Orden y desorden en la vida política

La tradición filosófica clásica y medieval nos proporciona las claves para desplegar el concepto de orden político, especialmente a través de Aristóteles, quien, con su insistencia en la necesidad de combinar prudencialmente la unidad y la pluralidad, evita tanto la tendencia monista de Platón como la tendencia relativista de los sofistas. Las principales exigencias del orden en la vida política son: el reconocimiento de un bien común objetivo como bien moral social; el respecto a la legítima pluralidad social en que cada cuerpo intermedio buscando su fin particular aporta algo valioso al conjunto de la sociedad; la afirmación de la solidaridad humana universal sin menoscabo del recto amor hacia la propia patria y los deberes que emanen de tales solidaridad y amor. Que no se alcancen estos tres puntos totalmente no significa que reine el desorden sino que, herida por el pecado original, la naturaleza humana queda limitada y debilitada. De ahí la importancia de las medidas político-legislativas, que pueden ayudar al hombre a enfrentarse al desorden en la medida en que sean ordenaciones auténticamente racionales. Sin embargo, el mundo moderno, en la misma medida en que es anticristiano, es inspirador de algo más que un mero déficit de orden. Es inspirador de una política del desorden donde el objetivo principal consiste básicamente en destruir el orden natural, especialmente en la medida en que este orden natural nos recuerda la existencia de un Dios creador. El análisis del caso español pone de manifiesto gran cantidad de ejemplos de cómo detrás de una legislación y un gobierno autodenominados ‘progresistas’, se esconde una voluntad tácita o expresa de destruir la naturaleza humana y jugar a ser nuevos demiurgos. Frente a esa política del desorden, emerge la necesidad de reconocer el fundamento teológico del orden político.

Beneficios fiscales por inversiones en educación superior: el modelo norteamericano

El modelo americano de financiación universitaria no está centrado en la subvención directa de las Universidades sino en facilitar recursos a los estudiantes. Tanto la Unión como los Estados financian a los estudiantes directamente –mediante ayudas y becas- como indirectamente, a través de beneficios fiscales. El sistema es extremadamente complejo y tiene carencias en términos de equidad, eficiencia y neutralidad, pero, en definitiva, las Universidades americanas disponen de suficientes recursos para trabajar con eficacia y los estudiantes encuentran el modo –becas, préstamos y beneficios fiscales- de financiar buena parte de sus gastos educativos. El sistema español de Educación superior está en el polo opuesto. Programas de becas infradotados, precios universitarios simbólicos, programas de préstamos educativos marginales y ausencia de beneficios fiscales. Las Universidades públicas reciben sus recursos de los contribuyentes, a través de los presupuestos autonómicos, pero si se elige una Universidad privada el estudiante ha de pagar derechos de matrícula más elevados –puesto que sus programas no reciben soporte financiero público- al mismo tiempo que financia el sistema público mediante el abono de sus deudas tributarias. En el ordenamiento vigente se atribuye la principal responsabilidad en lo relativo a política universitaria a las Comunidades autónomas. ¿Qué podrían aprender los Gobiernos autonómicos del modelo americano, sin repetir sus errores? Tres lecciones sencillas: (1) Reducir los créditos presupuestarios a fondo perdido e incrementar los precios públicos, y las becas para los estudiantes de rentas bajas; (2) Crear un único beneficio fiscal, no más, en forma de deducción autonómica reembolsable en el IRPF, del 20% de lo invertido en Educación superior.; (3) Crear Programas de Ayuda al Mérito para todos los estudiantes con mejores resultados académicos en forma de cheque universitario para invertir en cualquier institución del sistema, ya sea de iniciativa estatal o social. Estas tres políticas contribuirían a incrementar los recursos financieros de todas las Universidades, y a mejorar la financiación de los estudiantes –en particular de quienes tienen más necesidades y condiciones para el estudio- al mismo tiempo que se refuerza la libertad de elección de Universidad. En dos palabras, mejoraría la eficacia y la equidad del conjunto del sistema.

