633 resultados para Participación política - Aspectos sociales
Resumo:
El continente africano ha sido por excelencia analizado por los estudios de seguridad, con el fin de comprender la naturaleza de los conflictos que han tenido lugar en el territorio y poder ofrecer a través de diversas estrategias, posibles soluciones para el no retorno al conflicto por parte de los grupos armados. Por esta razón, a partir de la década de los noventa surge la puesta en marcha de programas y reformas como la Desmovilización, el Desarme y la Reintegración (DDR) dentro de una Reforma al Sector de la Seguridad (RSS). En el caso de la República Democrática del Congo, luego de numerosos conflictos e intervenciones por parte de diferentes actores, se plantea llevar a cabo un programa de DDR en el marco de una RSS especialmente dirigido a las Fuerzas Armadas. En este sentido, esta monografía analiza la incidencia de la RSS sobre el programa de DDR, con el fin de vislumbrar los retos que se presentan dentro de un contexto de conflicto complejo como el de la RDC.
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En el desarrollo del estudio de caso se rastrearon algunas percepciones que sobre ciudadanía tiene la población en condición de desplazamiento forzado residente en la localidad de Suba en Bogotá, esto con el propósito de identificar los contenidos que asume dicha noción para los desplazados forzados; y posteriormente analizar aquellos contenidos a la luz de los planteamientos más importantes que sobre ciudadanía se han realizado desde la academia.
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El Trabajo que se presenta a continuación, analiza los procesos de socialización y resocialización de una comunidad urbana de desmovilizados, ubicada en un barrio de la localidad de San Cristobal en Bogotá, Colombia. Nos enfocamos particularmente en los mecánismos de acción y participación política y ciudadana autónomos que adoptaron los desmovilizados para lograr una integración exitosa a la vida civil
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El estudio pone en consideración una amplia caracterización del fenómeno de las «maras» en el contexto guatemalteco, escudriñando en la naturaleza de su violencia. En este sentido, se analiza la violencia juvenil, relacionándola con las problemáticas estructurales e institucionales de este país, considerando el legado de las dictaduras y del conflicto armado, así como la construcción de realidad social realizada por los agentes que reproducen el fenómeno. Se revisan también las respuestas gubernamentales y no gubernamentales para controvertir este problema, resaltando sus aciertos y desaciertos. Finalmente, los resultados de la investigación indican que las «maras» se han nutrido de problemáticas estructurales como la desigualdad y la marginalización; de debilidades institucionales como la impunidad y la corrupción; de falencias al interior del núcleo familiar, como el maltrato; así como de las decisiones de quienes las conforman consolidando carreras delincuenciales y violentas.
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Estudio de caso que toma tres universidades en un mismo sector de la ciudad para evaluar sus impactos en aspectos sociales, económicos, físicos y culturales, desde su fundación hasta la formulación de sus Planes de Regularización y Manejo(PRM).
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La presente monografía realiza una definición del espacio público para luego analizar como las ciclorutas mediante las políticas públicas de las administraciones comprendidas entre 1995 al 2003 de los alcaldes Antanas Mockus y Enrique Peñalosa redefinieron y valorizaron el espacio publico para todos los ciudadanos en la ciudad de Bogotá.
