Progresividad del impuesto de renta en las pyme en el marco del estado social de derecho colombiano

La constitución política en su artículo primero ha establecido el modelo político en el cual se enmarca el Estado Colombiano, precepto que por su prevalencia normativa, se convierte en fundamento de todo actuar y que se expresa así: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. La introducción de este nuevo modelo político implica un cambio radical en la forma de concebir el Estado, ante la pérdida sacramental del texto legal entendido como emanación de la voluntad popular y la mayor preocupación por la justicia material y por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos (M.P. BARÓN, Ciro., 1992), situación que conviene un cambio de pensamiento en la elaboración de las normas y que a partir, de 1991 debe consultar su impacto en la solución de los problemas que aquejan la sociedad. Consecuente con lo anterior, el sistema tributario, no puede ser ajeno a los postulados incluidos en el artículo primero de la constitución política atrás citado, y en tal sentido la Asamblea Constituyente, aunque en su momento no acogió las recomendaciones dadas por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, en el sentido de incluir un artículo que dijera que los tributos debían fundarse en la capacidad económica del sujeto pasivo, si consagró en su artículo 363 que el sistema tributario debía fundarse en los principios de equidad y progresividad, entre otros (BRAVO, 1997). Es aquí donde se centra el presente proyecto de investigación, que busca indagar por el principio de progresividad, que por efecto metodológicos se limitara a las pyme, específicamente en la pequeña empresa, aquella con planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activo total entre quinientos un (501) y menos de cinco mil un (5.001) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas personas jurídicas, se ven abocadas a una fuerte carga impositiva directa, en el cual el impuesto de renta recobra relevancia, haciéndose necesario analizar su impacto a las luces de la nueva reforma, a efecto de vislumbrar la efectiva materialización del principio de progresividad o por si el contrario los recientes cambios normativos han contradicho el mandato impuesto en la Constitución política en cuanto al respeto que debe contener toda norma en materia tributaria, en cuanto al principio objeto de estudio.

LA REFORMA ECONÓMICA Y SU IMPACTO SOCIAL EN COSTA RICA DURANTE EL PERÍODO DE AJUSTE ESTRUCTURAL: apuntes críticos para el análisis

Resumen El objetivo de este artículo es analizar la reforma económica implementada en Costa Rica en los últimos veinticinco años como resultado de la aplicación de los programas y políticas de ajuste estructural. Para tal efecto se analiza el debate que acompañó el proceso de aprobación e implementación de los mencionados programas, el discurso de los mismos, su desempeño y algunos de sus principales efectos sociales. Esta reforma económica representó un cambio importante en el estilo de desarrollo y en las funciones del estado social vigentes desde la década de los 1950s. De ahí que resulte de gran interés analizar cuál fue el nuevo enfoque de desarrollo que se implementó a partir de la década de los años ochenta y los resultados del mismo en materia de crecimiento económico y equidad social. Esta publicación pretende servir de insumo para promover la tarea académica de repensar la política de desarrollo que la sociedad costarricense debe definir dentro del nuevo contexto de la globalización.   Abstract The objective of this article is to analyze the economic reform implemented in Costa Rica in the last twenty-five years as result of the application of the structural adjustment programs and policies. For such effect we analyze the debate that accompanied the process of approval and implementation of the mentioned programs, the speech of such, its performance and some of its main social effects. This economic reform represented an important change in the style of development and in the current functions of the social state from the decade of 1950s. Hence it results of big interest to analyze which was the new approach of development that was implemented from the decade of the eighties and the results of the same one on the subject of economic growth and social equity.This publication tries to serve as input to promote the academic task of rethinking the politics of development that the Costa Rican society must define inside the new context of the globalization.