Utilidad de las evaluaciones en el ámbito gubernamental y los factores que obstaculizan su utilización en salud pública

La situación actual de la evaluación de las políticas públicas y dentro de ellas de los programas públicos de salud, es cada vez más preocupante para las administraciones públicas presentes. La necesidad de los gobiernos por determinar cómo se han ido desarrollando, ejecutando y cumpliendo los objetivos de estos programas en las políticas públicas que los contienen, constituye una de las preocupaciones tanto del Estado, como de la ciudadanía. Este estudio tiene el propósito de presentar una visión general del estado teórico actual y brevemente práctico de cómo la utilización de las evaluaciones se está desarrollando en el presente, y revelar cuales son los factores que obstaculizan esta utilización en el sector de salud pública. Para ello, esta investigación ción se ha dividido en tres Capítulos. El primero, entrega una visión amplia y actual de la evaluación y su utilidad, junto con los factores principales que limitan este uso; el segundo, se enfoca en el área de la salud e intenta mostrar la realidad existente en la utilidad de las evaluaciones y qué factores afectan esta utilidad, y por último el tercero y final, realiza un análisis de los factores que obstaculizan la utilidad de las evaluaciones encontrados en salud, aplicando el marco conceptual del primer capítulo, dando para terminar algunas conclusiones y apreciaciones que permiten reflexionar sobre la realidad encontrada.

Los Actores económicos y la dimensión regional : la Cambra de Comerç de Barcelona y Foment del Treball Nacional (1997-2007)

Esta investigación trata de esclarecer qué opinión merece y cómo repercute la existencia de gobiernos regionales en las organizaciones empresariales de ámbito regional. Ello lo observamos mediante el análisis de dos organizaciones empresariales catalanas: Foment del Treball Nacional y la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. Desafortunadamente, como sucede para el caso español, tras más de veinticinco años de experiencia regional existe un vacío en la literatura académica, tan sólo unos pocos estudios referenciados, tanto de organizaciones empresariales regionales como de su opinión sobre el Estado de las Autonomías y sus implicaciones para un determinado modelo económico y proyecto político.

