1000 resultados para CORTE CONSTITUCIONAL


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El propósito de la investigación que contiene esta tesis es aportar al conocimiento de la nueva jurisdicción especializada en materia electoral, que la Constitución del año 2008 creó como parte de la Función Electoral, y analizar la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre sus resoluciones, como una de las garantías para la protección y el ejercicio de los derechos políticos. Hacia ese objetivo, el trabajo parte de un contexto general al explicar los distintos sistemas contenciosos electorales que se aplican en la Región Andina y en dos sistemas prestigiosos de Derecho Electoral. De igual manera sobre estos mismos casos se explicará la forma en la que se realiza el control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdicción contenciosa electoral. Luego pasaremos a tratar el caso ecuatoriano, explicando la naturaleza jurídica del recién creado Tribunal Contencioso Electoral y la nueva legislación ecuatoriana en materia electoral. Finalmente se analizará la posibilidad, real o no, de realizar un control de constitucionalidad sobre las resoluciones de la jurisdicción contenciosa electoral. Para lo cual se analizará dos fallos del Tribunal Contencioso Electoral y una sentencia emblemática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera partiremos de un contexto general descendiendo al estudio de un caso específico (la jurisdicción contenciosa electoral y el control de constitucionalidad sobre dicha jurisdicción especializada).

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En este artículo se analizará la posibilidad del Tribunal Constitucional Plurinacional de aplicar, como criterio de interpretación, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de forma preferente a la voluntad del constituyente boliviano como otro criterio de interpretación dispuesto expresamente, a ese efecto se tendrá en cuenta el rol de la interpretación constitucional y su relación con las normas internacionales de derechos humanos, el análisis de la posición jurídica de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sistema jurídico boliviano, el efecto de la jurisprudencia de la Corte en la protección de derechos humanos, y el análisis de esta jurisprudencia en relación con la voluntad del constituyente como criterios de interpretación.

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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo establecer si existe en Bolivia una estructura político legal- constitucional que vincule la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a las desapariciones forzadas como elemento garantista y de protección a los derechos humanos. En este sentido se determinará si a partir de los lineamientos jurisprudenciales de casos emblemáticos bolivianos, la Constitución Política del Estado, la normativa boliviana y las instancias estatales de Bolivia, aseguran la eficacia y cumplimiento de la protección de los derechos humanos consagrados en dichos lineamientos con relación a desapariciones forzadas. Así, se establecerá un análisis crítico con relación a establecer si en Bolivia existe una estructura constitucional de políticas públicas y normativa que garantice un programa de reparaciones que cumpla los dictámenes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de los varios Instrumentos Internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia. En ese orden de ideas se realizará un diagnóstico de la situación de las desapariciones forzadas, determinando cuales son los principales mecanismos del estado boliviano para esclarecer, reparar y restablecer los derechos de las víctimas.

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Esta investigación estudia el rol del juez en el Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador, el error inexcusable y el procesamiento disciplinario por error judicial inexcusable desde sus principios de legalidad y taxatividad, la etiología del error, el órgano competente y la independencia judicial. Presenta conclusiones y recomendaciones.

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Esta tesis aborda el tema de la casación tributaria en el Ecuador y para el efecto analizará, de manera crítica, el recurso de casación en materias no penales con énfasis en lo contencioso tributario, y su proyección en el actual Estado constitucional de derechos y justicia. Los principales objetivos del presente trabajo de investigación están enfocados a describir las corrientes teóricas más destacadas e influyentes en la evolución de la casación tributaria; y, explicar los elementos que se requieren para el replanteo del recurso de casación en la materia y en el actual ordenamiento jurídico vigente en el Ecuador. El recurso de casación tradicionalmente ha sido considerado como un medio de impugnación, a fin de que el Tribunal de Casación verifique un examen de la aplicación del Derecho realizada por el tribunal a quo en la decisión de fondo objeto del proceso, que por su importancia se elevan a la categoría de causales de la casación y, en su caso, unifique la doctrina jurisprudencial sobre la materia. En el actual sistema judicial, el recurso de casación toma otra dimensión, en donde la oralidad como su componente principal, supone la adecuación de este sistema de control de legalidad, en el marco de la constitucionalidad. La metodología que propongo para esta investigación es de carácter dogmático formal, la cual se complementará con el análisis, la deducción, la inducción, de los textos, las normas jurídicas, los principios y demás fuentes; además, se realizará una exégesis y una sistematización de la norma jurídica. La principal conclusión que surge de esta investigación es que, la casación tributaria en el actual sistema jurídico tiene mayor sustento y su futuro asegurado, pues cada día se reconoce su importancia como controladora de la observancia de la ley, máxime cuando en el ámbito tributario las sentencias recurridas son dictadas por los tribunales distritales de lo contencioso tributario en única instancia; y, como recomendación se considera que, la Corte Nacional de Justicia debe expedir un Instructivo para el orden de las audiencias y, que se capacite para la plena vigencia del principio de oralidad que hoy se refleja en la audiencia de estrados.

