665 resultados para DELITOS SEXUALES - POLITICA GUBERNAMENTAL - BOGOTA (COLOMBIA) - 2005-2008
Resumo:
En los últimos años, el proceso de internacionalización del conflicto armado colombiano se ha convertido en un tema prioritario de la agenda internacional del país. Diversos sectores han debatido álgidamente acerca de este fenómeno que adquiere cada vez mayores dimensiones e implicaciones. ¿Qué significa realmente la internacionalización? ¿Qué papel puede desempeñar la comunidad internacional? y ¿Cuáles son sus alcances? El presente Comentario OPEC introduce algunos elementos que pueden orientar la discusión alrededor de cuatro ejes temáticos. En primer lugar, resulta útil presentar algunas aproximaciones al proceso de internacionalización desde el punto de vista analítico y conceptual. En segundo término, es necesario analizar la forma como los distintos gobiernos han desarrollado distintas estrategias de internacionalización desde mediados de los noventa, cuando el proceso toma fuerza. En tercer lugar, se estudian las consecuencias inmediatas que estas estrategias pueden acarrear. Finalmente, el Observatorio ofrece algunas recomendaciones respecto al proceso actual de internacionalización.
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Este trabajo recoge el resultado de una opción metodológica que se implementó en el curso de historia económica de Colombia para los estudiantes de Economía y Finanzas y Comercio Internacional de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. En general, la idea surgió como una iniciativa para acercarse, desde otra perspectiva, al estudio de la historia económica de Colombia. Los estudiantes realizaron un trabajo con base en una caricatura que refl ejara alguna coyuntura económica de nuestra historia a partir de la segunda mitad del siglo xix, época en que aparecen las caricaturas en la prensa nacional. Los trabajos acá presentados no necesariamente coinciden con aquello que el caricaturista quiso representar. Más bien refl ejan aquello que los estudiantes, con una brecha histórica signifi cativa, perciben e intuyen a través de la caricatura. Es decir, el trabajo permitió que se acercaran a realidades grafi cadas y las interpretaran siguiendo un análisis histórico y económico del hecho que ellos percibieron en la caricatura.
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Este texto es una invitación a la reflexión sobre la participación política, específicamente sobre una de sus manifestaciones: la participación electoral. La aproximación a este fenómeno, que cada día es más común como instrumento de legitimación de las democracias, reales y formales, se ha querido hacer tanto a nivel puramente teórico como práctico. En el primero se buscó dilucidar todas las discusiones teórico-conceptuales que se presentan frente al concepto, para poder entenderlo de una mejor manera y, de esta forma, avanzar hacia análisis más coherentes y profundos del mismo. En el segundo se inquirió sobre la necesidad de presentar una comparación entre Colombia y sus pares latinoamericanos (dieciocho países en total) para poner las cifras de participación colombianas en un contexto jurídico y estadístico que permita su real comprensión, y no un análisis somero y equivocado del fenómeno; además se realizó una exploración del comportamiento electoral de los departamentos de Colombia, desde 1974 hasta el año 2006, es decir, un total de nueve eventos electorales para la escogencia del Senado de la República. Todo ello con el fin de profundizar sobre este fenómeno en Colombia.
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El presente trabajo de investigación, estudia a través del caso de la cohorte del 2000 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, el tipo de coyuntura que le permitió a este grupo de jóvenes reingresar a la Universidad y culminar la carrera al haber tenido que abandonarla en un primer momento, por problemas socio-económicos y/o académicos. Por medio del estudio del reintegro universitario, este trabajo se enmarca en el campo, poco explorado, de la existencia y efectividad de medidas de "segundas oportunidades" educativas que las instituciones de educación superior le ofrecen a estudiantes que por problemas de orden estructural se ven obligados a abandonar la Universidad.
