939 resultados para Rights-of-Way.


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La energía eléctrica y los bienes o activos eléctricos (de acuerdo con la definición técnica) con que se lleva a cabo su prestación, goza de una particular regulación y normatividad, explicables por la importancia capital de este servicio público, sumado al diseño institucional traído por la constitución de 1991, lo que la hace especialmente compleja, dinámica y abierta a precisiones. Es ese sentido, se parte de un entendimiento inicial de todos los activos que conforman una red de generación, transmisión y distribución eléctrica, para de esa forma comenzar a esbozar el régimen jurídico de los mismos, dependiendo de su posición dentro de la cadena de suministro eléctrico. Una vez concluido este acercamiento, se abordan los principales problemas previsibles desde una perspectiva puramente académica, como por ejemplo el relacionado con el alcance de los conceptos de la CREG y su valor normativo, la presunta inembargabilidad de los bienes destinados a la prestación de servicios públicos en cabeza de comunidades organizadas y el problema de la propiedad de particulares sobre activos conformantes de la red de suministro eléctrico y la salida normativa a ese conflicto (pues no debe olvidarse que los propietarios de activos de uso general, de acuerdo con la CREG, deben ser prestadores de servicios públicos domiciliarios) de modo tal que se respeten los derechos de propiedad. De cada uno de estos interrogantes surgen soluciones que lejos de zanjar las discusiones al respecto, buscan abrir el debate sobre un tema de tan capital importancia.

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Created using the LLAC LOC tool, this includes links and activities with feedback. The content is an introduction to medicines for healthcare practitioners. It does not inlcude the Rights of Administration which are considered in separate LOC resource.

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En Colombia las actividades de exploración, explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos que se vienen realizando desde comienzos del siglo XX son responsables de grandes procesos de transformación del territorio y de degradación de los ecosistemas en los que se realizan. Estos procesos han impactado negativamente la seguridad de las comunidades indígenas poniendo en riesgo su cultura y en algunos casos su existencia misma. Aunque históricamente los derechos de estas poblaciones frente a la explotación petrolera, y minera en general, han cambiado y su autonomía e integridad es protegida por la Constitución de 1991, las comunidades siguen teniendo una alta vulnerabilidad frente a la intervención de los ecosistema que habitan.La degradación ambiental producida directamente por las actividades petroleras y por los procesos de colonización que estas impulsan se constituye en una amenaza a la seguridad de las comunidades, cuyos territorios y recursos de subsistencia se ven disminuidos. La colonización y la presión sobre los recursos naturales que esta produce son motivadas principalmente por la pobreza de poblaciones campesinas que buscan nuevas tierras para habitar, a su vez estos dos procesos son causa de degradación ambiental que empobrece a las comunidades étnicas debido a que afecta sus fuentes de sustento, situación que genera inseguridad para los indígenas. Adicionalmente, la degradación ambiental y la disminución de los territorios ponen en riesgo la cultura de estos grupos humanos, pues afecta sus valores, tradiciones, autoridades y, en general, su forma de vida lo que constituye una amenaza a su seguridad.-----In Colombia, the exploration, exploitation, transport, and processing of hydrocarbons since the beginning of the 20th century have caused great territory transformations and ecosystem degradation. These processes have impacted adversely the indigenous communities security, exposing their culture and, in some cases, their existence itself. Even though, facing oil and, in general, mineral exploitation, the rights of this population have changed historically and their autonomy and integrity is protected by the 1991 Constitution, the communities are still highly vulnerable to the intervention on the ecosystem they inhabit.The environmental degradation directly arisen from the oil exploitation activities and the colonization they have driven, has become a threat to the security of the communities whose territories and subsistence resources have been reduced. Colonization and the resulting natural resource pressure are mainly caused by the poverty of the country population that seek new lands to occupy and these two facts cause in turn the environmental degradation that impoverish the ethnic communities by affecting their living sources, thereby causing insecurity to the indigenous population. In addition, environmental degradation and territory reduction risk these human groups’ culture by impacting their values, tradition, authorities and, in general, their way of living, and therefore turn into a threat to their security.

