1000 resultados para Antecipação de tutela
Resumo:
En anteriores publicaciones nos referimos a la Constitución del 91 en un artículo denominado "Revolcón Legislativo"; tal artículo contenía un estudio preciso de ubicación de los principios generales del derecho laboral en la nueva Constitución; así como también el detalle de la ejecución presidencial realizada en virtud de las facultades conferidas por la Ley 50 de 1990 al presidente de la República para legislar y codificar las Reformas Laborales realizadas para el trabajo en la empresa colombiana.
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El establecimiento de los medios idóneos para asegurar la eficacia práctica de las decisiones judiciales es una exigencia del buen funcionamiento de la Administración de Justicia. En ello juega un rol esencial la tutela cautelar. Durante los últimos años, tanto la doctrina como varios de los ordenamientos jurídicos de Europa y Latinoamérica han avanzado en la construcción de amplios y sólidos regímenes cautelares en el proceso administrativo, superando la visión tradicional del contencioso que limitaba la tutela cautelar a una única medida posible: la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. Sin embargo, ello no ocurre así en Cuba, cuyo derecho procesal continúa descansando en la técnica de suspensión del acto y en la exacerbación del privilegio de autotutela ejecutiva de la Administración. El presente trabajo se propone demostrar la necesidad de creación de un nuevo régimen de tutela cautelar en el contencioso administrativo cubano, que sea capaz de garantizar una justicia administrativa eficaz en su misión de proteger los derechos de los ciudadanos y del interés general frente a cualquier comportamiento de la Administración Pública que los vulnere.
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A publicidade dirigida a menores integra-se nas temáticas alargadas do incitamento ao consumo excessivo e ao sobre-endividamento dos consumidores, e da responsabilidade social e jurídica dos meios de comunicação social enquanto titulares dos suportes publicitários. A investigação que sustenta o presente artigo parte da consideração das crianças e jovens como influenciadores e influenciados pela comunicação comercial, e da observação das consequências da publicidade e dos efeitos do consumo excessivo nos menores, famílias e sociedade. Sustentamos, no plano dos limites à liberdade de programação dos serviços de programas televisivos, o reforço da proteção dos públicos vulneráveis, por via da restrição da publicidade infantojuvenil nas diferentes formas de comunicação comercial audiovisual.
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El derecho de petición como mecanismo de tutela y protección de los Derechos Constitucionales y el Acceso a la Justicia en El Salvador, es un Derecho Fundamental de la persona humana que se encuentra reconocido en la Constitución, por ende, el Estado tiene como fin primordial garantizar que todos los ciudadanos gocen de seguridad jurídica buscando los mecanismos idóneos para lograr una efectiva tutela jurídica y protección de los derechos constitucionales. Por lo que se toma a bien plantearse como OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Estudiar las causas y efectos positivos y negativos, que influyen en la eficacia del Derecho de Petición como un mecanismo de tutela y protección de los Derechos Constitucionales, y su vinculación con el acceso a la justicia. Se ha de utilizar la METODOLOGÍA: referente al Tipo de investigación esta será descriptiva analítica para dar respuesta al desarrollo de la presente investigación. De este modo se hace necesario aclarar el Método a utilizar para el desarrollo de la investigación, los cuales serán: El Método Analítico, que nos servirá para analizar los diferentes puntos de vista y enfoques de la percepción que se tiene sobre el tema de interés; y el método comparativo a efecto de hacer precisas comparaciones de la aportación brindada para este desarrollo. Instrumentos de investigación que se han de utilizar en el desarrollo de la investigación son: entrevista no estructurada. RESULTADOS ESPERADOS: se pretende que el análisis de derechos tan relevantes como son: el Derecho de Petición y el Acceso a la Justicia sea de beneficio para el conocimiento de la población en general, habiendo establecido criticas concretas de los efectos positivos y negativos que afectan el desarrollo de estos mismos derechos, realizando una comparación de las ideas puntuales de los especialistas en el área constitucional referente a el tema de investigación.
