The gendered effects of family migration law: contextual interpretation as a possible judicial remedy

At all normative levels, family migration law can disproportionally and negatively affect immigrant women’s rights in this field, producing gendered effects. In some cases, such effects are related to the normative and judicial imposition of unviable family-related models (e.g., the ʻgood mother ̕ the one-breadwinner family, or a rigid distinction between productive and reproductive work). In other cases, they are due to family migration law’s overlooking of the specific needs and difficulties of immigrant women, within their families and in the broader context of their host countries’ social and normative framework.To effectively expose and correct this gender bias, in this article I propose an alternative view of immigrant women’s right to family life, as a cluster of rights and entitlements rather than as a mono-dimensional right. As a theoretical approach, this construction is better equipped to capture the complex experiences of immigrant women in the European legal space, and to shed light on the gendered effects generated not by individual norms but by the interaction of norms that are traditionally assigned to separated legal domains (e.g., immigration law and criminal law). As a judicial strategy, this understanding is capable of prompting a consideration by domestic and supranational courts of immigrant women not as isolated individuals, but as ‘individuals in context’. I shall define this type of approach as ‘contextual interpretation’, understood as the consideration of immigrant women in the broader contexts of their families, their host societies and the normative frameworks applicable to them. Performed in a gendersensitive manner, a contextual judicial interpretation has the potential to neutralize the gendered effects of certain family migration norms. To illustrate these points, I will discuss selected judicial examples offered by the European Court on Human Rights, as well as from domestic jurisdictions of countries with a particularly high incidence of immigrant women (Italy and Spain).

El principio de igualdad y no discriminación en relación con la pensión de viudedad y el «matrimonio gitano»

El punto de partida de nuestro estudio se sitúa en el polémico y discutido asunto resuelto por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de diciembre de 2009, Caso Muñoz Díaz c. España, donde se condena al Estado español por denegar la pensión de viudedad a una ciudadana casada exclusivamente por el rito matrimonial gitano. Al hilo de esta resolución analizaremos, entre otras cuestiones, las diversas formas matrimoniales a las que nuestro legislador otorga efectos civiles, la incidencia de dichas disposiciones en el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución y en el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y la posible vulneración de dicho principio en el marco de las prestaciones sociales reguladas en la Ley General de la Seguridad Social, recientemente reformada.

The frustrated accesion of the European Union to the European Convention of Human Rights: a brief analysis of opinion 2/13 of the Court of Justice of European Union

Trabajo redactado en inglés sobre la última sentencia 2/13, del Tribunal de Justicia de Europa sobre la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos fundamentales. Análisis de la opinión 2/13 y sus objeciones.

El ciudadano europeo ante las instituciones comunitarias

La evaluaci??n fu?? realizada por Mar??a Luz P??rez Escanilla y Manuel Varela Espi??eira. Esta unidad obtuvo el primer premio 'Europa' de la Asociaci??n Espa??ola del Profesorado de Geograf??a e Historia; Premio Educaci??n y Sociedad, 1995

Casos prácticos de Derecho Comunitario Europeo.

Trabajo realizado en el área de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca por profesores titulares de la Universidad de dicha área de conocimiento. El proyecto tenía por objetivo la realización de un trabajo de selección de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, para su presentación resumida y ordenada por materias. Se trata de un trabajo que se convierte en un soporte indispensable para estudiantes y profesores en la asignatura de Derecho Comunitario y en la formulación de los principios de primacía, eficacia directa y responsabilidad del Estado por el incumplimiento del Derecho Comunitario. Con ello se potencia la eficacia de las clases prácticas, sin perjucio de su papel tembién en relación con las clases teóricas.