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Este estudio inquiere por la apropiación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de los jóvenes y adolescentes a partir de sus condiciones socioeconómicas. En este sentido, se analiza cómo el ingreso económico, la religión, la escolaridad, entre otros, influyen en la apropiación de estos derechos al condicionar la toma de decisiones seguras y efectivas para el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Mediante una encuesta aplicada a 72 jóvenes y adolescentes residentes del barrio Las Aguas de Bogotá, se indagó por los conocimientos, la toma de decisiones y las valoraciones en torno al tema de sexualidad. Se concluyó que hay un amplio desconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos pero existe cierta autonomía y responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad.

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Los procesos de formación de profesionales de salud idóneos en el mundo, complementan su conocimiento entre dos componentes fundamentales, un componente teórico y el otro componente práctico. La formación que recibe en las aulas y la realización de las prácticas académicas a las cuales pueda acceder, le permite al estudiante trasformar el conocimiento académico adquirido en conocimiento cercano a la realidad y con fundamento profesional, razón por la cual las Instituciones Educativas tienen la responsabilidad de formar profesionales que sean capaces de desempeñarse en componentes sociales, administrativos y prácticos. Dentro de las ventajas que aporta la realización de las prácticas en la formación de los profesionales en salud se reconocen: la posibilidad de tener una visión de la responsabilidad del trabajo a la cual se van a ver enfrentados, desarrollar habilidades de interrelaciones sociales, incrementar su nivel de madurez, desarrollar e implementar estrategias de supervisión y así lograr el reconocimiento personal del nivel de confianza en su desempeño. Sin embargo también se puede convertir en un aspecto negativo si la práctica no se desarrolla de manera adecuada y si no logra tener una integración exitosa con el conocimiento teórico. Para el caso de la formación de talento humano en salud, el espacio utilizado para la realización de estas prácticas son las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, deben ser lugares que les faciliten a los estudiantes encontrar una relación integral entre la formación teórica y su aplicación a la práctica profesional, de esta manera el estudiante podrá incrementar su preparación específica. Las prácticas académicas tienen interés en la formación de profesionales y representan un período donde el estudiante se convierte en sujeto entre la Institución Educativa y la Institución Prestadora. Es un espacio de inducción que le permite al estudiante realizar una evaluación de sí mismo y a la vez puede evaluar el entorno donde se va a desarrollar en su colectivo profesional. El objetivo de esta investigación es desarrollar una herramienta técnica que le permita a la Dirección facilitar la supervisión, el monitoreo y la evaluación de convenios de Docencia-Servicio en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, garantizando el respeto a los derechos de los usuarios, la calidad de los servicios prestados, la seguridad del paciente y la humanización de la atención, aspectos que no pueden ser afectados negativamente por el desarrollo de las prácticas académicas. Todas las actividades asistenciales que sean desarrolladas por estudiantes en la realización de su práctica profesional, deben ser realizadas bajo una estricta supervisión de docentes y de personal especializado responsable de la prestación del servicio, dando cumplimiento con el Sistema de Garantía de la Calidad del Sistema de Seguridad en Salud en Colombia.

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En este trabajo se expone e ilustra un modelo teórico para entender las funciones de la identidad, así como los mecanismos psicosociales asociados a su construcción: “Modelo Evolutivo y Funcional de la Identidad Mediada” (MEBIM). La identidad, mediada narrativamente, cumple una función personal orientada a la dirección de la propia vida, así como una función sociocultural vinculada a la búsqueda de reconocimiento de los derechos de los grupos sociales a los que uno se siente apegado. Se ilustran los factores asociados a la construcción de la identidad personal (sí mismos posibles, transiciones vitales, vínculo afectivo) y sociocultural (acción-transformación e identificación simbólica) a partir de 12 historias de vida realizadas con mestizos e indígenas de la Universidad Intercultural de Chiapas (México). Se sugiere que en contextos educativos formales, como la escuela o la Universidad, se deben propiciar narrativas personales y socioculturales con el objetivo de optimizar la identidad en un mundo a la vez globalizado y plural

