1000 resultados para Garantías, política, derechos, Estado, economía, límites.


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Fil: Sorgentini, Hernán Antonio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Fil: Sorgentini, Hernán Antonio. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Hablar hoy del Estado de bienestar nos obliga a reflexionar sobre lo que el mismo es y lo que ha sido. Vivimos hoy - abiertamente desde los años ochenta - una situación, en la cual la opinión pública -la opinión publicada para ser exactos-, se pronuncia en contra del Estado de bienestar como algo superado, inclusive algo nefasto que debe quedar atrás. Lo que llamamos hoy Estado de bienestar, tuvo su auge en los años 50 hasta 70 del siglo XX, pero que fue desarrollado a partir de fines del siglo XIX por una política creciente de intervención en el mercado capitalista. Se trata de un intervencionismo tanto económico como social, que establece especies de reservas del mercado. Se trata de actividades que no son dirigidas por las fuerzas del mercado, aunque siempre están integrados al mercado.En lo económico hay política de desempleo, planificación de inversiones, reservación de determinadas actividades a empresas públicas y ordenamientos del mercado sobre todo en la agricultura. En lo social hay apoyo a las intervenciones en el mercado de parte de las organizaciones sindicales y del movimiento cooperativo, reserva para el seguro social en el campo de cajas públicas de pensiones, sistemas públicos de salud, sistemas públicos de educación y un amplio fomento de la construcción de viviendas. El propio socialismo después de la II. guerra mundial ha tenido muchas características parecidas a este Estado de bienestar y hay razones para incluirlo en el concepto, cuando hoy se habla del Estado de bienestar.

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La concepción de Estado moderno está íntimamente vinculada al ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, en tanto supone que la violencia es una de las principales prerrogativas que el Estado pretende detentar, para constituirse en una organización política de poder que perdure en la sociedad en la que se instaura. En este sentido, el proyecto de investigación tiene como uno de sus objetivos específicos, identificar, caracterizar y analizar los daños antijurídicos por los cuales el Comité de Conciliación del Ministerio de Defensa Nacional autoriza el ejercicio de la acción de repetición contra los funcionarios o ex-funcionarios de las Fuerzas Militares, limitando el análisis al periodo transcurrido durante los años 2010 a 2016. Lo anterior, con el fin de establecer cuáles son las causas generadoras de responsabilidad más frecuentes en las que han incurrido los agentes de la entidad, para luego observar su impacto en el erario de la nación y verificar cómo se constituyen en una necesidad de imposición de límites al ejercicio de la fuerza del Estado.

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Resumen El concepto de reparación integral en Colombia está mediado en gran parte por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello ha propiciado algunos avances en materia de ampliar el espectro de las reparaciones económicas; en la posibilidad de reabrir investigaciones antes cobijadas por la intangibilidad de la cosa juzgada; en la participación de las víctimas en los procesos penales y disciplinarios, y en algunas formas de reparación simbólica. Sin embargo, en general hay carencia de verdadera voluntad política y de mecanismos jurídicos que posibiliten que la reparación integral sea una realidad.Además, el cruce de decisiones de la Corte Interamericana con las decisiones del Consejo de Estado colombiano, ha originado situaciones absurdas que, aunque teóricamente se ven como un avance, en términos reales son un retroceso frente a los derechos de las víctimas. Ello se debe a la aparente similitud de las competencias de ambos tribunales; a una equivocada lectura del Consejo de Estado sobre los límites y posibilidades reales de su jurisdicción, y finalmente, a que la Corte no ha adoptado criterios claros en relación con las reparaciones económicas y en relación con la coherencia en el cumplimiento de sus sentencias. Palabras clave: reparación, Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Estado. Abstract The concept of integral reparation in Colombia is mediated largely by the decisions of the Inter-American Court of Human Rights. This has led to some progress in broadening the spectrum of economic reparations; in the possibility of reopening investigations sheltered by the intangibility for defendants; in the participation of victims in criminal and disciplinary proceedings, besides in some symbolic forms of reparation. However, there is general lack of real political will and legal mechanisms that enable that comprehensive reparation be a reality. Furthermore, crossing inter-American court decisions with the decisions of the Colombian State Council has created absurd situations that, although theoretically are seen as a breakthrough, in real terms are a retreat from the rights of victims. This is due to the apparent similarity in the competencies of both courts; a mistaken reading of the State Council on the limits and real possibilities of their jurisdiction, and finally, the Court has not adopted clear criteria regarding economic reparations and in relation to consistent com­pliance with its sentences.Keywords: repair, Colombia, Interamerican Court of Human rights, State Council.   

