1000 resultados para Convenios de la administración pública


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Mas allá de las diferentes perspectivas teóricas o los aspectos prácticos que tratan, los trabajos incluidos en esta nueva presentación de la Revista Confluencia reafirman los objetivos de las publicaciones de nuestra facultad: la pretensión de servir a la difusión de los conocimientos que se producen en ella y a la vez permitir el intercambio y el debate entre docentes, investigadores, graduados y alumnos que dé cuenta de la pluralidad de miradas y las enriquezca, sin olvidar el deseo de que lleguen más allá de las fronteras académicas y puedan producir un impacto positivo en la sociedadad en que vivimos.

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El tema del control del aparato a través del cual actúa el Estado, también llamado administración estatal, adquiere gran relevancia debido a la evolución del concepto del control, que ya no se restringe a la simple detección de errores y corrección de desviaciones del pasado, sino que aparece como un valioso auxiliar de la toma de decisiones capaz de reorientar acciones y metas hacia lo que es mejor para las organizaciones y sus integrantes. En tal sentido, verificar la exactitud con que se cumplen las decisiones de gobierno, evitar desviaciones, redefinir metas a alcanzar y cursos de acción a transitar, hacen del control una función importante que es necesario estudiar, comprender, explicitar. El trabajo indaga en los sistemas y modalidades del control público en la Nación, precisando las características de la administración estatal y de los órganos encargados de su control.

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Con el presente el trabajo se pretendió abordar la capacidad de gestión en función de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad y las herramientas que pueden contribuir a mejorar dicha capacidad, como así también contribuir a generar valor público. En función de ello, se realizó un análisis documental y bibliográfico acerca de los antecedentes sobre capacidad de gestión pública, reforma del estado, herramientas óptimas para mejorarla.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

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El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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Esta ponencia es la presentación del proyecto de tesis, que tiene por objetivo estudiar el proceso de constitución y consolidación del poder judicial, responsable de la administración de justicia, como integrante del Estado provincial, legitimador de su accionar político y mediador con la sociedad civil. La investigación se ubica en la provincia de Buenos Aires, entre 1853 y 1881, que sancionó su propia Constitución en 1854, en la que declaraba en su artículo 118 que el poder judicial sería independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones. Es decir que en esta provincia la consagración de la teoría de los poderes del Estado y la ley como definidora de lo que era justo, requirieron de la organización del poder judicial. El sistema judicial de la provincia de Buenos Aires comenzó su formación como poder del Estado a partir de la reforma rivadaviana y el proceso alcanzó su madurez entre 1853 y 1881, como parte fundamental del proyecto liberal, asentado sobre la autoridad de la ley. El poder judicial garantizaba la legitimidad del sistema político republicano de matriz liberal, pero la dependencia con el poder ejecutivo se mantuvo en parte, representada en el presupuesto, los nombramientos y los jurys. La organización judicial en formación incluyó al ámbito rural con una fisonomía institucional que tendía a consolidar la relación entre Estado y sociedad civil; ésta manifestaba sus necesidades a través de la opinión pública y el poder las interpretaba con el fin de legitimar su acción política. En este proceso de legitimación, el poder judicial era funcional al Estado, lo que se consolidó con el tiempo. La Constitución de 1873, a pesar de ser ideal en algunas de sus propuestas, dio protagonismo y efectividad a las instituciones judiciales que se formaron y pusieron en funcionamiento con una nueva concepción de justicia, que sin dejar de lado el derecho natural se consolidaba en una función más positiva, atenta a los derechos individuales y de propiedad. Para comprender el rol que jugó el sistema de justicia en la formación del Estado es necesario desenmarañar la compleja trama de relaciones entre el poder político y los magistrados, y a su vez entre ellos y la sociedad. Pero esto no se puede realizar sin conocer y comprender que entendían por justicia, y definir de qué forma organizaron su administración. En la realización de esta investigación atenderé a las soluciones que el ordenamiento jurídico debía brindar a una determinada sociedad, las instituciones que lo formaron y las ideas de quienes lo gestaron. El uso de la fuente judicial será fundamental para observar si la letra de la ley fue cumplida en la administración de justicia y de qué manera. Pero esa fuente judicial confirmará o no la aplicación de las leyes dictadas por el poder legislativo y los decretos emanados del ejecutivo, por ello será necesario reconstruir los organigramas del Poder Judicial a partir del estudio de los Registros Oficiales y los debates legislativos de la provincia.