La protección social de las familias monoparentales en la ciudad de Bogotá 1991 -2015: una realidad más allá de la ley

Con el paso y las transformaciones sociales, políticas y legales que implica una constituyente, en este caso la del 91, que daba nacimiento a la constitución del mismo año, se originó además una transición hacia un Estado social de derecho, pluriétnico y laico, el cual planteaba un discurso de diversidad e inclusión de la diferencia en diferentes aspectos de la vida social. Sin embargo, en el caso de la familia, esta constitución no representó cambios respecto al discurso estructura y funciones en la sociedad, pues perpetuaba el discurso familista, de una única forma legítima de familia: la nuclear patriarcal, implicando una falta de reconocimiento de la diversidad familiar en Colombia y provocando a su vez una afectación en la atención y protección social de las familias no reconocidas en Colombia. Tal es el caso de las familias monoparentales, cuya estructura no se corresponde a este discurso ideal de familia y gracias a su falta de reconocimiento tanto legal como social, la atención y protección social que reciben por parte del Estado, a través de las instituciones públicas de protección familiar, es parcializada a las jefaturas monoparentales femeninas, al igual de estigmatizadas. Pese a esto, desde 2013, ante la actual coyuntura de reivindicaciones sociales que buscan el reconocimiento de la diversidad de la familia en el país, han surgido mecanismos legales por parte de la corte constitucional, así como nuevas políticas de familia tanto a nivel nacional, como local, que están haciendo sus primeros acercamientos a lo que es la diversidad familiar y a cómo incluir y proteger a las familias. A lo largo del contacto con las instituciones públicas de protección familiar, donde se mostraron nuevas alternativas y avances que aunque representativos, aun no son suficientes, persistiendo la invisibilización tanto social como legal y una protección social parcializada de las familias monoparentales.

Penology from city to country: Rurality and penality in Australia

There is a long tradition of social inquiry concerned with locational patterns and place-based explanations of crime in which urban/rural differences have been regarded as of cardinal importance. The geographical and socio-spatial aspects of punishment have on the other hand been widely neglected. One reason for this is that cities have been treated as the site of the major crime problems, presenting a contrast with what are commonly assumed (often without careful empirical research) to be the naturally cohesive character of rural communities. Thus punishment, like crime, is not a significant or distinctive issue in rural communities, requiring the attention of criminologists. But just as there are significant and distinctive dimensions to rural crime, the practice of punishment in rural contexts raises important questions worthy of attention. These questions relate to (1) the demand for punishment (i.e. the penal sensibilities to be found in rural communities); (2) the supply of punishment according to principles of legal equality (notably the question of the effective availability in rural courts of the full range of penalties administered by urban courts, in particular alternatives to incarceration); and (3) the differential impact of the same penalties when imposed in different geographical settings (e.g. imprisonment may involve distant removal from an offender’s community in addition to segregation from it; license disqualification is a great deal more consequential in settings where public transport is unavailable). The chapter examines these questions by reference to available knowledge concerning patterns of punishment in rural Australia. This will be set against the background of an analysis of the differential social organisation of penality in rural and urban settings. The generally more attenuated nature of the social state and social provision in rural contexts can, depending upon the profile of particular communities (and in particular their degree of social homogeneity), produce very different penal consequences: more heavy reliance on the penal state on the one hand, or greater recourse to informal social controls on the other.

A tutela penal dos discursos potencialmente ofensivos

O presente trabalho tem como ponto de partida os problemas que podem advir doexercício potencialmente danoso da liberdade de expressão. Desta forma, foram estabelecidas, inicialmente, as premissas sobre as quais se deve fundamentar o Direito Penal no seio de um Estado Democrático de Direito. Posteriormente, foram analisados os contornos do bem jurídico limitado pela eventual intervenção penal, bem como as características e principais formas de manifestação do problema, tendo sido estabelecido, ainda, um panorama do tratamento jurídico-penal conferido ao problema nos Estados Unidos, na Alemanha, na Corte Europeia de Direitos Humanos e no Brasil. Da análise restou comprovado que há uma tendência majoritária à admissibilidade da intervenção penal sobre o problema, limitando discursos potencialmente danosos como forma de promover uma sociedade mais pluralista e tolerante. Partindo-se desta constatação, buscou-se elaborar uma proposta dogmática que possa servir como mecanismo de limitação do poder punitivo, estabelecendo-se critérios minimamente satisfatórios para a aferição da potencialidade lesiva de um discurso. Por fim, apresentou-se uma análise crítica a respeito de tais processos criminalizatórios, já que constituem mera tentativa de promoção de minha exposição valores por meio do Direito Penal, o que não poderia ser admitido num Estado Democrático de Direito.