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La justicia cautelar ocupa un lugar prioritario en el proceso hasta el punto de que la eficacia misma de éste puede hacer depender la posibilidad de la ejecución de la sentencia de fondo. Es un derivado directo del principio constitucional de la tutela judicial efectiva y desempeña un papel relevante en cualquier procedimiento de arreglo de controversias. Es cierto que un buen sistema de medidas cautelares constituye un instrumento valioso del cual hoy en día los ordenamientos jurídicos no pueden prescindir, pero de ahí a creer que estamos frente a sistema taumatúrgico que va a solucionar gran parte de los múltiples problemas que aquejan a los procedimientos judiciales, hay largo camino que recorrer.
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2016
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ResumenEste trabajo pretende abordar desde un enfoque deductivo, el fenómeno del relativismo cultural. Es así como se parten de las premisas teóricas y conceptuales de lo que se entiende por este tipo de relativismo, su contraste con los derechos humanos de alcance universal, hasta llegar a su implementación a través de diferentes normas internacionales. Se analizarán las principales fuentes, consistentes en tratados, conferencias y declaraciones, en las que se visualiza la tutela y defensa del relativismo cultural. Finalmente, se reflexionará en torno a la efectividad de la salvaguarda de esta modalidad de relativismo y las particularidades propias de cada una de las fuentes jurídicas y políticas invocadas. Palabras clave: relativismo cultural, cultura, civilización occidental, libertad cultural, derechos humanos, universalismo, tratados internacionales, pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, convención internacional de la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración de Durban, Organización internacional del Trabajo, UNESCO.AbstractThis paper attempts to deal with, from a deductive approach, the phenomenon of cultural relativism. This is how it starts from the theoretical and conceptual foundations of what is understood by this kind of relativism, its contrast with the universal human rights reaching, to its implementation through various international standards. It analyzed the major sources,consisting of treaties, conferences and declarations, which displays the protection and defenseof cultural relativism. Finally, it reflects on the effectiveness of safeguarding this kind of relativism and the particularities of each of the legal and political sources cited.Keywords: Cultural relativism, Culture, Western Civilization, Cultural Freedom, Human Rights, Universal, International treaties, The International Covenant on Economic, Social and Cultural, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, World Conference on Human Rights, International Labour Organization, UNESCO.
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L’obiettivo di questa trattazione è quello di esporre il rapporto controverso fra il diritto alla privacy, garantito ad ogni cittadino, e la tutela della sicurezza nazionale. L’episodio protagonista che verrà analizzato riguarda il contenzioso che, nel dicembre del 2015, ha coinvolto la società Apple Inc. e l’Fbi. Nella prima parte dell’elaborato l’attenzione verrà focalizzata sul concetto di privacy, approfondendo la sua diversa impostazione nelle normative americana e europea. In particolare, si partirà dal right to be let alone del 1890 per giungere a quella che è la concezione attuale del diritto alla protezione dei dati personali secondo il GDPR e il Privacy Act per poi elaborarne un confronto. Successivamente, verrà analizzato il tema della tutela della sicurezza pubblica facendo ricorso ad alcuni esempi di leggi emanate a seguito degli attentati terroristici dell’11 settembre. Nella seconda parte, dunque, si entrerà nel vivo della Strage di San Bernardino, ripercorrendo passo dopo passo le indagini. Il focus sarà lo scontro legale tra Apple e Fbi e le trattative in merito al dispositivo rinvenuto durante la strage. Infine, si ipotizzerà di “trasportare” il caso nella normativa europea, ossia immaginando la sua risoluzione qualora la normativa adottata non fosse stata quella americana.
