862 resultados para SISTEMA PÚBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO


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El problema del transporte público colectivo (TPC) en Bogotá es complejo, caracterizado por una inconstante sobreoferta que se ve reflejada, como primera medida, en una tarifa para el transporte público inflada por encima del costo real. Sumado a esto, la debilidad institucional es muy grande, generando así una acumulación de poder a favor de los transportadores, a quienes la sobreoferta les resulta lucrativa. Y si le adicionamos el componente de incentivos que la misma Administración Distrital promueve, con el ineficiente sistema de funcionamiento y adjudicación de rutas, la situación se hace aún más critica. Para reducir la sobreoferta el gobierno de Bogotá ha promulgado una serie de políticas que no han resultado efectivas. Las más estructuradas y optimistas se dieron en la administración Mockus, donde se expidieron los decretos 112 a 116 de 2003 de reestructuración del transporte público, que buscaban reducir la sobreoferta y mejorar la calidad del servicio, que iba en decadencia. El siguiente documento intenta analizar como los decretos mencionados pueden haber sido apenas una estrategia jurídica y una muy limitada política pública al menos por 3 razones especificas: la primera hace referencia a las deficiencias en el momento de la planificación y formulación de la política pública, la segunda analiza el problema de desconocer la existencia e influencia determinante de los transportadores como grupo de presión con poderes económicos y políticos. Y la tercera describe de que manera el alto grado de impunidad a la hora de detectar, juzgar y sancionar a los infractores; ha creado aún más traumatismos en la implementación de estas normas.

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En el Plan Maestro de Movilidad se definió y acordó la estructura que tendrá el Sistema Integrado de Transporte Público que empezó a operar en Bogotá a partir del 30 de Junio de 2012. Las implicaciones de este nuevo sistema afectan tanto a los bogotanos, como a las 66 empresas que estaban habilitadas como operadoras del transporte público colectivo y a los transportadores, entre muchos otros factores involucrados. Para la puesta en marcha del SITP, Bogotá se dividió en 13 zonas, las cuales van a estar cubiertas por 432 rutas y tan solo 13 empresas que quedarán como las operadoras del sistema. La implementación del SITP ha sido criticado fuerte y negativamente por parte de los bogotanos, las empresas operadoras, los transportadores y entidades gubernamentales. Esto, debido a varios factores, como las condiciones de la malla vial, el proceso de chatarrización al que entrarán más de 6000 vehículos en el primer año, las exigencias medioambientales con las que deben cumplir los vehículos antiguos que quedarán circulando, los problemas con el nuevo sistema de recaudo, pero sobre todo por la falta de información que se ha dado a la sociedad sobre este cambio, que aunque paulatino, afectará de manera crucial la vida de los Bogotanos.

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Con la Constitución Política de 1991, se inicia una nueva estructura funcional en el país a partir de los preceptos consagrados en la carta magna como un estado social de derecho, situación que no fue ajena al sector salud en el cual se estableció la seguridad social como un servicio público basado en los principios fundamentales de universalidad, solidaridad y eficiencia, enunciados que fueron plasmados entre otros en la Ley 100 de 1993, la cual incorporó estos elementos que resultaban innovadores en el contexto. Hoy después de 18 años de promulgada la Ley, se ha generado un modelo estructural que ha permitido mejorar los resultados en esta área, que si bien posee falencias en algunos de sus componentes (Acceso, Flujo de Recursos, Salud Pública), las mismas pueden ser superadas, con una reforma estructural al sistema que elimine los intereses particulares de los diferentes actores al momento de su elaboración y promulgación. Uno de los avances significativos en la reforma al sistema es la promulgación de la salud como derecho fundamental, inherente al ser humano, otorgando el carácter de inalienable, imprescriptible y sagrado, dejando en segundo plano su condición prestacional establecida. El derecho a la salud tendrá como eje principal la salud pública armonizada con la promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la enfermedad, las cuales deben ser articuladas con las políticas sociales, ambientales, culturales y económicas que permitan incidir en los determinantes sociales de la salud para mejorar la calidad de vida de la población. La reforma a la salud en el eje de la financiación como se encuentra propuesta, no generará cambios sustanciales toda vez que se avanza hacia un sistema en que el estado será el principal actor con las funciones afiliación, recaudo, pago, giro o transferencia de los recursos, responsable de la información. Sin embargo la administración del riesgo en salud seguirá delegada, función que es determinante para la administración de los recursos del sistema, en resumen se demuestra el interés del estado en retomar la gobernanza y su empoderamiento como administrador de lo público, sin que esto responda a las necesidades de cambio en el sistema de salud.

