726 resultados para Democracia -- Participación ciudadana


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Proceso de adaptación de un grupo a la ciudad y de la recuperación de espacios de identidad que significaron una disminución del impacto causado por las relaciones de anonimato manejadas en las metrópolis. El barrio aparece como una comunidad de vida

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Resumen de la revista en catalán

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Resumen basado en el del autor

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Este documento tiene el objetivo de presentar los resultados del diagnóstico de participación ciudadana realizado en 28 municipios de Panamá durante la implementación del Programa de Gobierno Electrónico de la Organización de los Estados Americanos –Oea– denominado Municipios Eficientes y Transparentes –MuNet–.

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Resumen tomado de la publicación

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Resumen tomado de la publicación. Monográfico : educación y ciudadanía

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La participación ciudadana es explicada desde la perspectiva de la legislación de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Península y la Unión Europea. Se incide en la Ley Canaria de Fomento de la Participación y de Juventud como procesos participativos activos en los que se sustentan los sistemas democráticos, tal como se recoge en la propia Constitución.

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La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que, deben “interpretar” la voluntad del pueblo que los ha elegido. Esto es, lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es también la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos. Los que en Colombia no aprovecharon, el inmenso poder que este sistema les confería y por el contrario, abusaron del mismo y terminaron corrompiéndose hasta los niveles que hoy conocemos. Esos fueron los presupuestos teóricos de los Constituyentes, autores intelectuales de la actual carta que rige a los colombianos. El gran propósito era superar el estrecho marco de la democracia (electorera) representada y gestar un nuevo ethos político, que diera un nuevo significado al Estado colombiano. El nuevo modelo pretendía mayor igualdad en el ejercicio de la política para los nuevos sectores y movimientos independientes de las tradicionales colectividades “históricas” liberales y conservadoras. Era desde luego fundamental superar desde luego la marginalidad, la exclusión y la pobreza a la que habían sido sometidos la mayoría de los colombianos. Y para lograrlo se pacto un nuevo compromiso político.

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En los últimos años se han establecido en el país diferentes modelos de participación ciudadana en términos legales, y a través de programas de inclusión entre otros. El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) es pionero en incluir este tema como transversal en sus políticas de gestión y desarrollo, sobre todo con enfoque de democracia directa y a partir de la propia experiencia de la institución, de los distintos cuerpos legales que se han ido generando a nivel nacional y central, que fortalece jurídicamente la aplicación. En el presente estudio analizaremos cómo se han dado los procesos de participación ciudadana instaurados en el modelo de gestión del Municipio durante el 2001 y el 2011, analizados en el Subsector de San Juan, perteneciente a la Zona Centro; a la vez, cómo estos contribuyen al desarrollo local. En el estudio se analizan elementos teóricos y conceptuales en relación a la participación, la participación ciudadana, la gestión municipal y el desarrollo local, junto con instrumentos legales nacionales y locales sobre participación. Centrados más en la localidad, se hará una breve caracterización de San Juan, para poner en discusión los elementos recabados en entrevistas a funcionarios que han trabajado y trabajan para el municipio en las dos administraciones que cruza la investigación, junto con dirigentes barriales nuevos y antiguos, que evidenciará cómo la teoría, metodología y práctica del tema, está teniendo efectos, a su vez los alcances y limitaciones y finalmente, las propuestas para fortalecer el tema. Palabras clave: participación ciudadana – gestión municipal – desarrollo local – Subsector San Juan

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La Constitución de 2008, menciona 86 veces la palabra “participación”. El presidente Rafael Correa ha dicho repetidas veces que busca construir una “democracia verdaderamente representativa y mucho más participativa”.1 El objetivo de este artículo es describir algunos de los mecanismos institucionales previstos por el Gobierno de la “revolución ciudadana” para promover en la práctica esa participación a nivel nacional2 y mostrar alguna evidencia disponible sobre su funcionamiento concreto en los últimos años. Por “participación ciudadana” entenderemos en este artículo exclusivamente los mecanismos por los cuales los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos son convocados para influir en la toma de decisiones del poder público. No consideraremos los mecanismos electorales convencionales; es decir, ni el voto para elegir representantes, ni la convocatoria a plebiscito o referéndum. Tampoco consideraremos “participación” al derecho de los ciudadanos a presentar individual o colectivamente sus quejas, opiniones o sugerencias a las instituciones públicas. Esa posibilidad se encuentra más bien incluida, en lo que a nosotros concierne, en el derecho de petición o de expresión.

