770 resultados para Administración de justicia España s.XVI leyes


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La reducción de la demanda, específicamente por medios alternativos al sistema penal tradicional, ha sido uno de los componentes más discutidos en los análisis que abordan la lucha contra las drogas. Este artículo se propone determinar el papel de la Organización de Estados Americanos en el establecimiento de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos como mecanismo de reducción del daño en el periodo comprendido entre 1989 y 2013. Se sugiere que la organización internacional, a través de la CICAD, ha jugado un papel de promoción, y evaluación de los Tribunales de Tratamiento de Drogas en Estados Unidos, generando presión entre sus Estados miembro, dada la necesidad de instaurar alternativas legales de reducción del daño. Sin embargo, se presentan deficiencias en los mecanismos de evaluación, ya que las indicaciones realizadas no tienen un carácter obligatorio y por tanto las determinaciones de la CICAD no necesariamente son adoptadas.

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Esta investigación tiene como objetivo estudiar la relación que existe entre política criminal y los derechos humanos carcelarios durante el desarrollo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), y su incidencia en la cárcel Modelo de Bogotá. Pues en Colombia, al amparo de un discurso meramente punitivo, la pena privativa de la libertad se ha vuelto el fin último del aparato judicial, lo que ha ocasionado altos índices de hacinamiento y, colateralmente, violaciones a los derechos fundamentales de la población reclusa en Colombia. Esta investigación se centra en el análisis de la política criminal, entendida como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado. En este sentido, se pretende demostrar que la política criminal se ha enfocado en la pena más que en la prevención y/o la reinserción.

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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel del Centro Forjar Ciudad Bolívar en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes infractores, basado en la teoría de la justicia restaurativa que se busca generar desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De esta manera, se pretende demostrar que, al ser una política pública para generar una justicia restaurativa, su implementación ha sido fundamental dentro de la localidad, para generar un proceso de reinserción social y acompañamiento para evitar la reincidencia de actos delictivos de estos adolescentes. Para lograr este objetivo se utilizará un análisis metodológico cualitativo, basándose en estudios de las fuentes primarias, trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas en el Centro Forjar de Ciudad Bolívar, para entender el impacto de la política pública en la localidad.

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Objetivo: Establecer la relación entre la percepción de seguridad con los factores ocupacionales y socio demográficos de los trabajadores pertenecientes a 11 clínicas odontológicos particulares en Bogotá. Materiales y métodos: Estudio de corte transversal en población de trabajadores pertenecientes a clínicas odontológicas particulares de Bogotá (Colombia). La muestra incluyó 105 odontólogos y 107 auxiliares pertenecientes a 11 clínicas odontológicas privadas en Bogotá que cumplieron con los criterios de selección. Se incluyeron variables ocupacionales y socio demográficas y las relacionadas con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se aplicó el “Cuestionario Nórdico Sobre Seguridad en el Trabajo. Para los factores socio-demográficos de la población estudiada, se utilizó estadística descriptiva, medidas de frecuencia absoluta y porcentual, las variables cuantitativas se describieron con medidas de tendencia central y de dispersión; para la asociación de las variables cualitativas con el tipo de percepción se usó la prueba Ji Cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher para valores esperados menores de 5. Resultados: Las dimensiones con mejor percepción fueron las relacionadas con la confianza en la eficacia de los sistemas de seguridad (D7 3.35±0.43) y la Administración de justicia de seguridad (D3 3.1±0.55). Las dimensiones que evalúan la Gestión de empoderamiento de seguridad (D2 2.74±0.99) y la prioridad de los trabajadores con la seguridad (D5 2.64±0.54) tuvieron la menor percepción. La percepción de seguridad fue buena en general teniendo en cuenta que el promedio de todas las dimensiones fue superior a 2.5; percepción mayor significativamente en los hombres (3.78±0.38), odontólogos (3.89±0.38) y personal que tienen o han tenido pareja (3.83±0.4). Las personas con más trabajos adicionales (4.07±0.17), mayor nivel educativo (3.89±0.31), mayor antigüedad laboral (3.92±0.51) y trabajadores mayores de 30 años (3.89±0.35), mostraron mejor percepción de seguridad. En el análisis multivariado los factores cargo y antigüedad laboral encontraron asociación en las dimensiones 2, 4 y 6 (p<0.001), mientras que para las variables numéricas, las dimensiones 1, 3, 4 y 6 tuvieron asociación significativa las variables género y posición (p<0.001). Conclusiones: La percepción de seguridad en las siete dimensiones se relacionó con el género, edad, estado civil, nivel educativo, cargo, posición y antigüedad laboral. No se encontraron diferencias significativas por turno de trabajo o clínica.