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En el ámbito urbano una de las principales fuentes contaminantes del ambiente son los vehículos automotores. Una estrategia para reducir el número de los vehículos en circulación y frenar el deterioro ambiental es el mejoramiento del sistema de transporte público y estimular su uso. Para hacer atractivo el empleo del transporte público en Caracas es indispensable hacer cambios importantes en este. Se propone la implantación de un sistema de Bus Rapid Transit (BRT) que responda a los deseos de movilización de la población expresados en la Encuesta de Movilidad de 2005. En dicha ropuesta, las líneas de la red de transporte masivo existente constituirían rutas troncales del sistema más importantes; el BRT contemplaría la operación de estas rutas a lo largo del eje este-oeste de la iudad y de los principales corredores viales de los valles secundarios localizados al suroeste y sureste de Caracas; y las rutas alimentadoras operarían desde distintos sectores hacia las rutas troncales. La estimación del impacto ambi  tal derivado de la implantación del sistema propuesto, calculado solo con base en la sustitución de unidades minibús por autobuses en los principales corredores, señala ahorros sustanciales en consumo de espacio y de combustible; una disminución moderada del ruido; y reducciones de las emisiones de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC).

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La salud además de ser un derecho fundamental también es un servicio público, el cual debe brindarse adecuadamente en términos de oportunidad, cobertura y calidad. Al entender la salud como un derecho fundamental autónomo, significa, que requiere por parte del Estado la garantía de su goce efectivo para todos los habitantes del territorio nacional, el cual es susceptible de limitaciones, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, dentro del marco de la dignidad humana. Por otro lado, el análisis de la salud como un servicio público puede abordarse desde la prestación del mismo por parte de los particulares, lo que significa analizar la figura de la descentralización por colaboración en un Estado Unitario, lo que implica: 1. La actuación de particulares en la prestación del servicio público, previa autorización legal 2. La implementación de sistemas de control, inspección y vigilancia, por parte del Estado sobre dicha prestación. 3. La expedición de instrumentos de regulación y reglamentación normativa que regulen la prestación del servicio público de salud. A través de la interpretación integradora podemos afirmar que la salud es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, los servicios públicos se constituyen como instrumentos para garantizar el logro de la plena vigencia y eficacia de los derechos constitucionales y por ende de la realización de los fines del Estado Social de Derecho.

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Evaluación del nivel de racionalidad alcanzado por el gasto público destinado a becas de educación superior en España. Alumnos de universidades de Barcelona, Granada, Politécnica de Madrid y Valladolid. La muestra está estratificada en función del tipo de estudios y la extracción dentro de cada estrato es aleatoria. La población es la de 18 años en 1987. La investigación se divide en siete capítulos. El primer capítulo nos hace la presentación del estudio. En el segundo capítulo se plantean los puntos de partida teóricas de la investigación. En el tercer capítulo se tratan los aspectos relacionados con la eficacia. En el cuarto capítulo se tratan las relaciones que se establecen entre la educación superior y el mercado de trabajo, y el papel que el sistema de becas desempeña en tales relaciones; asimismo, se haya un tratamiento empírico aplicado al caso español. En el capítulo quinto se incide sobre los aspectos del sistema de becas de educación superior relacionados con la equidad. En el sexto, se plantean las características de dos modelos de financiación de la educación superior. Ya en el séptimo, se sugiere y discute un sistema alternativo de tipo normativo, teniendo en cuenta algunas de las insuficiencias e irracionalidades detectadas en los procesos de asignación territorial del gasto público destinado a becas de educación superior. Encuestas, bases de datos (4 UNI 86, BEC 82, BEC 83, BEC 84...), tablas y gráficos. Análisis factorial, paquete estadístico SPSS, M.S. Excel 2.2, Statview 512+ y Cricket Graph. El sistema de becas español debido a que efectúa una cobertura insuficiente de los costes indirectos medios de los becarios y a que efectúa una selección que incluye individuos que pueden prescindir de la dotación de la beca para seguir estudiando, provoca una elevación del número de estudiantes muy reducida. Asimismo, la financiación pública de la educación superior española provoca la existencia de transferencias regresivas al tener en cuenta al conjunto de la población y de transferencias progresivas al tener en cuenta al conjunto de usuarios de la educación superior.

