299 resultados para Sanción
Resumo:
La violencia y discriminación contra la mujer se vive en toda la región latinoamericana y ante eso los países han comenzado en los últimos años a hacer énfasis a redoblar esfuerzos para eliminar este mal. Convencidos de que es urgente avanzar en El Salvador, en la erradicación de la violencia contra las mujeres, nuestra Coordinación Política quiere dejar constancia de su quehacer contra la impunidad e injusticia y de los retos que es necesario vencer para que las mujeres alcancen realmente el derecho a una vida libre de violencia. Es importante recalcar que la violencia contra las mujeres tiene su fundamento en la desigualdad social de género que se presenta de manera generalizada en modalidades diferentes afectando de forma directa sus vidas como también en el desarrollo de sus capacidades y sus libertades. La violencia contra las mujeres es un problema vital dentro de la sociedad, ya que se convierte en un gran impedimento para su desarrollo en nuestro país, se ha presentado un gran avance en materia legislativa generando condiciones jurídicas que fortalecen las necesidades de transformación, especialización, profesionalización de las instituciones para detención, prevención, atención, sanción e institución de los derechos de las mujeres que enfrentan la discriminación, desigualdad, exclusión y violencia. La violencia contra las mujeres no es más que una clara evidencia de la violación de sus derechos humanos, ante ello sólo una minoría de las víctimas denuncia tal agresión, la mayor parte soportan en silencio, pero lo más triste es que otras no viven para contarlo, durante las últimas décadas, la violencia contra la mujer ha ido recibiendo una atención creciente a nivel mundial, pasando de ser una cuestión oculta y privada a declararse en la actualidad como un problema de derechos humanos que afecta a la dignidad, a la integridad y a la libertad de las personas y que atenta contra el bienestar social. La realidad de la mujer Salvadoreña descansa en políticas estatales, las cuales deben respaldar toda iniciativa en pro del progreso humano y colectivo, aunque, bien es cierto que en la práctica, como se puede observar, este papel ha tenido aún poca incidencia en mejorar las condiciones de vida y desarrollo de las mujeres, de forma sostenida y al mismo tiempo entender que no puede haber desarrollo sin superar el déficit de las mujeres.
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Durante el transcurso de la historia de la humanidad, el hombre (como ser social) ha buscado los medios para llevar a cabo la satisfacción de sus necesidades; es de esta manera que con el correr de los años han surgido diferentes ideologías y métodos para llevar a cabo la consecución de este fin. Dentro de los métodos de los que se ha valido el hombre, se puede citar desde los más rudimentarios, hasta los más organizados, tales como los impuestos, tasas y contribuciones especiales, los cuales históricamente han sido catalogados como los más efectivos, y mayormente utilizados para la recaudación de fondos. En EL Salvador, los impuestos que generan la mayor fuente de ingresos, en cuanto a recaudación tributaria se refiere son el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, e impuesto sobre la renta. Factores como la globalización de los procesos y el entorno internacional en el que la única constante es el cambio, lleva a El Salvador a iniciar el proceso de modernización del Estado, influenciado por las corrientes neoliberales que obligan a la Administración Tributaria a buscar las herramientas legales que uniformicen y unifiquen la aplicación de las leyes que rigen los tributos internos, así como los medios para minimizar la evasión fiscal. Es en estas circunstancias que mediante Decreto Legislativo No. 230, del 14 diciembre del año 2002, es aprobado el Código Tributario, el cual entró en vigencia el primero de enero del año 2001. Con la entrada en vigencia del Código Tributario, se deroga gran parte del articulado de las Leyes que rigen los tributos internos en El Salvador, siendo las más afectadas las de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, e Impuesto Sobre la Renta. Los artículos derogados en estas Leyes primarias se trasladaron al Código Tributario, el cual trata de unificar la aplicación de las obligaciones formales y sustantivas comunes entre ambas Leyes; existe además un régimen sancionatorio que agrupa la mayoría de los incumplimientos cometidos por los contribuyentes a las obligaciones formales y sustantivas contenidas en el referido Código. Asimismo, se deja claro que en caso de existir discrepancias entre el Código y las Leyes primarias, predominará lo estipulado en la Ley. El Código Tributario representa un elemento novedoso que trae consigo la aparición de nuevas figuras: Dictamen e Informe Fiscal, y el Fedatario. Es en este entorno que dicho Código presenta algunas dificultades para su aplicación, principalmente por las pequeñas y medianas empresas salvadoreñas que no