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A partir de la hipótesis según la cual en muchos campos de la realidad cordobesa primaron accionares y resultados que, si bien se adecuaron a las correspondientes a nivel nacional, mostraron también un alto grado de originalidad, el objetivo fundamental de este proyecto es avanzar en el conocimiento de la evolución política, económica y social de la provincia de Córdoba entre 1946 y 1976 -tres décadas del pasado cordobés reciente de las cuales la historiografía sólo ha abordado algunos aspectos, potenciando el fenómeno peronista y descuidando, en general, etapas en que éste fue oposición o estuvo proscrito- y comprobar la originalidad o no de las políticas públicas locales estableciendo en qué medida replican las nacionales, o fueron rearticuladas y redescritas en función de la realidad local. Con ese fin y a través de una amplia compulsa de fuentes oficiales y privadas, éditas e inéditas, se analizarán las políticas públicas, su incidencia en los grupos sociales participantes y diferencias con los proyectos homogenizadores implementados por gobiernos nacionales democráticos o de facto y la cultura, prácticas políticas y legislación, con las interpretaciones y orientaciones que generaron, para conocer el grado de comprensión que de ellas tuvo el común de los actores sociales; la evolución del empleo industrial en las ramas que atrajeron los mayores contingentes de mano de obra, las condiciones de vida material y el papel del Estado en la determinación de las mismas; la política energética, en relación con la creación de organismos públicos, al avance del proceso de electrificación, al esfuerzo por crear una infraestructura en cuanto a generación y transmisión de energía y al papel de las cooperativas eléctricas en la distribución y comercialización, sobre todo en las áreas rurales; el desarrollo industrial en general y relacionando la demanda de fuerza motriz con la evolución de la oferta de energía eléctrica; los instrumentos utilizados por el Estado con fines de promoción tanto industrial como del cooperativismo eléctrico; y, finalmente, y como una cuestión de particular interés la escritura de la historia a través de las prácticas y de los discursos de los historiadores, centrando la atención en la producción referida a la provincia de Córdoba.

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Las potencialidades de la gestión local están condicionadas por el modo con que las jurisdicciones “mayores” distribuyen sus recursos entre las jurisdicciones “menores”. Concentrando nuestra atención sobre Córdoba en los últimos diez años, nos preguntamos por los factores políticos que inciden sobre el modo en que el Gobierno de la provincia distribuye el gasto público entre las diferentes jurisdicciones locales. Más concretamente, nos preguntamos por la existencia de modalidades “particularistas” (esto es, con un sesgo partidario electoral) en la distribución del gasto en sus diferentes áreas, y por las razones que pueden explicar estas modalidades si existieran. Nuestra hipótesis más general sostiene que esta distribución está afectada básicamente por: 1) el cálculo electoral – en el nivel de elecciones provinciales tanto legislativas como ejecutivas. 2) el nivel de acceso, por parte de los gobiernos locales, a las redes de decisión del Gobierno de la provincia. Ambos factores, a su vez condicionados por las características de los contextos institucionales que regulan el sistema político, las diferentes áreas del gasto provincial y el acceso a las redes de decisión. Nuestras hipótesis específicas, por su parte, remiten a las características que adquiere esta distribución territorial de acuerdo con los siguientes factores: 1) La visibilidad del origen provincial de los gastos: cuanto “más visible” el gasto menos particularista la distribución en la medida que la visibilidad incrementa los costos electorales del particularismo; 2) El desempeño electoral previo del partido del gobierno provincial: la distribución particularista se orientará hacia los distritos “propios” pero sin distinguir dentro de ellos entre “marginales” – donde el partido del gobierno ganó por un escaso margen y “leales” – donde el partido del gobierno ganó por amplio margen-, en la medida que el gobierno da prioridad a la maximización de los votos provinciales – legislativos o de gobernador – antes que a retener o adquirir nuevos distritos locales; 3) la capacidad de los intendentes de interesarse en las redes personales y políticas que conducen el flujo de recursos: cuanto mayor la inserción de los intendentes en las redes de decisión, mayor el beneficio que obtienen de la asignación de los recursos, suponiendo constantes los factores anteriores. Los dos objetivos generales son establecer: 1) la incidencia del cálculo electoral sobre la distribución del gasto del Estado provincial entre los municipios de la provincia; 2) el efecto sobre esta distribución del modo y los recursos a través de los cuales los Gobiernos locales acceden a las redes de decisión del Gobierno Provincial.