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Objetivos: analizar la influencia de la informática en la educación. Realizar un análisis histórico sobre la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo español. Realizar una propuesta de creación de un aula de informática en un colegio público de Salamanca. Proceso de investigación: revisión documental, análisis del centro a incorporar un aula de informática. Resultados: la investigación analiza las posibilidades que ofrece la informática a los centros educativos, las propuestas de las reformas educativas (L.O.G.S.E.) relativas a la incorporación de las Nuevas Tecnologías en los centros educativos y las aplicaciones de la informática en la educación. Se recogen las iniciativas institucionales del Ministerio de Educación y expone las principales características de los proyectos: Aldea Digital, Proyecto de Teleeducación en aulas hospitalarias, Proyecto Méntor, Proyecto íÉchanos un cable! y Red Telemática Educativa Europea. Finalmente, realiza el proyecto de creación de un aula de informática con acceso a internet, indicando el hardware necesario, la distribución de los equipos y del cableado de red de dicho aula, en el colegio público Filiberto Villalobos de Salamanca.

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El proyecto se realiza en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid. Los profesores implicados en el proyecto trabajan en el Departamento de Economía Aplicada, dos de ellos están directamente implicados y otros seis pertenecientes al Área de Hacienda Pública de forma indirecta. El objetivo del proyecto es introducir en el Departamento de Economía Aplicada sistemas docentes basados en recursos informatizados para la enseñanza, empleando como experiencia piloto la disciplina Economía para el Sector Público. El sistema de trabajo llevado a cabo ha sido la elaboración del material didáctico y su aplicación a los cursos académicos 2000/2001 y 2001/2002. El proceso de desarrollo del proyecto ha abarcado la construcción de una página web que contienen todos los apuntes, documentos y enlaces necesarios para el aprendizaje de la materia. Se dispusieron los medios informáticos del centro para seguir una dinámica de estudio basada en el empleo informático del material suministrado. Su aplicación se realizó de forma experimental para varios capítulos del programa al objeto de comparar el sistema clásico con el nuevo sistema. Resultados: Se han realizado con los alumnos evaluaciones previa, intermedia y final de la experiencia apreciando un cambio significativo en la opinión de los alumnos. En la evaluación previa la información de utilizar modernos medios informatizados y la sustitución parcial de la evaluación en examen convencional por otra denominada experiencial les resultaba a todos los alumnos muy atractiva. En la evaluación intermedia apreciaron que el sistema informatizado aumentaba el material de trabajo y ocupaba más tiempo de dedicación a la asignatura, con lo que en los meses de exámenes se apreciaba una incompatibilidad entre este sistema docente de la asignatura y los convencionales. En la evaluación final revelaban de nuevo que la aplicación de estas técnicas didácticas no se adaptaban al actual sistema de evaluación universitario. Declaraba un setenta y tres por ciento facilitar un mayor y mejor conocimiento de la asigantuar, pero igualmente un ochenta y cinco por cien señalaba que el grado de exigencia afectaba negativamente a los resultados de las evaluaciones en otras disciplinas. De igual modo se realizó una consulta entre los profesores del departamento y se significó que siendo los recursos educativos competencia del centro, se hace difícil en la actualidad garantizar la disposición de medios a los alumnos para atender estas enseñanzas con medios innovadores. Se ha elaborado un material para la asignatura que comprende para cada capítulo del programa: el nivel de esquemas (documentos de referencia), documentos y enlaces de consulta. Se han volcado en un específico sitio web de la asignatura con enlaces desde el correspondiente departamento. Los esquemas recogen el contenido básico de cada capítulo y han sido elaborados por el profesor de la asignatura. Los documentos de referencia son textos o fragmentos obligatorios que desarrollan los esquemas. Los documentos de consulta son otos documentos o sitios web calificados de consulta voluntaria, entendiendo que pueden servir de orientación al alumno para seguir la asignatura. Se debe tener en cuenta que en la actualidad las Administraciones Públicas ofrecen su información al público por estos medios informáticos. No existe publicación de este proyecto unicamente el sitio web de la asignatura http://www2.eco.uva.es/easp/esp.htm, que tiene acceso restringido a los alumnos, con la clave : ALUMNO 123.

