1000 resultados para ABORTO - COLOMBIA - LEGISLACION
Resumo:
https://www.guttmacher.org/pubs/journals/SP00214.pdf
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El presente escrito hace parte de una línea de investigación desarrollada desde hace varios años por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en Colombia, orientada a identificar y analizar los avances a favor de los derechos de las mujeres que solicitan la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, en especial a través del seguimiento de decisiones judiciales. El texto aborda cuatro cuestiones fundamentales. En primer lugar, identifica los compromisos emanados del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, relacionados con el acceso al aborto y la protección de la salud reproductiva. En segundo lugar, se presenta un corto estudio sobre las leyes sobre aborto y causal salud en América Latina y El Caribe. En tercer lugar, contextualiza el aborto en Colombia y discute los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia sobre aborto, en relación con el derecho a la salud y otros derechos fundamentales relacionados. En cuarto lugar, propone un conjunto de estándares fijados por la Corte Constitucional en relación con el aborto y otros derechos fundamentales para ser aplicados en la región de América Latina.
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En la discusión sobre el aborto se oponen dos problemas importantes: uno es el moral y otro es el problema jurídico. En relación con el juicio moral sobre el aborto, en un país pluralista como Colombia, cada persona tiene concepciones morales muy diferentes y debe ser cada una quien las resuelva individualmente. Es individualmente la mujer considerada como persona, con derechos a un libre desarrollo de la personalidad, con libertad de elegir el camino que debe seguir y libre de elegir el culto o religión, quien debe valorar el fruto de la concepción y tomar las decisiones que la afecten o la beneficien. Otro es el problema jurídico. La ley que penaliza el aborto en Colombia aparece como una legislación poco eficaz, por cuanto en vez de disminuir los abortos, los aumenta cada vez más y genera condiciones inseguras para la salud de la madre. Las mujeres que se plantean el aborto como una opción en sus vidas se enfrentan a la carga moral de la ilegalidad y a la desprotección del Estado, lo que atenta gravemente contra sus derechos fundamentales y acarrea el peligro de que una mala práctica del aborto les provoque una infección o hasta la muerte. El libro considera que la despenalización del aborto, por lo menos en el primer trimestre del embarazo, aparte de garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, ayudaría a disminuir abortos clandestinos y con ello se salvarían miles de vidas.
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La concepción originaria de la Corte Constitucional, respecto de si el nasciturus es poseedor o no del derecho absoluto a la vida, ha ido cambiando gradualmente a medida que han ido pasando las sentencias que han estudiado el tema. En un principio, se consideraba esta idea como absoluta, al punto de no permitir en ningún caso el atentado contra el nasciturus. Pero la idea ha ido cediendo, y hoy se considera que no se debería punir cuando una mujer se encuentre en extraordinarias circunstancias anormales de motivación y, además, desde el momento en que haya sido víctima de acceso carnal, inseminación o transferencia de óvulo no consentido y malformación grave del feto. Esta posición, llegó a despenalizar parcialmente el delito de aborto, aceptando que el derecho a la vida del nasciturus no es absoluto y por eso en ocasiones debe ceder frente a los derechos de la mujer. Por ello, para una mejor comprensión de la última decisión de la Corte Constitucional en materia de aborto, se analizara, en un primer capítulo, la penalización del aborto en Colombia, antes de evidenciar, en un segundo capítulo, las ventajas y los límites de la Jurisprudencia que despenaliza parcialmente el aborto en el país. Por último en un tercer capítulo, la tendencia mundial hacia la despenalización de la conducta del aborto.
