Panorama de la contratación pública electrónica en Colombia

La implementación de los procesos de contratación pública electrónica permite aprovechar las ventajas de los avances tecnológicos en el manejo de la información y las telecomunicaciones, con el fin de aumentar la eficiencia y la eficacia de los procesos de contratación estatal, así como la transparencia de los mismos. En ese sentido, el presente trabajo de investigación se centrará en analizar si, de acuerdo con nuestro modelo jurídico, el procedimiento administrativo electrónico como “equivalente funcional” del procedimiento administrativo tradicional, posibilita la simplificación y racionalización de trámites en los procesos de contratación que adelanta la Administración Pública, permitiendo la realización de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, eficiencia, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Procedimiento administrativo electrónico

El trabajo muestra como a partir de unos principios básicos de las tecnologías de la información y las Telecomunicaciones TIC, y el desarrollo legislativo colombiano, en especial la Ley 527 de 1999, es posible facilitar la relación entre la Administración Pública y los ciudadanos, a través del procedimiento administrativo por medios electrónicos, desarrollando así los principios de la función pública contenidos en la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, haciéndola no sólo más ágil y fácil de acceder, sino generando transparencia dentro de la gestión pública estatal. Se presenta además una comparación entre el procedimiento administrativo tradicional y el electrónico; así como la aplicación práctica de éste a un trámite específico de una entidad pública. Finaliza haciendo un análisis del aporte que al tema hizo la Ley 1437 de 2011, haciéndolo imperativo en la administración pública en todos sus niveles.

Transformaciones y evolución de las fuentes del derecho administrativo colombiano a partir de los tratados de integración

Esta tesis producto del trabajo de investigación se planteo sobre las bases de un derecho administrativo interno creado para resolver los problemas suscitados al interior del Estado en consonancia con los postulados constitucionales, teniendo en cuenta el artículo 4° en que se establece la supremacía de la Constitución y los artículo 9°, 93, 94 y 224 al 227 que ordenan el desarrollo del derecho de integración en el marco de los países Latinoamericanos y del Caribe, por lo que surge la imperiosa necesidad de armonizar el derecho de la integración con el ordenamiento jurídico nacional y en especial con el derecho administrativo quien deberá recepcionar el mencionado ordenamiento supraestatal, alterando las tradicionales concepciones de las fuentes de este derecho interno. Por lo tanto, desde la perspectiva del derecho administrativo comprendido como un derecho legislado que regula las relaciones entre el Estado y los particulares en el que prevalece el “principio de legalidad” de los actos administrativos, se puede intuir que constituye un problema jurídico los impactos derivados de los tratados de integración, donde nos preguntamos sí las categorías de fuentes actuales del derecho administrativo son las adecuadas para abordar la recepción de estas disposiciones Por lo que al explorara las incidencias en el derecho administrativo con ocasión de la recepción del derecho de integración con particular énfasis en la Comunidad Andina, identificamos que uno de los rasgos más distintivos del ordenamiento jurídico andino, como el de otros esquemas de integración, proviene del discutido concepto de supranacionalidad. Dentro de la teoría jurídica contemporánea la comprensión de este término trae una novísima concepción que al mismo tiempo es respetuosa de la soberanía interna de los Estados miembros, la cual permite el surgimiento del nuevo ente común donde es posible la distribución de competencias en la reglamentación de ciertos ámbitos entre autoridades multilaterales y nacionales, conservando su propia autonomía. Este concepto ha permitido que en el ordenamiento comunitario andino, a semejanza de lo que acontece en el derecho interno de los Estados, exista un sistema de control de las normas jurídicas garantizado por una jurisdicción contenciosa-administrativa ejercida a través del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Lo que en definitiva incide en el derecho administrativo interno al encontramos frente a ordenamientos independientes, como lo son los del derecho de integración, en los que se producen, aplican y ejecutan normas según las reglas de juego adoptadas para ese efecto por los Estados miembros, que dependerán del marco del proceso de integración y su armonización con las normas internas. Es por ello, que en el resultado final de esta tesis se constata la aparición de nuevas fuentes de legalidad, donde ya no sólo se contemplará la ley y la jurisprudencia, ésta última posicionada con el devenir del tiempo debido a su pertinencia, como lo podemos contrastar con la expedición del Nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo (L. 1437/11) que aún no ha entrado en vigencia, en donde se resalta la importancia del Precedente Judicial a partir de las sentencias de unificación del Consejo de Estado. Pero más allá, de este nuevo reconocimiento legislativo, el sistema de fuentes establecido se verá alterado en su jerarquía con el derecho que nace con ocasión de los tratados de integración, lo que aún no se refleja en este nuevo Código, el cual no prevé la aplicación de las nuevas fuentes de legalidad.

