918 resultados para SEGURIDAD JURÍDICA


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El presente trabajo fue realizado durante los meses de enero a agosto de 1996, en el municipio de San Ramón departamento de Matagalpa VI Región de Nicaragua, con el objetivo de conocer la dinámica de la renovación y fomento de café (Coffea arabíca L.) en el periodo 1990-1995, a nivel general y por tipo de productor, sus problemáticas y posibles alternativas. El diseno muestra! usado fue el probabilistico, donde todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados para el estudio, particularmente se utilizó el muestreo aleatorio estratificado no proporciona, se fijó el 10 por ciento de la muestra basado en criterio de Sequeira (1994) & Doorman (1991). Primero se realizó una encuesta a nivel de base y luego por medio razonado, estudios de casos. Los análisis realizados a los datos fueron por medios computarizados y de forma manual, obteniendo frecuencias porcentajes, medias, rango, encontrádose cuatro tipo de productores, campesinos cafetaleros, finqueros cafetaleros, empresarios cafetaleros y empresas asociativas. Según la muestra el 65.9 porciento de los productores están renovando y/o fomentando sus cafetales, el 31.5 porciento que no esta renovando, pertenecen a los tipos campesinos y finqueros, las variedades usadas son Caturra, Catimor y Bourbón, con densidades de 5 000, 5 000 y 3 333 plantas/mz respectivamente. Los costos de la renovación y fomento varían entre los tipos de productores, siendo los campesinos cafetaleros quienes tienen mas bajos costos, aumentando para los finqueros cafetaleros, empresarios cafetaleros y su máxima expresión en la empresa asociativa. Los principales problemas encontrados en la renovación son el poco e inadecuado crédito, débil asistencia técnica, seguridad jurídica y personal, en el orden técnico, fechas inadecuadas de establecimiento de vivero, semillero, terreno definitivo y uso de semilla no certificada.

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Resumen: El Informe de Economía e Instituciones cuenta con tres columnas que abordan cuestiones teóricas y de política económica relacionadas con la temática de la economía y las instituciones. En la primera columna, La educación como herramienta fortalecedora de la seguridad jurídica, la autora luego vincula esto con la importancia de una educación basada en valores afines a la Seguridad Jurídica. Parte de que el éxito de la creación de valor económico depende de la adecuada relación del Derecho y la Economía. Por lo que un marco jurídico claro es fundamental a la hora de cualquier tipo de gestión Económica. La autora, finalmente, concluye que el desafío de la educación hoy en día es la generación de un sistema de valores que permita que en un futuro una base de sustento solida para la necesaria Seguridad Jurídica. En la segunda columna, Instituciones y organizaciones en la gestión del desarrollo económico, el autor hace una reflexión sobre el rol de las instituciones y organizaciones, tanto públicas como privadas, en el desarrollo económico basándose en el enfoque de Douglass North. Sostiene para cumplir con las metas permanentes de una organización es necesario limitar los intereses tanto personales como grupales. Luego, hace referencia al modo de limitación de estos intereses destacando: el equilibrio de poderes y el imperio de la ley; que apuntan a limitar el personalismo y la influencia de los intereses particulares y pasiones ajenas a los objetivos de largo plazo de las organizaciones. En la tercera columna, Instituciones para la conservación de la naturaleza: Una reflexion sobre Caritas in Veritate, el autor relaciona algunos de los conceptos centrales de la Carta Encíclica Caritas in Veritate del Sumo Pontífice Benedicto XVI con la cuestión de las instituciones necesarias para la preservación del medio ambiente. Sostiene que el buen funcionamiento del sistema de mercado se sustenta en la existencia de instituciones respaldadas por el Estado. Dentro del análisis económico del ambiente expone que, en teoría, las preferencias sociales resultantes son inmanentes a las dispersas utilidades de los individuos; pero, en la práctica, los sistemas políticos adoptan mecanismos de toma de decisiones que tienden a disminuir las incoherencias que dado el contexto de la globalización actual es necesario mecanismos institucionales del mismo nivel para evitar el abuso de los recursos naturales y el medio ambiente.

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Bajo los lineamientos del pensamiento liberal e individualista, propios del siglo XIX, la sujeción absoluta a lo pactado en los contratos era la forma por excelencia para satisfacer las exigencias de los cánones ideológicos de la época. El Código Civil de Vélez Sársfield no resultó ajeno a esa ideología e incorporó en sus disposiciones la máxima pacta sunt servanda en aras de garantizar la estabilidad y la fuerza de los contratos como presupuestos básicos de la seguridad jurídica y el desarrollo de las actividades económicas. Así, en materia contractual, la realización de la justicia se reducía, simplemente, al cumplimiento fiel del contrato, sin importar el grave perjuicio que debía soportar el contratante al momento de cumplir con la prestación debida en caso de que ésta se volviera excesivamente onerosa, por circunstancias extraordinarias e imprevisibles.