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Basado en una reciente investigacion etnografica entre los Embera-Chami de la région plurietnica del Valle del Cauca (Colombia) el examen de escenarios de encuentros interénicos encuadrados por la legislacion multicultural permite vislumbrar la paradojica interdependencia entre la institucionalizacion de un concepto culturalista singularizante de "la" cultura y la homogeneizacion politica de los grupos etnicos. La "estatizacion" de las relaciones inter-étnicas, concomitante a la competicion por la visibilidad, entre grupos de igual estatus en la legislacion nacional e internacional aparecen como dimensiones emergentes del campo interétnico, mientras que se confirma el papel performativo de la ritualizacion en la circulacion y la apropriacion de discursos y practicas. Los escenarios descritos que corresponden a múltiples situaciones semejantes evidencian también que la apropiación multidireccional y uso contextual de conceptos genéricos provenientes del espacio académico, nacional e internacional - como "médico tradicional", "derecho ancestral", "reforzamiento cultural", o "chamanismo" - construyen campos de paradojas. Permiten a los actores étnicos de construir y visibilizar una singularidad cultural aislacionista conforme al concepto oficializado de "cultura" pero al mismo tiempo empujan a una mayor apertura de las "zonas de contacto" interétnicas donde circulan una mayor variedad de prácticas y discursos que antes de la institucionalización del multiculturalismo.
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El control sobre los bienes y recursos públicos y la eficacia del mismo ha sido una constante preocupación en la historia del país y en la evolución de nuestras instituciones polito-administrativas, como también lo ha sido la insatisfacción por los malos resultados de este control. Cabe entonces preguntarse ¿Por qué en Colombia no funciona bien el control fiscal?. Para responder a este interrogante el autor parte de un grupo de premisas básicas que hacen relación a la escasez creciente de recursos públicos y a la necesidad de estudiar, por una parte, otros sistemas que funcionan mejor que el nuestro y, por otra, la historia de la evolución institucional de las contralorías; para así comprender cómo se llegó a lo que hoy tenemos. A estos supuestos teóricos se agregan la ubicación del control fiscal dentro de los demás controles al ejercicio del poder político (difícilmente habrá algo más político que la asignación y el uso de los recursos públicos); la ubicación de las contralorías como pieza principal, mas no única, en el sistema de control fiscal, y, finalmente, su papel como parte del conjunto de “instituciones presupuestales”, es decir, aquellas a través de las cuales se expresa la economía pública. Consecuentemente, la obra está dividida en tres partes. En la primera se estudia el tema de la eficacia del control sobre los bienes y fondos públicos, desde el punto de vista del derecho comparado. En la segunda, se aborda el tema desde el punto de vista de su evolución histórica. En la tercera y última parte, se utilizan los elementos teóricos definidos en los dos capítulos anteriores y un cuadro conceptual, elaborado a partir de la teoría de las macro-organizaciones (Matus) y de la teoría neo-institucional (North), para intentar explicar por qué no funciona el control fiscal. La tesis que en general se sostiene es que el control de gestión y resultados no tiene los efectos que de él se esperaban, porque el diseño institucional dentro del cual actúan las contralorías, en especial la Contraloría General de la República, hace que la evaluación de la gestión y resultados de la administración pública no esté llamada a tener impacto alguno.
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La tesis tiene como objetivo central, desde un punto de vista crítico en el que se resalta la influencia de la política y del sistema económico en las decisiones judiciales, exponer la forma en que las autoridades judiciales y administrativas han interpretado las normas que regulan la competencia en Colombia, específicamente el caso del artículo 7 de la Ley 256 de 1996. Y preguntarse si dependiendo del método de interpretación que se acoge al momento de fallar se busca reforzar o no el modelo económico liberal, en especial la adopción de los argumentos que sustentan la decisión.
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Los países que salen de conflictos armados internos deben afrontar el reto de lograr el equilibrio entre los acuerdos para establecer la paz de un lado y la búsqueda de la justicia y la reconciliación de otro. En realidad, los procesos de justicia y reconciliación están bajo la influencia de numerosos factores entre los cuales se cuentan el impacto del conflicto, los recursos disponibles, el grado de voluntad política, la capacidad institucional, las normas legales, entre otros. En este contexto, la justicia transicional, la reparación, las reformas institucionales, la cooperación con la comunidad internacional y la búsqueda de una paz sostenible son temas importantes. Esta monografía se centra en el dilema entre el derecho de las víctimas a la justicia y el derecho a vivir en paz en un régimen democrático con base en el proceso que adelanta el Gobierno con grupos paramilitares.