El posicionamiento del Derecho internacional y la gravedad de la jurisprudencia en el orden comunitario. Apuntes sobre la posible creación de un tribunal de justicia supranacional en el Mercosur (Artículos Varios)

La actualidad de los procesos de integración económica ha incentivado la elaboración de trabajos de toda complexión en una materia cuyo eje central gira en tomo a lo político y económico. Como se sabe, la cuestión se inscribe en una nueva estructura de las relaciones internacionales, donde las fronteras del Estado-nación propias de los siglos XVIII y XIX, se desdibujan en provecho de la conformación de espacios más amplios. En nuestra literatura el caso particular de la Unión Europea que es el modelo más conocido, presenta un complejo desarrollo político, social, económico y jurídico desde los respectivos ""Estados de Derecho"" que el Derecho Derivado y la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo han sabido construir. Desde esta perspectiva, en esta investigación se ensayarán algunas reflexiones sobre la evolución del proceso europeo de integración, atendiendo en primera instancia a sus antecedentes históricos y construcción jurídica, para después ingresar al análisis de lo que es el Mercosur, su sistema de solución de diferencias y a posteriori, concluir con algunas consideraciones a propósito de la posible creación de un tribunal de justicia supranacional.

La fusión transfronteriza de sociedades en el derecho europeo.

La libertad de establecimiento y la movilidad de las empresas juegan un papel fundamental en el proceso comunitario de integración. Las empresas buscan nuevas formas de cooperación e integración que les permitan ocupar cuotas de mercado cada vez más importantes. De entre las modalidades de integración y cooperación que tienen a su disposición, la fusión transfronteriza de sociedades es, sin duda, una de las más relevantes. Es evidente que las fusiones de sociedades pertenecientes a Estados miembros distintos podrían tener una enorme importancia en el proceso de integración del mercado único. Sin embargo, la posibilidad de llevar a cabo con éxito una fusión transfronteriza en el ámbito comunitario era improbable hasta época reciente. Dos tipos de impedimentos la dificultaban: por una parte, obstáculos a la libertad de establecimiento por parte de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros; por otro, obstáculos de Derecho internacional privado. En cambio, hoy la mayor parte de estos impedimentos han sido superados gracias, en primer lugar, al progresivo reconocimiento del derecho de establecimiento de las sociedades por el Tribunal de Justicia, y en segundo, a la importante Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones transfronterizas de sociedades de capital. Esta Directiva impone a los Estados miembros una serie de normas de mínimos de derecho material a fin de armonizar la tutela de los intereses de los sujetos implicados más débiles (sobre todo, los trabajadores y los socios). De igual manera, establece una serie de normas de conflicto para resolver la cuestión de la ley aplicable a las fusiones transfronterizas. Este trabajo tiene como objetivo principal valorar la relevancia de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia y de las actuaciones del legislador europeo orientados a impedir las restricciones a las fusiones transfronterizas de sociedades en el territorio comunitario.

The Waitangi Tribunal and the regulation of Maori protest

Much of the current academic and political discourse related the development and operations of the Waitangi Tribunal over its first twenty years portray it as a forum that provided Māori with a meaningful avenue for settling Treaty grievances compared to the formal legal systems performance in the preceding 100 years. In contrast, we argue that from its inception and throughout much of the 1980s, the Waitangi Tribunal functioned primarily as an informal justice forum that assisted the New Zealand state’s regulation of Māori Treaty activism during the transition from a Fordist to a Post-Fordist mode of capital accumulation.

Canadian Charity Tribunal : a proposal for implementation

This paper is our attempt to focus the ongoing debate in Canada about the federal regulation of charities. More precisely, the paper examines the desirability of having an independent federal body assume some of the key roles which Revenue Canada currently plays in the charity field, as well as offering ideas about that body’s structure and operations.

Popular participation in labour law: The new labour dispute resolution tribunal

The Labour Tribunal Law (No. 45 of 2004) ushered in a new court-annexed dispute resolution system for industrial relations disputes in Japan (outlined generally in Sugeno, 2004). Similar to the lay judge system for criminal trials (Johnson and Shinomiya, Chapter 2), the new tribunal adopts an adjudicative model that blends professional and lay expertise with decisions heard by a tripartite panel comprising a professional judge and two lay judges recommended by management and labour unions respectively. The new tribunal system came into operation on 1 April 2006.