Utilización de los medios electrónicos en el procedimiento administrativo y en el proceso contencioso administrativo, en el marco de la ley 1437 de 2011, análisis y reflexiones

El presente trabajo tiene como objeto analizar, desde una revisión documental, la utilización de los medios electrónicos a la que se enfrenta el Estado colombiano, en el procedimiento administrativo y en los procesos contencioso administrativos, en el marco del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (Ley 1437 de 2011). Con ese fin, daremos cuenta de las influencias, el análisis de conceptos y alcances. Para luego hacer unas reflexiones sobre el uso de estos medios, el cual trae unas implicaciones, que están sujetas a las expectativas, retos y perspectivas inherentes a todo cambio.

O princípio da publicidade e a participação na administração pública

O presente trabalho investiga a possibilidade de aumentar o espectro de participação política na Administração, pela consideração de que o Estado brasileiro tem fins, objetivos a realizar e é uma democracia do tipo “procedimental-deliberativa”, em que o povo deve participar das decisões que afetem sua vida. Além disso, a realização do interesse geral só tem a ganhar em eficácia se as decisões estatais escaparem, o mais possível, da lógica tecnocrática do “segredo administrativo”, porque, graças à participação dos interessados, pelo conhecimento dos dados concretos e dos fatores humanos e técnicos que condicionam uma decisão, estes podem trazer algum elemento que a modifique, obrigando a Administração a explicar os motivos de sua ação, facilitando, assim, a execução. Por isso, estuda-se, tanto o significado do princípio democrático quanto do princípio da publicidade, as formas possíveis de participação dos cidadãos na Administração e as concretizações da publicidade administrativa em direito de saber, direito de controle e direito de participar do processo administrativo.

Licenciamento ambiental em postos de revenda de combustíveis à luz dos princípios constitucionais de defesas do meio ambiente: o caso do município de Natal/RN

This study approaches the question of the administrative procedure of the environmental licensing of ranks of fuel resale, taking as basis a study case of the reality of the City of Natal/RN (Brazil). For in such a way, it was done a retrospect on the evolution of the system of road transport in Brazil, having started to briefly analyze the urbanization process that if after accented in the capitals of the Brazilian States the decade of 1950, relating these subjects with the growth of the sector of fuel resale. After that, it was transferred boarding of the defense of the national environment to the light of ambient principles constitutional. In the sequence, a boarding on the ambient guardianship in the Federal Constitution of 1988 was made, treating basically specifies and on the national urban politics and the national politics of the environment, with its instruments. In the sequence, it was transferred the analysis of the abilities and attributions of the National Advice of the Environment (CONAMA) and its Resolutions, for then only enter in the most important part of this work: an analysis of the environmental licensing of ranks of fuel resale, in the reality of the City of Natal/RN. Before this specific boarding, it was proceeded specifically a survey and communication from the applicable norms to such establishments (Resolutions of the CONAMA and norms of the ABNT), for after that carrying through an geo-ambient characterization of the City of Natal/RN. Finally, a reflection was made on the possibility of magnifying of the state activity, in terms of guarantees for the responsible members for the environmental policy and of administrative efficiency, through the idea of the ambient regulation. For the accomplishment of this study, it was proceeded research in diverse sources such as books, magazines, sites of the Internet, periodicals, thesis and dissertations, among others material, beyond visits the agencies that direct or indirectly act with the ambient defense and as fuel resale, such as Secretariat of Environment and Urbanism of the City of Natal (SEMURB), Institute of Economic Development and Environment of RN (IDEMA), Brazilian Institute of the Environment and the Natural resources You renewed, Executive Management of RN (IBAMA/RN), Public prosecutor's office of the Environment of Natal (Public prosecution service of the RN), National Agency of Oil (ANP) and Union of the Retailing of Derivatives of Oil of the RN, among others. To the end, satiated regulation is observed that although on the substance of the ambient licensing in ranks of fuel resale, also with federal, state and municipal norms, the municipal Public Power is very far from the fulfilment of its institutional functions, in the question environmental policy of these establishments, a time that few are the permitted ranks of resale in the city of Natal/RN

