516 resultados para Soberanía.


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El modelo de acumulación por despojo y las presiones de monopolización económica y exclusión social que se han desencadenado en años recientes, exacerban un empobrecimiento extremo, la destrucción de las condiciones de vida y el deterioro de la integridad ambiental. La lógica de las grandes corporaciones avanza demoliendo no sólo las condiciones de vida, sino las bases de nuestra soberanía, al tiempo que las movilizaciones sociales se multiplican para defender los derechos humanos y sociales; pero el mundo profesional y académico reacciona con exasperante pasividad e indolencia y las universidades entran de lleno en un modelo de educación neoliberal. Los departamentos universitarios, las unidades técnicas de agencias gubernamentales- locales y nacionales- y hasta organizaciones no gubernamentales independientes, han acogido las políticas y agendas del poder, y siguen en la línea de programas inefectivos e inocuo para encarar la tan mencionada “pobreza”, o se enrolan directamente en líneas de trabajo empresariales. Los programas sociales no van a las raíces de los problemas y terminan reproduciendo las propias reglas del juego neoliberal y la hegemonía, muchas veces en el marco de una fraseología progresiva y de la ilusión creada por acciones limitadas de desarrollo local. En este trabajo se pretende explicar aquel contrasentido histórico, reflexionando sobre aquello que el autor define como las raíces de una cultura pragmática y de resignación; sazonada en medio de las presiones del mercado de trabajo, el miedo y de las confusiones ideológicas de la época. Un análisis sobre una época donde impera en las universidades y entidades de investigación, una corriente de renuncia a la critica del capitalismo; una cultura inmediatista que ha hegemonizado muchos ámbitos académicos y técnicos, que renuncia a la construcción de una sociedad distinta, generando la incapacidad institucional y de los expertos para mirar las raíces de una creciente inequidad y el divorcio entre los aparatos tecnocráticos y la lucha de los pueblos.

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Analiza la situación del derecho a la alimentación expresada en una Ley de Desarrollo Agrario contradictoria con la Constitución en materia de soberanía alimentaria; en la orientación de la inversión gubernamental en agricultura a grandes y medianos productores en detrimento de la familia campesina; en la ausencia de garantías de participación de las organizaciones sociales en la aprobación de leyes. Plantea garantizar el derecho de la población a ejercer control efectivo e incidencia en las leyes relacionadas con el derecho a la alimentación, cesar la criminalización de la protesta social e implementar una política de reforma agraria integral.

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La crisis financiera del 2008 provocó la pérdida de riqueza y el derrumbe de los mercados bursátiles y de la economía real, traducida en desempleo, reducción de la productividad, recesión profunda, e incertidumbre en los mercados financieros. En el marco de la crisis de deuda soberana europea, es cuestionable también el grado de certeza de los CDS (Credit Default Swap) como garantía para los inversionistas, considerando las negociaciones existentes entre emisores y bancos europeos para evitar el default de estos instrumentos y por tanto, evitar la indemnización a los inversionistas en su calidad de acreedores. Remontándonos, la crisis financiera internacional del año 2008 tuvo como uno de sus orígenes a las hipotecas denominadas como “subprime”. Estas hipotecas fueron “empaquetadas” junto a otras de alta calificación, en grupos de hipotecas para ser titularizadas y colocadas en el mercado bursátil, mediante instrumentos denominados CDO (Collateralized Debt Obligations), y a aseguradas en algunos casos, través de los CDS (Credit Default Swap), siendo principalmente estos últimos instrumentos financieros, blanco de las críticas y señalados como uno de los culpables de la crisis financiera internacional. Bajo estas consideraciones, se pretende en esta investigación, analizar específicamente los CDS (Credit Default Swap), para determinar su naturaleza jurídica como verdaderos seguros contra cesación de pagos, o como permutas de incumplimiento crediticio. Comprender su estructuración legal como instrumento de garantía para los inversionistas institucionales o particulares, considerando el acontecimiento de la quita de los bonos griegos, la crisis de deuda soberana europea y el default de la deuda argentina, así como las consideraciones del ISDA (International Swaps and Derivatives Association) en estos puntos; su marco legal, su contribución en la reducción del riesgo, su papel especulativo y su incidencia real en la crisis financiera del año 2008.

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El inicio de la exportación de petróleo en agosto de 1972 determinó la aceleración de la industrialización y un corto auge de la inversión pública y privada, sin precedentes en la historia económica del Ecuador. Al mismo tiempo, esta súbita abundancia produjo distorsiones estructurales identificadas en la literatura del desarrollo económico como «enfermedad holandesa» que se mantuvieron durante el resto del periodo analizado, hasta finalizar el siglo XX, tornando más difícil la política económica. Esta etapa histórica presenció el cambio del modelo de desarrollo, desde la industrialización horizontal hacia el neoliberalismo, en un tortuoso proceso de ajustes: macroeconómicos primero, inscritos en el enfoque monetario de la balanza de pagos, y desde finales de los años ochenta estructurales, en la línea del Consenso de Washington. Este lapso de casi treinta años estuvo caracterizado por la insostenibilidad macroeconómica, resuelta en dos ocasiones por medio de agresivas devaluaciones monetarias (1982 y 1992) y en una tercera y final con la anulación de la soberanía monetaria mediante la dolarización unilateral de la economía. La deuda externa, factor fundamental de este tránsito hacia el neoliberalismo, jugó un doble papel: desviar el ahorro y la inversión internas hacia los acreedores externos, y supeditar la política económica al condicionamiento del FMI. Sin embargo, fue el libertinaje practicado por algunos grupos financieros el que al finalizar el siglo causó la pérdida del signo monetario.