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Durante los años 2004 y 2005, el grupo Estudios sobre Identidad (ESI) de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario adelantó la investigación “Análisis comprensivo de las interrelaciones entre tendencias actuales de la filosofía política y los estudios sobre las transformaciones recientes del Estado nación en Colombia”. La investigación, financiada por Colciencias y la universidad, analizó las dinámicas que afectan al Estado desde dos ópticas: una, que evalúa los discursos que hablan desde dentro del Estado o que explican su funcionamiento político e institucional, a cargo de la investigadora Carolina Galindo. La otra mirada describe los conflictos locales y las circunstancias globales que afectan el conjunto del Estado desde afuera de las reglas institucionales y en contravía del modelo soberano del Estado nación, desarrollada por Adolfo Chaparro, director del ESI. En este contexto, el presente documento hace referencia al análisis puntual que Chaparro plantea sobre las relaciones entre las prácticas y los discursos sobre la violencia.(...) A modo de diagnóstico inicial, el investigador resalta una constante: en Colombia hay una fuerte tradición que establece vínculos indisociables entre los fenómenos de violencia y las expresiones de la política. Debido a que las formas de nombrar la violencia y de resolverla en cada época tienen implicaciones en la imagen histórica que el país produce de sí mismo, es posible establecer una correlación entre la historia del conflicto y las dificultades para consolidar el Estado nación en el país. En ese sentido, el tema del conflicto no sólo compete a los discursos académicos sino que afecta, o debería afectar, las decisiones gubernamentales y los debates de la sociedad civil. De la investigación se deducen las explicaciones más aceptadas que las ciencias sociales han propuesto sobre el conflicto: que obedece a profundas desigualdades económicas y sociales; que expresa una estrategia de dominio territorial; que obedece a la falta de presencia del Estado; que todas las causas hacen parte de la explicación y de la solución integral del conflicto o, como se entiende actualmente, que Colombia no vive un conflicto social armado sino una guerra contra la sociedad que necesariamente tenía que derivar en una guerra frontal del Estado y de la sociedad contra el terrorismo. Dado que estas teorías no sólo hacen diagnósticos sino que proponen salidas al conflicto armado, incluso intentan vislumbrar soluciones a largo plazo, el estudio sintetiza los resultados de cinco investigaciones paradigmáticas sobre el conflicto, en las que se analiza la relación entre el discurso sobre las causas del conflicto y las expectativas de transformación de la sociedad que ha generado su posible solución durante las dos últimas décadas.
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Durante los últimos 35 años las drogas ilegales han constituido un factor significativo en el drama social colombiano. Hoy día es común atribuir a éstas la causalidad de muchos problemas del país y se han elaborado algunas explicaciones del desarrollo de dicha "industria" en Colombia, de las cuales se derivan recomendaciones de política, tanto las implementadas por los gobiernos como las recomendadas por los críticos. El Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito (Ceodd),(...) de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, ha encontrado que las explicaciones más comunes pueden clasificarse en tres grupos. El primero, incluye afirmaciones simples que atribuyen el desarrollo de las drogas ilegales a la pobreza, a la desigualdad, a las crisis económicas, a la corrupción o a la localización de Colombia a mitad de camino entre las plantaciones de coca de Bolivia y Perú con Estados Unidos. (...) En segundo lugar, se encuentran las razones basadas en modelos de criminalidad común, también llamados policivos, en los cuales las leyes surgen de procesos legitimados por la sociedad y quienes las violan son considerados personas con comportamientos desviados, que deben corregirse por medio de sanciones o restricciones. Siguiendo este enfoque, las políticas hacia las drogas tienen que ser represivas. En tercer lugar, están las respuestas basadas en la elevada rentabilidad de las drogas, generada por su ilegalidad, y por la existencia de una gran demanda internacional: por ejemplo, un kilo de cocaína en Colombia puede costar unos US$1.500 y cuando llega a los Estados Unidos se paga entre US$15.000 y US$18.000. Según estimaciones de las Naciones Unidas, en los últimos años la demanda mundial de cocaína ha estado alrededor de 800 toneladas. Este enfoque justifica la producción ilegal y quienes lo apoyan creen que el país produce drogas como resultado de un ‘choque externo’. Los que comulgan con esta posición consideran que Colombia, en los años sesenta, era una nación típica en términos de criminalidad, afectada por el surgimiento de una gran demanda externa de drogas que estimuló la producción de éstas. Este desarrollo constituye la causa principal de los graves problemas que enfrenta actualmente el país. Según esta explicación, la razón por la cual el país produce drogas radica en el exterior y la única solución es la legalización para acabar el ‘choque externo’. Desafortunadamente, quienes apoyan este modelo no explican por qué ese ‘choque externo’ afectó de manera tan grave a Colombia y no a otros países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde no se desarrollaron grandes carteles de traficantes, o en Malasia, Indonesia y Taiwán, que en el pasado fueron grandes exportadores de coca. Sin