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Hace 37 años, aproximadamente desde el 13 de mayo de 1970, fecha en la que el profesor Claus Roxin leyó su ponencia titulada “Política criminal y sistema de derecho penal”, la ciencia del derecho penal ha experimentado un profundo cambio en su método y en su objeto. El antiguo paradigma de que el derecho penal debía ser la barrera infranqueable del derecho penal, vigente desde los tiempos en que Franz von Liszt pronunció su conocido “Programa de Marburgo”, fue sustituido por una nueva perspectiva en la que la dogmática jurídico-penal sólo adquiere su verdadera dimensión de sentido, cuando se la elabora en función de la realización de los fines político-criminales que a la ley penal le atribuye la Constitución. La doctrina penal actualmente dominante, en consecuencia, ha abandonado por completo el método lógico-deductivo de los tiempos del positivismo, y el método teleológico-valorativo impuesto por el neokantismo, para adoptar como método para la elaboración y determinación del derecho penal uno con orientación teleológica hacia la realización de la política criminal del Estado. Hoy la doctrina general, casi de forma unánime, toma como punto de partida la idea de que la Constitución Política reconoce positivamente un conjunto de valores éticosociales,cuya preservación explica desde sus fundamentos el ius puniendi. Si se toma realmente en serio el carácter de Estado social y democrático de derecho, esa potestad con la que cuenta el Estado para crear delitos y para imponer penas, sólo puede fundamentarse como contrapartida del deber que le asiste de actualizar esos valores positivamente reconocidos en la Constitución. La Carta Política, depositaria de ese acuerdo sobre lo fundamental al que supo llegar el constituyente primario, determina con exactitud cuáles son esos valores sobre los que ha de erigirse el Estado; valores que luego se encarnan en las libertades civiles y en los bienes jurídicos fundamentales, y que habrán de servir como límite y fundamento del derecho penal. Si por política criminal entendemos el conjunto de principios que orientan, enmarcan, limitan y fundamentan el uso del ius puniendi que, legítimamente, puede hacer el Estado en orden a prevenir la realización de conductas que afecten las libertades y los bienes jurídicos básicos, entonces no queda duda de que ella se encuentra ya delineada en sus trazos más fundamentales en la Constitución Política, y que la ley penal no es más que la concreción de la política criminal del Estado en su más pura expresión. Muchos son los valores dignos de protección, y por ellos son muchos también los bienes que tradicionalmente han gozado de alguna forma de tutela jurídico-penal: la vida, la libertad individual, la libertad y el pudor sexual, la honra y el buen nombre, el patrimonio o la administración pública, son sólo algunos ejemplos de ellos. No obstante,junto a esos bienes jurídicos tradicionales, que desde mediados del siglo XVIII integran lo que actualmente se suele conocer como el derecho penal clásico o nuclear, han empezado a surgir otros que reclaman también protección penal. Se trata, en general, de bienes jurídicos que se aglutinan en lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno o accesorio, y cuya protección se garantizaba anteriormente apelando a la legislación mercantil o administrativa. Y me refiero, en particular, a bienes jurídicos que, como la propiedad industrial, los derechos patrimoniales de autor, el medio ambiente o los recursos naturales, han pasado recientemente a disfrutar de un indiscutible estatus de protección penal del que antes no gozaban. Uno de esos bienes jurídicos que han pasado recientemente a disfrutar de la tutela jurídico-penal, es el orden económico y social, y es en el estudio de las conductas por medio de las cuales se le lesiona o pone en riesgo, donde se centra nuestra principal preocupación académica.