Regulating supply chains to protect road transport workers: An early assessment of the road safety remuneration tribunal

The Road Safety Remuneration Act 2012 (Cth) (the Act) explicitly enables the Road Safety Remuneration Tribunal to make orders that can impose binding requirements on all the participants in the road transport supply chain, including consignors and consignees at the apex the chain, for the pay and safety of both employee and independent contractor drivers. The tribunal is also specifically empowered to make enforceable orders to reduce or remove remuneration related incentives and pressures that contribute to unsafe work practices in the road transport industry. Recently the tribunal handed down its first order. The article considers whether, and the degree to which, the tribunal has been willing to exercise its explicit power to impose enforceable obligations on consignors and consignees — such as large supermarket chains — at the apex of road transport supply chains. It examines the substance and extent of the obligations imposed by the tribunal, including whether the tribunal has exercised the full range of powers vested in it by the Act. We contend that the tribunal’s first order primarily imposes obligations on direct work providers and drivers without making large, powerful consignors and consignees substantively responsible for driver pay and safety. We argue that the tribunal’s first order could have more comprehensively fulfilled the objectives of the Act by more directly addressing the root causes of low pay and poor safety in the road transport industry.

Rwanda Crisis and Genocide in Case Law of Rwanda Tribunal

After the Second World War the public was shocked to learn about the horrors perpetrated. As a response to the Holocaust, the newly established United Nations adopted the Genocide Convention of 1948 to prevent future genocides and to punish the perpetrators. The Convention remained, however, almost dead letter until the present day. In 1994, the long-lasted tension between the major groups of Hutu and Tutsi in Rwanda erupted in mass scale violence towards the Tutsi ethnic group. The purpose was to eradicate the Tutsi population of Rwanda. The international community did not halt the genocide. It stood by idle, failing to follow the swearing-in of the past. The United Nations established the International Criminal Tribunal for Rwanda (the ICTR) to bring to justice persons responsible for the genocide. Ever since its creation the ICTR has delivered a wealth of judgements elucidating the legal ingredients of the crime of genocide. The case law on determining the membership of national, ethnic, racial or religious groups has gradually shifted from the objective to subjective position. The membership of a group is seen as a subjective rather than objective concept. However, a totally subjective approach is not accepted. Therefore, it is necessary to determine some objective existence of a group. The provision on the underlying offences is not so difficult to interpret compared to the corresponding one on the protected groups and the mental element of genocide. The case law examined, e.g., whether there is any difference between the words killing and meurtre, the nature of mental harm caused by the perpetrator and sexual violence in the conflict. The mental element of genocide or dolus specialis of genocide is not thoroughly examined in the case law of the ICTR. In this regard, reference in made, in addition, to the case law of the other ad hoc Tribunal. The ICTR has made a significant contribution to the law of genocide and international criminal justice in general. The corpus of procedural and substantive law constitutes a basis for subsequent trials in international and hybrid tribunals. For national jurisdictions the jurisprudence on substantive law is useful while prosecuting international crimes.

El poder judicial en la organización constitucional

Resumen: La potestad judicial en el principio del constitucionalismo moderno aparece diseñada de modo impreciso y sin función clara. Ella adquiere entidad en el derecho norteamericano cuando la propia jurisprudencia diseña el control de constitucionalidad. Este es resistido por el derecho continental europeo, aunque finalmente aceptado, con otras modalidades, luego de la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo ese poder excede el mero control de las leyes, para transformarse a través de sus sentencias en órgano que compite en la creación del derecho con los poderes políticos encargados de la función de gobierno. El autor considera que esa función basada en principios de normas internacionales de discutible vigencia y sin el freno de la consideración, por el nominalismo que la anima, de la existencia de un orden objetivo termina originando un poder incontrolable con riesgo de destrucción social.