embargo, la evidencia empírica encontrada por el Ceodd contradice los argumentos anteriores, pues ninguno explica por qué la producción y el tráfico de drogas ilegales están concentrados en pocos países. En el caso de la teoría policiva, la concentración se explicaría solamente si por razones genéticas una población fuera más proclive al crimen. Respecto a la producción justificada por la rentabilidad, ésta se explicaría si todos los países que pudieran producir coca, amapola, cocaína y heroína lo estuvieran haciendo. La coca puede crecer en unos 30 países, la amapola en 120 y la cocaína y la heroína se pueden refinar en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, si la rentabilidad determinara la producción, Colombia sería sólo uno entre los muchos productores. De la misma forma, otras explicaciones como la pobreza, las crisis, la desigualdad y la corrupción fallan porque dichos problemas son endémicos en muchas sociedades que no producen o trafican drogas. La localización geográfica del país, por su parte, no explica por qué en Colombia surgieron las grandes organizaciones criminales. Además, cuando la diferencia entre los precios de exportación e importación es tan grande, como en el caso de la cocaína y de la heroína, los costos de transporte y la distancia son problemas menores. En ese caso lo que importa es reducir el riesgo y no la distancia. Ahora bien, si no hubiera demanda de drogas tampoco habría oferta y sin oferta no habría demanda. La teoría económica enseña que la demanda y la oferta son como las dos hojas de una tijera: ambas son necesarias para que haya un mercado. Para el Ceodd, estas afirmaciones son ciertas pero triviales e incompletas. La rentabilidad de las drogas es una condición necesaria, pero no suficiente para que en un país se cultive coca y se refine cocaína. Entonces, lo que se debe averiguar es por qué una condición necesaria, en el caso colombiano, se vuelve suficiente. Es claro que la gran demanda internacional es ilegal y que cuando un producto fácil de fabricar, que no requiere grandes destrezas o capital -como la cocaína o la heroína- es declarado ilegal a nivel mundial, su producción y tráfico tenderá a concentrarse en los países donde el imperio de la ley sea más débil y la sociedad más laxa frente a la ilegalidad. Es cierto que si la cocaína no fuera rentable no se produciría, pero Colombia no concentra la producción de cocaína porque sea rentable sino porque es ilegal, advierte el director del Ceodd, Francisco E. Thoumi.
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En América Latina el tema de la seguridad nunca ha sido -hasta ahora- objeto de una atención y preocupación constante y sistemática por parte del foro académico en tanto dimensión específica de los problemas de las relaciones internacionales. A ello ha contribuido lo que algunos estudiosos han denominado la “relativa irrelevancia” de la región en materia de seguridad a nivel mundial, resultado de diversos factores dentro de los que pueden destacarse al menos los tres siguientes: el bajísimo nivel de conflictividad interestatal (a pesar de episodios esporádicos como la Guerra de las Malvinas y la escaramuza bélica entre Ecuador y Perú en la Cordillera del Cóndor), el hecho de ser un área relativamente libre de armas nucleares (el tratado de Tlatelolco, suscrito en 1967, es pionero en materia de control de armas y de no proliferación), y en los últimos años, el fin del conflicto centroamericano y con ello, la pacificación de la región, no obstante la persistencia del conflicto interno colombiano. Esta marcada tendencia ha empezado a cambiar de curso bajo la influencia de los efectos que en la dinámica de las relaciones internacionales produjeron los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. En efecto, estos acontecimientos no sólo provocaron una creciente securitización de la agenda internacional (lo que implica que las políticas exteriores, o el análisis de las relaciones internacionales, tengan que ser pasados por el prisma de la seguridad, a la que todo se subordina, desde la economía -el libre mercado como herramienta para luchar contra el terrorismo- hasta los intercambios culturales -las restricciones al acceso de extranjeros a ciertos programas de educación superior). También obligaron a darle una nueva mirada a las zonas consideradas pacíficas, en la medida en que el terrorismo es una amenaza global que se viene enfrentando con una guerra igualmente global, que no se atiene a la clásica distinción geopolítica entre zonas bajo un orden de paz y zonas en estado de guerra. En este contexto aparece el esfuerzo colectivo de los miembros de la línea sobre seguridad regional e internacional del Centro de Estudios Políticos e Internacionales (CEPI)(...), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en torno al análisis de la construcción de la seguridad en América Latina, cuyo primer resultado es un afortunado y pertinente intento por delinear los perfiles de seguridad de los países que integran el “círculo de Colombia”: Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela(...) y al cual seguirán tres trabajos adicionales dedicados a la seguridad de los países del Cono Sur, de Centroamérica y el Caribe, y por último, de Colombia con una perspectiva comparada. Esos perfiles de seguridad se determinan a través de un análisis que se considera un espectro mucho más ensanchado de nuevas amenazas a la seguridad y en el que los factores de seguridad clásicos, principalmente geopolíticos y militares, se enlazan fluidamente con los económicos, sociales, ambientales y culturales, hasta ahora relegados a una posición relativamente secundaria.
