad tiene como objetivo integrar diferentes tecnologías de información y comunicación en los ejes misionales de docencia, investigación y extensión, propiciando un cambio cultural progresivo de la comunidad rosarista. (pag.59); Es por esto que la universidad desea saber el nivel de conocimiento y competencia tecnológica de los docentes. Así las cosas, la Universidad busca que con su plan de desarrollo integral se forme al profesor en esa cultura, siendo este competente con la tecnología de la información para lograr ejercer satisfactoriamente su cátedra, en el contexto en que dicho plan desea integrar las diferentes tecnologías de información y comunicación, a fin de generar un apoyo a los procesos de los docentes a nivel curricular, optimizando el uso de plataformas educativa en la labor pedagógica

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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.

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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.

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A comienzos de 2006 la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó su último informe titulado “Desarrollo Alternativo y Medios de Vida Legítimos”. El informe se divide en cuatro partes. Un primer capítulo define, evalúa y reformula la experiencia internacional en materia de desarrollo alternativo. El segundo capítulo expone las diferentes regulaciones internacionales que determinan la tarea de fiscalización de drogas por parte de los Estados. El tercer capítulo se dedica a proporcionar un panorama detallado de la situación mundial y regional de fiscalización de drogas; en este capítulo se identifican los convenios de cooperación existentes entre los Estados y se evidencia los avances regionales, principalmente los policivos en la lucha contra las drogas ilegales. El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos y a algunas organizaciones internacionales. Dado que el tema central del informe 2005 de la JIFE es un análisis de la experiencia internacional de desarrollo alternativo, este documento tiene como objetivo sustraer lo concerniente a Colombia; con el fin de informar sobre el estado actual de la política en el país y sus perspectivas a futuro. A manera de introducción el documento describirá la naturaleza de la Junta, sus fines y sus medios. Seguidamente se concentrará en el desarrollo alternativo desde la perspectiva que ofrece el informe para Colombia se concluye con algunas observaciones y comentarios respecto del informe.

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El presente trabajo pretende analizar los cambios institucionales, administrativos y de gestión producidos en el sector de agua potable y saneamiento básico en el Departamento del Chocó, a causa de las reformas impulsadas por la política de descentralización y sus distintos procesos entre 1986 y 1996 que se caracterizaron por combinar formas de centralización y descentralización con el ánimo de coordinar y generar colaboración y responsabilidades mutuas entre los distintos niveles de gobierno, dentro del enfoque de la inserción del “agua” como un derecho constitucional a partir de 1991.

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Antes de que Colombia fuera país, ya existían disputas, enfrentamientos e injusticias en torno a la estructura de acceso, tenencia y usufructo de la tierra. Tal situación engendró tensiones espaciales, que se pueden abordar y caracterizar a partir de un marco teórico sobre neoinstitucionalismo político. Con lo anterior en mente, el objetivo de ésta investigación , fue el de determinar la manera en que las dinámicas entre tensiones espaciales históricas como instituciones, delinearon el contexto del cual surgió la Ley 1448 de 2011 (Restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto armado) y la intervención e incidencia que ésta pretende, en la coyuntura actual.

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Tas la subscripción del Convenio de Asociación No. 0171 del 29 de junio de 2011 entre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Gobernación del Departamento del Huila, con la finalidad de estudiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cada uno de los municipios del departamento, el presente documento contiene el análisis y evaluación de los avances del municipio Saladoblanco frente a los ODM, así como sugiere estrategias y recomendaciones de focalización de recursos para el periodo 2012 - 2015. Esta cartilla consta de dos partes, la Parte I describe la caracterización del municipio en dos capítulos: El Capítulo I puntualiza los principales indicadores demográficos y socioeconómicos como la distribución Urbano Rural, composición étnica, migraciones, desplazamiento, potencial de producción, composición de niveles educativos, entre otros. El Capítulo II hace alusión al desempeño de la administración y la importancia de su participación y regulación en la gestión, resaltando fortalezas y desafíos para enfrentar los ODM bajo estrategias que promuevan los programas y proyectos de desarrollo. Dando continuidad, la Parte II enfatiza sobre las políticas de la administración pública, abarcando las diferentes problemáticas sobre las cuales se deben tomar medidas correctivas y preventivas en ocho capítulos alusivos individualmente a cada uno de los objetivos, en los cuales se enfatiza en temas como: Pobreza extrema y hambre - Enseñanza primaria universal Igualdad de género Reducción de mortalidad en niños menores de 5 años - Mejorar la salud materna Combatir enfermedades como VIH, dengue y malaria - Sostenibilidad del medio ambiente y Promover alianzas universales de desarrollo.