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Hablar del derecho a la alimentación (DaA) va más allá de la medición de los índices de nutrición que reflejarían de esta manera la situación alimentaria en el país, implica el cumplimiento de las condiciones necesarias en el entorno de los seres humanos para que este derecho pueda ser ejercido a cabalidad. Según las Directrices Voluntarias del Derecho a la Alimentación establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), implica el acceso a la tierra, agua, tecnología, crédito, trabajo, participación en la elaboración de leyes, entre otras. FIAN Ecuador como parte de la vigilancia del cumplimiento de este derecho en el país ha realizado el seguimiento de algunas de estas directrices desde una perspectiva de género en las políticas gubernamentales y sus impactos en las condiciones de vida de la población, de manera más específica en las mujeres.

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La presente ponencia examina, en primer lugar, los significados de la educación pública, del nivel escolar, en el discurso oficial enunciado en los objetivos nacionales de desarrollo, con el fin de identificar el lugar que se le asigna a la misma en el actual proceso de transformación social y política. Se destaca en términos generales la relación de las políticas educativas con la macroeconomía y la centralización del Estado. En una segunda parte interrogo las contradicciones entre las políticas educativas actuales y los principios de participación, equidad y soberanía.

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Este trabajo analiza el legado de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812 en Cuenca entre 1812 y 1814. Estudia los principales cambios políticos relacionados con los derechos de diversos actores sociales, así como el rompimiento de antiguas formas de relación social. Los cambios políticos se relacionaron con la introducción de nuevos conceptos y prácticas como ciudadanía, soberanía, elección y representación, tanto en el mundo criollomestizo como en el indígena (población cañari) de la provincia. Se analiza la abolición del tributo indígena, el servicio personal y la mita, además se estudian algunos cambios administrativopolíticos como la creación de los ayuntamientos constitucionales, las diputaciones provinciales y nacionales.

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El artículo propone, desde el paradigma de la complejidad, un abordaje integral de los derechos humanos en el contexto global actual. A través de la sistematización de procesos de acompañamiento psicosocial con comunidades afectadas por conflictos socioambientales, la autora desarrolla un análisis profundo de las transiciones históricas en las violaciones de derechos humanos y postula nuevas categorías y retos metodológicos. El ejercicio de la violencia política expresado en la violación de la soberanía territorial, de los derechos ciudadanos, sociales y económicos de grupos oprimidos constituye el cuerpo central de este trabajo.

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El pueblo Kamëntsá del valle de Sibundoy (Suroccidente de Colombia) ha enfrentado distintas formas de sometimiento anclados a la conquista, colonización y colonialidad dentro de su territorio. Entre otros factores la presencia de la evangelización como fórmula de progreso, soberanía, civilización a principios del siglo XX influyó para que de manera incisiva sus prácticas culturales se vieran transformadas. Esta investigación se fundamenta en la lectura de un legado visual constituido por una serie de fotografías que hacen parte del archivo de la Diócesis Mocoa Sibundoy ADMS y en las cuales la presencia los indígenas es visible; tomando como base la metodología propuesta por Javier Marzal y las lecturas de un conjunto de observadores que hacen parte de la comunidad en mención. La fotografía en este caso es asumida como práctica cultural y social que visibiliza una serie de construcciones sobre la etnia, la clase, el género y el territorio.

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The mineral sector has an extreme strategic relevance for the social and economic development of any country. Therefore, proper management of existing mineral resources in a given area is closely linked to the full exercise of sovereignty. Thus, in pretending to guarantee efficient control of resources, the majority of the countries classify mineral resources as state property; however, because of the high cost and the risk involved, the economic exploitation of these resources is more efficient when driven by private initiative. Hence, the basic resource exploitation model is a modern legal concept in which the control over resources belongs to the State, but the direct economic exploitation of this heritage belongs to some individuals according to law and by offering the necessary social and economic counterparts.

