999 resultados para LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Resumo:
Las regulaciones estatales que afectan a los migrantes internacionales no se limitan a aquellas explícitamente destinadas a controlar su desplazamiento y/o inserción en la sociedad de destino, sino que incluyen intervenciones sobre diferentes ámbitos de su existencia. Aún cuando no sean formalmente migratorias, estas políticas merecen ser incluidas en los estudios de los procesos migratorios para comprender mejor las múltiples características que asume su tratamiento por distintas agencias y niveles del Estado. En esta presentación analizaré el proceso que llevó a la inclusión de un artículo en la Ley N° 4977/2014 que autoriza las ceremonias fúnebres realizadas principalmente por la colectividad boliviana en los cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires cada 2 de noviembre. Puntualmente me interesa ubicar este acontecimiento en el contexto de disputas ocurridas durante cerca de una década respecto de los usos "correctos" de los cementerios porteños, y reflexionar acerca de mi propia participación como antropóloga-asesora en la redacción de este artículo. Mi objetivo último es deshilvanar parte de la trama de políticas "no migratorias" que inciden en la legitimidad de los migrantes regionales en la esfera pública
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Con la presente investigación nos proponemos indagar y problematizar las construcciones identitarias de clase media de trabajadores contratados en ámbitos laborales precarios de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de la Plata en 2013-2014. Al referirnos a los trabajadores contratados es ineludible vincular su origen al proceso de reestructuración del Estado en la década del '90, el cual habilitó la propagación de formas de contratación temporarias y precarizadas al interior de la Administración Pública. Actualmente los trabajadores contratados constituyen una planta con características mixtas, en tanto poseen alguna o varias de las prerrogativas de la planta permanente, con excepción fundamentalmente de la estabilidad, ya que se trata de contratos con plazo de vencimiento máximo de un año. Si bien el trabajo en el Estado ha sido considerado tradicionalmente como una referencia identitaria de clase media, la precarización, por el contrario, presenta signos desestabilizadores de algunos de sus presupuestos -como la estabilidad, la certidumbre y derechos asociados-. Situándonos en la contemporaneidad de estas atribuciones precarias, nuestro interés se centra en analizar los diversos modos en que los trabajadores contratados narran su pertenencia clasista, en particular aquellos que lo hacen alrededor de una idea de clase media
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El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública
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En este trabajo se desarrolla un modelo teórico que trata de formalizar el efecto de la existencia de determinados costes de transacción sobre el diseño de un contrato óptimo entre una Administración Pública (el principal en el contrato) y un agente para la prestación de un determinado servicio público. El modelo que se plantea es aplicable a cualquier tipo de contrato para la gestión de un servicio público, siempre que utilice un mecanismo de remuneración al contratista basado en el nivel de calidad obtenido. Con estas premisas, el problema que se estudia es el de alcanzar niveles óptimos en la calidad del servicio y en los costes de transacción, en el marco de un contrato incompleto, y tomando como objetivo la maximización de una función de bienestar social. Los resultados alcanzados en el modelo muestran que el nivel óptimo de los costes de transacción ex ante (es decir, previos a la firma del contrato) viene determinado por el parámetro que representa la actitud ante el riesgo del contratista: a mayor aversión al riesgo de éste, mayores serán los costes de transacción y menor la varianza de los costes de producción del servicio, en la situación óptima. Por otra parte, los niveles de calidad óptimos y el peso de la remuneración al contratista basada en los niveles de calidad, serán mayores cuanto más elevados sean los beneficios sociales marginales de cada una de las dimensiones de la calidad del servicio, y disminuirán al aumentar el coste marginal de los recursos públicos. Los costes de transacción ex post , derivados de la necesidad de medir y controlar los niveles de calidad alcanzados por el contratista, determinan en el modelo las dimensiones de la calidad en que debe centrarse el sistema de remuneración del contratista, eliminando aquellas en que no está justificado establecer un sistema de medición y control, lo que reduce el nivel total de calidad alcanzado respecto al que resultaría en condiciones de costes de transacción nulos
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Bogotá, la capital de Colombia, es la ciudad con mayor población del país. Hacia el año 2014 la ciudad alcanza los 7.7 millones de habitantes que sumados a la población del área metropolitana, superan los 9 millones. Según el decreto ley 1421 de 19932, Bogotá está integrada por trece (13) sectores que se despliegan en tres niveles: a) nivel central: 16 entidades, b) nivel descentralizado: 31 entidades y c) nivel local: 20 localidades (Portel.bogota.gov.co, s.f). Desde el nivel central se lidera la formulación e instrumentación de las políticas públicas, en cuyo trazado convergen el cumplimiento el programa de gobierno del alcalde Mayor y el plan de desarrollo distrital, así como, procesos sociales que legitiman, desde lo local sus objetivos y metas. Sin embrago, la participación en diferentes proyectos de ciudad han nutrido mi experiencia profesional, pero sobre todo, han plantado interrogantes sobre los cuales he decido profundizar en el presente ejercicio académico, los cuales se citan a continuación: ¿Porqué, luego de intensivos y agotables ejercicios de formulación de políticas, en los cuales se integran múltiples intereses de la sociedad civil, el estado y el sector privado, en la etapa de implementación, los objetivos y metas no logran alcanzar los resultados esperados, como se deseó en el comienzo?. ¿Porqué, parecen insuficientes las capacidades institucionales que posee el distrito, para tramitar las políticas públicas que diseña, sobre todo en la fase de implementación, en la cual emergen la insatisfacción y el descreimiento social?...