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Debido a la adulteración de taxímetros los bogotanos pierden alrededor de $200 mil millones anuales, la Policía de Tránsito impone 345 comparendos y las redes sociales se han convertido en el medio más efectivo para denunciar las irregularidades. Sin embargo, los ciudadanos aún no saben con exactitud cómo identificar un taxímetro irregular, ni qué hacer en caso de intuir que el taxi que los transporta tiene un dispositivo ilegal conocido como “muñeco”. Este trabajo hace una investigación alrededor de los taxímetros adulterados, sus fabricantes, sus víctimas, sus usuarios y la reglamentación para combatirlos.

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Estudio sobre el llamamiento en garantía con fines de repetición, como mecanismo jurídico para exigir la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, enfocado en las causas de su ineficacia y sus posibles correctivos.

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Establecer los elementos que intervienen en el proceso de tránsito de los deficientes mentales ligeros entre el mundo escolar y el laboral en el caso concreto de Mallorca, prestando especial atención a la dimensión educativa de este proceso. Delimitar los factores individuales y sociales que determinan sus posibilidades de acceso al mundo laboral. 30 sujetos deficientes mentales calificados como ligeros o medios y que han estado escolarizados en los dos últimos años en un centro de aprendizaje de tareas (el de son Ferriol). Para el grupo control, 30 sujetos de la misma edad escolarizados en FP y BUP. 45 empresas de más de 50 trabajadores. Partiendo de las coordenadas básicas de la relación entre deficiencia mental y trabajo y del análisis de los apoyos institucionales con que se cuenta en España, se realiza una aproximación a los distintos elementos que intervienen para la integración laboral de los deficientes mentales en Mallorca, incidiendo en los distintos servicios, programas e instituciones relacionados con esta tarea. Se han utilizado modelos de análisis y recursos metodológicos tanto cuantitativos como cualitativos. Se ha combinado la descripción general de los distintos factores que influyen en el problema, con el estudio y análisis de casos individuales. El análisis documental de las distintas experiencias, la entrevista, la encuesta, la observación y el uso de pruebas de evaluación y psicométricas, han sido los instrumentos utilizados para obtener la información que en cada caso se requería. Análisis global de la problemática estudiada. En este tema, es imposible aislar, en principio, los distintos aspectos y dimensiones ya que todas ellas se encuentran íntimamente relacionadas. De esta forma, el trabajo abarca tanto el estudio de las características y posibilidades laborales de los sujetos estudiados como una aproximación a factores que pueden condicionar su integración laboral como con la familia, las posibilidades del mercado de trabajo y la actitud de los empresarios. Tomando como punto de partida los resultados y conclusiones expuestos en la tesis de licenciatura de la misma autora se comenta lo siguiente: las capacidades y habilidades socio-laborales de los sujetos analizados no dependen tanto de su grado de deficiencia como de las posibilidades educativas, de los estímulos familiares y de las situaciones ambientales con que se encuentran. Sólo algunos sujetos tendrían éxito en actividades que implicaran relación con el público. Difícilmente podrían hacerse cargo de actividades que implicaran razonamiento verbal, reproducción de modelos o utilización de cierto nivel de información. En cuanto a actividades de vida diaria, en general, superan pruebas manipulativas simples pero cuando se incluye cierto grado de planificación presentan mayor dificultad. Superan fácilmente las actividades de autocuidado. Muestran dificultad en la resolución de problemas numéricos y en el manejo de dinero. Tienen buena capacidad para dar y comprender informaciones simples. En puestos de trabajo y ámbitos adecuados a sus posibilidades, éstos sujetos pueden tener un rendimiento laboral correcto. Las diferencias entre los dos grupos son imperceptibles, por lo que se refiere a su participación en actividades domésticas. Se muestran dispuestos a colaborar en el proceso de integración laboral de sus hijos, atendiendo y vigilando para que éstos cumplan con las normas elementales de puntualidad y de aseo. En las empresas analizadas existe una escasa información sobre las posibilidades que tiene este colectivo de realizar un trabajo competitivo. Más que insistir en aprendizajes específicos de una determinada tarea laboral, es necesario formar en hábitos de comportamiento y aptitudes socio-laborales. Los empresarios aceptan con más naturalidad la falta de cualificación y el bajo rendimiento que un comportamiento infantil, imprevisible, tanto de retraimiento como de cólera no motivada. A la hora de elaborar un plan de actuación en el campo de la integración socio-laboral de los minusválidos con especial referencia a los deficientes mentales, en la comunidad autónoma, objeto de la investigación, debería tenerse presente: la planificación de necesidades y recursos; el intercambio de información entre los distintos servicios que han tratado el sujeto a la hora de diagnosticar y valorar sus capacidades laborales reales; la potenciación de las funciones de orientación e integración así como la creación de servicios especializados en integración laboral con distribución territorial adecuada; la creación de un organismo de coordinación y planificación de actuaciones; la formación en hábitos sociales y de vida diaria con contenidos útiles y funcionales, facilitando la generalización y transferencia de aprendizajes; las actuaciones conjuntas entre familia y escuela para incrementar la autonomía personal; el fomento de las prácticas formativas; la promoción en la escala -centro ocupacional-, -centro especial de empleo-, -empresa ordinaria-; el control del cumplimiento de las disposiciones de cupo en las empresas de más de 50 trabajadores y de la cuota de vacantes en la administración pública; la mejora informativa acerca de las normas y convocatorias de empleo público entre los colectivos de minusválidos; la inclusión de la legislación de cupos en los pliegos de condiciones de la administración para la adjudicación de servicios; la búsqueda de alternativas a las pruebas selectivas; la posible reserva de plazas en las ofertas públicas que más se ajusten a sus posibilidades (limpieza y manutención de edificios, cuidado y conservación de jardines, restauración y servicios, etc.); el impulso de programas comunitarios, como limpieza de bosques, conservación de playas, mantenimiento de espacios naturales, etc., para los cuales se pueden contratar deficientes mentales; el fomento de sistemas de apoyo para el mantenimiento de los empleos; la revisión de incentivos para la contratación de minusválidos en empresas ordinarias (compensación de la disminución real del rendimiento del trabajador deficiente); el desarrollo de campañas informativas dirigidas a los empresarios y a la opinión pública en general; y la negociación con los sindicatos en medidas dirigidas a la integración laboral, flexibilidad de horarios, etc.

