1000 resultados para Educação Políticas públicas


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La siguiente reflexin sobre el disfrute del derecho a la ciudad de las mujeres y de todos sus derechos humanos en los contextos urbanos se realiza a partir de las dimensiones propuestas por el enfoque de seguridad humana, en las cuales se establecen los mnimos que requieren las mujeres para gozar de una vida urbana renovada y superar las limitaciones existentes en la ciudad como espacio no neutral, que produce y reproduce inequidades entre hombres y mujeres, donde se feminiza la pobreza y se exterioriza la violencia basada en gnero. En este sentido, este artculo de reflexin, en el cual se presentan los resultados de la investigacin El derecho a la ciudad de las mujeres: una mirada a su goce y reconocimiento en la ciudad de Cartagena de Indias, retoma algunas ideas propuestas por el movimiento feminista y plasmadas en las Cartas del Derecho a la Ciudad, las cuales son ledas desde la definicin hecha sobre derecho a la ciudad de las mujeres y las dimensiones de la seguridad humana, resaltando en ambas su carcter integrador, indivisible y necesario, para dejar a un lado las estructuras androcntricas y patriarcales sobre la seguridad, la democracia y la ciudadana.

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Son bien conocidas las tensiones entre juristas y economistas en torno a la exigibilidad de los derechos econmicos, sociales y culturales. Mientras para los economistas ms ortodoxos los derechos sociales son simples declaraciones, para los juristas ms progresistas los derechos sociales, al igual que los derechos civiles y polticos, son plenamente exigibles a travs de mecanismos judiciales y no judiciales. En el mbito de estos ltimos mecanismos, especial lugar ocupan las políticas públicas. Conforme con este marco, este ensayo llama la atencin sobre la necesidad de que las políticas educativas se diseen e implementen con fundamento en el contenido del derecho a la educacin y las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en la materia. El ensayo se estructura en tres acpites: (i) presenta algunas reflexiones que ponen en evidencia la distancia entre la poltica educativa y el derecho a la educacin; (ii) sintetiza el contenido fundamental del derecho a la educacin y las obligaciones del Estado; y (iii) presenta un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede valorar el xito de las políticas en lo que se refiere al respeto, proteccin y realizacin del derecho a la educacin.

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El presente artculo pone en discusin las posibilidades de articulacin de las políticas públicas de salud con el concepto de literatura menor. El ejercicio de reflexin propone la migracin del campo de comprensin de las políticas públicas como formas de gobernabilidad hacia las insistencias en aminorar, producidas como lneas de fuga. Lo anterior significa considerar las políticas como mquinas que producen estratificaciones y que, a la vez, son el palco de experiencias de desterritorializacin. Esa discusin se considera un dispositivo importante tanto en las prcticas de salud como en la psicologa, en lo que respecta a la necesidad de reinvencin de dichas prcticas, deshaciendo los estratos y rehacindose, no como materia y forma, sino como velocidad y afectos. Para ello, se circunscribe el campo conceptual, y las políticas públicas se entienden como estrategia de gobernabilidad y como algo que vara sus formas y abre una aminoracin. A partir de esto, se toman en consideracin algunas cartografas de las políticas públicas y las causas de la aminoracin, posibilitando encaminar esta forma de pensar en el propio campo psicolgico.

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El trabajo busca determinar si Invest in Bogot puede considerarse un instrumento de Buen Gobierno. Se analizar cmo desde la perspectiva del Anlisis de Políticas Públicas, puede evaluarse la agencia, desde su formulacin hasta su implementacin, para el periodo 2006-2010.