califican para dictaminarse fiscalmente, incumpliendo así las obligaciones formales y sustantivas contenidas en el referido Código. Es en este contexto que se elabora una “Propuesta de procedimientos tributarios que oriente a la pequeña y mediana empresa salvadoreña que no califica para dictaminarse fiscalmente, a la aplicación de las obligaciones formales y sustantivas contenidas en las Leyes de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Código Tributario y sus Reglamentos”, la cual se ha estructurado en cinco capítulos que se describen a continuación: El Capitulo I, contiene el marco teórico de referencia, con la finalidad de mostrar al lector los conceptos básicos de la legislación tributaria, así como ubicarle en el contexto histórico y actual de los impuestos sobre la renta e impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, a nivel mundial y nacional. El Capitulo II, presenta la problemática identificada en las pequeñas y medianas empresas del municipio de San Salvador que no califican para dictaminarse fiscalmente, las cuales cometen incumplimientos a las obligaciones formales y sustantivas, de las Leyes anteriormente citadas. La investigación de campo efectuada demostró que los contadores de las PYMEs consideran que la de Ausencia de de una guía que oriente para el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de de la Administración Tributaria, así como la dificultad para la interpretación de la normativa tributaria, fomentan el incumplimiento de dichas obligaciones. Se incluyen las preguntas realizadas así como la tabulación de la información recopilada en gráficos ilustrativos, haciendo su respectivo análisis y conclusión de cada pregunta en particular para obtener una conclusión general. Es así como en el Capitulo III, se presenta la Propuesta antes citada, la cual se desarrolla de acuerdo al ciclo de vida de una empresa, desde su constitución, desarrollo normal de sus operaciones, hasta el cierre de operaciones. En cada uno de estos apartados se ha ordenado las obligaciones entre formales y sustantivas, cada una de éstas contiene la descripción de la obligación en sí, la sanción por incumplimiento, procedimientos y sugerencias de control interno, haciendo referencia finalmente a la base legal que la sustenta. Las obligaciones desarrolladas en este documento son aquellas relativas a las Leyes del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, e Impuesto Sobre la Renta, por considerarse los que mayores ingresos generan al Estado. Se desarrolla además en el Capitulo IV un caso práctico, en el cual se ilustran los principales incumplimientos a la normativa tributaria en estudio, cometidos por las PYMEs según la investigación de campo. Finalmente, en el Capitulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones con la finalidad de prevenir incumplimientos a las obligaciones referidas.
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Hace décadas que los efectos de la actuación de las empresas sobre el disfrute los derechos humanos (DH) forman parte del debate jurídico internacional. En un contexto expansión transfronteriza de la actividad económica se han generado estructuras empresariales transnacionales que alcanzan en ocasiones la posibilidad de influir (directamente o a través de grupos de presión) a gobiernos y administraciones públicas y de incidir negativamente en el disfrute de los DH. Si bien estas situaciones pueden producirse en cualquier lugar del mundo, los países con un menor nivel de desarrollo o en situaciones de transición son más susceptibles de convertirse en escenarios de violaciones de DH. Además, en ellos es más difícil hacer efectiva la persecución y sanción de las conductas infractoras por una escasa o deficiente regulación nacional y/o por la debilidad de las estructuras administrativas y judiciales, imbuidas de corrupción en muchos casos. Jurídicamente, el estudio de posibilidades de articular y exigir responsabilidad a las empresas por violaciones de los DH requiere en primer lugar analizar la existencia y alcance de las obligaciones en materia de DH que repercuten sobre las empresas. Con este fin, y teniendo en cuenta las iniciativas y propuestas más novedosas, este trabajo aborda los distintos enfoques que permiten las dos disciplinas jurídico-internacionales: el Derecho internacional Público (DIP) y el Derecho internacional privado (DIPr) adoptando lo que, frente a la ya suficientemente estudiada perspectiva judicial (acceso a la justicia), puede calificarse como aproximación reguladora. Como es obvio, tanto las fuentes como las técnicas de reglamentación varían si tomamos como sujetos de referencia a los Estados o a las empresas que, por lo demás, operan en planos normativos y de responsabilidad distintos. Mientras el Estado incurre en responsabilidad internacional, ésta no es en principio atribuible a las empresas que, más allá de la eventual responsabilidad penal y/o administrativa, incurren en responsabilidad civil establecida a escala nacional.
