1000 resultados para qualidade do gasto público
Resumo:
La vinculación entre los derechos humanos y la tributación ha evidenciando una nueva perspectiva respecto de este principio constitucional. De modo que, hoy en día, la igualdad fiscal no puede ser apreciada materialmente desde la sola perspectiva de la generalidad, sino que supone un juicio integrado visto desde la interdependencia de los principios de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. La capacidad contributiva es el eje sobre el cual se construyen tratos tributarios diferenciados legítimos, que garantizan un tratamiento igual para los iguales y uno desigual para los desiguales, en mérito a su desigualdad – precisamente – en su capacidad para contribuir. De esto trata el primer capítulo del presente trabajo de investigación; y, en uno de los títulos del segundo capítulo se propone, en definitiva, como consecuencia de lo dicho, como un principio tributario propiamente, el de no discriminación fiscal como la manifestación de la igualdad jurídica en esta materia. Ahora bien, la apreciación que antecede está relacionada directamente con el fin esencial de los tributos: recaudar dinero suficiente para el sostenimiento del gasto público; sin embargo, existen también tributos en los que prevalecen los fines extra-fiscales, es decir, aquellos ligados a la promoción o a la inhibición de determinados actos o hechos económicos, en cuyo caso, los principios que matizan la igualdad jurídica en el régimen tributario no son ya los mismos, pues, bajo la perspectiva de la política tributaria, son legítimos los tratos tributarios diferenciados fundados en una razón suficiente, sin que ésta trate ya de la capacidad contributiva. En el segundo capítulo se hace una reseña de este particular y se propone que en dichas condiciones, deben considerase nuevos límites materiales que garanticen la igualdad jurídica en los tributos finalistas (no recaudatorios). A dicho efecto realizó un breve análisis de los posibles supuestos de desigualdad que promueven ciertas normas dictadas recientemente: (1) la potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en Ecuador para reducir el valor de los tributos impuestos por ley por motivo del cumplimiento de ciertos fines de orden económico, (2) los incentivos tributarios de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y (3) la exclusión del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a quienes se dedican a la actividad del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. En tal virtud, finalmente, propongo como límites materiales que garantizan la igualdad en las figuras tributarias utilizadas como herramientas de política fiscal los principios de razonabilidad, el de equidad en la redistribución de la riqueza y el de neutralidad o de incidencia económica menor.
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El Gobierno a través de la política fiscal busca la recaudación de impuestos para cubrir el gasto público y una mejor distribución de la renta en su población. El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones publicado el 22 de diciembre de 2010 fue elaborado con el propósito de incentivar la inversión en el Ecuador y de esta forma lograr un crecimiento de aparato productivo. A través de este código, y mediante ley el Estado tiene un objetivo más profundo que es el crecimiento económico de todo un país para lo cual, sacrifica sus ingresos por mejorar la calidad de vida en sectores productivos. Es así que en el Código de la Producción se han establecido una serie de incentivos tributarios que permitirán a los empresarios beneficiarse en el pago de impuestos durante un período de tiempo, con el propósito de que los empresarios que apliquen estos incentivos, generen fuentes de empleo en sectores reprimidos y el desarrollo de la producción en ese sector lo que conlleva a una mejora en el estilo de vida. Se debe tomar en cuenta que estos beneficios tributarios aplican para empresas nuevas, por lo tanto los réditos fiscales que pueda tener el estado por estas empresas serán bajos o inclusive nulos, sin embargo, los sectores en los que se invertirá tendrán desarrollo económico y social de forma más equitativa con lo que se puede identificar que el gobierno al establecer esta norma tiene otros fines en beneficio de los contribuyentes. Con este trabajo se pondrá en evidencia el Gasto Tributario del gobierno como un fin extra fiscal así como también los beneficios empresariales que puede tener un inversionista nuevo con los incentivos tributarios.