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La excesiva proliferación de partidos políticos y listas a las corporaciones públicas, permitidas por la debilidad normativa de la Constitución de 1991 y la suspicacia de los políticos colombianos, hizo necesaria una reforma política en el año 2003. Esta reforma, manifestada en el Acto Legislativo 01 de 2003, modificó el sistema electoral colombiano; los cambios más visibles modificaron la forma de conversión de votos en escaños, la forma de candidatura y modalidad del voto, y la creación una barrera legal. Estas modificaciones llevaron a la reagrupación de los partidos políticos, pero no necesariamente a su fortalecimiento, ya que no establece las herramientas necesarias para la transparencia y la democratización interna de los partidos, que conllevarían a su real institucionalización. El Partido Social de Unidad Nacional , partido de La U-, es creado después de la implementación de la reforma y consigue la mayor votación nacional en sus primeras elecciones. Pero, ¿lo convierte ese resultado electoral en un partido fuerte?.
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En esta monografía se analizan las acciones y decisiones impulsadas por el gobierno colombiano para fomentar y fortalecer la industria cinematográfica colombiana. Primero se hará un recuento de la historia del cine colombiano desde la llegada del cinematógrafo al país, poniendo especial énfasis en los intentos de fomento a la industria cinematográfica nacional antes de la entrada en vigor de la Ley General de Cultura y la Ley del Cine, que se analizan por separado, para ver de qué manera funcionan como bases para una política pública para la cinematografía nacional, para finalizar con un inventario de la producción cinematográfica a partir de 1997 para observar el efecto de la regulación en la materia en general. El texto tiene como base estos tres objetivos principales que se desarrollan por separado en uno de los capítulos. El trabajo es de carácter descriptivo analítico por lo cual se cuenta tanto con datos estadísticos como con entrevistas, entre otros, combinando datos cuantitativos y cualitativos para generar un análisis lo más completo posible sobre el tema. Lo que se intenta mostrar con esta monografía es que con la expedición de la Ley General de Cultura (397 del 97) y de la Ley del Cine (814 de 2003) se sientan las bases para una política pública para la cinematografía nacional, ya que se crean e implementan mecanismos de fomento a la industria del cine en todas sus etapas (desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución y exhibición), que están en proceso de consolidación y generación de resultados.
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Si bien la generalidad de los mercados de telefonía móvil se consideran suficientemente competidos, los mercados en los que el operador más grande supera ampliamente en participación de mercado a sus seguidores constituyen un motivo de preocupación para sus respectivas autoridades regulatorias y de competencia. El análisis económico del problema ha llevado a que exista una cantidad creciente de literatura relacionada, principalmente con el propósito de analizar la persistencia de la asimetría en las cuotas de mercado. Tal es el caso del mercado móvil de telecomunicaciones en Colombia, donde la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha sostenido que a la luz del problema de competencia que se origina por la unión de una participación de mercado considerablemente asimétrica y el diferencial de precios, el operador más grande adquiere una ventaja competitiva considerable frente a los demás operadores en el mercado, y por lo tanto es un operador con poder significativo de mercado, u operador con posición dominante. Por lo anterior, el presente trabajo evalúa la imposición de algunas medidas regulatorias con el fin de verificar si estas contribuyen a generar una mayor competencia en el mercado, y mejores condiciones para los operadores competidores.