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El trabajo de investigación surge en el año 2001, ante la necesidad de hacer frente a una nueva realidad jurídica, el mobbing. Para ello fue decisivo el estudio de lo publicado (básicamente de ramas ajenas al Derecho) pero sobre todo las entrevistas con las víctimas de mobbing y sus asociaciones; este extremo, unido a la ausencia de un tratamiento internacional, obligó a un camino autodidacta para definir mobbing jurídicamente. La Tesis define mobbing como la presión laboral tendente a la autoeliminación de un trabajador mediante su denigración (presión laboral tendenciosa), y con ello por primera vez se tiene una definición de mobbing en línea y media, con plena validez jurídica, que es susceptible de ser memorizada y por lo tanto divulgada, para corregir el problema. El denominado "concepto uniformado de mobbing" recalca la denigración como mecanismo frente a los tratos degradantes y recalca la autoeliminación como finalidad de un comportamiento doloso. El trabajo aporta fórmulas para deslindar casos de mobbing de otras figuras próximas, y en este sentido debe citarse "la regla del 9" para saber si hay mobbing; en sede de estadísticas se critican metodológicamente muchas de ellas presentadas hasta el momento y se aporta alguna en sede de Tribunales; pero sobre todo se advierte de los riesgos jurídicos de una previsible regulación específica antimobbing, mediante el examen de las distintas definiciones que se han esgrimido hasta el momento. La segunda parte de la Tesis profundiza sobre el grado de sensibilización de nuestro ordenamiento jurídico y Tribunales, a cuyo fin se ha trabajado con más de un centernar y medio de sentencias dictadas sobre la materia, y por supuesto la totalidad de las recogidas en las bases de datos de las editoriales. El análisis sirve para apreciar la bondad de la sistemática aquí defendida, poniendo en evidencia errores, y contradicciones. La Tesis advierte que la presión laboral tendenciosa más allá de vulnerar el derecho constitucional al trabajo, o los derechos fundamentales a la integridad moral y el honor, es una transgresión a todo un "espíritu constitucional", y en este sentido se analiza con detalle tanto la posibilidad de recurrir en amparo, como el derecho a la indemnidad para quien se enfrenta a esta situación. Advirtiendo de las ventajas de efectuar esta reacción mediante la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales, se analiza la recurrida acción del art.50 ET, donde se realizan aportaciones sugerentes como el plazo prescripción o la "doctrina de los antecedentes", y se otorgan respuestas a las preguntas sobre obligación de seguir trabajando y ejecución provisional. En sede de acciones de Seguridad Social, la Tesis distingue entre la incapacidad temporal y permanente (depresiones) y la muerte y supervivencia, aportándose sobre la primera la técnica denominada "interpretación en tres niveles" y descartando la posibilidad de considerar accidente de trabajo el suicidio tras un mobbing por imperativo legal, pero aportando un sucedáneo bastante razonable como es el accidente no laboral. Junto a ello se razona por la viabilidad del recargo del art.123 LGSS. Civilmente, la Tesis se posiciona de "lege ferenda" por reconducir este tipo de acciones resarcitorias del daño psíquico y moral al orden civil, por una mayor explicación sobre el origen del quantum, pero sobre todo considera inadmisible la STS 11-3-04, y ello por una pluralidad de argumentos, pero sobre todo por cuanto viene a autorizar "de facto" este tipo de conductas. La posibilidad de accionar administrativamente frente a este riesgo psicosocial se analiza en un doble terreno, la empresa y la Administración. Si bien el cauce sobre el primero tiene algunos meandros que se desbelan, la situación es radicalmente frustrante en la Administración -donde se encuentra el mayor caldo de cultivo del mobbing- , y ello por el RD 707/2002, pero todavía en mayor medida por el Criterio Técnico 34/2003 mediante el cual la interpretación del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha venido tácitamente a derogar parcialmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración. En materia penal, la Tesis se decanta "a priori" por dos tipos penales, los delitos contra los derechos de los trabajadores, y el delito de trato degradante; sin embargo, en la práctica sólo este segundo es el camino que puede alcanzar buen puerto. Finalmente se realiza un estudio detallado de la Ley 62/2003, ley que se divulgó como reguladora del acoso moral, y que después se defiende como un avance frente al mobbing. La Tesis advierte que no es cierto ni lo uno, ni lo otro, habiendo creado un "espejismo legal" que puede perjudicar a las víctimas de mobbing, además de no servir su estructura para una futura regulación explícita antimobbing.

