1000 resultados para Instrumentos de políticas públicas


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El papel preponderante de las entidades de microcrédito en el desarrollo social y económico local y regional, se vincula a que a través de sus servicios, se facilita la generación y consolidación de la trama productiva y de empleo. Con su impacto en terminos de la reduccion de la pobreza y la inclusión social. En Argentina, las entidades de microcrédito muestran dificultades a la hora de acompañar las politicas de desarrollo economico social productivo. Sus permanentes procesos de descapitalizacion muestran inconvenientes y problemas y dificultades para alcanzador los resultados planteados y sobre tod no han sido eficaces en acercar los fondos a su población objetivo, emprendedores con potencial de crecimiento. Creemos que dicho problema puede reducirse estableciendo criterios que posibiliten identificar aquellas actitudes y rasgos característicos del perfil emprendedor, así como los procesos de tomas de decisiones llevado por ellos adelante. Se contribuiría de esta manera a lograr una asignación más eficiente y eficaz de los recursos disminuyendo la probabilidad de morosidad. Sin embargo para identificar y caracterizar al individuo emprendedor, es necesario esclarecer a qué hace referencia dicho término e interpretarlo dentro de marcos teóricos adaptables al contexto local. También es necesario poder explicitar el proceso de toma de decisiones que adopta, alejándonos de los supuestos racionalistas del comportamiento. Ante la hipótesis planteada nuestro objetivo general es de contribuir al desarrollo de marcos explicativos y dispositivos para el campo del emprendedurismo que permitan viabilizar a las instituciones de microcrédito como instrumentos eficaces para el desarrollo económico y social. Específicamente: Comparar los perfiles de emprendedores que hacen posible iniciar, desarrollar y sostener un emprendimiento productivo apoyado por una entidad de micro crédito. Determinar las limitaciones de las organizaciones que trabajan en micro crédito. Delimitar los alcances de las variables psicológicas respecto a los perfiles emprendedores. Proponer un modelo de transferencia de tecnología financiera que permita reducir la morosidad y optimizar los mecanismos de asignación de créditos y construir dispositivos que faciliten la identificación de perfiles emprendedores en los solicitantes de crédito. Se aplicar el test de tendencias emprendedoras EAO. Los resultados, permitiran, estandarizar para Cordoba esta escala como instrumentos de detección de competencias emprendedoras y asociadamente morosidad. Y en una segunda etapa desarrolalr dispositivos y soportes para la toma de decisión de entidades e individuos, en red, que posibiliten estrategias para el sostenimiento de la trama empresarial , reducir la mora y aumentar la rotación al capital en las entidades. La importancia del proyecto radica en que indagará sobre las dimensiones motivacionales y las capacidades psico-sociales del emprendedor, asociadas a mayor o menor morosidad en el pago del micro crédito. Estos desarrollos permitiran la adaptacion del EAO en el contexto de Cordoba y su estandarizacion para la utilizacion del mismo por las organizaciones generadoras de posliticas publicas orientadas al sostenimiento de la red emprendedora. Aspira a generar e instalar un proceso innovador en red entre varias instituciones. De las cuales las centrales serán la FIDE , la dirección de micro emprendimientos y el sistema de ciencia y técnica. Para la asistencia técnica a los emprendedores incubados, que mediante el trabajo en red con la Dirección de Microemprendimientos del Gobierno de la Provincia de Córdoba facilitara el acceso al crédito de los incubandos, complementando a éstos recursos, con el potencial acceso, a través del asesoramiento de la FIDE, a programas de vinculación tecnológica que les proporcionen líneas de financiamiento para bienes de capital y asistencias técnicas especializadas.

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El trabajo analiza desde una perspectiva crítica la cuestionable eficacia de las políticas públicas territoriales relativas a la población afrocolombiana y en particular la situación de los Consejos Comunitarios de Jiguamiandó-Curvaradó, desde la teoría de la captura del Estado. En este sentido explica la manera cómo han evolucionado las relaciones entre el Estado y los afrocolombianos como sujetos colectivos de derechos. Plantea, además, que la ineficacia de estos instrumentos tiene conexión con lo que se denomina "captura conceptual del Estado".