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De manera propositiva el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez presentó a los colombianos el 7 de agosto de 2005 un ejercicio prospectivo de planeación denominado 2019 Visión Colombia II Centenario. El objetivo de este ejercicio era “servir como punto de partida para pensar el país que todos los colombianos quisiéramos tener, para el momento de la conmemoración del segundo centenario de vida política independiente, a celebrarse el 7 de agosto de 2019”.1 El Departamento Nacional de Planeación asumió la responsabilidad de plasmar la visión que surgía al interior del estamento público, esencialmente ministerios y departamentos administrativos. Se esperaba que esta propuesta preliminar fuera enriquecida a través de un proceso de discusión y concertación con los diferentes estamentos de la sociedad en un diálogo profundo y constructivo entre los colombianos en el que fuera posible sumar voces en torno a una misma idea de país.2
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Desde la perspectiva del comercio internacional la prestación de servicios, en particular la de servicios públicos, ha sido un tema reciente. En el caso de la educación este tema se consideraba tradicionalmente como una actividad propia del Estado, asociada al concepto de servicio público. En la actualidad estos conceptos han cambiado y hoy se considera que la educación no sólo puede ser objeto de transacciones comerciales, como cualquier otro servicio, sino que además puede ser exportada. Para Colombia este tema cobra especial importancia de cara a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, no sólo por la especial situación de Colombia como importador neto de servicios de enseñanza, sino también por los posibles efectos que pueda tener este tratado sobre la educación en el país. El objetivo de este documento es analizar las disciplinas del comercio de servicios y su aplicación a los servicios de enseñanza superior en particular, así como las implicaciones concretas para Colombia de las negociaciones de un TLC que incluya en su ámbito de aplicación el tema de los servicios de educación.
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La Ley 964 de 2005 modifica la regulación del manejo, el aprovechamiento y la inversión de los recursos que hacen parte del mercado de valores colombiano. En este trabajo se busca llamar la atención sobre las posibles consecuencias que esta ley puede traer sobre las corporaciones en Colombia. Se analizan algunas reformas anteriores del mercado y, separadamente, se describe la configuración de propiedad de las corporaciones colombianas a la luz de ciertos enfoques metodológicos desarrollados en los últimos años (incluyendo la agenda de investigación de La Porta, López-de-Silanes, Shleifer y Vishny). Se concluye que, dadas las particularidades del mercado colombiano, la nueva Ley del Mercado de Valores puede favorecer el crecimiento de los fondos de inversión extranjera decididos a incluir a Colombia en su portafolio, pero también puede llegar a transformar el esquema de incentivos de las corporaciones colombianas.
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En 1970 Colombia no era conocida por su producción de coca o drogas ilegales, y Afganistán era y había sido por mucho tiempo un productor menor de opio. De hecho, “en Afganistán el opio no había sido una cosecha ‘tradicional’ y antes de los años noventa solamente se había cultivado en pocos lugares de ese país. A diferencia de la mayoría de los países de la región, Afganistán tenía una ‘cultura de opio’ débil. Por consiguiente, el consumo de opio hasta hace poco ha sido relativamente bajo” (UNODC, 2002: 87-88). En esa época, ninguno de estos dos países era un productor importante de coca u opio, o un actor importante en los mercados internacionales de drogas ilícitas. Hoy, sin embargo, son los países dominantes en las dos ramas de origen vegetal más importantes de la industria ilegal: cocacocaína y amapola-opio-heroína. Así, Afganistán y Colombia producen respectivamente más del 70% de la heroína y la cocaína ilícitas en el mundo.
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El siguiente documento da a conocer el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) de los países denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China) en Colombia. De acuerdo a lo anterior, en el presente trabajo, se realizó un análisis general de la IED entrante en el país suramericano que buscaba establecer los principales inversores; además de determinar los sectores más atractivos. Posteriormente, se observó la magnitud de la inversión que realizan los países BRIC en Colombia y en el mundo, con el fin de efectuar una comparación que permitiera determinar que tan significativa es la inversión que se realiza en el Estado Colombiano frente a la que es efectuada por estas naciones a nivel global. Igualmente, se consideró las industrias a las que la IED está dirigida, el grado de beneficio que representa para la población y si existe la posibilidad de enfocarla hacia otros sectores estratégicos o si se recomienda encauzarla hacia aquellos que hoy en día son el principal foco de inversión.