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El PROBLEMA OBJETO de estudio es la economía, la política y la sociedad colonial en Córdoba y en la Gobernación del Tucumán, durante el período colonial e incluso el de su crisis, con especial atención sobre las transformaciones de las sociedades campesinas e indígenas y sus relaciones con el estado colonial, la iglesia y el sector privado. El ESPACIO a analizar será del de la Gobernación del Tucumán entendido como espacio jurisdiccional que incluía varias regiones con alto grado de relacionamiento, profundizándose sobre la situación de la región de Córdoba, teniendo en cuenta las características de las sociedades originarias, el sistema de dominación colonial, el sistema judicial, el sistema económico de explotación y el proceso de evangelización, así como las formas de resistencia y adaptación de las sociedades indígenas que devendrán en sectores campesinos. Entendemos que es importante tomar como UNIDAD DE ANALISIS al espacio que durante la colonia ocupaba la Gobernación del Tucumán en tanto permite realizar un análisis de largaduración sobre las transformaciones de las sociedades indígenas y campesinas, ya que el mismo casi coincide con el del antiguo Tawantinsuyu y con el del "interior argentino" del siglo XIX. LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS consistirán en analizar a) el sistema de dominación colonial en sus especificidades normativas, en el Tucumán en general y en Cordoba en particular, comparandolo con el implementado en las zonas centrales del virreinato peruano para comprender las causas que pudieron haber incidido en las dinámicas específicas que en estas tierras asumieron los procesos de reproducción, transformación, adaptación y etnogénesis de las sociedades indígenas que persistieron, y el paulatino tránsito de una parte de ellas hacia la conformación de sociedades campesinas. b) dichos procesos de transformación de las sociedades indígenas y campesinas y explorando sus formas de resistencia y adaptación. c) las características del sistema de dominación colonial, particularmente las múltiples y cambiantes relaciones entre estado, iglesia y poder privado así como entre las diversas instancias de poder político (local y regional). d) las políticas desplegadas en el sistema judicial y sus consecuencias en términos del acceso a la justicia de los sectores subalternos. HIPÓTESIS. a) Si bien luego de la conquista y durante el período colonial las sociedades indígenas sufrieron una fuerte desestructuración, investigaciones recientes nos han permitido conocer que varias de ellas lograron persistir como "pueblos de indios" y como economías étnicas transformadas, todo lo cual explicamos por el grado de complejidad social preexistente, la capacidad de adaptación de dichas sociedades a las imposiciones del sistema de dominación y explotación colonial y con las acciones de resistencia desplegadas. b) Dentro del universo de las sociedades desestructuradas, se irán conformando unidades domésticas campesinas con características socio-culturales y con lógicas específicas de reproducción bien particulares en lo referido a sus formas de acceso a los recursos, el uso de la energía disponible y a las formas de producción y participación mercantil. METODOS Y FUENTES. Se recuperan metodologías y perspectivas de la historia económica social y de la etnohistoria; y en los proyectos específicos se incorporan también las provenientes de la demografía, historia eclesiástica, historia política y análisis de redes. Al tratarse de una investigación histórica, el análisis crítico de las fuentes provendrá de la reconstrucción de su contexto de producción, de su entrecruzamiento y confrontación. La documentación inédita a consultar será completa y variada y proveniente de distintos repositorios: AGI, ABNB, AGN, AHPBA, AHPC, AAC. En general se ESPERA profundizar nuestros proyectos en curso (que están orientados al análisis de los grupos subalternos de la Gobernación del Tucumán) mientras se continúa con la formación de recursos humanos.

