650 resultados para Squatter sovereignty.


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El «poder republicano» en el Ecuador, durante los siglos XIX y XX ha representado de opuestas maneras el espacio de frontera con Colombia («el hermano del Norte») y con Perú («el enemigo», «Caín de América»), representaciones que han generado discursos de soberanía, cuya función es buscar la construcción de un orden social, la implantación de «leyes» (de la Iglesia, el Estado). Por otro lado, las fronteras, sobre todo surorientales, eran representadas como espacios indeterminados («zonas baldías», ignotas, peligrosas, con una débil o nula presencia estatal), y sus habitantes, como «salvajes». Todo ello generó otro tipo de discursos: los civilizatorios, que buscaban misionar, colonizar y concesionar (esto es, ceder el control de territorios baldíos a compañías e inversionistas extranjeros, para que se hicieran cargo de la explotación de recursos naturales y la administración de los mismos). Si bien las diferencias entre los discursos se difuminan, los imaginarios de los que se parte (en relación con los territorios baldíos y zonas de frontera) se mantienen y reconstituyen durante el siglo XX. Ambos son retóricas que contribuyen al desconocimiento y negación de la realidad de estas zonas.

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A partir del escrutinio de fuentes primarias, la investigación analiza la forma como reaccionaron los cuatro cabildos de la provincia de Antioquia, ubicados al noroccidente de Colombia, frente a la crisis de la monarquía española de 1808. En Antioquia, un grupo de capitulares cuestionó la autoridad del gobernador Francisco de Ayala e intentó reasumir la soberanía, mediante el nombramiento autónomo de alcaldes pedáneos y de partido. Este fue el comienzo de un proceso de cambio de actitud por parte de los antioqueños, acentuado por el impacto que produjeron los movimientos autonomistas de Quito y Cartagena, y por el llamado ""Grito de Independencia"" de Santa Fe. Los cabildos antioqueños reasumieron la soberanía, formaron su propia junta de gobierno, dictaron su propia Constitución y, en 1813, conformaron un nuevo Estado que se declaró independiente de España.

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El artículo analiza el impacto que la crisis política de la monarquía española suscitó en Caracas, en donde tuvo lugar un intenso debate. En noviembre de 1808 se intentó erigir una junta, sin éxito. El 19 de abril de 1810 se constituyó la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII y, finalmente, el 5 de julio de 1811 se declaró la Independencia. El artículo analiza el contenido del debate acerca del ejercicio de la soberanía, así como la manera en que organizaron la representación política quienes tuvieron a su cargo la conducción de este proceso histórico, desde el inicio del movimiento juntista hasta la declaración de la indepedencia.

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A nivel internacional existe consenso respecto a la importancia que tiene el marco institucional para el funcionamiento eficiente del sistema financiero y para la generación de incentivos correctos para mantener la disciplina de mercado. Por eso mismo, durante los últimos diez años, se ha estado discutiendo, especialmente a nivel técnico, respecto de las condiciones de una nueva arquitectura financiera internacional que se ajuste a la realidad de un sistema financiero globalizado, y se han generado políticas, lineamientos y mínimos estándares para los sistemas financieros que han sido recogidos fundamentalmente por normas informales conocidas como softlaw y por órganos igualmente informales. La Declaración de la Cumbre del G20 en Washington de noviembre de 2008 estableció cinco principios comunes para reforma del sistema financiero que deben ser considerados en esta nueva arquitectura, a la que se puede definir como ""el establecimiento e implementación, a nivel nacional e internacional, de reglas, principios y arreglos institucionales que aseguren la estabilidad del sistema financiero internacional, previniendo las crisis y estableciendo los mecanismos institucionales para enfrentarlas o mitigarlas"". Sin embargo de esto, no existe una conciencia clara de que el problema de la nueva arquitectura financiera internacional es un problema ante todo jurídico: los órganos informales creados y el softlaw son insuficientes para crear las condiciones necesarias para asegurar el obligatorio cumplimiento y la aplicación general de este marco de regulación financiera global. Además, el principio de la soberanía de los Estados, base de los ordenamientos y sistemas jurídicos actuales, de naturaleza fundamentalmente nacional, y norma fundamental para las relaciones entre Estados, en el Derecho público internacional, vuelve complejay demorada la creación de un nuevo sistema de gobernanza global que viabilice esta nueva arquitectura financiera internacional y permita devolver rápidamente la confianza perdida y la estabilidad de este nuevo sistema financiero global.