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El artículo analiza la situación actual de los archivos en Uruguay en relación a las leyes de Acceso a la Información Pública y de Sistema Nacional de Archivos, normativas que surge cuando el Estado uruguayo inicia una fase de reordenación de su gestión promoviendo cambios que fomentan la democratización y la eficiencia, a la vez que anulan la opacidad y extrema reserva en su administración. Se analiza cómo los profesionales archivólogos estuvieron estrechamente involucrados en el proceso de gestación de ambas leyes, dando inicio a una etapa de consecución de fuertes voluntades políticas que apoyaran los proyectos, convencidos que la premisa evidente del Derecho de Acceso es que el documento al que se pretenda acceder exista y sea recuperable. Se estudia como la coexistencia de ambas normas implicaban un cambio cultural, una evolución en el comportamiento de las organizaciones que no acompañó a la puesta en marcha de los instrumentos legales. Se concluye que el Derecho de Acceso a la Información Pública está basado en el principio fundamental de transparencia de los Órganos del Estado, por lo que no es de extrañar que una ley que obliga a brindar información tenga el riesgo de devenir en letra muerta. El Archivo debe ser "condición" administrativa, lo que exige una nueva dimensión de ellos y de sus profesionales dentro de los organismos del Estado, de forma tal que se conviertan en una inmejorable herramienta para el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

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Con la finalidad de ayudar a la creación y desarrollo de modelos de predicción y simulación que permitan al ciudadano/administraciones publicas gestionar el consumo energético de forma más eficiente y respetuosa con el medio ambiente, se ha implementado un sistema de gestión de datos de indicadores energéticos. En 2007 la UE creó una directiva conocida como "20/20/20" en la que la Unión Europea se compromete a ahorrar un 20% del consumo anual de energía primaria desde esa fecha a 2020. En 2009 la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que con las medidas propuestas en dicha directiva no se podría alcanzar el objetivo de reducción del 20% del consumo energético previsto para el 2020, quedándose en menos de la mitad. Para dar un nuevo impulso a la eficiencia energética se redacta una propuesta de directiva: 2011/0172(COD). En esta directiva se obliga a los estados miembros a potenciar y ampliar la información estadística agregada sobre sus clientes finales (los perfiles de carga, la segmentación de los clientes, su ubicación geográfica, etc ). La Unión Europea plantea que incrementar el volumen y la accesibilidad de los datos de consumo energético, ayudará de forma significativa a alcanzar los objetivos. En este marco, parece lógico afirmar que un banco de datos de indicadores energéticos universalmente accesible puede contribuir de un modo efectivo al aumento de la eficiencia energética. Como aplicativo de este PFC se ha desarrollado una aplicación que permite la definición y almacenamiento de indicadores energéticos, en la que los diferentes sistemas, propietarios o abiertos, pueden volcar y extraer datos de una forma poco costosa. Se ha pretendido realizar una aplicación lo más abierta posible, tanto desde el punto de vista de la funcionalidad, permitiendo la definición del propio indicador a través del sistema, como desde el punto de vista de la implementación, usando únicamente código abierto para el desarrollo de la misma. ABSTRACT. In order to assist in the creation and development of forecasting and simulation models that enable citizens / public authorities manage energy consumption more efficient and environmentally friendly, we have implemented a data management system of energy indicators. In 2007 the EU created a policy known as " 20/20/20 " in which the European Union is committed to saving 20 % of the annual primary energy consumption from that date to 2020 . In 2009 the European Commission has concluded that the measures proposed in the directive could not achieve the goal of 20% reduction in energy consumption expected for 2020 , staying in less than half. To give new impetus to energy efficiency is drawn up a draft directive : 2011/0172 ( COD ) . This directive obliges member states to strengthen and expand aggregate statistical information on their final customers ( load profiles , customer segmentation , geographic location, etc. ) . The European Union argues that increasing the volume and accessibility ofenergy data , will significantly help to achieve the objectives . In this context , it seems logical to say that a database of universally accessible energy indicators can contribute in an effective way to increase energy efficiency. As of this PFC application has developed an application that allows the definition and storage of energy indicators , in which different systems, proprietary or open, can tip and extract data from an inexpensive way. We have tried to make an application as open as possible , both from the point of view of functionality , allowing the definition of the indicator itself through the system , and from the point of view of implementation, using only open source development thereof.