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Este trabajo realiza una estimación de eficiencia técnica para una muestra de hospitales públicos clasificados en niveles de complejidad II y III para el periodo 2004-2011, a través del uso de funciones de distancia estocásticas, las cuales se ajustan mejor a las características del sector hospitalario: prestan múltiples servicios, no buscan maximizar beneficio o minimizar costes y no tienen pleno control sobre su producción. Debido a que los hospitales realizan su labor social bajo diferentes condiciones, se controla por variables de ambiente y se introducen aspectos de calidad al análisis, de forma que se pueda contribuir al debate que plantea la disyuntiva entre mejoras en eficiencia y disminución de la calidad. Los resultados muestran que existen diferencias en el desempeño de los hospitales, ya que algunos realizan un menor número de procedimientos a mayores costos. Finalmente se realizó una descomposición de los cambios en productividad en: avance tecnológico, mejoras en eficiencia técnica y cambios en la escala de producción, donde se encontró que este último componente es la principal fuente del cambio y que las brechas en eficiencia han ido disminuyendo, de forma que los hospitales con un menor aprovechamiento de los recursos al inicio del periodo han ido implementando, poco a poco, mejores prácticas.

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A la Deriva es un documental de 2013 realizado por Laura Díaz y Sara Trejos, estudiantes de periodismo y sociología de la Universidad del Rosario. Cuenta la historia de la crisis laboral de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios de Dios y el Instituto Materno Infantil en la ciudad de Bogotá que dejaron de funcionar en el año 2001 sin darles término ni liquidación a más de 1500 trabajadores, quienes aún esperan una respuesta. Este trabajo audiovisual busca acercar al espectador a la vida cotidiana y a los tipos de lucha de cinco de los grupos afectados por este conflicto, con el fin de contradecir el imaginario general de que existe una única forma de hacer resistencia a una crisis, y por el contrario dar a conocer las múltiples estrategias de lucha, que pueden ir desde las tradicionales acciones de hecho, pasar por acciones legales, hasta ocupar un espacio o simplemente crear y fortalecer redes entre amigos y conocidos.

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La Ley 715 de 2001 cambió las implicaciones asociadas a la certificación en el sector de la salud en Colombia. Desde su implementación, los municipios certificados pueden ejecutar los recursos adicionales, derivados de su certificación, solo en la atención de la población pobre no asegurada (subsidios de oferta). Anteriormente podían invertirse también en salud pública y en el régimen subsidiado. En este documento se evalúan los efectos de la implementación de la Ley 715 sobre la cobertura del régimen subsidiado,entre 1998 y 2010, haciendo uso de la metodología diferencia en diferencias.Los resultados indican que si bien entre 2002 y 2004 la reforma no tuvo ningún efecto significativo, los municipios certificados incrementaron su cobertura paulatinamente desde 2005 con respecto a los municipios no certificados.

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La presente investigación plantea la necesidad fundamental de generar un proceso de análisis, tendiente a proponer dinámicas organizativas humanas, desde un enfoque etológico. La etología aparece entonces como un estudio sistemático del comportamiento animal, sus formas de asociación, su disparidad, pero sobre todo, su accionar orgánico en la búsqueda de un comportamiento colectivo que propenda por el bien común. En esta medida el liderazgo surge como una posibilidad clara de fomentar relaciones humanas centradas en las diferentes vertientes relacionales; cultura, comunicación, comunidad, axiología, y finalmente etología. Así mismo, se examinan las diferentes estrategias que el liderazgo como posibilidad de cambio dentro de las organizaciones, puede ser fundamentado mediante procesos de comparación etológica, y así generar propuestas que configuren un quehacer organizacional desde la solidaridad, el liderazgo, y el desenvolvimiento interno y externo de las organizaciones.