La Financiación territorial en España: situación actual y propuestas de reforma

En el presente informe se realiza un análisis crítico del sistema español de financiación territorial y se avanzan una serie de recomendaciones para su reforma. La principal conclusión del trabajo es que el modelo actual no se adecua satisfactoriamente a los principios de igualdad, autonomía, responsabilidad y transparencia que deberían orientar su diseño y puede dificultar el cumplimiento de los objetivos básicos de la política macroeconómica. La solución de estos problemas exigiría una reforma en profundidad del sistema actual en la línea que se esboza en la parte final del documento. En el análisis se distingue entre el subsistema de régimen común en el que se integran la mayoría de las comunidades autónomas y el subsistema foral que se aplica en el País Vasco y Navarra. El sistema de régimen común ha sido objeto recientemente de una reforma que ha introducido novedades importantes en su estructura y filosofía. En el lado positivo, la nueva ley se ha traducido en una distribución más equitativa de los recursos asignados a las regiones, reduciendo de forma apreciable la dispersión de la financiación por unidad de necesidad en relación con el sistema anterior. Otra mejora significativa ha sido la creación del Fondo de Garantía, un instrumento que, por primera vez en la historia del sistema, permite ir adaptando la financiación a las cambiantes circunstancias regionales, ofreciendo así a las comunidades autónomas un seguro parcial contra los riesgos ligados a la evolución de sus ingresos y sus necesidades de gasto. A pesar de que éstas son mejoras importantes, el balance global de la reforma no es positivo. El nuevo acuerdo no resuelve satisfactoriamente los problemas que obligaron a la reforma de su antecesor, es bastante más complejo y opaco que éste, introduce un mecanismo de nivelación parcial de dudoso encaje constitucional, opta por un reparto inicial incierto que podría ser difícilmente aceptable ex-post para algunas regiones, y no ha abordado otros problemas estructurales del sistema, incluyendo su excesiva sensibilidad al ciclo económico. El sistema foral tampoco está libre de problemas. Tal como se ha implementado en la práctica, el modelo vasco-navarro de concierto o convenio supone una violación flagrante de la prohibición constitucional de que los regímenes autonómicos comporten privilegios económicos o sociales y constituye una fuente permanente de inestabilidad para el sistema de régimen común al ser percibido como un agravio comparativo en las regiones no forales de mayor renta, y en particular, en Cataluña. Según mis cálculos, la financiación por habitante del País Vasco es superior en un 60% a la media de las regiones de régimen común a igualdad de competencias y la situación no es muy distinta en Navarra. El origen de esta anomalía está en las leyes quinquenales del Cupo, donde los principios y procedimientos de valoración establecidos en la ley del Concierto se concretan de una forma muy discutible. Los problemas fundamentales que se detectan son dos. Primero, la valoración de las competencias estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está fuertemente sesgada a la baja. Y segundo, el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto. El efecto conjunto de ambos factores ha sido el de rebajar la contribución vasca a los gastos del Estado en 2.800 millones de euros en 2002 y en casi 4.500 millones en 2007, lo que supone respectivamente un 6,21% y un 6,89% del PIB del País Vasco. Dado todo esto, resulta difícil evitar la conclusión de que el diseño del sistema de financiación regional sigue siendo un problema abierto que no tardará mucho en volver a ocupar un lugar preferente en la agenda política nacional. Es de esperar que la próxima reforma del modelo sea algo más meditada que la aprobada el pasado diciembre y sirva realmente para dotar de un diseño razonable a uno de los elementos más críticos de nuestra arquitectura legal. Para alcanzar este objetivo, será necesario realizar una serie de reformas que pueden agruparse en tres grandes líneas de actuación: garantizar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad, reforzar la responsabilidad fiscal de los gobiernos regionales y asegurar que el sistema contribuye a alcanzar los objetivos fundamentales de la política macroeconómica, o al menos que no dificulta su cumplimiento. Entre las medidas recomendadas cabría destacar las siguientes: - Corregir gradualmente el fuerte sesgo a la baja que existe actualmente en el cálculo de la aportación de los territorios forales a la hacienda central. Para ello no hace falta modificar las leyes del Concierto vasco y el Convenio navarro. Bastaría con que en las correspondientes leyes quinquenales se realizase una valoración razonable de las competencias que permanecen en manos del Estado, entre las que habría de incluirse la nivelación interregional, y se actualizasen los coeficientes que se utilizan para calcular el ajuste por IVA. - Recuperar la garantía de igualdad de acceso de todos los ciudadanos al conjunto de los servicios públicos como principio básico orientador del diseño del sistema de financiación y asegurar su aplicación efectiva en la práctica. Con este fin, sería aconsejable eliminar el Fondo de Suficiencia (excepto como vehículo para la financiación de las competencias singulares) y los Fondos de Convergencia para repartir el conjunto de los recursos del sistema de acuerdo con la fórmula de necesidades de gasto que actualmente se aplica sólo a la dotación del Fondo de Garantía. Con el fin de evitar la necesidad de fuertes recortes en la financiación de algunas comunidades, convendría hacer una transición suave desde la asignación actual hasta la derivada de la fórmula. - Introducir ciertos retoques en la actual fórmula de necesidades de gasto, incluyendo la recuperación de una partida que permita sufragar los costes fijos ligados a las instituciones de autogobierno y a ciertos servicios autonómicos así como la introducción de una corrección por diferencias en niveles de precios entre regiones. - Desdoblar el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales en un tramo estatal y otro autonómico claramente diferenciados, abandonando los actuales porcentajes de cesión. Los dos tramos serían regulados de forma independiente, aunque manteniendo en manos del Estado la determinación de la base imponible y la gestión del impuesto. - Dotar a las comunidades autónomas de competencias normativas sobre un tramo de los principales tributos indirectos y sobre los elementos de copago en sanidad, educación y otros servicios. Dada la oposición de la Comisión Europea a cualquier cambio normativo que pueda abrir la puerta a la existencia de tipos impositivos diferenciados regionalmente, el poder de decisión sobre el tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales deberá ejercerse de forma colegiada por el conjunto de las comunidades autónomas, que habrán de fijar tipos uniformes en todo el territorio nacional. - Establecer un Fondo de Estabilización Presupuestaria, que se nutriría con el 'exceso' de recudación tributaria que se genera en la parte alta del ciclo económico y serviría para complementar los ingresos autonómicos en la parte baja del mismo. - Reformar la legislación sobre estabilidad presupuestaria para fijar a las comunidades autónomas un objetivo de equilibrio presupuestario año a año similar al que ya tienen las corporaciones locales y para concretar las medidas extraordinarias que el Estado podrá imponer a las administraciones territoriales en situaciones de 'emergencia presupuestaria'.

