975 resultados para Políticas públicas -- Bogotá (Cundinamarca)
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Gestión del Conocimiento
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Gestión del conocimiento
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El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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Primera conferencia. Bibliotecas y Repositorios Digitales: Gestión del Conocimiento, Acceso Abierto y Visibilidad Latinoamericana. (BIREDIAL) Mayo 9 al 11 de 2011. Bogotá, Colombia.
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La presente monografía intenta mostrar la incidencia del uso del enfoque de política pública (PP) en los resultados obtenidos tras la formación de la Ley 608 de 2000, principal instrumento para la reconstrucción del Departamento del Quindío después del terremoto del 25 de enero de 1999. Se identifican dos grandes enfoques de formación política para clasificar el caso: representativo-positivista y participativo-constructivista. La hipótesis inicial versa acerca de la implementación de la Ley que permitió la recuperación económica del Departamento, pero ella fue insuficiente. Así, la aplicación de los enfoques de PP permiten identificar las fallas y falencias durante el proceso de formación de la Ley estudiada.
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Con la adopción de la constitución de 1991 se avanzó en la descentralización que hasta entonces había sido un proceso lento en Colombia y se instauro una de las estructuras m·s descentralizadas de AmÈrica Latina. Este proceso se caracteriza por tres componentes: el polÌtico, el fiscal y el administrativo. El primero de ellos se da mediante la elecciÛn de alcaldes y gobernadores; el segundo con la transferencia de aproximadamente el cincuenta por ciento de los ingresos corrientes del estado a los municipios y departamentos; y, el tercero con el traspaso a los gobiernos locales de las polÌticas sociales en salud, educaciÛn, agua potable, saneamiento b·sico, recreaciÛn, cultura y deporte.
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Uno de los objetivos de la línea de Teoría y Práctica de las Políticas Públicas (TP3) es el análisis de las políticas públicas como objeto de estudio en sí mismo. En América Latina los estudios sobre este tema están más concentrados en el análisis práctico que en el académico, dejando de lado la posibilidad de teorizar y crear nuevos modelos que puedan ser replicados dentro de nuestros estudios de caso a nivel académico. Por ello, la tendencia ha sido la de copiar las teorías, enfoques y modelos propios de la escuela anglosajona (principalmente de Estados Unidos y Reino Unido), limitando nuestra capacidad de comprensión con respecto a nuestros fenómenos políticos, económicos y sociales. Por esta razón, durante el primer semestre de 2015 se creó el Semillero de Políticas Públicas con el fin de reflexionar sobre los vacíos que existen en la comprensión y el análisis de las políticas en Colombia y en Latinoamérica, para luego dar paso a la construcción de respuestas pertinentes. Esta publicación es el resultado de nuestra primera iniciativa como Semillero, la cual consiste en recoger las principales herramientas analíticas en el estudio académico de las políticas públicas, explicar sus postulados fundamentales, identificar sus fortalezas y debilidades y, finalmente, aplicar estas herramientas a un caso dentro del contexto colombiano.
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El juez constitucional es motivo de apasionados debates tanto por quienes defienden su actividad en tanto expresión constitucional de la democracia como por quienes lo atacan por poner en peligro la separación tradicional de los poderes públicos. Sin embargo una nueva dimensión de su actividad emerge en medio de la re definición de los conceptos jurídicos y políticos que fundan la noción del Estado. Las políticas Públicas hasta hace muy poco eran competencia exclusiva de la administración sin embargo el juez constitucional ha ido consolid?ndose como un actor capaz de determinar sus contornos desarrollando un concepto amplio de gobernanza que va más allá de la idea de gobierno y de gobernabilidad. Entonces esta investigación está orientada a presentar tanto a juristas politólogos y administradores el proceso mediante el cual el sistema jurídico constitucional regula el sistema de políticas públicas y en este caso la política territorial para buscar demostrar cómo una nueva dimensión del control constitucional se consolida dentro de una nueva idea Estado y de democracia.
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Este texto presenta una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la situación de los derechos a la salud, a las pensiones y a los servicios sociales del adulto mayor, teniendo como base Colombia, pero también en relación con España, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Uruguay, en cuanto a normatividad (sobre la base de la constitucionalización e internacionalización de los derechos), políticas sociales y contexto de la seguridad social. Este estudio se enriquece con una visión holística del problema de la seguridad social y sus conclusiones apuntan a un fortalecimiento de las políticas con enfoque humanista, de los desarrollos normativos y de la jurisprudencia para que se garantice el reconocimiento de los derechos establecidos en las respectivas constituciones. El escenario investigativo tiene como telón de fondo el acelerado proceso de envejecimiento global, la creciente importancia de Latinoamérica en el mundo y el propósito de la mayoría de sus países de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).
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Incluye Bibliografía
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El propósito central que anima este trabajo es lograr la inclusión de pobladores y territorios rurales de Colombia en una dinámica y con unas reglas que logren que la nación asegure para sus territorios rurales que sus habitantes tengan los mismos derechos sociales que el conjunto de la población nacional. Una versión preliminar fue presentada al Consejo Directivo de la Misión para la Transformación del Campo y se benefició de sus comentarios. El documento se desarrolla con los siguientes contenidos: i) Orientaciones estratégicas de la política de desarrollo social rural; ii) condiciones sociales sectoriales con metas y principales elementos de política pública; iii) políticas y estrategias transversales.
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Aunque son conocidos los recurrentes ciclos de sequías e inundaciones que desde la segunda mitad del siglo XIX ha padecido la provincia de Buenos Aires, todavía se debaten las mejores soluciones para el problema de la abundancia de agua, debido a los cuantiosos daños materiales que ocasiona a las empresas agroganaderas. Sin embargo, esta cuestión no ha concitado el interés de los historiadores, y salvo algunas excepciones, menos atención se ha prestado al manejo de los recursos hídricos por parte de Estado provincial. Nos proponemos estudiar la participación de la agencia estatal en el presupuesto provincial puesto que indica la inversión pública, y ponderar el aporte privado toda vez que se compelía a los propietarios a pagar un impuesto especial. Nuestro período se extiende desde la década de 1870 hasta 1910 en que, estimamos, se cierra un primer ciclo de intervenciones estatales en la cuestión de las inundaciones. Enfocaremos el análisis a través de los registros oficiales, y los mensajes de los gobernadores
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Aunque son conocidos los recurrentes ciclos de sequías e inundaciones que desde la segunda mitad del siglo XIX ha padecido la provincia de Buenos Aires, todavía se debaten las mejores soluciones para el problema de la abundancia de agua, debido a los cuantiosos daños materiales que ocasiona a las empresas agroganaderas. Sin embargo, esta cuestión no ha concitado el interés de los historiadores, y salvo algunas excepciones, menos atención se ha prestado al manejo de los recursos hídricos por parte de Estado provincial. Nos proponemos estudiar la participación de la agencia estatal en el presupuesto provincial puesto que indica la inversión pública, y ponderar el aporte privado toda vez que se compelía a los propietarios a pagar un impuesto especial. Nuestro período se extiende desde la década de 1870 hasta 1910 en que, estimamos, se cierra un primer ciclo de intervenciones estatales en la cuestión de las inundaciones. Enfocaremos el análisis a través de los registros oficiales, y los mensajes de los gobernadores