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Trata-se de estudo sobre a eficácia das sentenças proferidas no âmbito da jurisdição constitucional, que compreende a atividade jurisdicional em matéria de interpretação e aplicação da Constituição. Enfoca-se o tema pela perspectiva do sistema brasileiro de guarda da Constituição e, mais especificamente, do sistema de controle da constitucionalidade dos preceitos normativos. Na primeira parte são enfrentadas as questões relacionadas com a eficácia das sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e a sua vocação para expandir efeitos erga omnes. O papel da Corte, como órgão de cúpula do Judiciário e guardião da Constituição e a autoridade dos julgados que nessa condição profere - seja na apreciação de casos concretos, seja nos processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade - são os pontos principais dessa abordagem inicial. A segunda parte trata da problemática relacionada com a estabilidade dos julgados em matéria constitucional e a sua eficácia para produzir efeitos futuros. Os vínculos entre controle abstrato e controle concreto de constitucionalidade, que se manifestam especialmente nas relações jurídicas de trato continuado, e os conflitos entre importantes valores – res judicata e segurança jurídica, de uma lado, supremacia da Constituição, autoridade do Supremo Tribunal Federal e igualdade de todos perante a lei, de outro – são abordados sob a perspectiva da eficácia temporal dos julgados, nela incluídas a sua rescindibilidade, a sua revisibilidade e a extinção da sua força vinculante em face de alterações no estado de fato ou de direito.

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Este trabalho se propõe a estudar a jurisdição constitucional sob a perspectiva pós-positivista com destaque para o controle de constitucionalidade concentrado. O pós-positivimo quebrou os paradigmas do direito constitucional clássico dando ao Poder Judiciário uma grande ascensão política realçando a dificuldade contramajoritária do controle de constitucionalidade concentrado. Ademais, as diversas manifestações da jurisdição constitucional que alijam o cidadão comum da Corte fazem do Supremo Tribunal Federal um tribunal isolado. As novas facetas do Poder Judiciário, especialmente do STF, têm gerado um déficit democrático na jurisdição constitucional. Este déficit democrático gera desequilíbrio entre as duas dimensões do Estado Democrático de Direito, onde a democracia se encontra em desvantagem em relação ao ideal constitucionalista. Na tentativa de diminuir o déficit democrático da jurisdição constitucional este trabalho se assenta sobre a importância de se reforçarem os instrumentos de participação social no controle de constitucionalidade concentrado: amicus curiae, audiências públicas e visitas in loco. Além de reequilibrar o Estado de Direito, o reforço desses instrumentos traz a racionalização das decisões em sede de controle concentrado, uma vez que promove uma troca de experiência entre o julgador e a realidade possibilitando a ele proferir decisões mais eficientes.

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Regulamentada desde as legislações mais arcaicas, como o Código de Hamurabi na Babilônia de 4.000 a.C., a pena de morte é um dos institutos mais antigos da humanidade. É também um dos temas mais controvertidos do Direito, cerne de debates que se intensificam na medida na medida em que os direitos humanos são universalizados, principalmente em meados do século XX. Diante disso, a audaciosa manutenção da pena de morte no sistema jurídico norte-americano, o último reduto do instituto no mundo ocidental, é o resultado de longo e árduo processo de desenvolvimento constitucional, orientado principalmente pelos constantes avanços da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre a pena capital. O presente trabalho tem como escopo apresentar o histórico de tais decisões, bem como fundamentos de cunho criminológico, moral, filosófico e econômico aplicáveis à sistemática da pena de morte, expondo ainda dados sobre a aplicação da pena capital e perspectivas para o futuro da sanção nos Estados Unidos.

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The way of organization of the constitutional jurisdiction implies the possibility to extend the democratization of the same one in function of the popular participation in the active legitimacy to constitutional process (procedimentalist model) e, at the same time, to assure technical viable decisions fast and to the complex problems of the constitucional law (substancialist model). The comparison with the constitutional jurisdiction of U.S.A. becomes interesting from the knowledge of the wide power to decide experience of Supreme the Court that for a methodology of construction of rights and not simply of interpretation of the Constitution, brought up to date and reconstructed throughout its historical evolution the direction of the norms of basic rights and the North American principles constitutional. Construction while constitutional hermeneutic method of substancialist matrix works with techniques as the measurement of principles, the protection of interests of minorities and the entailing of the basic rights with values politicians, what it can be brought to evidence of the Brazilian constitutional jurisdiction in order to improve the construction of basic rights that comes being carried through for the judicial ativism in control of the diffuse and abstract constitutionality. To define the limits of construction is to search, on the other hand, a dialogue with the procedimentalists thesis, aiming at the widening of the participation of the citizen in the construction of the basic rights for the constitutional process and to argue forms of the society to evaluate the pronounced decisions activist in the controls diffuse and abstract of constitutionality