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Análisis de la formación del profesorado en la región pacense entre finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Se estudia especialmente la Academia Literaria de profesores de Primera Instrucción de Badajoz, institución que se creó con el objetivo de metodizar uniformemente los diversos ramos de enseñanza en los establecimientos de la capital.

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Resumen basado en el de la publicación

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Resumen basado en el de la publicación

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Tras finalizar la producción del Sistema de Información de Ocupación de Suelo en España (SIOSE) afrontamos su publicación en la red. A la hora de decidir la estrategia de difusión de la información debemos tener en cuenta las necesidades de los usuarios, dando acceso a la visualización, consulta y análisis de los datos originales del sistema y de sus diferentes vistas temáticas. SIOSE tiene, para realizar esta tarea de forma adecuada, dos características que nos condicionan: su gran volumen de información y la complejidad semántica de su modelo de datos orientado a objetos. A partir de una arquitectura construida con componentes de software libre, desde el sistema operativo hasta las aplicaciones servidoras; los geoservicios web estándar son la primera opción para comunicar información geográfica a través de la web, pero las posibles soluciones son múltiples y muy variadas. Además los servicios deben combinarse y coordinarse con otras herramientas de publicación, como la libre descarga de los datos en bruto, para conseguir que SIOSE cumpla con su función de infraestructura de información territorial sobre la que generar valor añadido y para que sea una herramienta útil de análisis del territorio. Describiremos como hemos configurado nuestros servicios de visualización y consulta de los datos para mostrar en la red toda la jerarquía de información y los diferentes enfoques de análisis con los que se puede abordar SIOSE y como hemos intentado optimizar el rendimiento de estos servicios para ofrecer tiempos de respuesta adecuados ante cualquier posible petición

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El presente trabajo está basado en el análisis realizado al Sistema de Ejecución Presupuestaria y su aplicación a las instituciones del Gobierno Central, en el cual además de las Instituciones del Sector Público están involucrados el Ministerio de Economía y Finanzas, y Organismos de Control. Como un preámbulo, se realiza una reseña histórica de los antecedentes que motivaron al Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas buscar una nueva alternativa para que las instituciones del sector público ya no realicen sus operaciones en el Banco Central utilizando los cheques entregados por esta entidad como medios de pago, diseñando para el efecto un sistema de Ejecución Presupuestaria que les permita realizar transferencias, pagos y depósitos a través de la banca privada corresponsal, el cual constituye un medio normativo que posibilita la ejecución de los presupuestos del Gobierno Central. Con la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, tendiente a mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos, relacionados con la gestión de cobros y pagos de las instituciones del Gobierno Central, el Banco Central del Ecuador a diseñado el Sistema de Pagos del Sector Público, a través del cual se realizan el pago de las remuneraciones de los servidores públicos, además se pueden incluir en el mismo, otros pagos como servicios, viáticos, pago a proveedores y cualquier cancelación que las instituciones deban realizar por concepto de obligaciones ya devengadas. Para el efecto se ha coordinado la colaboración del sistema financiero nacional, el cual involucra a Bancos Privados, Asociación de Mutualistas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, en las cuales los servidores públicos aperturarán sus cuentas de ahorros o corrientes para la transferencia de sus remuneraciones. Este sistema a más de brindar agilidad en los procesos, permitirá al Gobierno Central disponer de información veraz y oportuna respecto al número de empleados del sector público que se encuentran laborando en sus diferentes dependencias, contribuyendo a un ahorro considerable en el Presupuesto General del Estado, además que permitirá al Ministerio de Economía y Finanzas programar el presupuesto de gastos para dichas instituciones, con base a información transparente.