1000 resultados para Ley de Alta policía
Resumo:
La justicia penal adolescente es un sistema de administración judicial que extiende los derechos y garantías del debido proceso a los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la ley penal. Se podría decir que las finalidades de la justicia penal juvenil, por orden de importancia son: Administrar justicia de forma democrática. Fomentando la responsabilización del adolescente que ha cometido una infracción penal; promoviendo su integración social y favoreciendo la participación de la comunidad en el proceso de reinserción social, mediante la oferta de servicios y programas para el cumplimiento de medidas socio-educativas. Cabe preguntarse ¿Las instituciones correccionales son coadyuvantes en la reinserción de los jóvenes en conflicto con la ley de tal modo que no vuelvan a confrontar con el orden jurídico vigente cuando egresen? La respuesta es muy compleja porque si bien desde la situación de las instituciones el aislamiento que sufre el joven no les da defensas para poder cambiar sus circunstancias de vida a la hora de reingresar a la sociedad y esto lleva a una alta probabilidad de volver a delinquir. Sin embargo las Ciencias Sociales plantean otras alternativa para logran la inserción de los jóvenes, una de ellas, se inclina a la estimulación de la resiliencia. Esta implica: sobreponerse a las dificultades y tener éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de alto riesgo; mantener la competencia bajo presión, esto significa adaptarse con éxito y recuperarse de un trauma ajustándose de forma exitosa a los acontecimientos negativos de la vida.
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Este trabajo trata sobre la definición de las empresas de economía social, forma de comercialización (comercio justo) y cómo se aplican esos conceptos en la provincia de Mendoza, Argentina. Para ello, en primer lugar se analizará cómo está organizado el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, la Dirección de Economía Social y Asociatividad y un análisis en profundidad de la Ley Provincial Nº 8423. Luego el trabajo se centra en todos los programas que se elaboran para organización, desarrollo y promoción de las empresas de Economía Social de Mendoza, para determinar el alcance y el impacto de dichos programas en la provincia. También se analizan qué tipos de empresas son las que forman parte de este grupo de Empresas de Economía Social, y de esta manera ver cómo se desarrolla este pequeño universo de empresas que en su mayoría son empresas familiares que ofrecen productos artesanales de muy alta calidad y a un muy buen precio.
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Este artículo describe una prueba empírica de la asunción común que confianza en la policía afecte percepciones de justicia por mano propia. Aparte de testear el papel de la confianza difusa (general) en la policía, también testeamos si la reacción de la policía en un nivel situacional afecte como el público ve un acto subsiguiente de justicia por mano propia. En un estudio experimental (N = 385), participantes recibieron una viñeta (un caso específico) sobre justicia por mano propia. Usando un diseño inter-sujeto, variamos la reacción policial al delito original (activa/pasiva) y la violencia del justiciero (alta/baja). Encontramos que con más confianza difusa en la policía hubo menos apoyo para el vigilantismo. Adicionalmente, los otros factores experimentales tuvieron un impacto importante. Los ciudadanos están sensitivos a la variación situacional cuando juzgan un delito. Además, nuestros resultados ponen énfasis en la importancia de la acción policial al nivel situacional en la formación de la opinión pública
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Este artículo describe una prueba empírica de la asunción común que confianza en la policía afecte percepciones de justicia por mano propia. Aparte de testear el papel de la confianza difusa (general) en la policía, también testeamos si la reacción de la policía en un nivel situacional afecte como el público ve un acto subsiguiente de justicia por mano propia. En un estudio experimental (N = 385), participantes recibieron una viñeta (un caso específico) sobre justicia por mano propia. Usando un diseño inter-sujeto, variamos la reacción policial al delito original (activa/pasiva) y la violencia del justiciero (alta/baja). Encontramos que con más confianza difusa en la policía hubo menos apoyo para el vigilantismo. Adicionalmente, los otros factores experimentales tuvieron un impacto importante. Los ciudadanos están sensitivos a la variación situacional cuando juzgan un delito. Además, nuestros resultados ponen énfasis en la importancia de la acción policial al nivel situacional en la formación de la opinión pública
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Este artículo describe una prueba empírica de la asunción común que confianza en la policía afecte percepciones de justicia por mano propia. Aparte de testear el papel de la confianza difusa (general) en la policía, también testeamos si la reacción de la policía en un nivel situacional afecte como el público ve un acto subsiguiente de justicia por mano propia. En un estudio experimental (N = 385), participantes recibieron una viñeta (un caso específico) sobre justicia por mano propia. Usando un diseño inter-sujeto, variamos la reacción policial al delito original (activa/pasiva) y la violencia del justiciero (alta/baja). Encontramos que con más confianza difusa en la policía hubo menos apoyo para el vigilantismo. Adicionalmente, los otros factores experimentales tuvieron un impacto importante. Los ciudadanos están sensitivos a la variación situacional cuando juzgan un delito. Además, nuestros resultados ponen énfasis en la importancia de la acción policial al nivel situacional en la formación de la opinión pública