La dimensió política de la construcció social del Programari Lliure

Aquest estudi es presenta com una aproximació al fenomen del Programari Lliure des de la seva vessant política. Lluny de tractar-se d'una alternativa tecnològica la naturalesa de la qual seria explicable en termes exclusivament tècnics - la qual cosa no faria sinó atribuir-li una presumpta neutralitat tecnològica -, ací assumim que tota tecnologia s'inscriu en un procés de construcció social en el que incideixen factors de tipus social, econòmic, polític i/o moral que rebasen allò merament tècnic. Creguem que en el cas del Programari Lliure es donen cita tots aquests factors, sent el plànol polític el que adquireix un especial protagonisme en dit procés de construcció i que mereix de tractament aïllat. D'aquesta manera, la semàntica de allò polític serà examinada en les seves diferents accepcions a través de dos plànols complementaris. Per una banda, rastrejant els fonaments culturals que subjauen al Programari Lliure i les seves possibles concomitàncies de contingut polític. D'altra, descrivint la praxis actual d'actors heterogenis (corporacions, governs, associacions d'usuaris,...) desenvolupada en un marc global d'interacció col·lectiva, que es revisteix igualment, producte de la confrontació estratègica d'interpretacions i discursos particulars sobre el mateix, d'un caràcter indubtablement polític.

Los efectos sobre el medio ambiente en las nuevas democracias, las dictaduras y las democracias tradicionales

El principal objeto de esta investigación es determinar y evaluar si la evolución o transición hacia formas cerradas o abiertas de gobernar -autocracias y democracias- ha llevado aparejada una menor o mayor contribución a la calidad del medio ambiente. La conclusión es clara, los nuevos gobiernos democráticos tienen más probabilidades de responder a los intereses medioambientales y, por lo tanto, son más propensos a respaldar las convenciones internacionales que las autocracias.

E-Government and Online Government-Citizen Interaction

En l'última dècada, les administracions públiques han fet un esforç especial per desenvolupar portals d'administració i oferir serveis en línia. L'objectiu d'aquest article és crear un marc teòric i analític per a investigar els efectes dels nous canals d'interacció basats en la tecnologia entre els governs i els ciutadans en l'estructura organitzativa i les dinàmiques de les administracions públiques i, finalment, en el lliurament de serveis. També assenyala possibles enfocaments metodològics que podrien resultar útils en la recerca futura sobre aquest tema.