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Analysis of the role of the Union Accounts Court on the control of regulatory agencies, with the objective of identifying the limits of the Institution s acting on the aim activities of the agencies, particularly the control limits of the Court on the merits of discretionary administrative actions, taking into account the autonomy of these entities in the model of regulatory state. Analyzes the principle of administrative legality, the control of public administration, state s action in the economy and facing regulatory agencies, their emergence, evolution and characteristics. Includes the study of jurisprudence and doctrinal differences, as for the limits of the powers conferred by the constitutional legislator to Federal Court of Audit, regarding the control of agencies aim activities, or, in other terms, their regulatory and inspector missions of market, under the principle of administrative legality. Performs analysis, based on case studies involving Court s audits on regulatory agencies. Are appreciated differences within the Institution about the their decisions effects - imposed or not - as regards the arrangements to be adopted by regulatory agencies to correct the flaws and omissions found during Court s inspections, in which content of the act of public agent, despite their technical nature, can happen the criterion of convenience and opportunity

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The right against self-incrimination is a fundamental right that works in the criminal prosecution, and therefore deserves a study supported by the general theory of criminal procedure. The right has a vague origin, and despite the various historical accounts only arises when there is a criminal procedure structured that aims to limit the State´s duty-power to punish. The only system of criminal procedure experienced that reconciles with seal self-incrimination is the accusatory model. The inquisitorial model is based on the construction of a truth and obtaining the confession at any cost, and is therefore incompatible with the right in study. The consecration of the right arises with the importance that fundamental rights have come to occupy in the Democratic Constitutional States. In the Brazilian experience before 1988 was only possible to recognize that self-incrimination represented a procedural burden for accused persons. Despite thorough debate in the Constituent Assembly, the right remains consecrated in a textual formula that´s closer to the implementation made by the Supreme Court of the United States, known as "Miranda warnings", than the text of the Fifth Amendment to the U.S. Constitution that established originally the right against self-incrimination with a constitutional status. However, the imprecise text does not prevent the consecration of the principle as a fundamental right in Brazilian law. The right against self-incrimination is a right that should be observed in the Criminal Procedure and relates to several of his canons, such as the the presumption of not guilty, the accusatory model, the distribution of the burden of proof, and especially the right of defense. Because it a fundamental right, the prohibition of self-incrimination deserves a proper study to her constitutional nature. For the definition of protected persons is important to build a material concept of accused, which is different of the formal concept over who is denounced on the prosecution. In the objective area of protection, there are two objects of protection of the norm: the instinct of self-preservation of the subject and the ability to self-determination. Configuring essentially a evidence rule in criminal procedure, the analysis of the case should be based on standards set previously to indicate respect for the right. These standard include the right to information of the accused, the right to counsel and respect the voluntary participation. The study of violations cases, concentrated on the element of voluntariness, starting from the definition of what is or is not a coercion violative of self-determination. The right faces new challenges that deserve attention, especially the fight against terrorism and organized crime that force the development of tools, resources and technologies about proves, methods increasingly invasive and hidden, and allow the use of information not only for criminal prosecution, but also for the establishment of an intelligence strategy in the development of national and public security

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The paper provides a close lecture of the arguments and methods of legal construction, employed in the extensive individual opinions written by the Justices of the Brazilian Supreme Court in the case which authorized the same sex civil union. After tracing an outline of the legal problem and his possible solutions, we analyze the individual opinions, showing their methodological syncretism, the use of legal methods and arguments in a contradictory way as well the defciencies in the reasoning. The Justices use legal arguments, but do not meet the requirements of rationality in the decision-making. We have a rhetorical attempt that aims to satisfy the public opinion rather than to ofer a comprehensive and coherent solution according the normative elements of the Brazilian Federal Constitution of 1988.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación defiende en las primeras décadas del siglo XX el liberalismo económico, rechazando el intervencionismo del Estado según los principios del laissez faire. Con el propósito de no escindir el estudio de la jurisprudencia de su respectivo contexto, sino por el contrario, con una visión integradora del derecho y las ciencias sociales que procura la comprensión del fenómeno jurídico, se rastrean las fuentes inspiradoras de la ideología de la Corte. Determinadas doctrinas de derecho constitucional sustentan los fallos basadas en un pensamiento jurídico que, a su vez, constituye la expresión de una concepción política y filosófica. Son considerados los principios que permiten preconizar el liberalismo económico, la influencia del constitucionalismo norteamericano a través de destacados expositores como Thomas Mc Intyre Cooley, Christopher Tiedeman y Joseph Story, así como las bases constitucionales que actúan como fundamento, y las doctrinas de Juan Bautista Alberdi. El estudio se efectuó mediante la consulta de fuentes éditas, la edición oficial de Fallos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con la relación de sus respectivas causas, y bibliográfica específica referida al pensamiento político-constitucional norteamericano.

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GIRE presenta dos videos sobre la importancia de la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación en la Ciudad de México y su ratificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2008. Esta sentencia es la más importante en el marco de los derechos humanos de las mujeres en México.

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Artigo produzido pelo grupo de pesquisas "Jurisdição Constitucional e o Perfil dos novos Ministros do STF", desenvolvido na FND/UFRJ, sob a orientação do Professor Dr. José Ribas Vieira. Integrantes: Caroline Sarty Vianna, Giovanni Almeida Fernandes, Giselle Gonçalves Seabra, Tassia Lima Ramos da Silva e Vinícius Paz Leite