DEVIDO PROCESSO LEGAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR NAS AGÊNCIAS REGULADORAS

This paper discusses the growing attention that, over the last decades, has been given to the administrative procedure in Administrative Law, as it also highlights the procedures which are in tune with the new trappings of this legal field. It focuses on the sanctioning competence of regulatory agencies, notably what concerns the procedural guide that conditions its exercise. It aims at gathering varied elements, many times dispersed over the legal system, so it is possible to list, with a satisfactory degree of detail, the procedural constitutional guidelines which are indispensable to the sanctioning of private entities through punitive action by regulatory agencies. It highlights the due legal process clause, for the abundance of the protective set there is around it, as a guiding constitutional principle for the application of sanctions by regulatory agencies. It examines the repercussion of the constitutional principle of the due legal process on Administrative Law, focusing on the most relevant principles on which the first unfolds itself. It analyzes, in light of the due legal process principle, the sanctioning administrative procedure developed in regulatory agencies. In conclusion, it is asserted that there is no room, in the Brazilian legal system as a whole, for sanctions to be applied summarily; that there reigns, in our system, an absolute presumption, dictated by the Constitution, that only through regular procedures can the best and fairest decision, concerning cases in which the rights of private parties could be affected, be taken by the public administration; that, respecting the principle of the right to a fair hearing, it is indispensable that there be motivation of a decision that imposes a sanction; that there should be, in homage to the principle of full defense and for the need to preserve the autonomy of the regulatory party, an appeal court in every agency; that the principles listed in the federal law No. 9.784/1999 should be mandatorily monitored by the agencies, for this is the only alternative consistent with the Constitution

Participação administrativa processual na administração pública dialógica

The dissertation, which is based on the deductive method, by using general concepts of the theory of the administrative participation in the administrative process, addresses the importance of strengthening administrative and procedural activities of citizen involvement in public administration for the administrative consolidation of democracy in Brazil. The emergence of Administrative Law has particular importance for the understanding of its institutions and, of course, for the different fields of public administration. The authoritarian profile of this area of law still exists as a clear recollection of their origin, mainly based on a relationship of superiority of the state over the individuals. Indeed, does not even modern constitutionalism could print a true democracy administrative, since the constitutions were not properly observed by the Government. Furthermore, only the process of constitutionalization of administrative law legal relations took a more democratic profile. That is, the creation of an environment of dialogue with civil society is a recent achievement of the Brazilian government. As the administrative process involves dilemmas and solutions of state action, because it is revealed the expression government, the strengthening of institutions and principles related to the administrative procedure is important for role in making a more participatory relationship between state and citizen. Thus, administrative participation can be considered not only a mechanism of control and legitimacy of state action, but also for improvement and reduction of administrative costs, as a requirement of the principle of efficiency. The objective of this investigation is to assert as the administrative legal relation, the administrative legality, the administrative jurisdiction, the processuality administrative, the consensuality administrative and administrative justice, together with administrative participation, can contribute to a more democratic role of the Public Administration and, therefore, more dialogic and consolidator of the fundamental rights of citizens. Therefore, we highlight the importance of the administrative process and administrative participation as mechanisms for improving public policy and thus as a means of reducing administrative costs mediate the state

