960 resultados para Fuerza pública
Resumo:
El conflicto armado1 colombiano, se ha caracterizado por su duración y por ser uno de los pocos conflictos que se ha manejado internamente por más de cuarenta años. Desafortunadamente, el fortalecimiento desmedido de los grupos terroristas en los últimos años financiados, por dineros provenientes del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, entre otros y las constantes violaciones a los DDHH e infracciones al DIH que se manifiestan en ataques indiscriminados a poblaciones; infraestructura vial, energética y eléctrica; amenazas de muerte, toma de secuestrados, desplazamientos forzados y desapariciones; entre otros métodos de terrorismo indiscriminado, han hecho que la Fuerza Pública colombiana2, en pro de la seguridad y el bienestar de sus habitantes, deba reaccionar a las agresiones del terrorismo, tal como hace mención el capítulo primero.
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Para el desarrollo de las actividades mineras en nuestro país, es imprescindible que los concesionarios cuenten con condiciones que permitan la continuidad de las actividades de exploración y explotación mineras, y con ello que las condiciones jurídicas, a partir del inicio del trámite precontractual y el contrato de concesión sean claras, y se encuentren inmersas en reglas para las partes de la relación contractual, fundamentadas en los principios de seguridad y estabilidad jurídica, como garantía para efectuar la actividad minera proyectada. Dentro del trabajo de investigación se aborda un análisis del sector minero, la problemática para el desarrollo de las actividades mineras, desde la perspectiva de los principios objeto de investigación, para determinar, si el contrato de concesión minero colombiano, como instrumento generador de derechos y obligaciones, brinda condiciones que permitan adelantar el proyecto minero y se alcancen los objetivos señalados por el Estado para el beneficio de la colectividad, y del contratista minero alcanzando los beneficios económicos proyectados.
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La literatura empírica sobre el impacto de los conflictos violentos en variables educativas se ha enfocado en el impacto de la violencia sobre la acumulación de capital humano, dejando de lado otras variables relevantes como la equidad educativa. Usando la implementación empírica de Ferreira y Gignoux (2011) del marco conceptual de igualdad de oportunidades de Roemer (1998), este trabajo estima el impacto de la intensidad del conflicto armado sobre la equidad educativa en Colombia medida a través del desempeño escolar en las pruebas Saber 11 para el periodo 1997-2010. Para resolver sesgos potenciales por simultaneidad o por variable omitida se utilizan las capturas de homicidas por parte de la fuerza pública como fuente de variación exógena de la violencia en una estimación de variables instrumentales. Los resultados apuntan a que el conflicto aumenta la equidad de oportunidades en los logros educativos. Al aumentar las tasas de deserción escolar, el conflicto genera una selección positiva en términos de habilidad y esfuerzo para la fracción de estudiantes que el sistema retiene. Esto sugiere que hay que tener cautela al interpretar patrones de equidad en educación basada en resultados en lugar de procesos.
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Este estudio de caso pretende analizar las limitaciones y obstáculos a los que la misión de estabilización, MINUSTAH, se ha enfrentado en el proceso de reconstrucción de Haití antes, durante y después del terremoto de 2010. Además, busca identificar los elementos que han hecho de MINUSTAH una misión cuyo objetivo inicial de carácter político y estabilización se orientó hacia la asistencia humanitaria a causa de una catástrofe natural tal como el terremoto de 2010. En esta medida y bajo el marco de cooperación internacional para el desarrollo, este estudio de caso avanza por un proceso evaluativo del papel de MINUSTAH en la consolidación del Estado haitiano.
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Éste trabajo de grado investigará cómo han incidido los ‘falsos positivos’ en la deslegitimación de las Fuerzas Militares en Colombia en el marco de la política de seguridad democrática, y si las ejecuciones extrajudiciales han sido una práctica sistemática y articulada, o en cambio se constituye en casos aislados e individuales perpetuados por miembros de la institución castrense. Este proyecto plantea la necesidad de que nacional e internacionalmente se adelanté con rigor y objetividad un examen histórico y jurídico, libre de enfoques polarizados, de las acciones que la Fuerza Pública desarrolló en relación con su misión constitucional en el conflicto armado colombiano para determinar así la responsabilidad de la institución y del Estado colombiano
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La categorización jurídica de los mal llamados “falsos positivos” en Colombia es un tema controversial: en algunas ocasiones se habla de ejecuciones extrajudiciales, otras veces de homicidio en persona protegida y en otros casos de desapariciones forzadas, dependiendo de la institución que juzgue los casos. Ahora bien, al no existir unidad de criterios en la categorización jurídica de los “falsos positivos”, se hace imprescindible la integración de conceptos en torno a entender dichos hechos ilícitos inequívocamente como tales, toda vez que esto permitiría generar seguridad jurídica al interior del derecho administrativo colombiano. Precisamente, en lo a referente a la responsabilidad extracontractual del Estado. De igual manera, el concepto de reparación adoptado en los estamentos de Derecho Administrativo Colombiano, no siempre coincide con los estándares delineados por el Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, lo cual repercute de manera negativa en el tratamiento dado a las víctimas de los “falsos positivos” que encuadran en la categoría de desapariciones forzadas, lo que hace necesario el estudio detallado de las decisiones propias de cada sistema y compararlas, para buscar un mejoramiento de los estándares nacionales de reparación. Para dar un aporte teórico importante, esta investigación partirá del análisis sistemático de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después inspeccionará los elementos fácticos y la reparación de los “falsos positivos”, determinando el grado de aplicación que se ha dado del sistema interamericano en los fallos proferidos por el Consejo de Estado.