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La presente investigación pretende demostrar que existe responsabilidad del Estado en los casos en que se produce la muerte o la lesión de miembros de la fuerza pública constitucional, cuando se cumplen los requisitos Constitucionales y Convencionales, por prestar el servicio militar obligatorio, o el servicio de seguridad del Estado. Así mismo se analizará la política pública de seguridad integral para la prosperidad para verificar si en ella se incluyeron elementos suficientes para prevenir la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como consecuencia de los actos de guerra o de terrorismo, teniendo como antecedentes la revisión de la existencia o no de un conflicto armado interno y, determinando, en que casos se está frente a actos de guerra en virtud del conflicto o si, por el contrario, se trata de actos terroristas. OBJETIVO GENERAL: Determinar si existe responsabilidad del Estado como consecuencia de la guerra, con relación a los miembros de la fuerza pública constitucional, teniendo en cuenta la evolución de la responsabilidad del Estado al incorporar en la Constitución Política de Colombia el control de Convencionalidad. Determinar si existe una política pública preventiva para evitar la violación de derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Militares como consecuencia de los hechos de guerra y terrorismo, dada la obligación convencional de implementar políticas públicas...

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La introducción de innovaciones ha sido una herramienta básica que los gobiernos de distintos países y administraciones han usado para mejorar los servicios públicos. Las presiones financieras, los controles burocráticos y las demandas de mejores servicios por parte de los ciudadanos hacen a la vez difícil y, por otra parte, necesaria a la innovación, como la única vía de responder eficientemente a las demandas ciudadanas. En el presente trabajo analizamos el nivel de implantación de innovaciones en los ayuntamientos españoles así como qué tipo de innovaciones son más comúnmente utilizadas. Además contrastamos la relación entre el comportamiento innovador y el tamaño organizativo. Por otra parte, puesto que las innovaciones deben darse no cómo un fenómeno aislado, sino como parte de la estrategia corporativa, contrastaremos el comportamiento innovador de los ayuntamientos analizados con sus tipologías o perfiles estratégicos.

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Análisis del procedimiento tributario de comprobación de valores en los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas. Análisis desde el principio de legalidad tributaria.

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El objetivo del trabajo es presentar el proceso de centralización administrativa de la repartición sanitaria nacional. Para ello se analizan, en primer lugar y con la intención de situar el problema en un plazo más largo, los límites que debió afrontar el Departamento Nacional de Higiene desde el momento de su creación, en 1880, para avanzar en sus intenciones centralizadoras. Entre ellos se encuentran su escasa autonomía administrativa, las superposiciones jurisdiccionales con otras dependencias del Estado, las indefiniciones respecto de su supremacía jerárquica, la resistencia de las provincias, los municipios fuertes y las asociaciones benéficas y los conflictos de proyectos al interior mismo de la repartición. En segundo lugar se muestra cómo los sucesivos presidentes del Departamento Nacional de Higiene asumieron ese límite para su gestión y apostaron a la organización interna de la repartición antes que al desafío de la centralización de la asistencia sanitaria. Su estrategia fue el fortalecimiento de nuevas áreas de incumbencia que constituyeron una agenda que sirvió como base de la definitiva centralización de la administración sanitaria. En esta tarea contaron con el apoyo parlamentario, fundamentalmente de la bancada socialista, que logró convertir en ley durante los años 30 a una serie de nuevas atribuciones del Departamento en aspectos que ligaban la salud con la asistencia social. Por último se analiza un momento clave de este proceso, el primer ensayo de centralización sanitaria a través de la creación, en 1943, de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social.