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En virtud de que el sector público se ha constituido en uno de los motores principales que generan empleo y riqueza a nivel nacional, y que justamente recae sobre los procesos de adquisición, esta investigación está orientada a comprobar los porcentajes de ahorro que se generan con la utilización de esta herramienta. Es importante conocer y determinar si este modelo de negocios implantado es operativo y funcional; si estos procesos establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, permiten verificar si cumplen con el fin para el cual fueron creados, lo que concebiría con la optimización de recursos y un uso adecuado y racional del gasto público. El Sistema Nacional de Contratación Pública en el caso de Ecuador fue creado con el propósito de optimizar los procesos de compras en el sector público, con la finalidad de generar ahorro en el presupuesto general del Estado. Con estos antecedentes, este estudio tiene como finalidad aportar e identificar si se genera ahorro en los procesos de contratación establecidos por el SERCOP, si se está cumpliendo con los objetivos para el cual fueron creados. Es trascendente señalar que en todo proceso de contratación pública son aplicables varios principios generales, como es el caso de la legalidad, publicidad, de competencia o concurrencia, igualdad y el de participación nacional, elementos fundamentales a ser analizados con el propósito de determinar el ahorro generado al Estado Ecuatoriano. Cabe mencionar que para realizar el análisis respectivo de esta tesis, de acuerdo al tamaño de la muestra se determinó que 67 empresas del sector público sean encuestadas, con el propósito de obtener la información que permita establecer si existe ahorro en el gasto público.
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Este trabajo tiene su fundamento epistemológico en las relaciones existentes entre las políticas fiscales como instrumento de gestión macroeconómica, el crecimiento económico sostenido y la estabilidad. Es significativo señalar que la teoría keynesiana tradicional afirma que, en el corto plazo, la política fiscal tiene un efecto positivo sobre el nivel de la actividad económica, a través del multiplicador de los gastos. Por tanto, el gasto público es considerado un instrumento exógeno de política económica, que genera cambios en el nivel agregado del PIB real en el corto plazo y sirve para corregir las fluctuaciones cíclicas de la economía. En el Ecuador, la relación de causalidad entre gasto público y el crecimiento económico es un tema poco consensuado, que requiere un debate académico más profundo y que puede derivar en importantes implicaciones de política económica. Por esta razón, es importante determinar si en el país la política fiscal posee o no efectos keynesianos, en relación a la producción de la economía. Como preámbulo al desarrollo de esta publicación, se presentará una breve descripción de lo que es el Presupuesto General del Estado (PGE) como herramienta contable y auxiliar. Luego se presentan las cuatro secciones en las que se encuentra dividida esta tesis. La primera, examina la política fiscal del gobierno central desde el punto de vista de los ingresos, describiendo su evolución y cuyo análisis determinará sus proyecciones. La segunda parte, se enfoca en los gastos, tratando de establecer cuál ha sido su estructura, sus modificaciones y aplicaciones para lograr los objetivos de gobierno. En la tercera sección se presentan algunas consideraciones finales. En la última se presentan los resultados y las conclusiones.
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Este estudo objetiva investigar o estágio em que se encontra a auditoria operacional no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), quais as suas modalidades já foram realizadas, os benefícios gerados para a melhoria da gestão do gasto público e os estágios que faltam para ser considerada plenamente implementada. A pesquisa parte do pressuposto de que no TCE-RJ a auditoria operacional ainda se encontra num estágio embrionário, assim como em quase todos os Tribunais de Contas dos demais estados, e necessita avançar mais para alcançar o estágio pleno, uma vez que este tipo de auditoria amplia os seus papéis para além da fiscalização legal das ações governamentais, ao ter que verificar a existência de eficiência, eficácia, economicidade e efetividade nessas ações. Além de proporcionar o fortalecimento dos controles internos e aperfeiçoamento das rotinas e procedimentos dos órgãos auditados e abrir um canal para interação com os gestores públicos. Para materializar os objetivos fixados, levantamos todas as auditorias com enfoque de auditoria operacional ou de avaliação de programas realizados nos últimos dois anos no TCE-RJ, selecionamos então uma delas para uma análise detalhada dos seus conteúdos e benefícios gerados ao aperfeiçoamento da gestão pública. O estudo analisou, ainda, como os técnicos gestores do Tribunal percebem auditoria operacional, a fim de identificar os benefícios que ela traz e os estágios a serem alcançados para a sua plena implementação.