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Esta tesis realiza un acercamiento a la situación de la cooperación internacional en materia de lavado de activos, en particular en lo que respecta a la relación entre el Ecuador y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el periodo 2010-2014. Este periodo es importante por su inclusión en los listados públicos de países no cooperantes en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En el siglo XXI, se ha vuelto recurrente el pretender entender al sistema de relaciones internacionales a través de la teoría constructivista. Sin embargo, el análisis basado en la teoría realista y en las aristas de poder sigue dominando la relación entre los Estados y su funcionamiento en los organismos internacionales. El análisis plasmado en el presente trabajo se ha elaborado desde la visión realista de Keohane, Nye y otros. Se analizan también las contraposiciones entre las visiones de Escudé y Slaughter sobre las teorías de la cooperación Sur-Sur y la comprensión de los principios de gobernanza global y soberanía, respectivamente. La investigación se centra en el estudio de la documentación oficial, no reservada, de las evaluaciones mutuas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, realizadas por los organismos competentes, de las notas de prensa nacional e internacional; con plena conciencia de que por ser un tema altamente político y delicado, muchas cosas no se dicen o se publican con ligereza. El mal manejo y el desconocimiento del entorno GAFI por parte de las autoridades ecuatorianas designadas para llevar las relaciones del país con los organismos internacionales en materia de lavado de activos, dio como resultado que el Ecuador haya ingresado, retornado y permanecido por tres años en la lista de países con deficiencias serias. El Ecuador ha entrado en un nuevo proceso de revisión, pero deberá cumplir con una serie de requisitos, inclusive más rigurosos que los anteriores, si quiere a futuro redimir su situación en el espacio regional y mundial, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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En Bolivia, la promulgación de la Constitución del año 2009 marca un hito importante respecto a la modificación de la estructura estatal del país a partir de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Parte del trabajo de esta Magna Asamblea, fue la reestructuración del sistema de garantías constitucionales y la consolidación del sistema de control de constitucionalidad concentrado (instaurado por primera vez en la Constitución de 1994), preponderando por el cumplimiento efectivo de los derechos individuales y colectivos, a fin de garantizar la primacía y supremacía constitucional. La modificación de los recursos constitucionales por las acciones de defensa, permitió el replanteamiento de la acción de inconstitucionalidad como un sistema inclusivo de participación ciudadana dentro del control de constitucionalidad de las normas a partir del control abstracto de constitucionalidad. Sin embargo, el procedimiento constitucional restringe esta participación ciudadana, limitando la legitimación activa dentro del control de constitucionalidad concreto y la existencia de un caso en particular. Por lo que, a partir del análisis teórico y el desarrollo conceptual, buscaré determinar: el alcance y la finalidad de la acción de inconstitucionalidad, a fin de establecer la importancia de la participación de la ciudadanía dentro del control de constitucionalidad de las normas, como una facultad constituyente derivada de la titularidad de la soberanía. Y a partir del estudio comparativo de la realidad jurídica de los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador y Perú), como referentes de participación ciudadana dentro de sus estructuras de control, sustentaré cuáles son los principios normativos que facultan a las personas el poder recurrir de forma directa al órgano encargado de control de constitucionalidad y cuál la importancia de esta participación ciudadana.

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El presente trabajo de investigación tiene como propósito inmediato determinar por qué en el proceso de integración de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), deben existir bases democráticas que permitan una mayor participación de los habitantes de la región. Un proceso de integración tan serio e importante como lo es actualmente la UNASUR, debería contar con un Órgano Parlamentario que tenga las atribuciones para generar normativa y también ejercer los controles que, con el tiempo, la misma organización demande. En relación con los parlamentos de procesos de integración, el problema más grande es que casi todos éstos no son elegidos por el pueblo, tienen una representación indirecta, y esto provoca una distorsión del principio de representatividad; en el caso de que la representación sea indirecta, difícilmente habrá representantes de ciertas minorías. La creación de un organismo de integración como UNASUR es de vital importancia para la región, tanto en temas de soberanía o la defensa de ésta, como respecto a los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales. Sin embargo, la predominancia de los órganos ejecutivos en los procesos de integración de la región, sobre los parlamentarios, demuestra el déficit democrático de éstos últimos; y, es frente a este nuevo proceso de integración que se intentará plantear las razones que permitan la inclusión de un órgano democrático, que posibilite a la UNASUR construir elementos que garanticen que, en su estructura, se permita una mayor participación de los ciudadanos de la región. Para ello explicaremos conceptos sobre democracia e integración, el nexo que existe entre ellos y el rol fundamental que juegan en un proceso integrador; posteriormente, explicaremos las clases de procesos de integración por su naturaleza y objetivos, después veremos cómo está conformado el proceso de integración de la UNASUR, para finalmente plantear una propuesta del Parlamento Suramericano.

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El presente trabajo pretende indagar sobre la problemática agroalimentaria a nivel global y cómo ésta se constituyó en el detonante para que La Vía Campesina genere el concepto de soberanía alimentaria como plataforma de lucha social y política del movimiento campesino del mundo. A nivel nacional revisamosacerca de la incorporación de dicho concepto en la Constitución Política del Ecuador en el 2008, y de las leyes, políticas y normativas agroalimentarias desarrolladas hasta el presente, observando si van a tono o no con los preceptos que la soberanía alimentaria propuestos a través de la Constitución. De igual forma, se realiza un examen sobre la agroecología como una propuesta para alcanzar la soberanía alimentaria en el Ecuador, misma que se plantea como un modelo agrario alternativo al de la revolución verde. Finalmente, se habla acerca del Colectivo Agroecológico del Ecuador, sus orígenes, acciones y demandas, así como también sus potencialidades y sus debilidades en pos de alcanzar la soberanía alimentaria en el Ecuador.