Año internacional del niño, 1979.

Título anterior de la publicación : Boletín de la Comisión Española de la UNESCO

Derechos de las personas en movilidad en 2009

El artículo revisa las medidas adoptadas por el gobierno en materia de movilidad humana durante el año 2009. El proceso de adecuación normativa al nuevo marco constitucional, no progresó y se entrapó. La institucionalidad y políticas públicas es dispersa y reproduce viejas concepciones de seguridad. Se han adoptado medidas de carácter restrictivo e inconstitucionales como: restablecimiento del pasado judicial, la reforma al proceso de reconocimiento de refugio, la intensificación de los controles militares y policiales, incremento de procesos de deportación. No existe una sólida política de regularización. Los programas de atención a emigrantes y sobre trata de personas evidencian debilidades y limitaciones. No existen políticas frente al tráfico de migrantes y el desplazamiento forzado.

La noción de variedad esencialmente derivada en el marco de la UPOV y su incidencia en la decision 345 y la Ley de Propiedad Intelectual

Mediante una revisión de la normativa vigente sobre el derecho de obtentor en torno a las “variedades esencialmente derivadas” en nuestro país, determinaremos en que medida la aplicación práctica de este derecho, vulnera los intereses nacionales, especialmente en el ámbito de la biodiversidad y el derecho del agricultor, con el objeto de plantear una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual. Este trabajo está desarrollado de la siguiente manera: El capítulo I trata de temas generales como la importancia de la protección de las variedades vegetales, su evolución, una reseña histórica de la protección legal, una revisión de conceptos como variedad y obtentor y de los requisitos para la protección de este derecho y finalmente las similitudes y diferencias con el sistema de patentes. El capítulo II versa sobre las variedades esencialmente derivadas en el marco de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, con el fin de entender como y porqué surgió este nuevo concepto. El capítulo III trata sobre la incidencia de las variedades esencialmente derivadas en la Decisión 345 y en la Ley de Propiedad Intelectual, se analiza la situación expuesta con casos prácticos en el registro de variedades esencialmente derivadas y finalmente se elabora una propuesta de reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, con la que se busca encontrar un equilibro entre los obtentores y los intereses nacionales en este ámbito.

Pre diagnóstico sobre la apatridia en Ecuador

En la actualidad se estima que existen alrededor de 12 millones de personas apátridas, y que ninguna región del mundo está libre de esta problemática. Sin embargo, es difícil calcular el número preciso, ya que existen pocas estadísticas fiables sobre el tema y en varias ocasiones no existe consenso de a quien se debe considerar apátrida. La ley internacional define a los apátridas como toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación, no obstante, existen también varias personas en el mundo a quienes, si bien no se les ha negado la nacionalidad formalmente, sin embargo, no pueden ejercer este derecho efectivamente, lo que ocasiona que exista un desacuerdo en la comunidad internacional sobre a quienes se les podría dar esta denominación. Este artículo recoge esta problemática, la contextualiza y la analiza a la luz de la situación de apatridia en el Ecuador.

Propiedad intelectual y empresa: industria de software en el Ecuador

El Capítulo 1 referente a Nociones Generales de Propiedad Intelectual y de Empresa, es un extracto de las formas de protección de los programas de ordenador, en especial de los derechos de autor. Se pone real énfasis al desarrollo de la ciencia y la tecnología en este capítulo ya que constituye un pilar fundamental para que el desarrollo de la protección legal de software se dé. El Capítulo II recoge información sobre legislación tanto en el ámbito nacional como internacional. En el presente capítulo se hace un análisis general de la legislación, de los procedimientos legales utilizados en el Ecuador, englobando, además, nuevas formas internacionales de aplicación para la protección de software que no consta en la Ley ecuatoriana y que representan una novedad para el contexto nacional. Siguiendo el orden, el Capítulo III, con título Programas de Ordenador en el Ecuador, hace referencia a la creación del software en pasos sistemáticos a seguir. El procedimiento para crear un programa de ordenador, debe realizárselo según ciertos parámetros que serán la guía para obtener un resultado. Los Mecanismos alternativos de Protección de los Programas de Ordenador en el Ecuador, contenidos en el Capítulo IV, son fundamentales en este mundo de constante cambio ya que a falta de una protección completa por el efecto legal, los empresarios y creadores de software han intentado por cuenta propia dotarse de mecanismos que les permitan tener un control más cerrado y efectivo del software que ellos producen, con el objeto de impedir la piratería y pérdidas por efecto de ella. En función de determinar los costos para la creación de software se ha analizado de manera general, en el Capítulo V, lo que puede costar realizar un determinado programa (aplicación) y del efecto que este produce en el contexto global (PNB). Por último, el Capítulo VI, constituye un estudio de los efectos de la globalización en el campo del software. Es inquietante conocer los efectos que ella, la globalización, puede conllevar en una economía pequeña como la nuestra, la influencia de organismos poderosos y de los posibles cambios en el ámbito legal y tecnológico que pueden darse, tanto nacional como internacionalmente. Puede que esta situación sea preocupante en un futuro, dependiendo del ambiente y su desarrollo.

