1000 resultados para Art 62 Código del Régimen Político y Municipal
Resumo:
El texto analiza la forma en que la Constitución vigente regula la estructura, atribuciones y funcionamiento de los organismos de control y propone la forma en la que el tema debe ser tratado en una nueva Constitución. Para ello, se considera necesario tomar en cuenta la naturaleza de cada institución, lo que implica quitar a la Procuraduría General del Estado el carácter de órgano de control, y establecer un sistema de control fuerte concentrado en una única institución y no, como ocurre actualmente, disperso en varias entidades. La eliminación de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción se muestra por ello como necesaria y, para contribuir a la independencia de la Contraloría General del Estado, poner especial atención en el período de funciones del Contralor, a fin de que éste no coincida con los períodos presidenciales. La utilización de las nuevas tecnologías para informar a la ciudadanía y permitir su participación en el control de la gestión pública es, también, indispensable.
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La actualidad de los procesos de integración económica ha incentivado la elaboración de trabajos de toda complexión en una materia cuyo eje central gira en tomo a lo político y económico. Como se sabe, la cuestión se inscribe en una nueva estructura de las relaciones internacionales, donde las fronteras del Estado-nación propias de los siglos XVIII y XIX, se desdibujan en provecho de la conformación de espacios más amplios. En nuestra literatura el caso particular de la Unión Europea que es el modelo más conocido, presenta un complejo desarrollo político, social, económico y jurídico desde los respectivos ""Estados de Derecho"" que el Derecho Derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo han sabido construir. Desde esta perspectiva, en esta investigación se ensayarán algunas reflexiones sobre la evolución del proceso europeo de integración, atendiendo en primera instancia a sus antecedentes históricos y construcción jurídica, para después ingresar al análisis de lo que es el Mercosur, su sistema de solución de diferencias y a posteriori, concluir con algunas consideraciones a propósito de la posible creación de un tribunal de justicia supranacional.
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El artículo analiza, a la luz de la evidencia empírica, la hipótesis acerca de que la coyuntura política actual es, en efecto crítica, pero que no marca un giro hacia la izquierda, sino la culminación de un largo período de ajuste político en los Andes. Tomando como punto de partida la coyuntura electoral andina del 2006, el autor clasifica a los países de la región en dos grupos: aquellos en los que el proceso de ajuste ha culminado, produciendo nuevas configuraciones de actores político-electorales (partidos y/o movimientos), este conjunto incluye a Venezuela y Colombia. Y un segundo grupo de países en los que el ajuste estaría todavía en proceso: Ecuador, Perú y Bolivia.
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Esta tesis tiene como propósito demostrar las relaciones inequitativas entre las empresas transnacionales y las empresas nacionales de petróleo. Aborda inicialmente desde el contexto de las relaciones internacionales que se dan en torno al petróleo y a los hidrocarburos en general, para luego examinarlas desde una visión desde las transacciones globales y sus tendencias. Posteriormente enfatiza el análisis jurídico-político en el estudio del caso Occidental – Petroecuador, con una revisión previa en el marco institucional y económico en el que se desarrolla este caso. El análisis se establece especialmente en un marco temporal contemporáneo, refiriéndose, cuando es necesario para contextualizar el complejo manejo de los hidrocarburos, a fechas claves que permiten entender determinados fenómenos actuales.
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El presente trabajo tiene por objeto principal el aclarar varios conceptos respecto a la materia petrolera, y dar énfasis dentro de aquella a los aspectos tributarios. Por ello durante este trabajo se estudiará las principales formas contractuales en relación con las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Se pretende dar una visión sobre el alcance los órganos encargados del control petrolero, y sí, en realidad tal control se existe. Más adelante se hará un análisis constitucional sobre las principales normas que protegen a los inversionistas extranjeros que invierten sus capitales en el Ecuador, respecto de la actividad petrolera. Se estudiará la posición del Servicio de Rentas Internas en cuanto hace relación a la devolución del impuesto al valor agregado, solicitado, por las compañías petroleras, mediante sendos recursos administrativos tributarios y demandas judiciales, éstas últimas que en la mayoría de los casos fueron rechazas, y unas pocas aceptadas parcialmente, solo respecto a una diferencia equivalente al dos por ciento producto del incremento de la tarifa del impuesto al valor agregado del diez al doce por ciento, y previo la verificación del Servicio de Rentas Internas a la contabilidad de las compañías actoras, para determinar si dicho impuesto se lo imputó o no al gasto. De manera somera se dará una exposición sobre cuestiones procesales tributarias, y al final realizar las conclusiones y recomendaciones del caso.