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É proposto aqui um modelo estrutural macroeconômico capaz de englobar os impactos das políticas fiscal e monetária do governo sobre os principais agregados macroeconômicos, assim como projetar seus efeitos no curto e médio prazos. Para tanto um sistema com dez equações é proposto. A primeira equação é uma do tipo IS, ligando o hiato do produto e suas defasagens à taxa de juros reais e à taxa de câmbio real. A segunda é uma versão da chamada Curva de Phillips, que liga a inflação, suas defasagens, e valores esperados futuros, ao hiato do produto e à taxa de câmbio nominal. A terceira é a uma equação da chamada Paridade de Juros não Coberta, que liga o diferencial das taxas interna e externa à desvalorização esperada da moeda doméstica e ao prêmio de risco de reter ativos domésticos. Complementa-se o sistema formado por essas três equações da seguinte forma: uma equação para o emprego representando o mercado de trabalho, duas equações que representariam o comportamento fiscal agregado - gasto público, arrecadação tributária - e duas que representariam a demanda por exportações e importações nacionais. Finalmente, são acrescentadas duas identidades que determinarão o caminho da dívida pública e o da dívida externa.
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O intuito desta dissertação é investigar a capacidade dos eleitores brasileiros em atribuir responsabilidade aos governadores dos estados e a seus partidos pelas políticas públicas estaduais no período após redemocratização, mais especificamente de 1990 em diante. De maneira breve, se tratou de verificar se a probabilidade de reeleição de um governador ou de perpetuação de seu partido no governo é influenciada pela performance econômica de seu estado, pela performance da economia nacional ou não é influenciada pela economia. Utilizando-se dos pressupostos das teorias do voto econômico, se pretendeu auferir a existência de algum dos dois padrões de responsabilização política de governadores apontados pela literatura: o voto econômico subnacional e o voto de referendo. Além disso, foi explorada a relação entre o desempenho fiscal do governador e probabilidade de reeleição. Também foi testada a possibilidade de que as diferenças entre os estados no contexto federativo contemporâneo sejam um fator mediador da relação entre economia e voto. De maneira geral, os resultados da pesquisa apontam para a existência de voto econômico subnacional mediado pelo grau de autonomia dos estados em relação ao governo federal e para a rejeição da tese do voto de referendo. Em estados mais dependentes os eleitores tendem a penalizar seus governadores por altos níveis de desemprego. Também o desempenho fiscal apareceu como uma variável importante para explicar a reeleição nos estados. Governadores que apresentam superávits correntes em anos eleitorais foram beneficiados eleitoralmente, contrariando a noção de que em democracias novas os políticos são capazes de melhorar seu desempenho eleitoral através de aumento do gasto público.