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Servicios registrales
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La Cámara de Comercio se abstuvo de registrar el acta de asamblea general de accionistas de la sociedad GOLDEN MEDICAL GROUP COLOMBIA SAS, por medio de la cual se nombraba el revisor fiscal y se aceptaba la renuncia del suplente del gerente. Esta decisión se fundamentó en 2 motivos: (1) No se indicó de manera clara el número de acciones representadas en la reunión. (con fundamento en los artículos 22 de la Ley 1258/08 y la ley 222/95) y (2) A título de recomendación: que por prohibición expresa del código, no es viable dejar un cargo de representación legal vacante, en consecuencia, debe o eliminarse el cargo, lo que acarrea una reforma estatutaria, o nombrar a alguien en dicho cargo.
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"Las cinco cartas imaginarias a Freud recogidas en este libro son su columna vertebral y los efectos que producirán en la comunidad psicoanalítica están aún por verse. Pero las cartas no agotan los aportes de esta obra. Alberto Fergusson, médico, psiquiatra y psicoanalista, tiene toda una historia vital dedicada al estudio y el tratamiento de pacientes psicóticos. En los años ochenta creó el Instituto de Autorrehabilitación Acompañada, inspirado en las premisas del freudomarxismo de la Escuela de Frankfurt y en el mal llamado "movimiento antipsiquiátrico" (mal llamado en la medida en que no se opone a la psiquiatría, sino más bien a una mala práctica psiquiátrica) y en los trabajos y experiencias de Laing, Cooper, Basaglia y Szasz. La materialización de los conceptos del Instituto se produjo en una singular experiencia denominada Fungrata, pero conocida en el mundo académico y profesional como "La granja". Esa institución, pionera en nuestro país, sigue produciendo asombro en varias partes del mundo por haber llegado, desde ya hace décadas, adonde muchos otros dispositivos dedicados a la intervención psicosocial con pacientes psicóticos hoy aspiran llegar". (Extracto del "prólogo") Miguel Gutiérrez-Peláez
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Describir el fenómeno de la corrupción es una manera de comprender el comportamiento desviado de los integrantes de determinada colectividad y el funcionamiento de su orden social. Por lo que resulta necesario abordar el tema como un fenómeno social, económico, político y también cultural.
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El Estado colombiano tiene una capacidad de sanción que ha sido diseñada para ser ejercida por el presidente de la república. En algunas ocasiones gracias a la figura de la delegación se les entregan estas facultades de sanción a los gobernadores, los alcaldes de los distritos y los alcaldes de los municipios, quienes actúan como representantes legales de estas entidades territoriales que hasta la fecha son las únicas que existen en Colombia. El presente trabajo evaluará esa capacidad de sanción en un tema especifico como es el procedimiento sancionatorio de alimentos, procedimiento que es similar en su estructura legal en todas las entidades territoriales, pero que en su aplicación presenta características diferentes, estas diferencias permiten demostrar la hipótesis planteada que los procedimientos sancionatorios en alimentos en las entidades territoriales son débiles, no obstante contar con toda la facultad sancionadora delegada para ejercer esta actividad.
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La situación carcelaria del país atraviesa uno de sus peores momentos. Hacinamiento, reincidencia, corrupción, entre otros, son algunos de los problemas que hoy en día han abierto el debate sobre el papel de las cárceles como centros de resocialización; especialmente se ha comenzado a cuestionar la eficacia de los programas que se están implementando dentro de estos establecimientos. Sin embargo, un elementos que no se ha tenido en cuenta a la hora de analizar la política penitenciaria y carcelaria tiene que ver con las situación de los reclusos al salir en libertad, esto a raíz de que cada vez es más evidente que las posibilidades de que estas personas puedan acceder a un trabajo e inclusive adaptarse nuevamente a la sociedad son mínimas. A ello se suma el hecho de la escasa oferta de programas que brinden acompañamiento pospena, lo cual incrementa significativamente las probabilidades de que esta población reincida. Es por tanto un reto no solo del Estado colombiano sino de la sociedad misma brindar oportunidades a esta población con el fin de lograr una correcta y efectiva resocialización de los reclusos luego de su estancia en prisión.