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Es indiscutible la importancia que para el Ecuador tiene su sector agrícola, tanto como fuente de ingreso de divisas como proveedor de trabajo y alimentos. Su papel estratégico es mas claro si se piensa que en este último subsector influyen fuertemente elementos exógenos como la existencia de subsidios en muchos países productores, las presiones por liberar el comercio internacional, los esfuerzos de integración regional y el veloz ritmo de las innovaciones en el área de la biotecnología. La preocupación por estos temas ha aumentado al considerar prospectivamente factores como los cambios climáticos y el agotamiento de las fuentes de agua de riego, los cuales tienden a ser mas críticos con el paso del tiempo. Es por ello que en esta nueva fase del desarrollo político y económico de América Latina revalorizar el papel de la agricultura, la cual es indispensable para superar contradicciones y retrasos sociales, implica la revalorización de la agricultura, y particularmente de la tecnología en ella, como instrumento de competitividad. Por otro lado, en este país la cooperación técnica internacional es fuente alternativa de recursos para la institución responsable de la investigación agrícola, uno de los elementos claves en el proceso de innovación técnica, el cual a su vez tiene gran peso en el logro de mayores niveles de productividad y competitividad, así como en el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad. Si el cambio técnico es fundamental lo es mas si es sostenible, autónomo, participativo y es generado por demandas endógenas que contribuyan a satisfacer en primer lugar las necesidades propias de la sociedad. Para ello la cooperación es indispensable, pero no debe limitarse solamente a aquella, caracterizada por inducir el cambio tecnológico a partir de la oferta, y por su unidireccionalidad y unilateralidad, sino que debe concebirse como una red en la que 10 interactúan horizontalmente, demandantes, academia y empresa privada, al igual que otras instituciones de nivel regional e internacional. Por lo anterior es preciso examinar los vínculos existentes entre formas de cooperación y procesos de cambio técnico en la agricultura, - específicamente en el caso de un producto que como el maíz tiene una gran relevancia tanto en lo económico como en lo cultural -, con el afán de establecer los beneficios, alcance y limitaciones de dicha cooperación en lo referente a: la producción, productividad del cultivo. La calidad de vida de los sectores a los que fue dirigida la ayuda, y la sustentabilidad de la capacidad tecnológica. En las teorías sobre el cambio técnico, ha adquirido una creciente importancia un enfoque sistémico, evolutivo, institucional, que, a diferencia del enfoque ortodoxo lineal y determinista de cambio inducido por la oferta, enfatiza en la multiplicidad de interrelaciones entre los diversos subsistemas que intervienen en la dinámica de la sociedad. Es decir que incluye en el análisis factores económicos sociales políticos culturales e institucionales, entendidos estos como costumbres, pautas, actitudes, orientaciones, estímulos que guían la acción de la sociedad. Para exponer los resultados de la investigación, en primer lugar haremos una breve reseña de las líneas fundamentales a lo largo de las cuales ha evolucionado la economía mundial en la década de los 90 relevando las conexiones con el desarrollo de la cooperación técnica en el sector agrario ecuatoriano. Detallaremos aquí el rol desempeñado por el INIAP como receptor de la cooperación técnica internacional, que se ha centralizado en el caso del maíz en el CIMMYT. Es en este período cuando se intensifica el proceso de reformas modernizadoras, contenidas en los programas de ajuste estructural, se sanciona una nueva ley de reforma agraria, se eliminan las empresas comercializadoras del sector público, se adhiere el país a la OMC y se pone en marcha el arancel externo de la comunidad andina.