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El Presupuesto Participativo evidencia la voluntad democrática en la gestión del dinero público, herramienta de contenido político, económico y jurídico. En el campo financiero es indiscutible la importancia del Presupuesto General del Estado siendo el instrumento fundamental del modelo económico aplicado. En el área política se trata de la herramienta que trastoca la mera representación y democratiza la acción de un gobierno, lo que conduce a pensar en el moderado camino de la gobernabilidad o en la radicalidad de la democracia participativa. En lo jurídico es por excelencia el instrumento que equilibra el poder. Ciertamente, se trata de aquello que le permita a la ciudadanía ser parte de las decisiones de la administración pública, lo que es beneficioso a la hora de construir una sociedad justa, en donde el Estado cumpla su fin social y mejore la calidad de vida de los ciudadanos. En el Ecuador el presupuesto participativo se aplicó en varios gobiernos locales con respuestas generalmente favorables pese a las condiciones políticas adversas. Actualmente los ecuatorianos contamos con normas de carácter constitucional y legal que mandan la aplicación del presupuesto participativo en todos los niveles de gobierno, sin embargo la herramienta no es aplicada en su dimensión real. Este documento contiene las distintas aristas de este instrumento partiendo de un análisis general desde el Estado y los Gobiernos Locales a una particularización de las experiencias.

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El video es parte del programa " INICIATIVAS para el fortalecimiento democrático y social "creado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Andrés (EDESA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con Fondos donados por la Fundación FORD. OIKOS presenta este video con el objetivo de promocionar la participación ciudadana, el libre acceso a la información y la resolución de conflictos ambientales en Mendoza. Desarrolla en el mismo los conceptos de participación representativa y ciudadana ante una temática puntual: defensa del medio ambiente. El acceso a la información, la posibilidad de ejercer como ciudadanos nuestros derechos, la función del estado, la reforma constitucional, la audiencia pública como una herramienta del ciudadano.

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Este trabajo responde al propósito de reflexionar acerca del verdadero sentido de la participación ciudadana en la gestión de «lo público»; de las formas y modos que toma la intervención activa de los ciudadanos en los asuntos de interés general; de los obstáculos que se oponen a la participación y de los beneficios y riesgos que de ella derivan. Pretendemos también, analizar los procesos de reforma del Estado encarados por nuestro país desde 1989, para detectar qué espacios de intervención han sido reconocidos a nuestros ciudadanos, mediante qué mecanismos y resortes se asegura la participación, qué se ha hecho y qué falta por hacer. Abordamos el tema de la participación ciudadana o social como asignatura pendiente de la reforma del Estado, en tanto creemos que los procesos de reforma encarados a nivel nacional, provincial y municipal -con diferencia de matices- adolecen de la misma falla: asegurar una mayor y más efectiva intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones y control de la gestión pública.

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Se analizan aquí los elementos que algunas experiencias (promovidas tanto por las administraciones públicas como por la sociedad civil) aportan a la hora de pensar la relación entre democracia participativa y economía solidaria. Durante las últimas dos décadas se han extendido considerablemente iniciativas de participación ciudadana, que abordan un amplio abanico de temáticas y que se han producido prácticamente en todos los campos de las políticas públicas. Más allá de la tendencia general de consolidación de una democracia de baja intensidad, se desarrollan diferentes iniciativas de profundización democrática reflejadas, por ejemplo, en algunos de los nuevos textos constitucionales latinoamericanos en los que se habla de democracia representativa, participativa y comunitaria.

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El proceso constitucional, bien sea su adopción o su reforma, es una constante en nuestra historia republicana. Durante el siglo XIX se expidieron como constituciones nacionales: la de la Provincias Unidas de la Nueva Granada, la de Colombia de 1821 y 1830 (conocida como la Gran Colombia), la del Estado de la Nueva Granada (1832 y 1843), la República de la Nueva Granada (1853), la Confederación Granadina (1858), los Estados Unidos de Colombia (1863) y la República de Colombia (1886). Las constituciones nacionales proferidas entre 1811 y 1886 fueron consecuencia de un pulso político en favor de unos intereses ideológicos claramente establecidos alrededor de la composición centralista o federalista de la naciente República. En el proceso constituyente de 1990/1991 se buscó la transformación política del Estado. Uno de sus elementos más significativos fue la convergencia de iniciativas para la búsqueda de la misma, y es así como la Constitución de 1991 representa una ruptura con el modo de proceder histórico de erección constitucional. Una de las premisas que se ha lanzado sobre el proceso del constituyente de 1990/1991 es que la participación ciudadana fue más una forma de democracia participativa que rompe la tradición representativa de la Carta Nacional vigente para el momento; esto debido, de un lado, a que el origen de la propuesta no estuvo vinculado exclusivamente a la iniciativa del ejecutivo, y del otro, a la urgencia por despertar el constituyente primario que había estado sosegado tanto por la normativa restrictiva como por los actores armados ilegales y la fuerza legítima e ilegítima del Estado. Justo sobre este debate se centra esta publicación, al derivar de un proyecto de investigación que tuvo como pregunta: ¿Cuáles fueron los alcances y las limitaciones de la participación ciudadana en la configuración de la Constitución colombiana de 1991?, Y hace un recorrido desde lo ocurrido desde la convocatoria para la votación a una Asamblea Nacional Constituyente y la participación ciudadana durante el funcionamiento de la misma.