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El artículo pertenece a una sección de la revista dedicada al análisis de las políticas de Formación Profesional. - Resumen tomado parcialmente de la revista

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El propósito central es demostrar si en Guatemala existen políticas públicas adecuadas para garantizar los derechos de los migrantes, en situación "regular" o "documentada", así como el tratamiento que reciben los migrantes en calidad "irregular" o "indocumentados, tomando en cuenta que el país reúne las tres categorías: origen, tránsito y destino. Para lograr este propósito se ha tenido a la vista tres objetivos principales que se resumen en: a) Conocer las políticas y acciones de las instituciones de gobierno así como de las Organizaciones no Gubernamentales conocidas comúnmente como ONG, dedicadas a la protección de los derechos de los migrantes, b) Hacer un examen de la situación de los derechos humanos de los migrantes y la normatividad internacional y nacional, c) Examinar los resultados de las acciones de gestión gubernamental en el área bilateral y multilateral, con el fin de asegurar un respeto a los derechos de los migrantes guatemaltecos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y México. Por los razonamientos anteriores, la tesis se concentra en analizar la situación de los migrantes "documentados" e "indocumentados en Guatemala y su paso por México así como su situación Estados Unidos, estableciendo una relación directa entre los instrumentos nacionales e internacionales, también entre las acciones de los gobiernos frente a los constantes abusos, malos tratos, violaciones sexuales, humillaciones, torturas, persecución, detención, secuestros e incluso asesinatos, entre otros hechos, que merecen especial atención. En Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo hay una creciente ola de migrantes, pero a la vez los Estados han establecido mecanismos cada vez más represivos, llegando al extremo de la criminalización, un prejuicio peligroso contra un migrante "ilegal" o "indocumentado" al tratarlo como "criminal" o "terrorista". Para Guatemala, el tema de los migrantes en otros países es de fundamental importancia por el aporte económico que brindan a través de sus remesas, por ello, se presenta una sección de conclusiones y recomendaciones al gobierno de Guatemala con el fin de reforzar, incluso de reformular políticas que alivien los sufrimientos de los migrantes que transitan por el país y a la vez que logre plantear planes y programas objetivos hacia México y Estados Unidos en su relación bilateral. También se quiere aportar con el medio profesional, académico y estudiantil.

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El análisis de la relación derechos humanos (DDHH), en particular los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y las políticas públicas es fundamental para la concreción de los derechos, y estos no sean solamente contenidos de carácter meramente declarativo. El enfoque de derechos implica la distinción entre un derecho y una necesidad. Mientras las necesidades no tienen valor de obligación y no se pueden demandar su cumplimiento por parte del Estado, los DDHH tienen una base legal y exigible local e internacionalmente. Mientras los DDHH se relacionan con el SER, las necesidades se relacionan con el TENER, y esto implica un marco temporal acotado y no necesariamente sustentable en el tiempo. El enfoque de derechos no concierne a un gobierno específico o a una corriente política sino que configura una obligación por parte del Estado de honrar la dignidad humana. En este sentido el aparato del Estado tiene las competencias, posibilidades y mandato de implementar políticas y programas para garantizar la calidad de vida de los habitantes. En América Latina, los Estados han firmado y ratificado los instrumentos fundamentales internacionales en materia de protección de DDHH, y por lo tanto están obligados a proteger, garantizar y promover los DDHH de la población. La protección y promoción de estos derechos pueden encontrar una vía efectiva a través de las políticas públicas. Analizar la vinculación del enfoque de derechos en las políticas públicas es pues el objetivo de este artículo, de manera de contribuir íntegramente con este enfoque desde el diagnóstico y diseño de las respuestas e iniciativas estatales.

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El concepto tradicional de políticas públicas las define como “programas de acción de una autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público” o como las acciones y omisiones del Estado, que pretenden interpretar las demandas de la sociedad e incidir en la vida de los ciudadanos. Partiendo de ahí, proponemos como concepto de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos (ddhh) a la articulación racional de acciones y omisiones del Estado, y sus resultados, basadas en: las obligaciones contraídas voluntariamente por los Estados a través de distintos instrumentos de ddhh y la definición participativa de los principales problemas y necesidades por parte de la población; así como en su participación en el diseño, monitoreo y evaluación. El presente trabajo es una propuesta para la conceptualización y abordaje de los indicadores de ddhh como herramientas de las políticas públicas con enfoque de ddhh.