Introducción de criterios de sostenibilidad en la elección de emplazamientos industriales mediante modelos multicriterio

(SPA) La elección de localizaciones para la implantación de actividades industriales es un problema complejo, donde a los criterios de coste y eficiencia se han ido añadiendo otros nuevos relativos tanto al impacto en el medio ambiente como a la imagen de la empresa reflejada en la Responsabilidad Social Empresarial. Los criterios medioambientales han ido adquiriendo gran relevancia en la decisión final, hasta convertirse, gracias a la obligación de someter los proyectos a evaluación ambiental, en elementos clave en la decisión final. Por ello, resulta relativamente frecuente que los promotores consulten previamente con la Administración sobre la viabilidad de sus proyectos antes de iniciar un dilatado procedimiento administrativo. En este trabajo se plantea la utilización de indicadores de sostenibilidad y su aplicación, a través de un modelo de decisiones multicriterio, para la ordenación de las distintas opciones de ubicación inicialmente consideradas, de tal forma que se conviertan en instrumento de tanteo y ayuda en la toma de estas decisiones. Para mostrar su utilidad se propone la utilización de la herramienta de apoyo basada en la metodología PROMETHEE y su aplicación en la ordenación de cinco emplazamientos alternativos para la instalación de una cementera en la Comunidad de Madrid según criterios de sostenibilidad. (ENG) The choice of locations for the implementation of industrial activities is a complex problem where the cost and efficiency criteria have been adding new ones relating to the environment impact and the company’s corporate image reflected in Corporate Social Responsability. The environmental criteria have been getting big importance in the final decision, to become key elements in the final decision, due to the duty of submit of environmental assessment projects. Therefore, promoters, quite often, ask previously to the Administration about the viability of their projects before starting a lengthy administrative procedure. This paper proposes the use of sustainability indicators and their application through a multi-criteria decision model for managing the establishment options initially considered, so that they become an help instrument of estimation in order to making these decisions. To show its usefulness we propose the use of the support tool for decision making based on the PROMETHEE methodology and its application in the management of 5 alternative sites for the installation of a cement factory in the Community of Madrid under sustainability criteria.

Investigación sobre las causas que pudieron originar el hundimiento de la cubierta del tercer depósito del Canal de Isabel II en 1905