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Este ensayo examina la naturaleza jurídica y política del imperio español en América y sus orígenes medievales. Con el fin de ofrecer un nuevo enfoque para estudiar la relación entre España y sus posesiones americanas, este trabajo propone una revisión de la tradición jurídica española. El estudio de la evolución de los conceptos de soberanía, representación y jurisdicción permite dilucidar los elementos constitutivos de las relaciones entre las diversas entidades políticas como mecanismo de comprensión del desarrollo de la cultura política de América Latina. De acuerdo a las características del sistema jurídico político en la época virreinal, la dispensación de la justicia y la práctica judicial constituyeron el eje de las relaciones entre la autoridad imperial y sus periferias. El artículo sostiene que la práctica judicial estuvo llena de sentido político y se convirtió en un medio de inclusión y representación.

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El artículo hace referencia al desarrollo de la soberanía y las nuevas formas de regionalismo en América Latina. En esta lógica, el “nuevo regionalismo” surge en los últimos años bajo condiciones internas y externas que se traducen en el surgimiento de nuevas formas regionales como ALBA, UNASUR, CELAC. Adicionalmente, se recalca la persistencia de obstáculos a la integración regional como la soberanía nacional, pero al mismo tiempo se plantea enfrentar los mencionados desafíos a través de cambios conceptuales del término soberanía, en función de una estrategia a largo plazo que genere una gobernanza regional.

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Este trabajo analiza el legado de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 en Cuenca entre 1812 y 1814. Estudia los principales cambios políticos relacionados con los derechos de diversos actores sociales, así como el rompimiento de antiguas formas de relación social. Los cambios políticos se relacionaron con la introducción de nuevos conceptos y prácticas como ciudadanía, soberanía, elección y representación, tanto en el mundo criollomestizo como en el indígena (población cañari) de la provincia. Se analiza la abolición del tributo indígena, el servicio personal y la mita, además se estudian algunos cambios administrativopolíticos como la creación de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y nacionales.

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The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

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Many factors have contributed to the euro crisis. Some have been addressed by policymakers, even if belatedly, and European Union member states have been willing to improve the functioning of the euro area by agreeing to relinquish national sovereignty in some important areas. However, the most pressing issue threatening the integrity, even the existence, of the euro, has not been addressed: the deepening economic contraction in southern euro-area member states. The common interest lies in preserving the integrity of the euro area and in offering these countries improved prospects. Domestic structural reform and appropriate fiscal consolidation, wage increases and slower fiscal consolidation in economically stronger euro-area countries, a weaker euro exchange rate, debt restructuring and an investment programme should be part of the arsenal. In the medium term, more institutional change will be necessary to complement the planned overhaul of the euro area institutional framework. This will include the deployment of a euro-area economic stabilising tool, managing the overall fiscal stance of the euro area, some form of Eurobonds and measures to make euro-area level decision making bodies more effective and democratically legitimate.

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Without corrective measures, Greek public debt will exceed 190 percent of GDP, instead of peaking at the anyway too-high target ratio of 167 percent of GDP of the March 2012 financial assistance programme. The rise is largely due to a negative feedback loop between high public debt and the collapse in GDP, and endangers Greek membership of the euro area. But a Greek exit would have devastating impacts both inside and outside Greece. A small reduction in the interest rate on bilateral loans, the exchange of European Central Bank holdings, buy-back of privately-held debt, and frontloading of some privatisation receipts are unlikely to be sufficient. A credible resolution should involve the reduction of the official lending rate to zero until 2020, an extension of the maturity of all official lending, and indexing the notional amount of all official loans to Greek GDP. Thereby, the debt ratio would fall below 100 percent of GDP by 2020, and if the economy deteriorates further, there will not be a need for new arrangements. But if growth is better than expected, official creditors will also benefit. In exchange for such help, the fiscal sovereignty of Greece should be curtailed further. An extended privatisation plan and future budget surpluses may be used to pay back the debt relief. The Greek fiscal tragedy highlights the need for a formal debt restructuring mechanism