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El hecho de que, desde la Constitucin de 1991, normas y sentencias tiendan en considerar que los ejecutivos locales (alcaldes, gobernadores) deben ser unos agentes regidores que practican el gobierno del territorio y la descentralizacin controlada ms que unos actores gobernantes, defensores de la gobernancia de sus territorios, plantea la cuestin de saber por qu y cmo aqullos pueden combinar este doble rol. La mayor parte de la respuesta se encuentra en el examen simultneo de la lgica de regulacin de las políticas pblica (Muller, 1997 y 2002) y de las condiciones de su implementacin en el territorio o despliegue territorial (Medelln, 2003).La territorialidad de una poltica pblica se refiere, segn Muller, a una situacin en la cual la lgica dominante de una poltica pblica es una lgica territorial u horizontal (regulacin de un territorio geogrfico en una dialctica centro-periferia), mientras la sectorialidad se refiere a una situacin en la cual la lgica dominante de una poltica pblica es una lgica sectorial o vertical (regulacin de la reproduccin de un sector determinado verticalmente en una dialctica global-sectorial). A cada lgica de regulacin de las políticas públicas le corresponde una manera de gobernar un territorio: el gobierno del territorio para la sectorialidad y la gobernancia de los territorios para la territorialidad.Al contrario del caso francs en el cual la construccin del Estado marca el fin de una lgica de territorialidad (la territorialidad tradicional), el Estado colombiano es un Estado endmico, un Estado fragmentado confrontado a la lucha por el control territorial y el temor a la fractura de la unidad territorial (Navas, 2003). Su capacidad parcial por cubrir todo el territorio y actuar sobre l (su territorialidad parcial segn Medelln) afecta su gobernabilidad y el despliegue territorial de las políticas públicas, sometido a negociaciones inciertas, cercanas a la temtica de la gobernancia.Por ello, la gobernabilidad en Colombia slo es posible mediante políticas públicas hbridas, hijas del matrimonio indisoluble de la sectorialidad y de la territorialidad, de la secterritorialidad, que combina en proporcin variable lgica sectorial (o sectorialidad, que implica centralizacin) y lgica territorial (o territorialidad, que implica descentralizacin), gracias a un modo de gobierno hbrido, la gobiernancia del territorio, sta es una dosificacin compleja entre gobier-no y gobernancia. Es, entonces, posible determinar el grado de territorialidad y de sectorialidad de una poltica pblica en un momento dado y clasificar las políticas públicas segn su grado de territorialidad y de sectorialidad, es decir, segn la importancia relativa de sus lgicas de regulacin.Si el periodo que empieza al iniciar los aos setenta, y que termina al iniciar los aos ochenta es un periodo en el cual domina primordialmente la sectorialidad y se asegura la gobernabilidad recurriendo casi exclusivamente al gobierno del territorio a travs del despliegue territorial separado de cada sector, el periodo que va de 1984 a la poca actual, caracterizado por la descentralizacin controlada, seala un cambio parcial de lgica de regulacin de las políticas públicas a travs del recurrir parcial a la lgica de territorialidad como respuesta a alguna crisis de sectorialidad.Como bien lo muestra el anlisis y la evaluacin de las políticas públicas de vivienda de inters social, ordenamiento y desarrollo del territorio municipal, educacin y acueducto y alcantarillado, la gobernabilidad en este secundo periodo est asegurada, entonces, slo gracias a la gobiernancia en los territorios o combinacin entre el gobierno del territorio y la gobernancia de los territorios, es decir, gracias a un modo de gobierno hbrido que les permite a los ejecutivos locales conciliar su inclinacin por la gobernancia de sus territorios y sus obligaciones en cuanto al gobierno del territorio y ser, al mismo tiempo, actores gobernantes y agentes regidores.-----Since the 1991 Constitution, most rulings and sentences tend to consider that individuals in charge of the local executive power (mayors, governors) should be some sort of tuling aldermen responsible for their particular territories and their controlled decentralization instead of actual governing actors, advocates and defenders of the governance of their territories. This fact raises the questions of why and how they can possibly play this double role. The bulk of the answer to this question can be found by examining both the logic behind public policies (Muller) and the conditions in whixh these are implemented in each territory, or territorial deployment (Medelln).According to Muller, the territoriality of a particular public policy refers to a situation whereby the prevailing logic is territorial or horizontal (regulation of a geographical territory follows a center-periphery scheme), whereas its sectoriality refers to a situation whereby the prevailing logic is sectorial or vertical (regulation of a sectors reproduction is vertically determined by a global-sectorial scheme). For each regulation logic behind public policies there is a corresponding way of governing a particular territory: governing the territory for the sake of sectoriality, and governing it for the sake of territoriality.As opposed to the French case, whereby the construction of the State signals the purposes of a territorial logic (traditional territoriality), the Colombian State is na endemic one, a fragmented State struggling for territorial control and in fear of the fragmentation of territorial unity (Navas). Its limited capacity to cover the whole territory and to act on it (its limited or partial territoriality, according to Medelln) affects governability as well as the deployment of public policies, which is frequently subject to uncertain negotiations related to the problem of governance.That es why governability in Colombia is only possible through hybrid public policies, which are in turn the result of the indissoluble marriage between sectoriality and territoriality, the result of a sort of secterritoriality which combines in various proportions a sectorial logic (or sectoriallity, which implies centralization) and a territorial logic (or territoriallity, which implies decentralization), all due to a hybrid form of governmen, or governance of the territory, a complex and variable dosage of both government and governance. Keeping this in mind, it is possible to establish the degree of territoriality and sectoriality of a public policy at a particular time, and to classify public policies according to their degree of territoriality and/or sectoriality, that is, according to the relative importance of the logics behind their regulation.From the early 70s to the early 80s, sectoriality prevailed and governability was guaranteed almost exclusively through the separate territorial deployment of each sector, then, from 1984 to the present, controlled decentralization has shown partial changes in the regulation logic behind public policies by resorting, at least in part, to a logic of territoriality in response to some sort of sectorriality crisis.As can be clearly seen after analyzing and evaluatin public policies in matters such as statesubsidized housing, municipal land development and legislation, education, water and sewage services, governability during this second period can only be guaranteed by governance in the territories or by a combination of both, government in the territory and governance in the territories. In other words, governability is possible thanks to a type of hybrid government that allows those in charge of exercising local executive power to reconcile their bias towards the governance of their teritories and their duties vis-vis the government of the territory, but capable of being, at the same time, governing actors and ruling agents, active modern-day aldermen.