En la presente investigación se analiza la causa del hundimiento del cuarto compartimento del Tercer Depósito del Canal de Isabel II el 8 de abril de 1905, uno de los más graves de la historia de la construcción en España: fallecieron 30 personas y quedaron heridas otras 60. El Proyecto y Construcción de esta estructura era de D. José Eugenio Ribera, una de las grandes figuras de la ingeniería civil en nuestro país, cuya carrera pudo haber quedado truncada como consecuencia del siniestro. Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de este accidente, la investigación ha partido de la recopilación de la información relativa al Proyecto y a la propia construcción de la estructura, para revisar a continuación la información disponible sobre el hundimiento. De la construcción de la cubierta es interesante destacar la atrevida configuración estructural, cubriéndose una inmensa superficie de 74.000 m2 mediante una sucesión de bóvedas de hormigón armado de tan sólo 5 cm de espesor y un rebajamiento de 1/10 para salvar una luz de 6 m, que apoyaban en pórticos del mismo material, con pilares también muy esbeltos: 0,25 m de lado para 8 m de altura. Y todo ello en una época en la que la tecnología y conocimiento de las estructuras con este "nuevo" material se basaban en buena medida en el desarrollo de patentes. En cuanto a la información sobre el hundimiento, llama la atención en primer lugar la relevancia de los técnicos, peritos y letrados que intervinieron en el juicio y en el procedimiento administrativo posterior, poniéndose de manifiesto la trascendencia que el accidente tuvo en su momento y que, sin embargo, no ha trascendido hasta nuestros días. Ejemplo de ello es el papel de Echegaray -primera figura intelectual de la época- como perito en la defensa de Ribera, de D. Melquiades Álvarez -futuro presidente del Congreso- como abogado defensor, el General Marvá -uno de los máximos exponentes del papel de los ingenieros militares en la introducción del hormigón armado en nuestro país-, que presidiría la Comisión encargada del peritaje por parte del juzgado, o las opiniones de reconocidas personalidades internacionales del "nuevo" material como el Dr. von Emperger o Hennebique. Pero lo más relevante de dicha información es la falta de uniformidad sobre lo que pudo ocasionar el hundimiento: fallos en los materiales, durante la construcción, defectos en el diseño de la estructura, la realización de unas pruebas de carga cuando se concluyó ésta, etc. Pero la que durante el juicio y en los Informes posteriores se impuso como causa del fallo de la estructura fue su dilatación como consecuencia de las altas temperaturas que se produjeron aquella primavera. Y ello a pesar de que el hundimiento ocurrió a las 7 de la mañana... Con base en esta información se ha analizado el comportamiento estructural de la cubierta, permitiendo evaluar el papel que diversos factores pudieron tener en el inicio del hundimiento y en su extensión a toda la superficie construida, concluyéndose así cuáles fueron las causas del siniestro. De los resultados obtenidos se presta especial atención a las enseñanzas que se desprenden de la ocurrencia del hundimiento, enfatizándose en la relevancia de la historia -y en particular de los casos históricos de error- para la formación continua que debe existir en la Ingeniería. En el caso del hundimiento del Tercer Depósito algunas de estas "enseñanzas" son de plena actualidad, tales como la importancia de los detalles constructivos en la "robustez" de la estructuras, el diseño de estructuras "integrales" o la vigilancia del proceso constructivo. Por último, la investigación ha servido para recuperar, una vez más, la figura de D. José Eugenio Ribera, cuyo papel en la introducción del hormigón armado en España fue decisivo. En la obra del Tercer Depósito se arriesgó demasiado, y provocó un desastre que aceleró la transición hacia una nueva etapa en el hormigón estructural al abrigo de un mayor conocimiento científico y de las primeras normativas. También en esta etapa sería protagonista. This dissertation analyses the cause of the collapse of the 4th compartment of the 3th Reservoir of Canal de Isabel II in Madrid. It happened in 1905, on April 8th, being one of the most disastrous accidents occurred in the history of Spanish construction: 30 people died and 60 were injured. The design and construction supervision were carried out by D. José Eugenio Ribera, one of the main figures in Civil Engineering of our country, whose career could have been destroyed as a result of this accident. Since it occurred more than 100 years ago, the investigation started by compiling information about the structure`s design and construction, followed by reviewing the available information about the accident. With regard to the construction, it is interesting to point out its daring structural configuration. It covered a huge area of 74.000 m2 with a series of reinforced concrete vaults with a thickness of not more than 5 cm, a 6 m span and a rise of 1/10th. In turn, these vaults were supported by frames composed of very slender 0,25 m x 0,25 m columns with a height of 8 m. It is noteworthy that this took place in a time when the technology and knowledge about this "new" material was largely based on patents. In relation to the information about the collapse, its significance is shown by the important experts and lawyers that were involved in the trial and the subsequent administrative procedure. For example, Echegaray -the most important intellectual of that time- defended Ribera, Melquiades Álvarez –the future president of the Congress- was his lawyer, and General Marvá -who represented the important role of the military engineers in the introduction of reinforced concrete in our country-, led the Commission that was put in charge by the judge of the root cause analysis. In addition, the matter caught the interest of renowned foreigners like Dr. von Emperger or Hennebique and their opinions had a great influence. Nonetheless, this structural failure is unknown to most of today’s engineers. However, what is most surprising are the different causes that were claimed to lie at the root of the disaster: material defects, construction flaws, errors in the design, load tests performed after the structure was finished, etc. The final cause that was put forth during the trial and in the following reports was attributed to the dilatation of the roof due to the high temperatures that spring, albeit the collapse occurred at 7 AM... Based on this information the structural behaviour of the roof has been analysed, which allowed identifying the causes that could have provoked the initial failure and those that could have led to the global collapse. Lessons have been learned from these results, which points out the relevance of history -and in particular, of examples gone wrong- for the continuous education that should exist in engineering. In the case of the 3th Reservoir some of these lessons are still relevant during the present time, like the importance of detailing in "robustness", the design of "integral" structures or the due consideration of construction methods. Finally, the investigation has revived, once again, the figure of D. José Eugenio Ribera, whose role in the introduction of reinforced concrete in Spain was crucial. With the construction of the 3th Reservoir he took too much risk and caused a disaster that accelerated the transition to a new era in structural concrete based on greater scientific knowledge and the first codes. In this new period he would also play a major role.