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El trabajo aborda los antecedentes históricos de las políticas de alimentación escolar en la España del siglo XX, a través del análisis del corpus normativo y de los textos y materiales que generaron organismos nacionales e internacionales que participaron en su implementación. La investigación muestra el impacto que tuvo el contexto internacional y en particular los acuerdos que se alcanzaron durante el primer franquismo con los Estados Unidos y con la FAO y UNICEF, en el desarrollo de dichas políticas. El carácter filantrópico de las primeras cantinas fue sustituido por una creciente implicación del ámbito público, al incorporar la alimentación de los escolares como objetivo de las políticas sanitarias y educativas de la Segunda República. La Ley de Educación Primaria de 1945 permitió la gradual institucionalización de la alimentación escolar. La creación en 1954 del Servicio Escolar de Alimentación y Nutrición y la necesidad de coordinar la ayuda norteamericana facilitaron la implementación de programas como el de Productos Lácteos pro Bienestar Infantil y Social o el de Educación en Alimentación y Nutrición, lo cual permitió implantar el complemento alimenticio en escolares y llevar a cabo un conjunto de actividades educativas coordinadas encaminadas a mejorar su alimentación.
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Análisis de la legislación de patrimonio de la Generalitat Valenciana.
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Las reformas introducidas en España en el ámbito de la actividad profesional del personal investigador han ido en la dirección de incluir a este colectivo dentro del campo de aplicación del Derecho del Trabajo, sustituyendo progresivamente el sistema anterior de becas por otro de contratación laboral. Ello, con el propósito de mejorar el status jurídico del personal investigador y de acabar con las situaciones precarias a que tradicionalmente ha estado sujeto este colectivo. En esta dirección, cobra especial relevancia la promulgación de la Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo contratos de trabajo específicos para el personal investigador en atención a las distintas etapas de su carrera profesional. Pero, pese a los importantes avances que representa esta Ley, todavía se advierten algunas deficiencias en el sistema público de contratación laboral de este colectivo.
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La implementación de las nuevas tecnologías o TIC’s en el sector turístico se ha visto favorecida, en los últimos años, por las posibilidades que Internet ofrece de poder comprobar instantáneamente la existencia real del proveedor del servicio, la veracidad del servicio prestado o las condiciones en que se presta.. El aumento de la contratación electrónica de servicios turísticos exige que los proveedores de estos servicios y los turistas tengan en cuenta las diferentes normas jurídicas que resultan de aplicación en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, principalmente, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), las normas reguladoras del consumo, en concreto, el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU) y su modificación por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, así como las diferentes normas autonómicas reguladoras del turismo que existen en la actualidad. En definitiva, un estudio detallado de las implicaciones que la contratación electrónica de servicios turísticos supone realizar una descripción legal del régimen jurídico que resulta de aplicación a los diferentes oferentes e intermediarios que intervienen esta nueva modalidad contractual y a los denominados paquetes dinámicos de turismo.
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La historia de la escuela es paralela y reflecte la cultura de la sociedad de cada época. Por eso, la escuela constituye un objecto historiográfico, por lo cual la conceptualización del sistema educativo, la escolaridad, las instituciones escolares, corresponden a un continuo evolutivo de perspectivas pedagógicas, discursos y políticas. Si el estado en el siglo XIX deja la esculea a la incumbência de los municípios enl siglo XX será él a incumbirse de su manutención económica (problemática de la descentralización y de la centralización). En términos historiográficos hay tres interrogaciones de la evolución de la escuela publica: el enunciado legislativo (proyectos de ley e reformas educativas), explicación pedagógica (realidad educativa de la época) y las condiciones generales e específicas de las escuelas (organización escolar), formación del profesorado y red escolar. La literatura y las teorías pedagógicas estaban mas cercanas a la realidade (insuficiências) de las escuelas que el ordenamiento de la política educativa (legislación). La política y la pedagogia ni sempre se han puesto de acuerdo. Todos los processos de investigación histórica son multidimensionales y complejos, en una base interdisciplinar, por lo cual los historiadores buscan comprendery explicar la realidade educativa y las instituciones escolares en su organización y evolución. En nuestro trabajo haremos un balance histórico e evolutivo de la escuela publica (instrucción pública) y de la escolaridad en el siglo XIX basta meados del siglo XX. Haremos una sumula histórica de la escuela primaria en Portugal en ese período histórico.
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At head of title: Ministerio de justicia é instrucción pública.
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Certifica la copia Joseph Contreras.
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Tesis Univ. Central.
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