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Europe has responded to the crisis with strengthened budgetary and macroeconomic surveillance, the creation of the European Stability Mechanism, liquidity provisioning by resilient economies and the European Central Bank and a process towards a banking union. However, a monetary union requires some form of budget for fiscal stabilisation in case of shocks, and as a backstop to the banking union. This paper compares four quantitatively different schemes of fiscal stabilisation and proposes a new scheme based on GDP-indexed bonds. The options considered are: (i) A federal budget with unemployment and corporate taxes shifted to euro-area level; (ii) a support scheme based on deviations from potential output;(iii) an insurance scheme via which governments would issue bonds indexed to GDP, and (iv) a scheme in which access to jointly guaranteed borrowing is combined with gradual withdrawal of fiscal sovereignty. Our comparison is based on strong assumptions. We carry out a preliminary, limited simulation of how the debt-to-GDP ratio would have developed between 2008-14 under the four schemes for Greece, Ireland, Portugal, Spain and an ‘average’ country.The schemes have varying implications in each case for debt sustainability

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In financial decision-making, a number of mathematical models have been developed for financial management in construction. However, optimizing both qualitative and quantitative factors and the semi-structured nature of construction finance optimization problems are key challenges in solving construction finance decisions. The selection of funding schemes by a modified construction loan acquisition model is solved by an adaptive genetic algorithm (AGA) approach. The basic objectives of the model are to optimize the loan and to minimize the interest payments for all projects. Multiple projects being undertaken by a medium-size construction firm in Hong Kong were used as a real case study to demonstrate the application of the model to the borrowing decision problems. A compromise monthly borrowing schedule was finally achieved. The results indicate that Small and Medium Enterprise (SME) Loan Guarantee Scheme (SGS) was first identified as the source of external financing. Selection of sources of funding can then be made to avoid the possibility of financial problems in the firm by classifying qualitative factors into external, interactive and internal types and taking additional qualitative factors including sovereignty, credit ability and networking into consideration. Thus a more accurate, objective and reliable borrowing decision can be provided for the decision-maker to analyse the financial options.

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My aim in this article is to encourage UK public lawyers to engage with contemporary debates in legal, political and constitutional theory. My argument is motivated by three related concerns. First, there is an extricable link between these disciplines: behind every proposition of public law can be found a theory of law, govenment, the state and so on; secondly, public lawyers have historically neglected or fudged theory in their work; finally, a growing number of public lawyers are now using cutting-edge legal and political theories to fashion radical new understandings of the British constitution: other (more conservative-minded) public lawyers have no option, I argue, but to answer these new challenges. I illustrate my argument with reference to debates about Parliamentary sovereignty, the constitutional foundations of judicial review, political constitutionalism, and judicial deference.

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Franz Josef Strauss, West German Minister of Atomic Energy and Minister of Defence, pursued a project by which European political integration was to be paralleled by co-operation in the field of nuclear energy and indeed nuclear weapons. It has often been alleged that this covered nationalist German ambitions to turn Germany into a nuclear power in its own rights. Seen in the context of his European integration programme - which foundered on the devotion of French President de Gaulle to French national sovereignty - Strauss' overall policy suggests that he did indeed aim not to obtain nuclear weapons for Germany, but for an integrated European superstate.

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European writers on strategy (in French: strategistes, as opposed to practitioners, stratèges) developed their thoughts on the best strategies and postures of nuclear deterrence against their own beliefs in the identities of their own countries - were they seen as "Europesn" or as "nation-states" who must under no condition surrender their sovereignty?