Poder da marca: interações entre direito antitruste e direito industrial

O presente trabalho busca analisar os diferentes tratamentos dispensados à marca no âmbito do controle preventivo e no controle repressivo de condutas. A análise da função social das marcas demonstrou que esta é uma propriedade que se realiza na concorrência e pela concorrência. Nesse sentido, não há dúvidas de que está sujeita aos princípios do Direito Concorrencial. Todavia, a maneira como esses princípios balizam a marca no controle de atos de concentração, de um lado, e no controle repressivo de condutas, de outro, difere. No âmbito do controle de atos de concentração, a atuação da autoridade concorrencial é orientada por uma variante do princípio da precaução, o que a autoriza a tomar decisões e impor restrições aos direitos marcários mesmo em um contexto de incerteza. No âmbito do controle repressivo de condutas, todavia, a intervenção do CADE está sujeita aos princípios do Processo Administrativo Sancionador. Neste contexto, as condutas que envolvem o uso de direitos de propriedade intelectual, incluindo as marcas, devem ser analisadas à luz do princípio da estrita legalidade. Um critério jurídico objetivo é necessário para distinguir o lícito do ilícito, sobretudo em um cenário no qual estão em jogo duas políticas públicas distintas: a de proteção à concorrência e a de proteção à direitos de propriedade industrial. Sendo essas duas políticas instrumentais e parciais, voltadas a um fim maior de política econômica, devem harmonizar-se, e não sobrepor-se uma a outra. Ademais, o escopo de atuação da autoridade concorrencial em processos que investiguem o uso abusivo de direitos marcários e atos de concorrência desleal deve ser esclarecido. O direito concorrencial, enquanto ramo autônomo do direito, com princípios e métodos interpretativos próprios, pode analisar institutos e figuras de outros ramos que com ele guardem relação sem ter de ficar adstrito ao posicionamento de outras instâncias.

A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal

A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal consiste em um trabalho de elaboração de um modelo de identificação e organização das diversas normas processuais administrativas disciplinadoras das regras de cabimento, processamento e julgamento dos recursos administrativos no âmbito da administração pública federal. Trata-se de uma pesquisa acadêmica de revisão normativa das principais legislações infraconstitucionais administrativas federais desenvolvida a partir da perspectiva das normas gerais de processo administrativo estabelecidas pela Lei Federal n. 9.784/99 (Lei de processo administrativo federal). Inicialmente, são analisados os aspectos históricos e conceituais do processo administrativo brasileiro considerados mais relevantes para a compreensão do sistema recursal administrativo. Posteriormente à fixação desses pressupostos conceituais na primeira parte do trabalho, o estudo direciona-se ao estabelecimento da tipologia recursal administrativa, por meio do exame dos princípios, regras e demais orientações apresentados pela Lei Federal n. 9.784/99. Tendo sido estipulados as espécies recursais, suas características, bem como as regras de cabimento, processamento e julgamento dos recursos administrativos, empreende-se o diagnóstico das legislações infraconstitucionais federais escolhidas com fundamento nos elementos fixados na segunda parte do trabalho. A sistematização dos recursos administrativos na legislação federal tem como finalidade demonstrar que a previsibilidade dos resultados obtida por meio do conhecimento das regras do jogo em matéria recursal administrativa, é responsável por um incremento das garantias constitucionais do processo administrativo nos entes públicos federais.