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O problema central do estudo foi identificar como se processam as decisões federativas em relação à intervenção legislativa no trato da questão orçamentária. As hipóteses que nortearam a tese objetivam explicar como as relações Executivo-Legislativo, sustentadas pelo presidencialismo de coalizão e pela representação territorializada se desenvolvem na arena congressual, limitada às instâncias legislativas e executivas que norteiam a política orçamentária. Através de um recorte teórico embasado nos princípios do federalismo instituído após a Constituição de 1988 se processou a análise das decisões relativas à participação do Poder Legislativo em parte da definição do gasto público. Se, por um lado, a representação legislativa nessa matéria se mostrou ampliada ao estender à arena congressual as principais decisões na fase de planejamento da política orçamentária, resultando em aquisição de expertise técnica e política aos parlamentares, por outro lado, a legitimidade democrática restrita ainda impera, pois estas decisões se restringem às prioridades demandadas pelo Executivo federal, impossibilitando o cumprimento efetivo da demanda representada pelos congressistas. A investigação ocorreu em níveis distintos: a)uma análise históricocrítica da evolução do federalismo e da representação política brasileira permeadas pela predominância do Poder Executivo nas decisões do Estado e, b) uma análise comparativa do encaminhamento das emendas parlamentares de bancada dos vinte e seis estados e DF brasileiros ao Orçamento da União e a posterior liberação dos recursos pelo Executivo federal. Procurou-se identificar como o fenômeno da desproporcionalidade da representação dos estados brasileiros afeta as decisões federativas em política orçamentária e estabelece determinado perfil da representação política nacional em relação às demandas por recursos federais. Identificou-se o perfil da representação política através das demandas parlamentares encaminhadas pelas emendas de bancada no período de 1996 a 2001, e apurou-se que este vem sendo determinado pelo interesse estadual e pelas demandas específicas do Executivo federal em detrimento do interesse municipal. A representação política expressa na intervenção legislativa em matéria orçamentária produziu efeitos que correspondem majoritariamente a uma representação ampliada e universalista voltada ao fortalecimento do desenvolvimento regional, ainda que para as regiões Norte e Nordeste a representação regional se manifeste fragmentada, no caso da primeira, e resulte no insulamento das ações, no caso da segunda. Apesar do interesse estadual estar canalizado para o desenvolvimento regional, as singularidades da representação em cada estado e região brasileira v indicam que a preocupação com a rede de proteção social ao cidadão encontrou respaldo nas prioridades das bancadas dos estados e regiões desenvolvidas e menos desenvolvidas. Nos estados desenvolvidos a pressão pela liberação dos recursos foi maior, havendo, assim, a sensibilização e implementação de obras sociais pelo Executivo federal, ao passo que as bancadas de estados e regiões menos desenvolvidas priorizaram o aumento da infra-estrutura para o escoamento da produção (rodovias, portos, infra-estrutura hídrica). O princípio da justiça federativa, um dos pilares do federalismo brasileiro no que tange ao caráter redistributivo dos recursos federais disponibilizados nas transferências voluntárias, está sendo consolidado pela contribuição da intervenção legislativa em matéria orçamentária, pois vem beneficiando estados de menor população, mesmo que ainda não tenha sido observado o critério da renda estadual.
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A educação pública brasileira apresentou grandes avanços nas últimas décadas, como a ampliação do acesso, mas a sua qualidade ainda está aquém do desejável. Visando à melhoria da qualidade do ensino público, importantes iniciativas vêm sendo lançadas, tanto pelo governo quanto pela sociedade civil. Uma destas iniciativas, lançada recentemente pelo governo Lula, foi o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), que apresentou como novidade o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A sociedade civil também tem buscado organizar-se em coalizões, visando a articular atores de diversas instituições, governamentais e não-governamentais, sob uma mesma bandeira: a luta por uma educação pública de qualidade. Identificamos duas coalizões advocatórias em formação no Brasil: a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Todos pela Educação, que, apesar do objetivo comum, possuem origens, composições, fontes de recursos, metas, formas de atuação e de relacionamento com o governo completamente diferentes. Considerando este contexto, buscamos, neste trabalho, a partir de levantamento de dados e da realização de entrevistas com atores internos e externos às duas coalizões, analisar o seu processo de formação e suas estratégias para influenciar a definição e a implementação de uma política pública de caráter nacional.
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Este trabalho busca estimar a relação entre a oferta de trabalho, gasto público e transferências diretas no Brasil. Esta estimativa é fundamental para calcular o custo marginal do financiamento do setor público, em um regime de orçamento equilibrado e com provisão de cestas de bens físicos e monetários (Duarte e Mattos, 2008). São levadas em consideração transferências individuais (o Bolsa-Escola, PETI, previdência etc.) como gastos públicos apropriados pelos indivíduos e não como renda involuntária, diferentemente da literatura. Busca-se com isto, separar os efeitos destes gastos apropriados daqueles agregados, em termos de resposta da oferta de trabalho. Usando os dados para o Brasil – PNAD 2004, separamos os gastos agregados e os gastos apropriados pelo governo para estimarmos a resposta da oferta de trabalho. Os resultados sugerem que os gastos públicos (apropriados e não) podem ter um efeito significativo na oferta de trabalho o que implica que devem ser considerados para estimar o custo marginal do financiamento do setor público no Brasil.