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Los sectores de las telecomunicaciones y de la radiodifusión y televisión en el Ecuador, se encuentran regulados y controlados a través de dos normas jurídicas distintas, cuya naturaleza responde a las particularidades propias de cada una de estas actividades. Esto ha ocasionado que la regulación de estos servicios se encuentre sometida a diferentes organismos de regulación, que los derechos y obligaciones que los proveedores deben ejercer y cumplir sea disímil y muchas veces contradictoria entre sí, que su prestación sea autorizada a través de diferentes instrumentos jurídicos de jerarquía y naturaleza distinta, que el acceso, interconexión e interoperabilidad de la red, sea para el caso de telecomunicaciones obligatoria, mientras que para el caso de las redes de radiodifusión y televisión se encuentren restringida. Esta realidad no ha permitido el desarrollo adecuado, dinámico y acorde a la actual situación tecnológica y de mercado, de una regulación que fomente el aparecimiento de servicios convergentes de voz, datos y video; realidad que se presenta día a día en la industria de telecomunicaciones. En razón de lo cual, en la presente tesis, se ha planteado la necesidad de reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes en los sectores involucrados para viabilizar el aparecimiento, regulación y control de los servicios convergentes de voz, datos y video. Con este objeto se ha formulado una propuesta jurídica – regulatoria que busca reformular los lineamientos generales y las políticas públicas existentes, con el propósito de que estos abonen al desarrollo y provisión de los servicios convergentes. Pero es evidente que a más de la reformulación de los lineamientos ya existentes es necesario el fortalecimiento de la institucionalidad del sector, de sus actores y de la normativa marco que regula la prestación de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.

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Tendo por base o desenvolvimento sustentável e a mitigação das mudanças climáticas, políticas públicas estão sendo elaboradas para reverter a crescente degradação dos ecossistemas naturais, permitindo novas formas de cooperação na interface global. As recentes tendências da governança indicam que o foco mudou das atividades entre governos para as iniciativas multisetoriais, da governança em nível nacional para a governança em vários níveis internacionais e de um procedimento formal e legalista para uma abordagem mais informal, participativa e integrada, surgindo, como um possível componente dessa nova estrutura, as redes globais de política pública. Os atores brasileiros estão cada vez mais aderindo a essas redes globais de políticas voltadas à redução das mudanças do clima com seus projetos e políticas de desenvolvimento limpo, indicando que modelos estruturais e relacionais como esse podem ser considerados instrumentos viáveis de governança global quando a questão é a minimização dos riscos ambientais que ameaçam o planeta. Diante disso, foi definido como objetivo do estudo verificar a institucionalização da rede global de políticas públicas voltada à mitigação das mudanças climáticas entre os atores brasileiros relacionados com as políticas de redução e/ou compensação das emissões de gases de efeito estufa. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema de estudo e uma pesquisa empírica com os atores brasileiros do setor público, privado e organizações não-governamentais envolvidos na rede global de políticas públicas. Os resultados mostraram que dos elementos analisados no intuito de verificar a institucionalização da rede entre os atores brasileiros, somente parte deles apontaram para a formação dessa estrutura. Notou-se uma tentativa de institucionalizar a rede, entretanto, muito ainda há de ser desenvolvido para uma perfeita institucionalização.

