Muertes cuestionadas en combate producto de errores administrativos en operaciones militares. La guerra judicial en el Departamento de Caquetá, 2002-2010

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El principio de especialidad presupuestaria, artículo 131 ordinal 8, de la Constitución de la República de El Salvador en la jurisprudencia salvadoreña

En vista de la necesidad de conocer a fondo el Principio de Especialidad Presupuestaria contemplado en el Art.131 inciso 8o de la Constitución de la República de El Salvador, que es un derivado del principio de legalidad cuyo objeto a su nacimiento es el de ejercer el control sobre la creación aprobación y ejecución del gasto público. Conforme a la disposición antes mencionada consiste en que los gastos que en el presupuesto se consignan no debe aprobarse en forma global, es decir que el gasto público debe someterse a las restricciones que la Ley establece. La Ley Orgánica de Presupuestos desarrolla el precepto constitucional definiendo el Art. 3 literal C, así: "Asignaciones son las autorizaciones concedidas por el poder legislativo para que puedan emplearse los dineros públicos en la satisfacción de las necesidades del Estado dentro de un ejercicio. Dichas autorizaciones señalan el límite máximo que puede gastarse y su finalidad." En base a las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional con referencia 9-2014, 15-2011-38-2011, 1-2010-27-2010-28-2010, en las que declara la inconstitucionalidad sobre las denominada "Partida Gasto Imprevisto", "Partida Secreta" y "Transferencia de Fondos"; aclarando que en esta última se refiere a la que se ejercía en las distintas ramas del Estado. Que la declaración de inconstitucionalidad fueron emitidas con base a lo que establece el Artículo 131 ordinal 8 de la Constitución de la República de El Salvador y serán analizadas para su respectiva interpretación, pues no ha sido desarrollado a profundidad las características de dicho principio, del que surge el cumplimiento de la Ley del Presupuesto para cada año fiscal.

El ámbito de la mediación, como mecanismo de autocomposición de las partes en la resolución de conflictos, en la Universidad Complutense de Madrid

En este artículo, el autor sostiene que la actuación disciplinaria de las universidades, siempre sometida al principio de legalidad, es incompatible con la mediación u con otros alternativos de resolución de conflictos (ADR). Esta labor sancionadora, que suele ser coordinada por los Servicios de Inspección, e irrenunciable para cualquier universidad pública, no puede amparar, ni mucho menos potenciar, la solución negociada de una infracción punible. En concreto, la mediación, como forma de solución de controversias, solo puede tener una función preventiva en el ámbito universitario, y debe ser gestionada, con mucha prudencia, por otros órganos o unidades administrativas, en ámbitos en los que previsiblemente no debe aplicarse, ex lege, ninguna actuación sancionadora. La institución de la mediación (o de otros ADR, como la conformidad o la conciliación) cohonesta muy mal con el principio de legalidad, característico del Derecho sancionador, tanto en su vertiente sustantiva como procesal. Si toda conducta infractora debe ser castigada, tras la prosecución del correspondiente procedimiento administrativo, pero resulta que, por una negociación más o menos disimulada, se soslaya la aplicación del texto sancionador (total o parcialmente) –en función de que la Inspección de Servicios decida «acusar» de una u otra forma sobre la base de la previsible, o segura, actitud posterior del infractor–, se está haciendo saltar por los aires dicho principio de legalidad, que se ve desplazado por el «principio de oportunidad; siendo el de «legalidad» el único principio que debe regir la actuación de la Administración, tal y como establecen los artículos 25.1 y 103 de nuestra Carta Magna. Muchas veces olvidamos que el interés público constituye la razón de ser del procedimiento administrativo disciplinario, verdadero instrumento para el ejercicio del ius puniendi delegado por el Estado, donde no debiera tener cabida sustancial el principio dispositivo, ya que las partes no tienen ningún margen de negociación.

Resolución 07 del 24 de enero de 2007: ¿Cuáles son los lineamientos que tiene en cuenta la cámara de comercio para el control de homonimia?¿Que diferencias hay entre el nombre comercial y nombre social y cual de estos es sujeto de control por las Cámaras de comercio?

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Resolución 03 del 16 de enero de 2009: ¿Cuáles son los presupuestos requeridos para el estudio de una cesión de cuotas sociales que tiene en cuenta la Cámara de comercio al momento del registro? ¿Efecto del embargo de cuotas sociales?

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Resolución 033 del 31 de marzo de 2009: ¿En que consiste la disolución de sociedades y que elementos considera la Cámara de Comercio para efectos de su inscripción? ¿Cual es el efecto del registro frente a este acto?

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Resolución 81 del 03 de mayo de 2007: ¿Tiene la Cámara de Comercio facultades para pronunciarse sobre la calidad o condición de un asociado para ser parte de una reunión de asamblea en las ESALES?

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Resolución 146 del 21 de julio de 2008: ¿Cabe algún recurso frente la inscripción de providencias judiciales ante la Cámara de comercio?

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Resolución 178 del 23 de septiembre de 2009: ¿Cómo interpreta la Cámara de Comercio la figura de la suplencia y su actuación en las reuniones?

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Resolución 220 del 31 de octubre de 2008: ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para la inscripción de modificación de situaciones de control? Puede la Cámara de Comercio abstenerse de registrar un acto de modificación de tal situación cuando quien alega dicha modificación es una ESAL afirmando que solo procede tal registro cuando se trate sociedades comerciales?

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Resolución N° 041 del 5 de marzo de 2010 ¿Cuáles son los elementos de la situación de control?

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Resolución N° 181 de 2014 ¿La cámara de comercio ejerce control sobre la calidad, condición o habilidad de quienes asisten a la asamblea general de las entidades sin ánimo de lucro?

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Estudio sobre la operatividad y eficacia de las multas en el marco de la contratación estatal

El trabajo de grado se estructuró en tres capítulos. El primero constituye un marco teórico sobre el cual se fundamentan los siguientes, pues se realiza un análisis de la cláusula penal en el derecho privado, incluidas las prácticas comerciales internacionales. El segundo capítulo aborda el tema de las multas en la contratación estatal, para lo cual se estudió la normatividad y jurisprudencia pertinente; en esa parte del escrito se incluyó el apartado correspondiente al derecho comparado. Finalmente, en el tercer capítulo, se formula una propuesta que permite hacer de esta medida coercitiva provisional una herramienta idónea para lograr el correcto y oportuno cumplimiento del contrato.

La corrupción en entidades públicas como la policía nacional de Colombia

Describir el fenómeno de la corrupción es una manera de comprender el comportamiento desviado de los integrantes de determinada colectividad y el funcionamiento de su orden social. Por lo que resulta necesario abordar el tema como un fenómeno social, económico, político y también cultural.

La institucionalización de la lucha contra el terrorismo transnacional a través del derecho internacional

Hasta hace casi una década, la guerra contra el terrorismo fue una lucha solitaria de los Estados. Actualmente y debido a las implicaciones globales de este fenómeno, las acciones contra este flagelo han adquirido connotación internacional. Gran parte de los países miembros de las Naciones Unidas han acogido esta guerra –contra un enemigo común, pero indefinido- como un compromiso político en favor de la paz y seguridad internacional. La producción constante de instrumentos internacionales que condenan el terrorismo y que exigen tomar medidas para combatirlo, demuestran que esa intención política originaria se ha decantado en el ordenamiento internacional como una obligación autónoma, de carácter consuetudinario; que hace que actualmente no haya país en el mundo que pueda excusarse de combatir al terrorismo (interno o transnacional) independientemente de las justificaciones que se puedan aludir para el no cumplimiento.