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El trabajo de investigación es un estudio de caso que pretende analizar la forma en que factores del contexto institucional y la capacidad de influencia de ciertos actores se reflejan en la discusión y aprobación de la Ley 975 de 2005. Factores del contexto institucional y la capacidad de influencia sobre las posiciones asumidas por los actores políticos y sociales en las diferentes etapas del proceso legislativo y sobre las decisiones que se tomaron para la aprobación de la Ley, en torno a dos elementos fundamentales de ésta que son el delito político y la rebaja de penas. Para ello, se tiene en cuenta el enfoque neo-institucional y el concepto de agencia.

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El objeto del presente trabajo final de grado es analizar la viabilidad de la implementación de la figura del jurado de conciencia en el sistema penal colombiano, que fue suprimida mediante el Decreto 1861 de 1989. A su vez, hacer un análisis de derecho comparado con el fin de determinar los aspectos positivos y negativos de la implementación de los jurados en otros sistemas jurídicos. El resultado del análisis propuesto pretende determinar si es procedente la implementación de los jurados de conciencia en Colombia.

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De acuerdo a la normativa de TFEs el repositorio no puede dar acceso a este trabajo. Para consultarlo póngase en contacto con el tutor del trabajo. Puede acceder al resumen del mismo pinchando en el pdf adjunto

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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.

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A continuación apuesto por la metodología de lectura histórica marxista propuesta por Frederic Jameson basada en una “reescritura fuerte” (Jameson 1989, 48). Del texto sobre las clases oprimidas (Mömer 1992, 28), y sus tres marcos concéntricos (Jameson 1989, 61-72): a) Historia política, b) Sociedad y tensión constitutiva entre la lucha de clases, c) Historia constitutiva de los modos de producción y el devenir de las formaciones sociales humanas. La Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias (De Paredes 1973, 1), emitidas por el Rey Carlos II de España y su Corte, fueron compiladas por primera vez en 1681. Su importancia para la presente investigación radica en las disposiciones emitidas para las clases dominadas por la Corona Española mediante el discurso de “condición racial inferior” y exclusión social establecidas por el poder monárquico, durante la época de la esclavitud en los reinos americanos del siglo XVI, cuando se estipulan castigos para “vagabundos, gitanos, mulatos, negros, berberiscos (norteafricanos) e indios” (De Paredes 1973, 285- 295), quienes sobrevivían en la América de esas fechas. Estos documentos retratan las ideologías dominadoras, el castigo sobre el cuerpo, los intereses del orden imperial frente al auge económico y las formas de explotación y crueldad a las cuales fueron sometidos estos grupos étnicos.

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La XVII Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal, se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia del 27 al 31 de enero de 1997. Participaron representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En calidad de observadores participaron representantes de Australia, Estados Unidos, Francia y Japón. Asimismo, concurrieron representantes de los siguientes organismos internacionales: Asociación de Despachantes de Aduanas del Uruguay, Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduanas (ASAPRA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Conferencia Latinoamericana de Empresas Courier (CLADEC), Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización Mundial de Aduanas (OMA), Unión Postal para las Américas, España y Portugal (UPAEP).