El biaix social de les elits polítiques catalanes. El cas dels Governs de la Generalitat (1999 ¿ 2003 ¿ 2006 ¿ 2010)

Després de 30 anys de la restauració de la Generalitat es desconeix gairebé tot del perfil social de l¿elit política Governamental catalana, aquest Treball fa una aproximació inicial al tema a partir dels últims quatre Governs de la Generalitat de Catalunya. Els seus membres presenten biaix social respecte la població d¿acord amb el model d¿aglutinació de les elits polítiques, tot i això el model de Desproporció Social Creixent només es valida respecte el gènere. El seu perfil és el d¿un home, de més edat que la mitjana, nascut a Catalunya, amb la carrera prèvia desenvolupada a Barcelona ciutat, amb una formació molt per sobre de la mitjana i de professió economista. Aquest perfil no és exactament el mateix que el dels Parlamentaris regionals espanyols, les diferències es centren l¿edat i la professió mentre que el gènere, l¿origen i el nivell de formació coincideixen. S¿observa també que els Governs d¿esquerra-centre esquerra presenten un percentatge lleugerament superior de dones que la resta, els membres vinculats amb PANE són més joves, incorporen menys dones, menys immigrants interiors, menys educadors i no presenten credencials educatives sensiblement diferents del membres vinculats a partits d¿àmbit estatal.

Una apuesta por el equilibrio : problemas medioambientales de Japón en la obra de Hayao Miyazaki

El medioambiente ha ganado en las últimas décadas más atención por parte las organizaciones internacionales y de los gobiernos. El abuso o mal uso de los recursos del planeta lo están poniendo en peligro. El aire y el agua se agotan, los bosques se reducen y muchas especies animales se están extinguiendo por la caza, la pesca y la destrucción de hábitat naturales. Además de organismos oficiales, la población también está preocupada y son muchos los que levantan la voz y aportan su grano de arena para luchar contra el cambio climático y los problemas medioambientales. Hayao Miyazaki, director de cine y dibujante japonés, incluye en la mayoría de sus películas el reflejo de lo que ocurre y su postura ante este problema. Es uno de los pocos japoneses que ha ganado un Oscar de la Academia de Cine Norteamericana y el Oso de Oro en el Festival de Berlín. En su país es mucho más conocido que en Occidente, pero su obra es apreciada y, debido a la difusión que tiene, llega a muchos espectadores de todas las edades. Consciente o inconscientemente, su obra transmite respeto por la Naturaleza, cuidado para mantener el equilibrio entre los hombres y su entorno y otros muchos temas medioambientales.La cuestión que nos planteamos es la siguiente: Si Miyazaki refleja problemas medioambientales en su obra y vive en un país en concreto ¿se reflejan los problemas medioambientales de ese país, Japón, en sus películas?

Los Jóvenes de la transformación social

Vivimos tiempos inciertos. Atravesamos una gran crisis, o “la gran estafa” como algunos prefieren denominarla. Diversos factores han hecho que lleguemos a esta situación. Una Unión Europea no real, un crecimiento basado en pilares pocos sólidos, la extraordinaria desigualdad que han generado las políticas neoliberales. No es solo una crisis económica, pretenden venderla como tal pero nos encontramos ante una crisis política, antropológica, moral, ideológica, de la democracia. Para muchos nos encontramos ante una crisis sistémica donde las deudas se socializan y los beneficios se privatizan. Los gobiernos son dirigidos por los mercados y por instituciones transnacionales que no son democráticas, y los ciudadanos no eligen a sus dirigentes. Las deudas socializadas son ocasionadas por malos gestores de bancos que además se asignan sueldos altísimos e indemnizaciones multimillonarias. Se recortan derechos conseguidos en estos 40 años de democracia en nuestro país. Gobiernan partidos políticos que ganan las elecciones con programas electorales que incumplen de forma manifiesta desde el primer día, y que por tanto están deslegitimados para conducir la política para la que han sido elegidos. En este contexto los jóvenes son las principales víctimas