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“RASTROS Y ROSTROS DEL PODER EN LA PROVINCIA DE PASTO‐SIGLO XIX” trata de inquirir y configurar analíticamente el singular tema y trama del poder en la Provincia de Pasto (región suroccidental de la actual República de Colombia) en los albores del siglo XIX; en el contexto y coyuntura de los procesos de desestructuración del régimen colonial y estructuración del régimen republicano. Considerando, particularmente, la postura diferenciada de la “nobleza” pastusa frente a las opciones autonomistas, independentistas y republicanas que le valieron para la posteridad el estigma de “realistas” e “ignorantes”. Sospechando de los argumentos estigmatizadores se discurre sobre la posibilidad, por una parte, de hallar en los “nobles” pastusos una latente y subrepticia ambición de girar alrededor de un polo de desarrollo diferente, de acuerdo a lo recomendado por su tradición y las circunstancias geográficas, históricas y políticas; de entender la expectativa de los pastusos por disponer, para su mayor “progreso”, de su propia formación socio política y hasta su propia soberanía territorial con sus organismos propios en lo civil, en lo eclesiástico y en lo militar, incluyendo sus propias contradicciones y conflictos; al mismo tiempo, considerando, que fue la familia semiextendida de “nobles pastusos”, con su legado y entramado familiar y parental, con sus redes sociales y políticas, con su prestigio y sus honores, con sus posesiones agrarias y su comercio, con su membrecía y organización territorial y con sus posiciones en el gobierno local, con relativas excepciones, la estructura y estrategia primordial de poder y confrontación. Que, sin embargo, paradójicamente, dentro de esta tradición y estrategia de unidad consanguínea o familiar indiscutible, el poder, los procesos y los acontecimientos históricos y políticos estuvieron movidos por la escisión parental, agitada por intereses materiales y pasiones, privilegios, honores y otras intimidades particulares, correspondientes a la “herencia inmaterial” o capital relacional (nombre, status, honra, estimación social, que ni se pesa, ni se mide, ni se tasa) de los linajes y familias.
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La investigación jurídica trata acerca de una de las instituciones estatales, descentralizadas y autónomas, la empresa pública. Su estudio desde el lado jurídico en el país, no ha merecido mayor interés, por lo que se considera necesario abordar este tema con la amplitud que merece, pues a partir de la Constitución del año 2008 y con la expedición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, esta figura institucional forma parte en el Ecuador de la estrategia política que se ha dado en llamar “la recuperación de lo público”. La tesis parte de una contextualización teórica e histórica señalando el tránsito del rol del Estado, desde el Estado liberal hasta el Estado de Bienestar, hito con el cual el Estado amplía su radio de acción, reorientando su gestión hacia la prestación de servicios públicos, encaminados a satisfacer las necesidades de las personas, y caracterizado también por la presencia decisiva del Estado en la economía, no solamente como regulador o fomentador de actividades económicas, sino también como empresario. La tesis busca revelar los diferentes momentos en los que el Estado interviene o deja de intervenir en la economía, adicionalmente y a lo largo de su desarrollo, presenta y analiza la tensión que existe entre la publificación o la privatización conforme los objetos y finalidades sociales que persigue la empresa pública. Finalmente, realiza un análisis descriptivo, analítico y crítico del nuevo régimen jurídico que actualmente regula y controla la creación, organización, funcionamiento y gestión de las empresas públicas en el país. Tema esencial, pues concluye que el paso dado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano contribuye a entender buena parte de los principios jurídicos propios de este tipo de entidades descentralizadas. Sin embargo, se concluye que pese al avance cualitativo registrado, aún no está completo el ordenamiento, pues todavía es necesario aclarar la naturaleza jurídica de la empresa pública, las condiciones que justifiquen su creación, organización y funcionamiento, su participación como competidor en el mercado, y su responsabilidad como proveedor de bienes o prestación de servicios públicos, además de otros aspectos.
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Durante los últimos cuatro meses, la crisis policial desplazó gran parte de los ejes del debate político y social en el país. Esquemáticamente, este último período se puede dividir en dos momentos y un interludio: hasta el fin del año 2010, mientras el gobierno intentaba normalizar las relaciones con los uniformados sin renunciar a su política de restructuración institucional, arreció una campaña política y mediática contra el gobierno centrada en el temor a la delincuencia y la exigencia de reforzar la seguridad ciudadana. Durante esos dos meses, por primera vez desde su llegada al poder, la agenda política estuvo marcada por la oposición y no por el gobierno. Entre enero y febrero de 2011, en un giro notable, gracias a la decisión presidencial de convocar a una consulta popular, el gobierno reconquistó la iniciativa política sobre el tema y cambió el eje de la discusión nacional hacia las preguntas y el nuevo proceso electoral. En el vértice de este giro político, a inicios de enero, el régimen ciudadano cumplió cuatro años en funciones, un récord de longevidad en un país que no ha visto gobiernos que terminen su mandato desde 1996. Durante ese breve interregno, en la discusión pública dominaron los balances globales de logros y dificultades. Este breve informe hará un análisis de esos tres momentos y tentará una lectura de su significado.