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El presente documento evalúa la Cuenca Alta del Guadalquivir en busca de posibles estructuras viables como almacenes de CO2, tanto técnica como económicamente. Se lleva a cabo la selección de seis posibles estructuras, de las cuales solo tres han resultado viables atendiendo a criterios técnicos y socio-económicos. De estas tres, se evalúa la viabilidad económica de la de mayor capacidad, obteniendo como resultado que la capacidad estimada es demasiado baja para que sea rentable su uso como almacén de CO2 a nivel comercial en una industria tipo de la Unión Europea. Para ello nos basamos principalmente en la Ley 40/2010 que regula el almacenamiento geológico en nuestro país, el informe GeoCapacity elaborado por el IGME, atlas elaborados por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), y en diversos documentos de carácter económico publicados a nivel Europeo. Este proyecto, está incluido dentro de la Cátedra TecFutura, y forma parte del proyecto AVANZACO2. Por tanto, ha contado con la colaboración de las empresas implicadas en dicho proyecto, Sacyr Vallehermoso y Gessal así como con investigadores de la UPM. En relación con dicho proyecto, se procesaron los datos obtenidos mediante la herramienta informática CO2SITEASSES. ABSTRACT This paper evaluates the Upper basin of the Guadalquivir in the search of viable structures for CO2 storage, both technically and economically. The selection of six possible structures has been made, of which only three have proved to be viable attending to technical an socio-economic criteria. Of these three, we evaluate the economic viability of the larger capacity. In result, the estimated capacity is too low to make it profitable for a commercial use. In order to do this, we rely primarily on the Law 40/2010, which regulate the geological storage in our country, the report GeoCapacity, prepared by the IGME, atlas prepared by de Department of Energy of the United States (DOE) and various economic papers published in Europe. This project is included in the “Cátedra TecFutura” and is part of AVANZACO2 project. Therefore it has enjoyed the cooperation of the companies involved in the project, Sacyr Vallehermoso and Gessal, as well as UPM researchers. Related to this project, the obtained data were processed using the software CO2SITEASSES
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Las exigencias del siglo XXI vienen acompañadas de un sinnúmero de requisitos para los aspirantes al puesto de policía. Las razones para ello son los nuevos retos que imponen los cambios a nivel mundial en la complejidad del fenómeno delictivo y su relación con el crimen trasnacional, así como la necesidad cada vez mayor de contar con evidencia basada en elementos científicos, a medida que la tecnología los ha redefinido, así como herramientas de investigación y metodologías para el desempeño de la función policial. Es común escuchar a los gobernantes de los países latinoamericanos afirmar que los problemas de inseguridad se resuelven automáticamente con “profesionalización policial” y en nombre de esta se han erogado grandes presupuestos sin lograr transformaciones profundas. La profesionalización y la capacitación policial desarrollados en contextos democráticos implican premisas que tienen que ver con valores éticos, con el respeto a los derechos humanos y con el ejercicio del criterio del policía para aplicar la ley. La conceptualización sobre lo que es un policía profesional ha llevado a muchos estudiosos del mantenimiento del orden a plantear marcos de referencia para el entendimiento del servicio policial en contextos democráticos. Las reformas policiales emprendidas por los países desarrollados y con democracias consolidadas tienen sus propias especificidades y características distintas a las de los países de la región latinoamericana. El camino hacia la profesionalización de las policías en países como los Estados Unidos de América, transitó por la limitación del poder que las corporaciones policiales ejercían para que rindieran cuentas ante la sociedad por casos de abuso de la fuerza o de brutalidad policial. Para ello, tuvieron que desarrollarse sistemas de control interno y externo, ante presiones de la sociedad para que las corporaciones rindieran cuentas sobre la conducta de sus integrantes...
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El presente trabajo explora el comportamiento pendular que la regulación de la gestión de intereses ha exhibido en el Perú en las últimas dos décadas, lapso en que se pasó de un vacío regulatorio que coincidió con un período de alta incidencia de corrupción (1990-2000) hasta el año 2003 con la promulgación de la Ley que regula la gestión de intereses en la gestión pública –Ley 28024– que, a la fecha, no ha sido adecuadamente implementada. La investigación analiza la Ley 28024 a la luz de las lecciones internacionales, y mejores prácticas planteadas por la OCDE y por el estudio de experiencias pertinentes en América Latina; mapea a los actores y al ambiente en el cual se producen las gestiones de intereses en el Perú en la actualidad; y recoge, mediante entrevistas en profundidad, las opiniones y recomendaciones de una muestra de expertos peruanos con el objetivo de entender por qué la Ley 28024 no pudo ser implementada. A partir de ello, es posible plantear lineamientos para una ley de gestión de intereses de segunda generación que logre contribuir a consolidar instituciones democráticas y a tomar decisiones de políticas públicas mejor informadas en el Perú.