Resolução do conflito previdenciário e direitos fundamentais

A presente tese de Doutorado visa examinar a adequada resolução do conflito previdenciário. Não se destina a procurar mecanismos para a diminuição do acervo judiciário relativo a ações judiciais que tratam de matéria previdenciária. O objetivo é soluções para esse conflito, judiciais ou não, consensuais ou não, que sejam compatíveis com a posição de direitos fundamentais desses direitos. Leva-se em conta a profunda assimetria entre as partes em confronto, os cidadãos face o Instituto Nacional do Seguro Social. O conflito previdenciário se desdobra entre a pretensão de cumprimento dos direitos já previstos na legislação previdenciária e o questionamento acerca da validade das normas previdenciárias, com a exigência de que outras sejam postas no lugar. Em um cenário de crise do sistema judicial (numérica e de efetividade), busca-se o aprimoramento deste quadro além de outros mecanismos (administrativos) que possam propiciar o tratamento desse tipo de conflito em pleno acordo com os direitos fundamentais. Porém, o papel do sistema judicial, ainda que subsidiário, permanece preservado como garantidor de direitos. Propugna-se uma renovação do modo de funcionamento do processo administrativo previdenciário, autorizando quadros mais qualificados e legitimados da gestão da Previdência Social a criação de novos direitos em atenção às diversas expectativas sociais nesta matéria. Sugere-se que a conciliação judicial deve respeitar certos parâmetros condizentes com a posição fragilizada do segurado e que não seja imposta como filtro obrigatório ao ajuizamento da ação judicial.

A acção de condenação à prática de acto devido : conhecimento e prova dos pressupostos de facto do acto

A acção de condenação à prática de acto devido corresponde à concretização, com o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, do princípio da tutela jurisdicional efectiva previsto no art. 268º/4 da Constituição da República Portuguesa, assegurando aos particulares a obtenção de uma pronúncia condenatória na prática do acto administrativo que tenha sido recusado ou omitido. Esta pronúncia sofre as limitações decorrentes do princípio da separação de poderes, entre o Administrativo e o Judicial, nos termos expressos no art. 71º/2 do Código de Processo, que determina que quando a emissão do acto pretendido envolva a formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa (…) o tribunal não pode determinar o conteúdo do acto a praticar, mas deve explicitar as vinculações a observar (…) na emissão do acto devido. À limitação enunciada acresce outra, sem reflexo no texto do Código mas que se impõe por via do mesmo princípio, e que respeita aos poderes do tribunal no conhecimento e determinação dos pressupostos do acto devido, nos casos em que estes são questionados em juízo. A determinação dos pressupostos de facto do acto devido pelo tribunal está limitada pela natureza da actividade instrutória procedimental, pelo (in)cumprimento do ónus da prova no procedimento pelo interessado, nos casos limitados em que este tem relevância e pelo princípio da decisão prévia administrativa, nos termos do qual é à Administração que compete o conhecimento e decisão das pretensões que lhe são dirigidas e cuja competência que lhe foi determinada pela lei. Os limites enunciados não prejudicam a sindicabilidade, pelos tribunais, dos actos de recolha e valoração das provas pela Administração, que, nos casos em que configurem espaços de margem de livre decisão administrativa, são sindicáveis nos termos em que pode ser controlada a actividade autodeterminada da Administração, sem qualquer limitação quanto aos meios de prova.

Competition law proceedings before the European Commission and the right to a fair trial: no need for reform? Research Papers in Law, 5/2008

From the Introduction. This paper will thus show that, given the rapid "criminalisation" of competition law proceedings, sanctions should in principle be imposed at first instance I. Sanctions imposed by the Commission in competition proceedings are "criminal charges" within the meaning of Article 6 ECHR by an independent and impartial tribunal fulfilling all the conditions of Article 6 ECHR (part I). Or at the very least, these sanctions should be subject to full jurisdictional review by an independent and impartial tribunal in order to comply with Article 6 ECHR and to cure the defects of the administrative procedure (part II). It is doubtful however whether such a full jurisdictional review, as it is understood by the ECtHR, is available at Community-level in antitrust cases.