Chipre: escenarios para un futuro incierto

Fa més d'un quart de segle que Xipre està dividit, després que l'exèrcit turc intervingués a l'illa, davant l'intent de cop d'estat greco-xipriota recolzat per Grècia. Aquest episodi va concloure amb l'ocupació turca de la part nord de l'illa i el transvasament de població entre nord i sud fins a configurar dos territoris ètnicament homogenis i separats físicament per la "Línia verd" de Nacions Unides. Aquest conflicte que secciona l'illa ha quedat congelat fins als nostres dies, tot i els repetits intents i propostes de pau promoguts per la comunitat internacional1. L'11 de novembre de 2002, el Secretari General de Nacions Unides, Kofi Annan, va presentar un nou pla als líders xipriotes i als governs dels estats garants Grècia, Turquia i el Regne Unit. Donada la conjuntura actual, sobretot arran del procés d'ampliació europea, aquesta proposta constitueix una oportunitat "històrica" per desbloquejar la situació i arribar a un acord definitiu. En aquestes pàgines, plantegem els possibles escenaris de futur per Xipre, tenint en compte els diferents elements que poden condicionar les polítiques exteriors dels actors implicats en el contenciós.

El Uso de la cláusula democrática y de derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea

Desde finales de los 80 se produce un aumento significativo y rápido de los programas de asistencia financiados por la Unión y que incluyen medidas destinadas a la protección y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, este aspecto positivo de promoción encuentra su anverso en una serie de medidas que la UE introduce en sus acuerdos con terceros y que permiten, en caso de que se produzcan violaciones en este campo que la Unión pueda dar por terminado, o bien suspender, el acuerdo en cuestión. Este tipo de medidas son las llamadas cláusulas de condicionalidad democrática o de condicionalidad negativa, objeto de estudio del presente working paper. Dichas cláusulas establecen que los derechos humanos y los principios democráticos se consideren elementos esenciales en la relación con la Unión, lo que permite que en caso de incumplimiento se pueda llegar a la terminación del acuerdo. Si bien inicialmente los criterios que se tenían en cuenta para condicionar créditos o ayudas eran los económicos, con el tiempo vemos como crece la importancia que van adquiriendo los derechos humanos y la democracia como requisitos indispensables en base a los cuales se condicionan las ayudas económicas o la celebración de acuerdos internacionales, y un medio en manos de la UE para mostrar su disconformidad ante determinadas situaciones, y para presionar a los gobiernos infractores y que deseen establecer relaciones con la comunidad. En el presente working paper se analizará el origen y la posterior consolidación como práctica habitual en las relaciones con la UE. Asimismo, se dará un repaso a la tipología utilizada en el clausulado de los Tratados con países terceros

La PESC en el Debate sobre el Futuro de Europa

Este artículo analiza las contribuciones de los representantes de los Gobiernos nacionales en la Convención Europea en materia de Política Exterior y de Seguridad Común. Intenta mostrar de forma gráfica los principales temas de debate abiertos sobre Acción Exterior y como queda plasmado en las discusiones los ejes de fractura pre-existentes en el seno de la familia europea.

España en Europa 1996-2004

Pensar globalmente, actuar localmente” es un slogan imprescindible en el discurso político de nuestros días. Pues bien, la práctica política, en materia de Unión Europea, de los dos gobiernos del Partido Popular, presididos por José María Aznar (1996-2004), nos permite acuñar un slogan de signo bien diferente: “pensar localmente, actuar en Europa”. En efecto, si algo caracteriza a estos ocho años de práctica política de José María Aznar es haber convertido sus preocupaciones domésticas en factor exclusivo de su estrategia europea, con independencia del contexto de cada momento y de la necesidad de encajar objetivos nacionales con objetivos europeos. De ahí que sea lógico que la campaña electoral que ha precedido a las elecciones generales del 14 de marzo no haya recogido ninguno de los temas que dominan en la agenda de la UE en el momento actual. Ni la ampliación, ni la Constitución, ni tampoco el proceso de conformación de un núcleo duro tienen cabida en el debate político españo