Los procedimientos administrativos y judiciales que tutelan los derechos del consumidor en la adquisición de bienes o servicios sujetos a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

Esta investigación busca determinar si los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor permiten que los consumidores puedan acceder a una tutela eficaz de sus derechos como consumidor en la adquisición de bienes o servicios. En un inicio, se identificarán nociones fundamentales de lo que es el derecho del consumidor; su avance histórico a nivel mundial centrándose posteriormente en América Latina, para finalmente explicar su formación y desarrollo en el Ecuador; a continuación se explicarán cúales son los derechos que los justiciables tienen como consumidores, así como cúales son los procesos a los que en las vías administrativas o judiciales tienen la posibilidad de acceder. Se realizará un trabajo de campo e investigativo, que consiste en obtener información en los órganos administrativos (Defensoría del Pueblo) y judicial (Comisarías e Intendencia de Policía Nacional de Quito, Juzgados de Contravenciones y Juzgados de Garantías Penales de Quito) desde el 2005 hasta la fecha, a fin de elaborar una base de datos que permita identificar cuántos procesos de defensa de consumidor se han realizado y se han resuelto en los ámbitos administrativos y judiciales. La investigación realizada determinará si se han establecido sanciones por incumplimiento a los derechos del consumidor por la adquisición de bienes o servicios, en los ámbitos administrativos y judiciales. Finalmente, tendremos como resultado de esta investigación, un aporte de información para los organismos encargados de tutelar los derechos del consumidor, para tomar acciones que permitan a los justiciables acceder a mecanismos adecuados y expeditos que los amparen, cuando por la adquisición de un bien o servicio sus derechos hayan sido vulnerados.

Desafíos para garantizar el derecho a la alimentación: las experiencias contastantes de México y Brasil

Incluye Bibliografía

Sexualización en la publicidad digital de marcas de moda infantil: iniciativas ciudadanas y mecanismos de denuncia

Los niños son presentados como objetos sexuales en gran parte, según el debate social, debido a la actividad de marcas y medios vinculados a la moda. La metodología llevada a cabo combina un análisis de contenido de los catálogos de publicidad de moda infantil en Internet en el contexto español, con el objetivo de ver si las marcas de moda infantil sexualizan a los niños en Internet; una revisión de las iniciativas de denuncia en Internet para conocer si la sociedad civil está concienciada; y una revisión de la normativa jurídica y ética en la publicidad digital para verificar si hay una protección a los niños. Los hallazgos apuntan que casi la mitad de los niños de los catálogos (el 45.8%) muestran atributos que los sexualizan, que las niñas son las más perjudicadas -un 48.9% frente al 38.2% de los niños- y las marcas que sexualizan más son las originalmente de adulto. Además, la sexualización se atribuye a la libertad creativa y al beneficio de las marcas. Las iniciativas y quejas se concentran en padres, Gobierno y asociaciones de consumidores. Se recomienda mayor información para que los ciudadanos inicien los procesos de protección legal y ética previstos para proteger a los niños.

Del abandono de las responsabilidades y de la pérdida de los derechos

Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

Del abandono de las responsabilidades y de la pérdida de los derechos

Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

Del abandono de las responsabilidades y de la pérdida de los derechos

Los cambios producidos en las últimas décadas en nuestro país plantean un escenario distinto para la vida cotidiana, la gestión pública y la actividad política. El análisis que permita entender cómo hemos llegado a esta situación, requiere situar el problema tanto desde la perspectiva macro como microsociopolítica. El presente trabajo propone un recorrido que va desde reconocer las características de una nueva etapa del capitalismo a desentrañar la magnitud de la deconstrucción de sentidos, históricamente construidos, que se opera en distintos campos por las modificaciones estructurales producidas. En medio de estos procesos se encuentra el nuevo rol del Estado que limita y devalúa la acción estatal en función del bien común, entendido éste como protección legal y social de los sectores asalariados y medios. Una expresión de las políticas sociales focalizadas, surgidas a partir del cambio de paradigma en la producción y de la gestión pública, son los planes de empleo implementados en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en la República Argentina los últimos años. Se hace referencia, aquí, a los agentes que se vinculan en la implementación de los mismos y a las modalidades que adoptan sus relaciones