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This article aims to show the Europeanization of the Portuguese Constitutional Right in the matter of the right to one’s genetic identity. The formal recognition of this Right, in the Constitution, was influenced by the actions of the European Council regarding Biomedical Rights and dates back to 1997’s Revision of the Constitution. Not only did the conclusions of the European Council in this matter influenced the Portuguese Constitution but they also affected other documents of international and regional nature like the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The latter also managed to find its way into our national legislation. Thus, this flow of influences in the matter of the right to one’s genetic identity and the constitutionally of some dispositions of national legislation about medically assisted procreation are the subject of our analysis.

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This report presents key findings from a small-scale pilot research project that explored the experiences and priorities of young people caring for their siblings in sibling-headed households affected by AIDS in Tanzania and Uganda. Qualitative and participatory research was conducted with 33 young people living in sibling-headed households and 39 NGO staff and community members in rural and urban areas of Tanzania and Uganda. The report analyses the ways that young people manage transitions to caring for their younger siblings following their parents’ death and the impacts of caring on their family relations, education, emotional wellbeing and health, social lives and their transitions to adulthood. The study highlights gendered- and age-related differences in the nature and extent of young people’s care work and discusses young people’s needs and priorities for action, based on the views of young people, NGO staff and community members. Meeting the basic needs of young people living in sibling-headed households, listening to young people’s views, fostering peer support and relationships of trust with supportive adults, raising awareness and advocacy emerge as key priorities to safeguard the rights of children and young people living in sibling-headed households and challenge the stigma and marginalisation they sometimes face.

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Copyright protects the rights and interests of authors on their original works of authorship such as literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual works including architectural works and designs. It is automatic once a tangible medium of expression in any form of an innovative material, which conforms the Copyright Designs and Patents Act 1988 (CDPA 1988), is created. This includes the building, the architectural plans and drawings. There is no official copyright registry, no requirements on any fees need to be paid and they can be published or unpublished materials. Copyrights owners have the rights to control the reproduction, display, publication, and even derivation of the design. However, there are limitations on the rights of the copyright owners concerning copyrights infringements. Infringement of copyright is an unauthorised violation of the exclusive rights of the copyright author. Architects and engineers depend on copyright law to protect their works and design. Copyrights are protected on the arrangements of spaces and elements as well as the overall form of the architectural design. However, it does not cover the design of functional elements and standard features. Although copyright law provides automatic protection to all original architectural plans, the limitation is that copyright only protects the expression of ideas but not the ideas themselves. It can be argued that architectural drawings and design, including models are recognised categories of artistic works which are protected under the copyright law. This research investigates to what extent copyrights protect the rights and interests of the designers on architectural works and design.

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In its three recent rulings in the cases of Zambrano, McCarthy, and Dereci, the Court appears to have been determined to redefine the external boundaries of EU law, in cases involving the family reunification rights of Union citizens.These three judgments can be read as an indication that for Article 20 TFEU to apply, there is no longer a requirement of a cross-border element on the facts of the case, and that it is sufficient if the contested national measure has the effect of ‘depriving citizens of the Union of the genuine enjoyment of the substance’ of their rights (the ‘Zambrano principle’).The cases can, at the same time, also be read as a confirmation that the free movement provisions do – still – require a cross-border element and, in particular, the exercise of inter-State movement, in order to apply. Though the result in these cases has not been entirely unexpected, especially in the aftermath of the Rottmann ruling, it is rather problematic in that, although it is obvious that the Court wishes to redraw the line dividing the national and EU spheres of competence, it does not make it entirely clear where this line now lies and leaves many essential questions unanswered, which will obviously require some time to be resolved. EU lawyers are consequently, once more, left with having to decipher as best as they can the real intentions of the Court in this new line of case-law, which has been further complicated by the fact that what the Court seems to have given with one hand in Zambrano (and before that in Rottmann), has taken it back to a large extent through its rulings in McCarthy and Dereci, which appear to confine the former two cases to their own exceptional facts.6 Moreover, the ‘reverse discrimination Pandora’s box’, the opening of which appears to have been the real target of these references, remains untouched: instead of providing a direct solution to this problem, the Court has chosen to – once again – broaden the scope of the Treaty provisions in order to include within it as many situations as possible and, thus, prevent the emergence of this type of differential treatment on a case-by-case basis.As will be explained, nonetheless, this is by no means an appropriate solution to the reverse discrimination conundrum.