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Los pueblos indígenas han desarrollado históricamente una diplomacia milenaria y complementaria a la estatal, logrando, entre otras cosas, el reconocimiento de sus derechos en el escenario internacional. Este ha sido un largo proceso, el cual ha implicado la constitución de redes sociales transnacionales y la emergencia de dirigentes indígenas de vocación internacional. Esta investigación pretende visibilizar las prácticas de incidencia en política internacional de los Pueblos Indígenas. En nuestro concepto, la diplomacia indígena constituye un ejemplo emblemático de participación política de los Pueblos Indígenas en distintos escenarios del Sistema Internacional como los organismos internacionales y foros mundiales.
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Dentro del marco de la Rendición de Cuentas, los medios de comunicación han logrado convertirse en destacados mecanismos de accountability social, puesto que para ello se requiera visibilidad y los medios son la herramienta más útil para lograr este objetivo. Un ejemplo de estos procesos de visibilidad y accountability es el escándalo generado alrededor del programa gubernamental Agro Ingreso Seguro, principal tema de análisis de la presente monografía.
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La educación es un factor fundamental e indispensable para la formación y calidad de vida de todo individuo, su aplicabilidad vista como un derecho y bien fundamental para las personas debe tener la prioridad e importancia merecida por parte de los Estados, en pro del desarrollo no solo de los individuos sino de la sociedad como tal, pues la mejor forma de enriquecerla es a través de libros, colegios, computadores y demás elementos que pertenecen a una verdadera calidad social educativa. En ese sentido, se plantea un estudio de caso del plan sectorial de educación “Bogotá: una grande escuela” en el periodo 2004-2008
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La conformación de la la élite del poder político en Colombia está centrada en la formación y estructuración de la misma, basada en la herencia hispánica, arraigada desde la Colonia, y cuyas divergencias y convergencias de los linajes presidenciales tienen como cenit el siglo XX.
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En los últimos diez años, la inestabilidad política ha sido una constante en la realidad ecuatoriana. Desde que la democracia fue restablecida en 1979, la nación ha enfrentado diversas crisis que han puesto en evidencia las debilidades estructurales del sistema democrático, entre las cuales figuran: los problemas de representación, las disfuncionalidades institucionales, y la injerencia del legislativo y del ejecutivo en la rama judicial, entre otros. Los dos candidatos que accedieron a la segunda vuelta programada para el próximo 26 de noviembre han sido calificados como neopopulistas: Rafael Correa de izquierda y Álvaro Noboa de derecha. Estos fenómenos son sintomáticos de la convulsión política ecuatoriana tanto como de la inestabilidad que aqueja a la región andina y obstruyen su integración y proyección en el mundo. El presente comentario aborda cuatro aspectos básicos del resultado de las elecciones. En primer lugar, esboza el contexto histórico de la inestabilidad ecuatoriana en el último decenio. Segundo, analiza los resultados de la primera vuelta. Tercero, examina el perfil de cada candidato y las implicaciones de su eventual gobierno para Colombia, la región andina y el hemisferio. Finalmente, se ofrecen unas perspectivas con respecto a la segunda vuelta.
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Con la asunción de Hugo Chávez a la primera magistratura de Venezuela en febrero de 1999, el país ha experimentado una serie de cambios radicales, que revisten una importancia determinante para Colombia. El pasado 3 de diciembre, Chávez fue reelegido con el 62,8% de los votos, en comicios caracterizados por la polarización de la sociedad. Podría pensarse que el porcentaje obtenido le otorga al presidente un margen de maniobra suficiente para entablar una nueva fase de la denominada Revolución Bolivariana, el establecimiento del Socialismo del Siglo XXI. El propósito del siguiente texto es dar luces sobre los alcances del proceso en lo doméstico y su impacto sobre Colombia. En primer término, se hará un breve repaso de la historia contemporánea venezolana desde el establecimiento del Pacto de Punto Fijo en 1958, toda vez que sobre ella reposan las justificaciones aludidas por Chávez para llevar a término los cambios estructurales producidos en Venezuela bajo su administración. En segundo lugar, se analizarán los principales cambios acontecidos a la luz del Proyecto Nacional Simón Bolívar, que condensa los principios ideológicos de la revolución, así como su impacto sobre Colombia. Finalmente, se examinará el efecto que podrá tener en el futuro, la nueva fase socialista para nuestro país.