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El ministro de Relaciones Laborales ecuatoriano ha informado al país que prepara un nuevo Código del Trabajo. En verdad, se trata de un proyecto de reformas y no realmente un nuevo Código del Trabajo. Con ese antecedente, el presente artículo hace un análisis de las propuestas del Gobierno, dividiéndolas en tres grupos: unas inaceptables porque privarían a los trabajadores de derechos de los que vienen gozando y que están actualmente previstos en la legislación positiva, y porque serían manifiestamente inconstitucionales, otras reformas serían enunciados abstractos sobre los cuales cabe su desarrollo mediante normas que lo mismo pueden ser favorables que perjudiciales a trabajadores y trabajadoras, por lo tanto, no es dable ni respaldar ni combatir su adopción, y, finalmente, aquellos temas que, siendo imprescindibles, no son planteados en la propuesta de reformas.
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Dada la inminencia de la reforma laboral que pretende expresarse en un nuevo Código del Trabajo, en este pequeño ensayo se busca explorar los elementos más importantes de esa transformación, para ello se plantean dos tesis: la primera relativa a la influencia del contexto económico en la reforma laboral, es decir, es la estrategia denominada “cambio de matriz productiva” la que determinará la forma de trabajo y de trabajador que desde el Estado se impulsa, la otra tesis está relacionada con el avance de las reformas, no en el sentido de los diálogos con las organizaciones de trabajadores, empleadores y el Estado, sino desde los visos de lo que será el nuevo Código del Trabajo, que ya empiezan a identificarse en las múltiples normas de carácter secundario que en estos años ha emitido el ejecutivo, ya sea como Ministerio de Relaciones Laborales o como Presidencia de la República.
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El presente trabajo académico de investigación trata sobre el reconocimiento constitucional de la propiedad de los territorios comunales ancestrales existentes en el Distrito Metropolitano de Quito en relación con la problemática del ordenamiento y control urbanístico debido a que históricamente han estado excluidos de los modelos de gestión territorial por reunir unas características distintas al modelo de propiedad individual. Esta exclusión se evidencia en la falta de un cuerpo jurídico normativo en la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Quito que establezca criterios sobre la aplicación del Derecho Urbanístico en las comunas ancestrales. El abordaje temático se realiza en tres capítulos. En el primero se muestra el proceso de conformación de las comunas ancestrales como procesos históricos de resistencia socio cultural que han obtenido el reconocimiento de que al Ecuador selo defina como un país unitario pero diverso en aplicación de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Posteriormente, se examinanlosprincipales aspectos del Derecho Urbanístico existente en el modelo de gestión territorial ecuatoriano caracterizado por el principio de descentralización, recogido teóricamente en la normativa ecuatoriana pero polémico en la aplicación práctica; y, la participación protagónica de los sujetos sociales en la gestión pública. Para finalmente, vincular la teoría analizada con la realidad territorial comunal aportando a través de la generación de sugerencias prácticas en la solución de los principales problemas urbanísticos que se recogen en un proyecto de ordenanza metropolitana.
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Las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo se encuadran dentro del Derecho Público y su principal objetivo es el manejo de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos. A pesar de la importancia que tiene este tipo de empresas dentro del quehacer diario del Estado en la gestión y administración pública, a éstas tras el pronunciamiento del Procurador General del Estado en el año 2010 (Oficio de Absolución de Consulta No. 00146 de 22 de diciembre de 2010), por no ser parte de la Función Ejecutiva, no les es aplicable el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), norma de carácter general que regula la Administración Pública, lo que ocasiona que varios ámbitos a ser desarrollados por estas empresas queden desamparados y faltos de normativa, entre ellos los procesos de impugnación de los actos administrativos. La importancia del tema radica en el hecho de que el ERJAFE determina los procesos administrativos fundamentales, entre los que se encuentran los procesos de impugnación de actos administrativos, para el correcto desenvolvimiento de la Administración Pública, por lo que la imposibilidad de aplicar esta normativa es crítica y genera inseguridad, tanto para las Empresas Públicas como para sus administrados. Este trabajo busca realizar un análisis de la problemática que aqueja a las Empresas Públicas creadas mediante Decreto Ejecutivo, al momento de atender los procesos de impugnación de los actos administrativos, por la imposibilidad de aplicar el ERJAFE y por no contar con una norma supletoria que subsane este vacío legal, traduciéndose así en inseguridad jurídica para los administrados.