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This article examines the EU’s promotion of the religious identity of Muslims within the context of European counter-terrorism measures. Counter-terrorism laws of the EU and its Member States impact on the religious identity of Muslims. They have an arguably disproportionate effect on the civil rights of individuals in the quest to combat terrorism and can be seen to increase Islamophobia in two ways: a rise in general discrimination against Muslims and a requirement on Muslims to distance their connection to Islamic practice and traditions. EU law dealing with terrorist offences speak little of this backlash that Muslims face in European countries. Although the EU has somewhat of a framework in place which concerns the protection of Islamic identity, the reluctance of the EU to take a determined stance on the issue of the protection of religious identity is illustrated through the ambiguous nature of its legislation.

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This paper examines the evolution of public rights of access to private land in England and Wales. Since the Eighteenth Century the administration and protection of these rights has been though a form of public/private partnership in which the judiciary, while maintaining the dominance of private property, have safeguarded de facto public access by refusing consistently to punish simple trespass. While this situation has been modified, principally by post-World War II legislation, to allow for some formalisation of access arrangements and consequent compensation to landowners in areas of high recreational pressure and low legal accessibility, recent policy initiatives suggest that the balance of the partnership has now shifted in favour of landowners. In particular, the new access payment schemes, developed by the UK Government in response to the European Commission's Agri-Environment Regulations, identify the landowner as the beneficiary of the partnership, financed by tax revenue and justified on the spurious basis of improved 'access provision'. As such the State, as the former upholder of citizen rights, now assumes the duplicitous position of underwriting private property ownership through the commodification of access, while proclaiming a significant improvement in citizens' access rights.

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This article explores the interactions between disabled forced migrants with care needs and professionals and the restrictive legal, policy and practice context that health and social care professionals have to confront, based on the findings of a qualitative study with 45 participants in the South-East of England. In-depth interviews were conducted with 15 forced migrants who had diverse impairments and chronic illnesses (8 women and 7 men), 13 family caregivers and 17 support workers and strategic professionals working in social care and the third sector in Slough, Reading and London. The legal status of forced migrants significantly affects their entitlements to health and social care provision, resulting in prolonged periods of destitution for many families. National asylum support policies, difficult working relationships with UK Border Agency, higher eligibility thresholds and reduced social care budgets of local authorities were identified as significant barriers in responding to the support needs of disabled forced migrants and family caregivers. In this context, social workers experienced considerable ethical dilemmas. The research raises profound questions about the potential and limitations of health and social care policies, provision, and practice as means of protection and support in fulfilling the human rights of forced migrants with care needs.

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This article is concerned with the liability of search engines for algorithmically produced search suggestions, such as through Google’s ‘autocomplete’ function. Liability in this context may arise when automatically generated associations have an offensive or defamatory meaning, or may even induce infringement of intellectual property rights. The increasing number of cases that have been brought before courts all over the world puts forward questions on the conflict of fundamental freedoms of speech and access to information on the one hand, and personality rights of individuals— under a broader right of informational self-determination—on the other. In the light of the recent judgment of the Court of Justice of the European Union (EU) in Google Spain v AEPD, this article concludes that many requests for removal of suggestions including private individuals’ information will be successful on the basis of EU data protection law, even absent prejudice to the person concerned.