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Este trabajo ha desglosado los principios de actuación según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, si bien su estudio es mucho más amplio y complejo, ya que de cada uno de los principios se derivan muchos aspectos. Se inicia el trabajo con la definición del concepto de policía y el estudio de los diferentes sistemas y modelos policiales, centrándonos en el modelo español, con la sistematización de las funciones de las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según la LO 2/1986, de 13 de marzo, concluyendo con el estudio de la evolución histórica del papel de la policía, como paso previo para analizar los principios básicos de actuación. Tras una breve introducción de la definición de la deontología policial, entramos al estudio de los principios que establece el artículo 5 de la LOFCS. Por un lado, la adecuación al ordenamiento jurídico y, en consecuencia, el respeto a la Constitución, neutralidad e imparcialidad, integridad y dignidad, jerarquía y subordinación y colaboración con la Administración de Justicia. Por otro lado, en las relaciones con la comunidad, impedir actuaciones arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral, realizar trato correcto, actuar con la decisión necesaria, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en los medios utilizados. Asimismo, se dedica parte del estudio al tratamiento de los detenidos, dedicación profesional, secreto profesional, así como la referencia a la responsabilidad de sus actuaciones. Finaliza el trabajo expuesto, siendo consciente de que la observancia y el cumplimiento de estos principios establecen las bases de una policía democrática.
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Historias de mujeres ex combatientes en estado de reclusión” tiene como objetivo central reconstruir, visibilizar y analizar las experiencias de vida de cuatro mujeres excombatientes de las guerrillas postuladas a la Ley de Justicia y Paz.
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Describir el fenómeno de la corrupción es una manera de comprender el comportamiento desviado de los integrantes de determinada colectividad y el funcionamiento de su orden social. Por lo que resulta necesario abordar el tema como un fenómeno social, económico, político y también cultural.
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El conflicto armado en Guatemala se originó por el abuso de poder, la desigualdad, la exclusión y la profunda discriminación, sobre todo hacia la población indígena, a la que se le han desconocido históricamente sus derechos y que fue la más afligida durante el conflicto. Lo que desembocó en el nacimiento de grupos al margen de la ley, cuyo propósito fue reivindicar los derechos de la población, así como la equidad y justicia social. El conflicto se caracterizó por la formación de grupos paramilitares, la violación al Derecho Internacional Humanitario, el elevado número de víctimas del conflicto, mayoritariamente indígenas y porque más del 85% de las violaciones a los derechos humanos fueron perpetradas por el Estado. Gracias a la voluntad política, al respaldo de la comunidad internacional, especialmente de la Organización de Naciones Unidas -ONU, y a los buenos oficios de la Comisión Nacional de Reconciliación – CNR, se lograron firmar los Acuerdos de Paz y dar fin a este cruento conflicto de más de 36 años. Las partes firmantes vieron la necesidad de que un ente autónomo e imparcial de Naciones Unidas, verificara el cumplimiento de La Misión de Naciones Unidas en Guatemala - MINUGUA contribuyó a la promoción, defensa y garantía de los derechos de la población indígena guatemalteca. Específicamente, incidió en el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas guatemaltecos –AIDPI, que fue suscrito el 31 de marzo de 1995, asimismo, contribuyó a la garantía del derecho a la justicia de la población indígena, lo que se evidenció en las acciones y el papel que desempeñó en los componentes de verdad, justicia y reparación.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el papel del Centro Forjar Ciudad Bolívar en la reincidencia de actos delictivos de los adolescentes infractores, basado en la teoría de la justicia restaurativa que se busca generar desde el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia. De esta manera, se pretende demostrar que, al ser una política pública para generar una justicia restaurativa, su implementación ha sido fundamental dentro de la localidad, para generar un proceso de reinserción social y acompañamiento para evitar la reincidencia de actos delictivos de estos adolescentes. Para lograr este objetivo se utilizará un análisis metodológico cualitativo, basándose en estudios de las fuentes primarias, trabajo de campo a partir de entrevistas realizadas en el Centro Forjar de Ciudad Bolívar, para entender el impacto de la política pública en la localidad.
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This article describes the use of a conventional CRT monitor as a high voltage power supply for capillary electrophoresis. With this monitor, a 23-kV high voltage with a ripple of 1.32% was observed. The reproducibility of the applied high voltage was evaluated by measuring the standard deviations of peak area and migration time for five consecutive injections of a test mixture containing potassium, sodium, and lithium cations at 50 mmol L-1. The errors were about 2.5% and 0.6% for peak area and migration time, respectively. The maximum current tested was about 180 mA, which covers most capillary electrophoresis applications. This system has been successfully used for several months, maintaining the desired level of performance.
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Synthetic dyes are much used in processed foods. HPLC was applied to different types of snacks, such as colored cereals, chocolate confetti, chewing gums and candies for the determination of those additives. In the case of artificially colored breakfast cereals, 71% of the samples exceeded the allowed limits. Regarding the portions recommended for consumption by the makers of two of the samples, the amounts exceeded those allowed by the Brazilian legislation. In the case of chocolate confetti and candies none of the samples showed higher amounts than those allowed. However 37% of the chewing gum samples presented larger contents than the authorized ones, and one sample contained five times more synthetic dyes than allowed.