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El presente trabajo de investigación se centra en hacer un análisis exploratorio sobre la incidencia que tiene la intuición estratégica en el proceso de creación, organización y permanencia de las organizaciones caracterizadas por pertenecer a la categoría de micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) en Bogotá-Colombia. Con este propósito, el estudio se concentra en empresas (MiPyMe) de una muestra pequeña en la ciudad de Bogotá-Colombia que pertenezcan a un sector donde es más difícil contar con información para la toma de decisiones, de tal manera que, de encontrar una relación evidenciable con el uso de la intuición estratégica, se abra espacio para nuevas y más amplias investigaciones al respecto en el mercado Colombiano y Latinoamericano. El estudio se concentra en ver cómo las empresas observadas que se inician y perduran en el tiempo, lo hacen sin tener los respectivos estudios sistemáticos de diagnóstico de su entorno, tales como mercadeo, capacidad instalada, análisis financiero entre otros, pero que pese a esto, logran posicionarse en cada uno de sus mercados. Ante este contexto, se busca determinar si tal éxito obedece a una serie de cualidades, competencias o características de estos emprendedores, asociadas al marco general de la teoría de la intuición estratégica.
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La lipoatrofia facial es uno de los efectos secundarios que con más frecuencia se presenta y afecta la calidad de vida del paciente con VIH que recibe tratamiento antiretroviral. Metodología: Estudio observacional de corte transversal que involucró 126 sujetos, a quienes se aplicó una encuesta semi-estructurada para determinar cómo percibe el paciente que la lipoatrofia facial lo afecta en áreas afectiva, social, laboral y ocupacional; evaluar la percepción de la imagen corporal; caracterizar sociodemográficamente; determinar la prevalencia de lipoatrofia facial y establecer si hay diferencias de percepción de la imagen corporal según la caracterización sociodemográfica. Resultados: La Prevalencia de lipoatrofia facial fue del 57.1%. El grado de satisfacción en cuanto a apariencia física tuvo un promedio de 5.01±2.69. El 88.7% y 80.3% de los pacientes evaluados sintieron tristeza y frustración con su apariencia respectivamente. El 53.5% y el 42.9% informaron menos oportunidades laborales y educativas. La orientación sexual reportada con mayor frecuencia fue homosexualidad. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grado de satisfacción de apariencia con aspectos sociodemográficos excepto en pacientes que recibieron apoyo psicológico. Conclusión: Primer estudio en el país que evalúa el impacto de la lipoatrofia facial en pacientes con VIH y tratamiento antiretroviral. Aunque la presencia de lipoatrofia facial sobre la cotidianidad no es estadísticamente significativa, si resulta trascendental pues existen porcentajes importantes de emociones y alteraciones psicológicas que afectan directamente a estos sujetos en las áreas afectiva, social, laboral y ocupacional. Se hace necesaria la realización de más estudios que permitan obtener mayor de evidencia.
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Dentro del marco de la Ley 100 de 1993 el sector salud en Colombia se vio retado a una situación de turbulencia que tuvo que ser enfrentada por actores que apalancaron su crecimiento en las nuevas directrices normativas. Surgieron entonces las entidades promotoras de salud (EPS), que en el régimen contributivo dinamizaron el sector mediante la contratación de los servicios con instituciones de salud reconocidas en el sector en diferentes ciudades del país. Para poner en marcha sus modelos de prestación del plan obligatorio de salud (POS), las organizaciones tuvieron que realizar cambios drásticos en su interior con el fin de dar cumplimiento a las nuevas exigencias relacionadas con legislación, calidad y enfoque de riesgo. Específicamente Coomeva EPS, catalogada como la segunda EPS del país con mayor número de afiliados desde hace más de una década, orientó su política estratégica a la contratación para la prestación de los servicios del POS con diferentes entidades que cumplieran con los requisitos exigidos por la ley en las ciudades más importantes del país. En Medellín y el Oriente Antioqueño realizó alianzas estratégicas con clínicas privadas como las Clínicas Medellín, del Prado, Las Vegas, Las Américas, San Juan de Dios de la Ceja, entre otras, que innovaron en la apertura de servicios de primer nivel de atención ambulatorio (IPS en alianzas), involucrando el 50% de su capital y mejorando así la