Quality time: exploring meaningful mandatory community involvement programs in secondary schools /

The purpose of this study was to explore the experiences of 5 stakeholder groups—students, parents, community organization representatives, guidance counsellors, and secondary school principals—in dealing with a mandatory secondary school graduation requirement in Ontario. The requirement is that students must complete 40 hours of eligible community involvement activities during their high school years in order to graduate. Ten stakeholders were interviewed regarding the nature of the community involvement program, what makes it work, and suggestions for improvement. The study found that although this program has the potential to provide a meaningful experience for students, and students are seen to gain from their experience in multiple ways, it depends substantially on the commitment of students, educators, and community organizations to make it worthwhile. Stakeholders recommended changes to the current program, which included making it a more structured process that would increase the consistency ofhow this program is implemented, finding ways to curb cheating and to reduce the administrative burden on schools, having more support from the Ontario provincial government and Ontario Ministry of Education and Training in the promotion and communication of this program, and developing partnerships between community organizations and schools to enrich the application of this program. This study concludes with a recommendation that the Ontario Ministry of Education and Training consider introducing Service-Learning, a curriculum-based experiential service and learning process, as an enhancement to the current community involvement program.

Caseflow management and the politics of professionalism : lawyers and independent paralegals

Caseflow Management is a public sector program designed to promote effective management of cases through the resolution process in the public court system. Given its public nature caseflow management policy is ultimately an exercise in political will. To date that political will has been dominated by the legal profession which has influenced the Ministry of the Attorney General to limit the term~ of reference for caseflow management and its application to a narrow range of alternatives which are primarily in the interest of the legal profession. This thesis will explain the nature and extent of the politics within the legal profession that impact on caseflow management and demonstrate the potential for better serving the public interest by eXl~anding its terms of reference to incorporate independent paralegals and public / private sector partnerships in the Ontario Provincial Court System for highway traffic offences and other matters of a summary conviction nature.

Analyse des stratégies d’évaluation des technologies des corps policiers canadiens : le cas de l’Identité Judiciaire

Les innovations technologiques pullulent dans le milieu policier depuis quelques années. Devant cette abondance de choix technologiques, et dans une conjoncture de ralentissement économique, la police doit s’assurer de faire une sélection favorisant le meilleur retour sur investissement. L’évaluation des technologies est la meilleure méthode permettant d’atteindre cet objectif. Ce projet de recherche analyse les différentes stratégies d’évaluation des technologies des corps policiers fédéraux et provinciaux du Canada en se basant sur le domaine baromètre de l’identité judiciaire. Cette étude s’appuie sur plusieurs données qualitatives : 1) observation participative à la Sûreté du Québec; 2) entrevues semi-directives (n=11) avec des membres de l’Ontario Provincial Police et de la Gendarmerie Royale du Canada. L’analyse intégrée des données colligées permet de mieux comprendre la dynamique de l’évaluation technologique dans la police. Même si une évolution est perceptible, certaines améliorations pourraient accroître l’efficacité du mini-PTA (Police Technology Assessment) dans un contexte où l’opérationnel et le théorique doivent cohabiter en parfaite harmonie afin de faciliter le travail des utilisateurs. Le mini-PTA est un outil facilitant l’adaptation de l’évaluation des technologies aux réalités régionales, mais ne peut en aucun cas remplacer unilatéralement le PTA fait par les grosses organisations d’évaluation des technologies policières.

Política exterior de Canadá en el ártico: entre la seguridad nacional y la prosperidad económica (2006-2011)

En el año 2010 el gobierno de Canadá pública su estrategia de política exterior hacia el Ártico, en la cual manifiesta que esta región es una de las principales prioridades del Gobierno de Stephen Harper en materia de política exterior. Así las cosas, a partir de la perspectiva teórica del realismo neoclásico la investigación se enfoca en analizar por qué la seguridad nacional y la prosperidad económica son los principales intereses de este Gobierno en la zona.