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Este libro reúne las ideas que académicos y funcionarios expresaron en el encuentro fronterizo colombo-venezolano “Vecindad sin límites, que tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta, con el objetivo de analizar las dinámicas de la región fronteriza, en particular aquellas concernientes a la Zona de Integración Fronteriza (ZIF) entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira. La puesta en marcha de esta zona de integración ha generado grandes expectativas entre los nativos de estas regiones, ya que ha para ellos la ZIF se puede convertir en un instrumento que permita mejorar sus condiciones de vida; tendiendo en cuenta que, tradicionalmente, las regiones de frontera son las que menos se benefician del desarrollo de sus países, por lo que sus habitantes se ven obligados a enfrentar múltiples problemáticas en el día a día. De la misma manera, para ambos países la ZIF es la oportunidad para avanzar en varios proyectos de integración y cooperación fronteriza. A Colombia y Venezuela los une una vecindad inexorable y compleja, sin límites, que requiere ser comprendida en el ánimo de fortalecerla. Esta publicación va dirigida a los ciudadanos interesados en las dinámicas y perspectivas de la región fronteriza y de las relaciones binacionales entre ambos países.

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Durante las últimas décadas, Centroamérica ha sido víctima de un fenómeno social que sin duda alguna ha generado temor al interior de las naciones. La región ha experimentado el actuar de las maras, la amenaza de agrupaciones que con el tiempo se han tornado más violentas y complejas. Las prácticas de las pandillas en estos países se han convertido en una problemática real, y la seguridad en tema central para las autoridades. Es por esto, que los gobernantes se han visto en la necesidad de intervenir por medio de la implementación de políticas públicas que de alguna manera atenúen el difícil reto que hoy afrontan. Sin embargo, algunas de las medidas adoptadas han estado determinadas por la contención y el uso de la fuerza, instaurando de cierto modo una cultura política autoritaria.

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El derecho de negociación colectiva de los empleados públicos contemplados en los Convenios de la OIT aprobados y ratificados por Colombia, ha sido limitado en varios aspectos, por su forma de vinculación con la administración, el ejercicio de la función pública y la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado. Por lo anterior se necesita adaptar las disposiciones laborales vigentes a los instrumentos internacionales suscritos por el país, para lograr el equilibrio de las garantías y las cargas de los empleados públicos.

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El siguiente trabajo de grado denominado "Análisis del diferendo jurídico y político entre Colombia y Venezuela con respecto al dominio sobre el Golfo de Coquivacoa/ de Venezuela y sus límites Marítimos, 1952-2010-2010", tiene dos objetivos principales. El primero, es actualizar al lector sobre las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela a través de un barrido histórico-jurídico, identificando cuales han sido los intereses geopolíticos de cada Estado en el Golfo de Coquivacoa/Venezuela. A su vez, el segundo objetivo, es proponer una solución al diferendo retomando la figura jurídica de Condominio.

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La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los últimos años, ha establecido una serie de criterios y medidas que configurarían un catálogo de disposiciones que deben emprender los Estados para garantizar la real protección del derecho de propiedad de las comunidades indígenas y tribales. Dichas medidas deben ser implementadas en los procesos de formalización y titularización de las tierras ancestrales ocupadas, en la delimitación y demarcación del terreno, en la restitución de porciones de tierra pérdida, en la estipulación de criterios para el otorgamiento de tierras alternativas; y en los estudios que tiendan a establecer políticas públicas para la satisfacción de las necesidades de las comunidades relativas a la producción y posesión de la tierra como mecanismo idóneo para el mantenimiento de condiciones de vida digna. La regulación colombiana para las tierras de las comunidades indígenas y las comunidades afrocolombianas presenta aspectos divergentes: las primeras poseen una reglamentación destinada a la ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas, y las segundas están regidas bajo un estatuto general de la propiedad colectiva y adjudicación de baldíos. En los dos sistemas, los procedimientos son complejos, tardíos, confusos, requieren de sofisticados prerrequisitos, y ante todo su estructura está basada bajo criterios de una sociedad no indígena y no tribal. Adicionalmente, el compendio normativo en materia de titulación, delimitación y demarcación de tierras de comunidades afrocolombianas antes enunciado, presenta diversas lagunas normativas que se acentúan con la carencia de actualización de dicha regulación a las condiciones actuales si se tiene en cuenta que no ha existido modificación a la misma en los últimos 19 años, y que hacen necesario aplicar analógicamente las disposiciones del Código Civil en materia de propiedad individual a efectos de dar respuesta a los supuestos de hecho no contemplados.