III Plan de Acción para las personas con síndrome de Down y sus familias en España: retos y apoyos

Este Plan de Acción para las personas con síndrome de Down constituye un tercer paso de una historia que comenzó hace casi 15 años. Desde entonces, las organizaciones y personas que conforman Down España se han transformado. En línea con esta evolución, el III Plan es diferente tanto en su estructura como en sus contenidos, pasando a ser un documento más sencillo, intuitivo y manejable, basado en la identificación de diversos momentos clave del ciclo vital que requieren atención y apoyo extraordinario. El primer y segundo Plan de Acción se dirigieron fundamentalmente al desarrollo del movimiento asociativo y el soporte a los profesionales, mientras que el III Plan pretende ser también un documento de apoyo y consulta para las propias personas con síndrome de Down y sus familias, ofreciéndoles información efectiva para afrontar con apoyos adecuados las etapas más exigentes, delicadas o conflictivas del ciclo vital. El III Plan tiene la siguiente estructura de contenidos: Parte 1. Fundamentación: incorpora los principios de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, en coherencia con las elaboraciones al respecto que ya ha hecho DOWN ESPAÑA en los últimos años. Parte 2. Análisis social: demografía de la población con síndrome de Down actualizada según las fuentes de datos disponibles. Parte 3 u operativa: organizada en torno a un esquema de itinerarios en función de retos (factores de riesgo) y apoyos (factores de protección) en relación con momentos clave según el conocimiento que hoy tenemos sobre el ciclo vital de las personas con síndrome de Down.

La capacidad jurídica y la tutela: un texto de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (versión en Lectura Fácil)

Documento en Lectura Fácil que tiene como objetivo acercar términos complejos como la capacidad jurídica, la tutela o la curatela a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para que puedan participar en mayor medida en la valoración de sus necesidades. Mejorar la comprensión de estos conceptos es necesario también para que las personas intervengan en la elección de los apoyos que precisen para actuar como cualquier ciudadano. La adaptación a la lectura fácil del proyecto ha sido desarrollada por la Cooperativa Altavoz, mediante el ajuste y la validación del texto original por un grupo de personas con discapacidad intelectual.

Glosario de términos jurídicos del proceso de modificación de la capacidad: un texto de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (versión en Lectura Fácil)

Glosario jurídico en el que se explican cerca de 30 términos sobre el proceso de modificación de la capacidad jurídica en fácil lectura. Esta iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto “Derecho a decidir con apoyos”, tiene como principal objetivo caminar hacia el logro de una mayor accesibilidad a la justicia.

Discapacidad y sistemas alternativos de resolución de conflictos

Este estudio persigue varios objetivos dentro de su finalidad principal de apoyar y orientar a operadores de gestión y resolución de conflictos para que puedan implementar intervenciones efectivas e inclusivas de las personas con discapacidad. En primer lugar, pretende difundir entre las personas con discapacidad y sus familias, la utilidad de los sistemas alternativos de resolución de conflictos como cauces adicionales y válidos para el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. Desde la resolución de conflictos se pueden realizar muchas acciones encaminadas a la inclusión, la capacitación y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. En segundo lugar, persigue que los contenidos de este trabajo respondan a un guión que recoja y refleje la nueva concepción de la persona con discapacidad derivada del “modelo social” que la considera sujeto activo de derechos, capaz de decidir por sí misma, y que insta a que la sociedad deba asumir una nueva forma de relacionarse con esta población, eliminando los obstáculos del entorno, propiciando de este modo el acceso y la inclusión activa en el sistema general de la sociedad. En tercer lugar, aspira a que los operadores de gestión y resolución de conflictos conozcan las condiciones que deben darse para que las personas con discapacidad puedan participar activamente en cualquier práctica de resolución de conflictos y, de acuerdo a ello, desplieguen intervenciones con carácter inclusivo que procuren la igualdad de oportunidades y la potenciación de su capacidad en la toma de decisiones.