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Este artculo analiza los cambios recientes en la competencia partidista en Mxico, haciendo nfasis en la eleccin de julio de 2006 a travs de la cual se elige presidente de la Repblica y miembros del Congreso. Dicha eleccin muestra la transicin de elecciones competitivas, concentradas en el binomio autoritarismodemocracia, a elecciones temticas, de asuntos o issues, centradas en las propuestas de poltica pblica de los candidatos a la presidencia y en las que los ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, entre otras, juegan un papel activo. Con ese fin en el artculo se expone primero un breve recuento de los ejes medulares de la actual competencia partidista como la ltima reforma electoral realizada para mover al sistema electoral hacia elecciones justas, libres y transparentes, los desafos del sistema de partidos y elementos contextuales socioeconmicos y polticos relevantes. Se analiza en segundo trmino la evolucin de la competitividad y los cambios en la estructura de la competencia, lo cual permite entender el trnsito a elecciones temticas centradas en las propuestas de poltica pblica de los candidatos. En tercer lugar se presentan las principales propuestas de los candidatos en reas prioritarias y su evaluacin. Finalmente se hace una reflexin de conjunto sobre el significado de esta eleccin, el contexto que domina la actual contienda por la presidencia y la incertidumbre y competitividad que la caracterizan.-----This paper analyses recent changes in Mexican political parties competition for national presidency, with an emphasis on Julys 2006 Congressional and Presidential elections. The latter revealed a transition from an old competitive ballot race focused on the antithetic duet authoritarianism-democracy, to what could be called topical elections, focused on issues concerning presidential candidates public policy proposals in which citizens, civil associations, and nongovernmental organizations, among other groups, play an active role. With this purpose in mind, the paper starts with a brief exposition of the parties core contentions, including debates such as that around the last election reform aiming at pushing the ballot system towards fairer and more transparent elections, the challenges ahead for the party system, and other relevant contextual, political and socio-economic issues. Secondly, the evolution of the new terms of the competition and its structural changes are examined, in order to better understand our main concern here, i.e., the transition to a topical election contest focused on candidates public policy proposals. Thirdly, the candidates main proposals in crucial priority areas are presented and assessed. Finally, a global reflection is made on the meaning of these elections, on the context that has prevailed alongside, and on the uncertainty and competitiveness that have characterized them.

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Uno de los objetivos de la lnea de Teora y Prctica de las Políticas Públicas (TP3) es el anlisis de las políticas públicas como objeto de estudio en s mismo. En Amrica Latina los estudios sobre este tema estn ms concentrados en el anlisis prctico que en el acadmico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel acadmico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teoras, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensin con respecto a nuestros fenmenos polticos, econmicos y sociales. Por esta razn, durante el primer semestre de 2015 se cre el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacos que existen en la comprensin y el anlisis de las políticas en Colombia y en Latinoamrica, para luego dar paso a la construccin de respuestas pertinentes. Esta publicacin es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analticas en el estudio acadmico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.

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El presente documento hace una revisin de la literatura reciente (ltimos 15 aos) que vincula la accin colectiva con las políticas públicas. En particular se observan dos tendencias, de un lado, la defensa a la lgica de la accin colectiva sealando el tipo de incentivos que se deben crear para propiciar la cooperacin y eventualmente tener resultados de políticas públicas, y aquellos que piensan que la accin colectiva depende de elementos psicolgicos y sociales que no siempre garantizan una cooperacin constante y que dificultan predecir lo que puede suceder en trminos de políticas públicas. Al final se concluye que, si bien la lgica de la accin colectiva contribuye al anlisis de las políticas públicas, an falta un mejor entendimiento de las razones que motivan o frenan la cooperacin y la manera como esta se construye en funcin de un problema colectivo que se puede o no convertirse en una poltica pblica.

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Este documento tiene el propsito de analizar el documento de Fedesarrollo: "efectos econmicos y sociales de la regulacin sobre la industria farmacutica colombiana: el caso de los estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad de los secretos empresariales y las buenas prcticas de manufactura" Zuleta and Junca (2001), tanto en sus aspectos conceptuales y metodolgicos, como de resultados. El estudio se centra en tres aspectos esenciales: la exigencia de estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia (ByB) relacionados con la obtencin-renovacin de los registros sanitarios por parte de la industria farmacutica; el secreto empresarial relacionado con la calificacin de la informacin que sustenta los registros, y la aplicacin de las medidas relacionadas con con las buenas prcticas de manufactura (BPM)