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Duración (en horas): De 11 a 20 horas. Nivel educativo: Grado

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p.151-155

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Servicios registrales

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Tesis (Maestría en Derecho Fiscal) U.A.N.L.

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Tesis ( Maestría en Derecho Público) U.A.N.L.

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En los últimos años, las políticas en materia de inversión extranjera han evidenciado cambios profundos. Luego de un largo periodo en el que especialmente los países en desarrollo aplicaron fuertes restricciones y controles a la entrada de capitales extranjeros, se pasó a una etapa de plena liberalización que desató una competencia entre los países por la atracción de este tipo de capitales. Este cambio de paradigma se explica principalmente por la necesidad que tienen los países en desarrollo de encontrar nuevas fuentes de financiación, luego de la crisis de la deuda. En este contexto, la atracción de la inversión extranjera se ha convertido en una prioridad para los gobiernos. Siguiendo esta tendencia, desde 1990 Colombia ha venido implementando una estrategia de promoción de la inversión extranjera que contempla una serie de modificaciones normativas, incluida la Constitución misma, y la suscripción de diversos acuerdos que tienen por objeto su promoción y su protección. El resultado de estas acciones ha sido un incremento significativo de los capitales foráneos en el país. Sin embargo, el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la línea de investigación en Inversión Extranjera de la Facultad de Jurisprudencia, considera que los resultados no son óptimos. A pesar del crecimiento positivo de los flujos de inversión, los investigadores advierten que el impacto en la economía no ha sido el esperado porque la mayor parte de estos capitales se ha concentrado en el sector primario (de manera especial en el sector petrolero) y la inversión realizada en el sector productivo se ha canalizado principalmente a través de la compra de empresas ya existentes, tanto públicas como privadas. Aunque las inversiones en el sector primario pueden registrar altas tasas de crecimiento y que la inversión en industrias ya existentes puede generar externalidades positivas (formación de recursos humanos, introducción de una gestión empresarial moderna o fomento de capacidades productivas locales), el verdadero impacto económico sólo se logra en aquellos casos en los que hay creación de nuevas empresas (greenfield), especialmente cuando éstas se sitúan en sectores innovadores o en aquellos que se caracterizan por su alto valor tecnológico. De otra parte, los investigadores subrayan que es preciso tener en cuenta que los potenciales efectos positivos atribuidos a la inversión extranjera no operan en todos los casos. Estos dependen del tipo de inversión(...), de los intereses que persigan los inversionistas, del lugar donde se instale la inversión y de los sectores en los cuales se lleve a cabo, así como del entorno político institucional existente en el país receptor. Por consiguiente, las acciones para atraer la inversión extranjera deben dirigirse no sólo a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica, sino también a la implementación de políticas públicas en materia de ciencia y tecnología por parte del gobierno y a la formación de capital humano, ya que, solamente de esta manera, será posible la atracción de inversiones susceptibles de generar un alto impacto en la economía, puntualizan los investigadores.

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Es necesario agregar que la finalidad de este proyecto de tesis es la de pretender que la administración del impuesto tenga un manejo sencillo tanto para los fiscos locales como para los contribuyentes del tributo, con el fin de respetar así los principios constitucionales de legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y seguridad jurídica de los que tanto habla la doctrina colombiana pero que en situaciones como la presente no son respetados en su totalidad.

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Para el Consejo de Estado es necesario cumplir con los presupuestos procesales de la acción,con el fin de dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica, sobre todo en el trámite delrecurso que pone fin al procedimiento administrativo en materia tributaria, lo que incluye supresentación en debida forma y dentro del término legal. Sin embargo, respecto de este término,ha surgido un debate sobre la forma en la que debe computarse, razón por la que se hacenecesario analizar las posiciones jurisprudenciales planteadas al interior de la Sección Cuarta,a través de la reconstrucción de la línea jurisprudencial de ambas tesis, mediante el análisisdinámico del precedente planteado por Diego López Medina en El Derecho de los Jueces.

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El trabajo realizado tiene como objetivo revisar la problemática planteada en la jurisdicción contencioso administrativa, a través de un estudio concentrado de aspectos procesales esenciales en la estructura de la acción popular como (i) el incentivo (en este caso, se evaluará el impacto de su eliminación), (ii) la efectividad de la audiencia de pacto, (iii) las medidas cautelares como quiera que fueron objeto de modificación en la Ley 1437 de 2011 y por último, (iv) el estudio del mecanismo de revisión eventual incorporado en el año 2009 como mecanismo de unificación.

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La regulación de la extradición de colombianos es un tema de gran magnitud social, mucho más, si se tienen en cuenta principios de derecho público, como el de la seguridad jurídica, que tienen implicaciones frente a todos los habitantes