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El presente artículo pretende exponer un debate de filosofía política sobre un problema moral álgido: el aborto. Partiendo de la base de que en todas las democracias occidentales una cuestión central en esta discusión tiene que ver con quién es, en último término, el que debe o puede decidir sobre la legalidad del mismo, lo que aquí se analiza es el problema de diseño y legitimidad constitucional con que se responde en una democracia liberal a esta controversia. Reconociendo que no son pocas las ocasiones en que este controvertido debate moral ha dividido profundamente a la sociedad, el presente artículo tiene como objetivo específico explicar brevemente cuál fue el mecanismo utilizado para lograr la “despenalización” del aborto en Colombia, para luego analizar la justicia del procedimiento, las pretensiones de quienes promovieron la acción de constitucionalidad y, así mismo, la decisión de la Corte Constitucional a la luz del modelo de justicia de John Rawls, especialmente a la luz del concepto de consenso traslapado. Lo anterior, con el propósito de defender la postura de que, al menos en el modelo jurídico-político colombiano, existen serios reparos frente a quienes consideran que la Corte Constitucional es el órgano democráticamente competente para cerrar el debate respecto al aborto.
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Con esta monografía se busca describir y analizar la incidencia que tienen las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta, específicamente en los años 2008 y 2009 en Colombia. Es un análisis transversal del proceso e impacto que tiene la inclusión de las exenciones en Colombia, partiendo no sólo del hecho de que estas representan un costo fiscal para la nación, sino también de que constituyen un proceso típico de toma de decisiones políticas, cuya incidencia va más allá de querer intervenir en la economía, formular la política fiscal o aumentar la inversión en determinado sector productivo. Por lo que se llegó a concluir que las exenciones tributarias, aplicadas al impuesto a la renta en Colombia, además de disminuir los ingresos de la nación, infringen principios tributarios como la equidad, la eficiencia y la neutralidad y se encuentran incentivando a las personas de mayores ingresos en el país.
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Introducción: El aborto espontáneo corresponde a la complicación más frecuente durante el embarazo, afectando entre el 12% al 24% de las gestaciones clínicamente identificables en Latinoamérica. Los abortos inducidos (legales o ilegales) suman al problema una importante cantidad de casos. El aborto representa un complejo evento biológico y psicológico con importantes repercusiones a nivel mental, principalmente de ansiedad y depresión. En Colombia no existen estudios que midan la prevalencia de estos síntomas en mujeres con pérdidas gestacionales. Objetivos: Determinar la prevalencia de síntomas depresivos y de ansiedad y factores asociados, en mujeres adultas atendidas por aborto inducido y espontáneo un mes posterior a su ocurrencia. . Resultados: El grupo de mujeres que cumplieron con los criterios de selección fueron 112. El promedio de edad fue de 30.4±6.1 años y estrato socioeconómico I (54.1%) y II (38.7%). La prevalencia de síntomas de depresión fue de 67.9% y de ansiedad de 12.5%. La prevalencia de síntomas depresivos disminuyó significativamente al aumentar el estrato, I (71.7%), II (67.4%) y III (16.7%), (p=0.035). La mediana de la edad del primer embarazo fue mayor significativamente en las mujeres con ansiedad (25 vs. 19, p=0.01). Cerca de mostrar diferencias entre antecedentes de aborto (p=0.084), menor número de años educativos aprobados (p=0.075) y mayor edad de la paciente con ansiedad (p=0.096). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos tipos de aborto en cuanto a síntomas depresivos o de ansiedad.
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El trabajo constituye en primer lugar, un ejercicio importante de recopilación y sistematización de la regulación existente en materia de competencia, y en especial, de la colusión en licitaciones como una de las prácticas restrictivas de la Competencia. De igual forma, contiene un análisis microeconómico de un cartel, a efectos de explicar las razones que lo promueven y lo desestimulan. Luego de ello, se hace un análisis profundo de las normas específicas en la materia, contenidas en el Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1474 de 2011 y de las acciones que eventualmente podrían iniciarse para combatirla, dependiendo del momento en que se encuentre la licitación y del bien jurídico que pretenda protegerse.