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Este estudo ocupou-se da avaliação dos impactos socioambientais gerados pela implementação de políticas públicas de cunho ambiental como o caso do Subprograma Manejo e Controle da Contaminação por Agrotóxicos, inserido no Programa para o Desenvolvimento Racional, Recuperação e Gerenciamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Guaíba – Pró-Guaíba. A proposição metodológica é de um estudo analítico comparativo, considerando o espaço temporal entre dois momentos distintos do subprograma, valendo-se da construção de índices de sustentabilidade para as dimensões ambiental e social. A determinação dos indicadores de sustentabilidade usados como instrumentos de avaliação quantitativa e qualitativa, respeitadas as limitações impostas pelo estudo e pelo objeto de análise, demonstrou ser pertinente, mesmo que não tenha permitido uma análise das múltiplas dimensões de sustentabilidade passíveis de consideração em estudos deste tipo. No transcorrer da análise pôde-se identificar elementos que apontam para a priorização das ações do subprograma no componente conservação de solo e a opção por práticas que podem garantir incrementos de produtividade, refletindo o caráter produtivista da proposta, estabelecendo-se uma visão dicotômica entre sociedade e natureza, sem o devido estabelecimento de relações de interdependência entre os problemas sociais e ambientais. Considerando os aspectos socioambientais, a educação ambiental surgiu como um elemento de destaque na percepção dos atores envolvidos, mesmo diante dos escassos recursos financeiros destinados a este componente. A análise evidencia a necessidade de incorporação de alguns pressupostos inovadores no sentido de tornar o programa mais eficiente, para que possa desempenhar adequadamente os objetivos que lhe foram atribuídos enquanto política pública.

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Uma das grandes questões do federalismo brasileiro é o papel dos estados no campo das políticas públicas. Se por um lado o papel dos estados nas políticas públicas para sistemas de welfare state ainda passa por indefinições e a literatura que discute seu papel na participação da formulação e execução de políticas nas áreas de saúde, educação, assistência social e habitação é bastante restrita, o cenário aparenta ser bastante distinto no que tange às políticas de desenvolvimento econômico, por possuir significativa vantagem frente aos municípios e governo federal. A presente tese busca mostrar que o papel dos estados têm ampliado e se especializado mais em funções relativas à infraestrutura e ao desenvolvimento regional. Por meio do trabalho de análise, planejamento e capacidade de articulação com vários atores das agências de desenvolvimento estaduais e secretarias de desenvolvimento econômico, os estados podem visualizar de forma privilegiada suas particularidades e semelhanças nas atividades produtivas, de logística e de necessidades específicas, e assumem uma gama de ações de formulação, execução e implementação de políticas que envolvem articulação com os demais entes da federação, setor privado e sociedade civil e novas arquiteturas socioinstitucionais para a criação, desenvolvimento e manutenção de instrumentos de apoio. Neste ambiente institucional advém o estudo de mecanismos de associativismo territorial, notadamente os Arranjos Produtivos Locais, crescentemente utilizados como instrumentos de desenvolvimento regional pelos estados, com o apoio do governo federal. De natureza associativista e voluntária, os Arranjos Produtivos Locais são instrumentos que podem ser aproveitados e incrementados pelos estados, uma vez que a territorialidade na qual estão inseridos possuem vocação produtiva pré-existente, e intervenções em direção ao incentivo, capacitação e profissionalização são algumas das possibilidades de ação dos estados. A partir de tal premissa que o presente trabalho busca analisar o papel que os estados têm assumido na formulação, execução e articulação de políticas públicas para Arranjos Produtivos Locais. Ao assumir que os estados são melhor dotados de estrutura institucional do que os municípios e o governo federal para políticas específicas para Arranjos Produtivos Locais, busca-se compreender como três estados selecionados Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm tratado o tema.

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As discussões sobre o uso de indicadores aplicado à formulação de políticas públicas ganham força no cenário nacional. Entre os desafios que englobam o tema está pensar instrumentos apropriados para apoiar os gestores de pequenos municípios a fazer diagnósticos e planejamento baseados no conhecimento estruturado da realidade. O presente artigo visa contribuir para esta temática ao buscar entender quais elementos possibilitariam a criação de instrumentos capazes de apoiar gestores de municípios de pequeno porte na utilização de indicadores para diagnóstico e planejamento da atividade pública. Para chegar a tal objetivo, recorreu-se a bibliografia especializada e a realização de uma investigação que englobou entrevistas com prefeitos e especialistas de instituições produtoras e disseminadoras de dados. Os resultados da pesquisa apresentados nesse artigo apontaram para uma série de especificidades que dificultam o uso de indicadores por administrações municipais menores, o que possibilitou sugerir recomendações para subsidiar instituições produtoras e disseminadoras de dados a direcionar produtos mais adequados a esse público.