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Promover el desarrollo equitativo del territorio es un desafío para gran parte de los gobiernos latinoamericanos. Ello da cuenta de la generación de un nuevo paradigma que reconoce dos vectores fundamentales: el impulso al crecimiento económico con soberanía política, asentado en el proceso de integración regional como plataforma de inclusión en la economía global y la implementación de políticas que promuevan procesos de desarrollo sostenible, lo cual sintetiza los conceptos de equidad social y sustentabilidad ambiental de los territorios nacionales. A partir de ambos vectores, el objetivo de este trabajo es analizar las políticas de ordenamiento del territorio impulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las políticas ambientales encuadradas en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Enmarcada en el enfoque metodológico cualitativo, la estrategia utilizada para procesar datos procedentes de fuentes primarias y secundarias, fue el análisis e interpretación de documentos. Los resultados muestran exiguos avances en materia de ordenamiento territorial. A ello se suma la complejidad y superposición de las normas ambientales y la cambiante naturaleza de las políticas públicas que, entre otras razones, obstaculizaron la sanción de una Ley de Desarrollo y Ordenamiento Ambiental del Territorio Argentino.
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La presente ponencia busca visualizar, como a través de un proceso de educación no formal, enfocado a la población joven y en especial a quienes desarrollan acciones con estos en los ámbitos local y subregional es posible generar acciones que contribuyan al desarrollo individual, colectivo y del territorio; que además sea desarrollador de los ámbitos conceptuales representados en aprendizajes significativos para los Agentes Locales de Juventud, a la luz del desarrollo y construcción de competencias científicas, laborales y ciudadanas, y por ende de estándares específicos. Además de convertirse en insumos para el hacer diario de los Agentes Locales de juventud en sus comunidades de incidencia, expresado como Agentes del Desarrollo. Tal proceso de formación se sustenta en las observaciones realizadas en los Encuentros de la Escuela de Agentes Locales de Juventud - E.A.L.J, de la Asesoría Departamental para la Juventud de la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia SEDUCA, realizados durante los años 2009 y 2010, en los cuales se evidenciaron una serie de necesidades y demandas encontradas en las nueve subregiones del Departamento, las cuales tienen que ver con aspectos como, el Fortalecimiento de la institucionalidad, del Movimiento juvenil, de la Voluntad Política, expresada en la puesta del tema de juventud en la Agenda Pública, pues de esta forma el tema de juventud pasa a ser focalizado y priorizado para el desarrollo de la atención de un importante grupo poblacional y finalmente, Desarrollos normativos y legislativos garantes de los derechos de la población juvenil. De tal forma que para el desarrollo territorial propiciado desde la población joven, entre 14 y 26 años, en cada subregión y localidad en el Departamento de Antioquia, se evidencia en la inserción cada vez más reiterada en espacios de participación políticos y comunitarios, en la conformación de Consejos Municipales de juventud, la sanción de Políticas Públicas Municipales de Juventud con enfoque de derechos, y especialmente en la construcción de Planes Municipales de Juventud, que proveen a las y los ciudadanos, funcionarios y servidores públicos de una plataforma sociopolítica para el desarrollo de este grupo poblacional, a su vez que los potencia como actores sociales, gestores del desarrollo territorial a través del posicionamiento de nuevas visiones desde la administración pública que permite hacer realidad el horizonte concebido en la política y los planes de desarrollo para el mejoramiento de las condiciones de vida de los y las jóvenes y el cabal cumplimiento de sus derechos. El desarrollo territorial desde la población joven, como oferente, propicia entonces una mayor autonomía en lo local para la prestación de servicios y de tecnología, entre otros, pero que de igual forma permite la interlocución e interacción con otros territorios, dado el proceso de formación propuesto, puesto que permite el reconocimiento de su entorno y sus relaciones con éste.
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Promover el desarrollo equitativo del territorio es un desafío para gran parte de los gobiernos latinoamericanos. Ello da cuenta de la generación de un nuevo paradigma que reconoce dos vectores fundamentales: el impulso al crecimiento económico con soberanía política, asentado en el proceso de integración regional como plataforma de inclusión en la economía global y la implementación de políticas que promuevan procesos de desarrollo sostenible, lo cual sintetiza los conceptos de equidad social y sustentabilidad ambiental de los territorios nacionales. A partir de ambos vectores, el objetivo de este trabajo es analizar las políticas de ordenamiento del territorio impulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las políticas ambientales encuadradas en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Enmarcada en el enfoque metodológico cualitativo, la estrategia utilizada para procesar datos procedentes de fuentes primarias y secundarias, fue el análisis e interpretación de documentos. Los resultados muestran exiguos avances en materia de ordenamiento territorial. A ello se suma la complejidad y superposición de las normas ambientales y la cambiante naturaleza de las políticas públicas que, entre otras razones, obstaculizaron la sanción de una Ley de Desarrollo y Ordenamiento Ambiental del Territorio Argentino.