Desarrollo de herramientas y estrategias para el ordenamiento territorial

El presente no es un proyecto de investigación, sino de gestión y desarrollo de herramientas para la toma de decisiones. Su objetivo es colaborar dentro del marco de la "Red Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial" (Poder Ejecutivo Nacional, 2004) propuesta por el Gobierno Nacional, con los gobiernos provinciales y otros organismos en la planificación del uso de los recursos del territorio, procurando un manejo sostenible de los mismos, a fin de reducir en forma progresiva los desequilibrios espaciales, contribuyendo a elevar la calidad de vida de todos los habitantes del país. En las últimas décadas, ante la existencia de una creciente presión antrópica sobre el medio natural y, paralelamente, un mayor grado de conocimiento de las causas y efectos de los diferentes riesgos, éstos han comenzado a tener mayor influencia en la determinación de políticas y prioridades para inversiones o emprendimientos económicos en general y en la fijación de pautas de ocupación del territorio. La planificación aparece como una herramienta adecuada para orientar y organizar el desarrollo equitativo y sustentable de un territorio y la población que lo ocupa. El Ordenamiento Territorial (OT) significa disponer, con orden, la ocupación y usos del territorio según la mayor o menor aptitud de sus diferentes elementos constitutivos. Este proyecto se considera estratégico para el Programa Nacional Ecoregiones del INTA (PNECO), ya que encara los problemas territoriales desde un punto de vista global (aspectos económicos, sociales, productivos, culturales y ambientales), tradicionalmente tratados de forma sectorial, plantea directivas a mediano y largo plazo (escenarios) y guía la planificación regional y local. El enfoque central del OT es la visión participativa, acordando intereses contrapuestos (trade-offs1) y sinérgicos, transformando amenazas en oportunidades. Es este punto central el que permitirá vincular el PNECO con todos sus Proyecto Específicos (PE), considerando el marco de políticas públicas vinculadas al medio ambiente y la producción en cada ecoregión del país, asociado al Programa Nacional de Territorios del INTA

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Modernización estatal y regulación económica en provincias vitivinicultoras. Mendoza, 1936-1946

Las políticas implementadas en el país para superar las consecuencias de la crisis de 1930 se manifestaron, en el caso de las actividades agrarias y agroindustriales, en medidas de regulación de la producción y el comercio. La entidad creada para ocuparse de la vitivinicultura fue la Junta Reguladora de Vinos que comenzó a operar a partir de 1935. Al mismo tiempo que se ponían en ejecución las disposiciones emanadas de ese organismo nacional, las autoridades provinciales de la región productora arbitraban diversas prácticas destinadas a paliar las aristas más agudas de la crisis y a reposicionar a la agroindustria en el ámbito local y el mercado nacional. En la provincia de Mendoza las autoridades provinciales instrumentaron, a partir de 1936, algunas normativas destinadas a modernizar el aparato estatal en un intento de lograr mayor eficiencia en la aplicación de las políticas de regulación y de adecuar la maquinaria gubernamental a las exigencias de la nueva etapa. La creación de un organismo dedicado específicamente a la elaboración de estadísticas y a la investigación económica, en el marco del ministerio de economía provincial fue la medida más importante en este aspecto, mientras otras disposiciones contemporáneas intentaban encontrar en el fomento del turismo una alternativa complementaria de la tradicional actividad vitivinícola.

Improving the Foreign Direct Investment Capacity of the Mountainous Provinces in Viet Nam

The main purpose of this research is to suggest policies to improve the foreign direct investment attraction capacity in Northern Mountainous Provinces of Vietnam in short and medium-term. Though this region has huge potentials to develop, but poor infrastructure, remote location and bad FDI climate have hindered the FDI inflows. This research focuses on FDI climate factors, pays attention on region’s constraints, and suggests policy for three levels consisting of national, regional and provincial levels.

Annual archæological report.

Imprint varies.

Annual archaeological report.

"Being part of appendix to the report of the Minister of Education Ontario."

Speed enforcement in China : national, provincial and city initiatives and their success

China is motorizing rapidly, with associated urban road development and extensive construction of motorways. Speeding accounts for about 10% of fatalities, which represents a large decrease from a peak of 17.2% in 2004. Speeding has been addressed at a national level through the introduction of laws and procedural requirements in 2004, in provinces either across all road types or on motorways, and at city level. Typically, documentation of speed enforcement programmes has taken place when new technology (i.e. speed cameras) is introduced, and it is likely that many programmes have not been documented or widely reported. In particular, the national legislation of 2004 and its implementation was associated with a large reduction in fatalities attributed to speeding. In Guangdong Province, after using speed detection equipment, motorway fatalities due to speeding in 2005 decreased by 32.5% comparing with 2004. In Beijing, the number of traffic monitoring units which were used to photograph illegal traffic activities such as traffic light violations, speeding and using bus lanes illegally increased to 1958 by April 1, 2009, and in the future such automated enforcement will become the main means of enforcement, expected to account for 60% of all traffic enforcement in Beijing. This paper provides a brief overview of the speeding enforcement programmes in China which have been documented and their successes.

Education and the 'universalist' idiom of empire: Irish National School Books in Ireland and Ontario

This paper compares the founding of the elementary school systems of Ireland and Ontario in the nineteenth century. The systems shared a common set of textbooks that had originated in Ireland. Using examples from a number of these books, which were part of a series that had been specially prepared for the Irish national school system, founded in 1831, and information from archive sources on policy and administration in both countries, the paper argues that there was a common, ‘universalist’, imperialist ideology being promulgated in both systems. The article focuses on these ‘universalist’ principles rather than undertaking a detailed analysis of the textbooks.