cobertura de atención para esta complejidad al abrir para los usuarios posibilidades de atención con altos estándares de calidad. Con el transcurso de los años, muchas de esas alianzas desaparecieron debido a la situación financiera del sector salud entre 2005 y 2008. Aquellas que lograron sobrevivir adoptaron el nombre de UBA (unidad básica de atención) en alianza, según su origen, y crecieron bajo modelos de contratación cambiantes enmarcados en las directrices de Coomeva EPS, quien a través de la modalidad de pago por capitación dio continuidad a la contratación de los servicios de primer nivel de atención asignándole a estas instituciones poblaciones de usuarios estables para la prestación de los servicios del POS. Es importante aclarar que cada una de estas empresas cuenta con autonomía financiera y capacidad de planeación bajo los lineamientos del Sistema de Seguridad Social en Salud; pero bajo el modelo de gerenciamiento de la enfermedad de Coomeva EPS, lo cual no le impide diversificar su ingresos siempre y cuando se generen como efecto de la prestación de servicios de salud. Basados en lo mencionado y en algunos elementos estratégicos de cada institución hemos querido revisar y hacer un análisis del comportamiento de cuatro de esas organizaciones que aún permanecen en el mercado a pesar de la “alta marea” vivida durante varios años en el sector y que, como lo mencionamos, provocó el cierre de muchas de esas alianzas. Nos interesa revisar aquellas condiciones que debieron ser enfrentadas en el tiempo entre 2007 y 2011 por estas instituciones, las cuales pudieron conferirles o no características diferenciadoras y de competitividad influyendo directamente en la viabilidad y perdurabilidad del sector al que pertenecen. Para ello se realiza un análisis estratégico de este último, utilizando la metodología del Análisis Estructural de los Sectores Estratégicos, desarrollada por Restrepo y Rivera (2006), de modo que, a través de esta herramienta, se logran identificar niveles de concentración entre estas empresas, diferencias en relación a rentabilidad y políticas empresariales; además, se levante el panorama competitivo del sector y se realice el estudio de competidores y de las fuerzas del mercado. Para terminar, se presentarán algunas conclusiones relacionadas con la manera como el sector ha perdurado en el tiempo a pesar de estar enfrentado de manera permanente a un entorno turbulento. Este documento fue realizado de forma conjunta por estudiantes de la asignatura Estudios Estructurales del Sector Estratégico, impartida en la Maestría en Administración en Salud del convenio Universidad del Rosario- Universidad CES de Medellín, y el profesor Hugo Alberto Rivera, pretende hacer un aporte a la línea de investigación y relacionar las características de la definición del concepto “perdurabilidad”, propuestas por la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario y lo observado en las empresas.
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La industria de las centrales de llamadas es uno de los sectores de más rápido crecimiento en el mundo desarrollado, gracias a los avances tecnológicos han permitido su uso cada vez más generalizado desarrollando servicios integrales que son accesibles las 24 horas del día. Los operadores telefónicos o tele-operadores de esta industria se ven enfrentados a jornadas laborales en las que se exponen al uso constante de la voz, utilización permanente de auriculares de comunicación, confinamiento en estaciones de trabajo delimitadas pero no aisladas; aumentando así la prevalencia de síntomas como los otorrinolaringológicos. Este estudio tiene como objeto identificar la prevalencia de síntomas otorrinolaringológicos dados por alteraciones de la voz, compromiso auditivo y síntomas de la vía respiratoria superior durante la jornada laboral de los trabajadores de una central de llamadas de una prestigiosa empresa aseguradora de la ciudad de Bogotá Colombia, así como también identificar la asociación de factores demográficos organizacionales y biológicos con los síntomas otorrinolaringológicos y analizar el medio ambiente laboral de dicha empresa y la relación de los síntomas otorrinolaringológicos con mediciones de ruido, temperatura y humedad. La población estudiada fue de 81 tele operadores de los cuales 61 (75.3%) fueron mujeres, se evidencio que las enfermedades respiratorias altas tienen una prevalencia del 36%, también se reporto una prevalencia del 85% (69) tele operadores reportaron por lo menos un síntoma de voz y solo 12 tele operadores 15% no reportaron ningún síntoma. En cuanto a la hipoacusia solo 5 (6.2%) reportaron disminución de la agudeza auditiva