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Promover el desarrollo equitativo del territorio es un desafío para gran parte de los gobiernos latinoamericanos. Ello da cuenta de la generación de un nuevo paradigma que reconoce dos vectores fundamentales: el impulso al crecimiento económico con soberanía política, asentado en el proceso de integración regional como plataforma de inclusión en la economía global y la implementación de políticas que promuevan procesos de desarrollo sostenible, lo cual sintetiza los conceptos de equidad social y sustentabilidad ambiental de los territorios nacionales. A partir de ambos vectores, el objetivo de este trabajo es analizar las políticas de ordenamiento del territorio impulsadas por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y las políticas ambientales encuadradas en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Enmarcada en el enfoque metodológico cualitativo, la estrategia utilizada para procesar datos procedentes de fuentes primarias y secundarias, fue el análisis e interpretación de documentos. Los resultados muestran exiguos avances en materia de ordenamiento territorial. A ello se suma la complejidad y superposición de las normas ambientales y la cambiante naturaleza de las políticas públicas que, entre otras razones, obstaculizaron la sanción de una Ley de Desarrollo y Ordenamiento Ambiental del Territorio Argentino ritóriA � a`@�9�o três maneiras de se considerar um objeto único que é o espaço que nos cerca, em uma palavra, o meio ambiente. Estas são três entradas construídas num objeto único, três entradas e, pois, três finalidades diferentes. Os aproximar sem os confundir num sistema tripolar permite introduzir a diversidade e de a flexibilizar num sistema complexo. Estas são três entradas complementares e interativas. O geosistema com finalidade naturalista toma em consideração a “natureza” antropizada. O território com finalidade sócio-econômica corresponde à abordagem clássica da geografia humana. A paisagem com finalidade cultural introduz a dimensão das imagens e das representações. Não há hierarquia entre os três pólos, mas complementaridades: é isto que dá a flexibilidade ao funcionamento científico. A título de reflexão: Para um retorno do geográfico?Em torno de três questões possíveis: (a) O retorno do geográfico será um retorno da disciplina Geografia? (b) Trata-se de uma « ciência diagonal » em curso de criação?(c) Qual é o impacto deste paradigma sobre as aplicações para o aménagement do território e para o “desenvolvimento sustentável”?
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ResumoEste artigo tem como objetivo analisar a trajetória internacional do caso Maria da Penha e sua jurisprudência internacional. Com base no estudo de tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro e sua efetivação no país, busca-se demonstrar a eficácia do sistema internacional de direito público, levando em conta a participação de organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA), mais especificamente a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a resposta do governo brasileiro, tanto juridicamente como legislativamente.O caso Maria da Penha tornou-se o primeiro a ser aceito pela Comissão Interamericana por violência doméstica e sua condenação por negligência e omissão levou a abertura de discussões neste âmbito Diante da denúncia, a Comissão da OEA publicou o Relatório Nº 54, de 2001, que dentre outras constatações, recomendou a continuidade e o aprofundamento do processo reformatório do sistema legislativo nacional, a fim de mitigar a tolerância estatal à violência doméstica contra a mulher no Brasil.A sanção dessa lei representa, assim, um avanço na proteção da mulher vítima de violência familiar e doméstica, incluindo, também, uma inovação legal quanto às formas de gênero já positivadas.Palavras-chave: Tratados de direitos humanos, Lei Maria Da Penha, direitos fundamentais da mulher; Comissão Interamericana de Direitos Humanos.ResumenEn este artículo se pretende analizar la trayectoria internacional del caso de María da Penha y su jurisprudencia internacional. Basándose en el estudio de los tratados internacionales ratificados por el gobierno brasileño y su reconocimiento en el país, el texto tiene la intención de demostrar la efectividad del derecho público internacional, teniendo en cuenta la participación de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), más concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y las respuestas del gobierno brasileño, tanto jurídicas como legislativas.El caso de Maria da Penha se convirtió en el primero caso sobre violencia doméstica en ser aceptado por la Comisión Interamericana, y su condena por negligencia y omisión llevó a abrir el debate en este ámbito frente a la denuncia, la Comisión de la OEA publicó el Informe N º 54 de 2001 que entre otras conclusiones recomienda la continuación y profundización del proceso del sistema de reformatorios de la legislación nacional a fin de mitigar la tolerancia estatal a la violencia doméstica contra las mujeres en Brasil.La sanción de la ley representa un avance en la protección de las mujeres víctimas de violencia familiar y violencia doméstica, incluyendo también una innovación en lo que respecta a formas jurídicas de los procesos de género.Palabras clave: tratados de derechos humanos, Ley Maria da Penha, derechos fundamentales mujer, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.