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La Justicia Penal Militar es el privilegio histórico más importante que ha sido concedido a las Fuerzas Militares colombianas debido a la función pública que desempeñan. De allí, que la presente investigación esté dirigida a comprender las causas que han conducido a que el Fuero Militar sea una figura cada vez más restringida no sólo en el mundo, sino en Colombia. Así mismo, el papel de las víctimas será transcendental en el trabajo para comprender un proceso de deslegitimación de la institución marcial traducido en la generación de un debate nacional en torno a la conveniencia de la ampliación de las competencias judiciales de su jurisdicción especial. Finalmente, se planteará una posible alternativa a partir de la conceptualización sobre la Justicia elaborada por John Rawls en el siglo XX, con miras solventar este fenómeno político, jurídico y social.
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En este segundo documento de trabajo elaborado por el Semillero de Políticas Públicas se ha desarrollado un ejercicio de investigación formativa que tuvo dos propósitos fundamentales: a) entender el asunto de la reconciliación en Colombia como un fenómeno complejo que puede y debe ser abordado desde distintos frentes de política pública, y b) reconocer el esfuerzo que están haciendo algunos municipios en Colombia para lograr resultados concretos de reconciliación. En esta medida, hemos basado nuestro análisis en el trabajo previo de la Comisión de Conciliación Nacional, que elaboró en el año 2010 un Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz en Colombia. Según la entidad, “a través de conversatorios, foros públicos regionales, divulgación en medios y foros virtuales, se construyó de manera consensuada un Acuerdo de Mínimos por la Paz y la Reconciliación, que cuenta con la participación de prácticamente, todos los sectores de la sociedad, del ámbito público y privado; de la sociedad civil, la academia y el gobierno; de organizaciones de origen nacional como internacional” (Comisión de Conciliación Nacional, 2016, Consulta electrónica).
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La Constitución Política del Ecuador asigna a la jurisdicción militar y policial la tarea de juzgar a aquellos militares o policías, que en el ejercicio de sus funciones, hayan cometido delitos de función. Entonces la existencia de normas especiales que regulan la administración de justicia respecto de miembros de la fuerza pública se explica porque de conformidad con la Constitución en determinados casos los militares y los policías tienen "fuero" en relación con ciertas conductas específicas propias de sus funciones constitucionales y legales.
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El presente trabajo es una breve descripción y análisis del funcionamiento de una política de guerra implementada en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esta política hace referencia al proceso de vinculación de la ciudadanía con la Fuerza Pública, conocida como Cooperantes o Informantes. El análisis está dirigido a establecer cuál es la relación entre el Estado colombiano y sus ciudadanos y qué tipo de ciudadanía se concibe y se crea dentro de esta política que crea unas condiciones de interacción particular entre los ciudadanos y de estos con el Estado.
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La razón para los cambios en el sistema de inteligencia de la fuerza pública del Ecuador, impulsados por el Gobierno de Rafael Correa, no solo está en el bombardeo al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC, ubicado en la zona de Angostura (Sucumbíos-Ecuador), el 1 de marzo de 2008. Las revelaciones que surgen antes y después de aquel incidente, por la ejecución de los operativos anti narcóticos “Huracán Verde ” y “Huracán de la Frontera”, muestran dos cosas: cómo había permeado el narcotráfico a la estructura del país y cómo los tres hechos mantienen una estrecha relación. En consecuencia, se puede deducir que esta también fue una razón para la reforma al sistema de inteligencia, aunque políticamente se los presentó como hechos aislados. Y que durante la transición provocada por la reforma hubo un vacío en el sistema, lo que pudo provocar que el crimen organizado sacara provecho. Si bien toda transición genera un vacío, en el Ecuador nos permitió visualizar un fortalecimiento del crimen organizado. Los conceptos básicos o nucleares que se manejan en este estudio, en consecuencia, son narcotráfico, seguridad nacional y sistema de inteligencia.
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Incluye Bibliografía
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La sanción del Código Penal Policial fue una pieza importante en el andamiaje jurídico por el cual el primer gobierno peronista procuró afianzar la profesionalización y disciplinamiento de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones del país. Así, se organizó y se puso en marcha una nueva rama de la justicia bonaerense, paralela a la ordinaria, integrada completamente por policías retirados y en actividad, que se ocupó de los casos penales donde estuviesen implicados uno o más policías. Este trabajo analiza dicha experiencia, basándose en los casos sumariados y resueltos por la Justicia Policial mientras existió. En primer lugar se pone en contexto los fundamentos y propósitos que guiaron al peronismo para impulsar una justicia 'uniformada' que se ocupase de los excesos y falta a los deberes de los funcionarios policiales a nivel penal y administrativo. Luego se estudia su aplicación concreta en la provincia de Buenos Aires, indagando sobre los casos juzgados, su tratamiento, los actores, los fallos y los fines políticos perseguidos por esta justicia por y para policías
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La sanción del Código Penal Policial fue una pieza importante en el andamiaje jurídico por el cual el primer gobierno peronista procuró afianzar la profesionalización y disciplinamiento de las fuerzas de seguridad en las distintas jurisdicciones del país. Así, se organizó y se puso en marcha una nueva rama de la justicia bonaerense, paralela a la ordinaria, integrada completamente por policías retirados y en actividad, que se ocupó de los casos penales donde estuviesen implicados uno o más policías. Este trabajo analiza dicha experiencia, basándose en los casos sumariados y resueltos por la Justicia Policial mientras existió. En primer lugar se pone en contexto los fundamentos y propósitos que guiaron al peronismo para impulsar una justicia 'uniformada' que se ocupase de los excesos y falta a los deberes de los funcionarios policiales a nivel penal y administrativo. Luego se estudia su aplicación concreta en la provincia de Buenos Aires, indagando sobre los casos juzgados, su tratamiento, los actores, los fallos y los fines políticos perseguidos por esta justicia por y para policías