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O presente trabalho procura identificar e mensurar as distorções causadas por diferentes tipos de impostos, mas de uma perspectiva analítica em uma pequena economia aberta habitada por consumidores com horizonte de vida infinito. O referencial teórico neoclássico permite apontar as distorções intratemporais e intertemporais no consumo e lazer e suas conseqüências sobre a balança comercial, a conta corrente e o nível de endividamento da economia. Será considerado como dado o nível de gasto público e serão analisadas as alternativas possíveis de impostos em relação ao caso lump-sum. Serão trabalhados os seguintes tipos de impostos: imposto sobre consumo, imposto sobre ativos financeiros, imposto sobre a renda do trabalho e do capital e imposto sobre a produção que, em linhas gerais, representam os principais impostos adotados no Brasil.
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Os investimentos são unanimemente considerados pelos economistas como o coração da economia. Entre as diversas variáveis que afetam os investimentos privados as mais estudadas são as formas de financiamento do déficit público que afetam o ambiente macroeconômico: colocação de dívida ou emissão monetária. Menos atenção tem sido dada às formas de gasto público que afetam o ambiente microeconômico das empresas: aumentos dos salários no setor público podem afetar os salários do setor privado com impactos negativos sobre a lucratividade das empresas e de seus investimentos; por outro lado aumentos dos investimentos públicos, principalmente em infra estrutura tendem a ter impacto oposto. Esta dissertação estimou o impacto destas diferentes formas de gasto público para os investimentos privados Brasil nos últimos 50 anos, utilizando um modelo de correção de erros. No longo prazo se confirmam as previsões microeconômicas: enquanto os investimentos públicos afetam positivamente o investimento privado, os salários do setor público afetam negativamente esta variável. Já no curto prazo apenas o investimento público e privado defasado permaneceram significantes, cujos coeficientes apresentam os mesmos sinas da equação de longo prazo.
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Este trabalho cria um modelo teórico para explicar o motivo pelo qual países pobres gastam em educação pública relativamente menos do que os países ricos. A idéia central é que em sociedades onde existem imperfeições no mercado de crédito, os eleitores não só tomam menos educação, como também demandam menos investimentos públicos em educação. Se comparam dois cenários: onde não há e onde há restrição de crédito. No primeiro cenário, os indivíduos votam de maneira unânime para que os recursos públicos sejam gastos em educação. No segundo cenário, no entanto, a preferência por gastos educacionais não é mais unânime e se torna uma função da renda do agente. O equilíbrio político nesse cenário é dado pelo eleitor que possui a renda mediana e o gasto público em educação é menor do que no primeiro cenário.
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O objetivo desse artigo é analisar o impacto da política fiscal sobre diversas variáveis macroeconômicas dos EUA. A metodologia do trabalho empírico baseia-se em um modelo VAR estrutural que incorpora fatores latentes (FAVAR) e para o qual desenvolve-se um esquema de identificação específico. Visto que os fatores são estimados por principal components, estes aproximam-se muito das séries observadas de produção industrial e taxa de juros. Como será visto, este resultado é de fundamental importância para a hipótese de identificação e a escolha dos instrumentos do modelo VAR. Por meio das funções de resposta ao impulso analisa-se os efeitos de um aumento do gasto do governo sobre variáveis de produto e consumo e, por sua vez, corroborando a hipótese de que tanto o PIB quanto as despesas de consumo das famílias aumentam depois desse choque exógeno. Em particular esse efeito sobre o consumo também é verificado quando separamos os indivíduos em várias classes de acordo com renda. Olhando cuidadosamente no entanto pode-se perceber que um aumento no gasto público possui mais impacto sobre os consumidores de renda mais baixa. Ou seja, é provável que por estarem sujeitas a restrições de crédito, as classes mais baixas tem mais dificuldade em suavizar o consumo após um choque agregado.