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Este estudo apresenta o desenvolvimento teórico e a aplicação de um modelo voltado à análise de arranjos de governança de políticas públicas que ocorrem quando múltiplas organizações estão envolvidas em lidar com questões complexas. A seguinte pergunta de pesquisa foi proposta: Como opera o conjunto de instrumentos de coordenação empregados na governança de uma política pública transversal? Um estudo de caso exploratório sobre o Programa Bolsa Família foi realizado, especificamente na sua dimensão relacionada à coordenação entre os setores de assistência social, educação e saúde. Os métodos de pesquisa consistiram em análise de conteúdo de documentos e transcrições de entrevistas semiestruturadas com atores-chave do Programa nos três setores de políticas. Os resultados demonstram como diferentes modos de governança coexistem no arranjo multinível estudado, revelando diversos elementos de coordenação cuja operação concomitante resulta em um modo de governança misto. Contribui-se, assim, para o aperfeiçoamento do Programa e para o desenvolvimento teórico, metodológico e aplicado dos conceitos de governança e de coordenação, ficando demonstrado ser possível integrá-los na análise de políticas públicas transversais.

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A publicação mostra como o ambiente de negócios está fortemente relacionado às ações do Estado, que pode criar barreiras e incentivos à atividade empreendedora. Para tanto, traz uma síntese teórico-empírica e, a partir dela, um conjunto de instrumentos de apoio ao gestor público para que se desenvolva um bom ambiente de negócios

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Esta dissertação pretende examinar a estrutura jurídica (ponto de partida) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que foi adotada com o intuito de promover a melhoria da educação por meio do financiamento entre entes federativos (ponto de chegada). Para tanto, utilizamos como arcabouço teórico a literatura de Direito e Desenvolvimento, que ressalta a relevância de desenhos jurídicos específicos apresentarem-se como instrumentos para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais (SCHAPIRO e TRUBEK, 2012), o trabalho de Bucci sobre políticas públicas (BUCCI, 2006a, 2006b, 2013, 2015) e as discussões de Sen sobre desenvolvimento (SEN, 2000). Para aferir como o FUNDEB foi implementado pelo arcabouço institucional, utilizamos como recorte metodológico a análise dos diplomas normativos relativos a essa política e das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF), afetas ao cálculo e repasse dos recursos de complementação federal, que se destinam aos entes que não possuem condições de atender às determinações da Lei do Fundo. Mais precisamente, selecionamos decisões sobre o prazo para ajustar os valores de complementação federal e acerca da constitucionalidade da Lei do Piso do Magistério, que também exige complementação federal nos termos do FUNDEB. A partir das decisões, constatamos que as interpretações conferidas pelos órgãos judiciais permitiram maior discricionariedade à União para dispor sobre as regras para complementação federal, além de conceder maior prazo para proceder aos ajustes. Concluímos que as questões jurídicas apresentadas nas decisões evidenciam ambiguidades ou lacunas no desenho jurídico da política pública do FUNDEB, o que pode gerar certo grau de imprevisibilidade nas condições para sua implementação prática que podem, por sua vez, frustrar, parcial ou totalmente, os objetivos almejados pela política pública.

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The state s evolution, after its liberal and the social stages, arrives at the post-social state, also regarded as regulatory state, which, in order to accomplish the state s aims, employs indirect interventions in the economy. The new model of administration adapts principles and concepts form the private sector such as the quest for efficience and tangible results, also striving for the decentralization of state s power to improve effectiveness before the new paradigm of handling of affairs of public interest. Present state derives its legitimacy from the efficiency principle, the legitimacy of the public administration cannot be limited to an analysis of legality, but the fulfillment of the ends envisaged by the public authority on its policies. These public policies have the objective of satisfying fundamental rights of the citizens. The access to public policies set by states as a way of enjoyment of the aforementioned rights constitute a legal and demandable path of development. The creation of public policies and the access to them must abide to the efficiency principle. This access must be taken unther the principles of legal and material equality, inasmuch as the liberty and real liberty. The access must also be observed as a matter of limited resources to grant, in reality, the access and enjoyment of these rights. The demandable nature of the access to public policies binds the public authority into broadening the range of these policies to every one who needs them. Thus, in this spectrum, the role of the Regulatory State, as the legal instruments for access of public policies as a legal path to development, is analyzed in the present work