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La presente ricerca affronta il tema delle esportazioni illecite e delle spoliazioni di opere d’arte attuate dai nazisti in Italia negli anni precedenti e durante la Seconda guerra mondiale. In particolare, all’interno di tale vasta questione, si è voluto far emergere il ruolo di Giorgio Castelfranco nella salvaguardia e tutela del patrimonio artistico italiano. Giorgio Castelfranco, funzionario di soprintendenza storico dell’arte, ha apportato il proprio contributo nella tutela del patrimonio grazie a diverse azioni da lui compiute durante la propria carriera. Contributo che si può far iniziare con i primi interventi di tutela, diremmo oggi, preventiva, come la compilazione del catalogo degli oggetti d’arte e degli elenchi dei monumenti, ma anche la salvaguardia delle bellezze naturali, compiuti negli anni Venti e Trenta del Novecento, presso le Soprintendenze della Puglia, dell’Umbria e della Toscana. Con l’emergenza della Guerra poi Castelfranco fu impegnato in una vera e propria opera di recupero e ricostruzione. Quest'ultima intesa non del solo patrimonio storico-artistico e monumentale, ma anche dell’amministrazione delle Belle Arti, a cui Castelfranco ha attivamente contribuito durante la reggenza della Direzione Generale sotto il Governo Badoglio. Inoltre, in occasione dei sopralluoghi ai depositi di opere d’arte toscani e durante la Missione per il recupero delle opere d’arte in Germania del 1946-1947, Castelfranco, grazie alle proprie competenze e all’esperienza maturata in decenni di attività professionale, ebbe l’occasione di dare il proprio fondamentale contributo all’individuazione e al recupero delle opere d’arte esportate illecitamente e trafugate dai nazisti.
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Lo studio mira ad individuare i passaggi salienti dell’evoluzione dello sport inteso come strumento di salute e benessere preventivo, per rinvenire le manifestazioni di questo concetto, con l’obiettivo precipuo di fare emergere l’ossatura legislativa in evoluzione su cui impostare la transizione del sistema delle attività motorie. Partendo dallo studio del dato normativo e giurisprudenziale e con un’ampia analisi dottrinale sullo sfondo, lo studio descrive l’evoluzione legislativa sul tema poggiandosi su considerazioni e risultati di indagini sociologiche e farmacologiche. La creazione della Società Sport e Salute S.p.a. e di un Dipartimento per lo sport ha permesso un’azione diretta al sostegno delle organizzazioni sportive di base e mirata alla promozione di piani per l’implementazione dei corretti stili di vita. Il d.lgs. 38/2021 contiene una serie di norme volte alla valorizzazione dell’importanza anche territoriale degli enti sportivi, che possono favorire questi e i loro partners privati nell’affidamento degli impianti. La nuova figura professionale del chinesiologo rappresenta lo strumento centrale per il rilancio degli enti sportivi, in quanto capace di organizzare nuovi servizi paralleli allo sport e fondamentali in ottica educativa preventiva. L’accresciuta rilevanza del concetto di work-life balance spinge le imprese alla creazione di nuove politiche di welfare per i lavoratori attraverso investimenti per la riqualificazione dell’impiantistica, in modo da favorire gli enti che li gestiscono collaborando per offrire maggiori servizi anche al territorio. Il legislatore ha creato uno strato normativo volto a permettere un’azione diretta dello Stato nella promozione dello sport sociale e volto all’implementazione dei corretti stili di vita. È ora possibile teorizzare un modello di ente che offra una nuova tipologia di servizi da erogare all’interno di moderni impianti, riqualificati grazie al supporto di imprese che vedono le associazioni sportive come presidi per la salute dei lavoratori, favorendo il benessere collettivo oltre che la propria immagine.
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L’elaborato si propone di analizzare i principali punti di contatto, nell’ordinamento domestico, tra le funzioni esercitate dalla giurisdizione ordinaria civile e le attribuzioni delle Autorità amministrative indipendenti, nel tentativo di delineare un quadro sistematico dei rapporti. Nella prima parte dell’indagine, ci si sofferma sui variegati strumenti di risoluzione delle controversie coniati in seno alle Autorità indipendenti, cercando di sviluppare un’essenziale classificazione per categorie omogenee, al fine di vagliare la compatibilità dei diversi modelli con il dato costituzionale. Successivamente, si sposta l’indagine sulle interferenze emergenti con riferimento a quelle attività delle Authorities assimilabili all’applicazione della legge al caso concreto nel contesto del pubblic enforcement. Tra queste, spicca la delicata questione del valore dei provvedimenti delle Authorities nei (correlati) processi civili risarcitori, soprattutto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 7, d.lgs. 3/2017, che ha plasmato un inedito «vincolo» per il giudice ordinario all’accertamento dell’AGCM. Alla previsione normativa si associa la tendenza giurisprudenziale a riconoscere una particolare “attitudine probatoria” anche ai provvedimenti di altre Autorità indipendenti, pur in assenza di specifica previsione normativa. Nel corso della trattazione, più che limitarsi ad esprimere una preferenza tra le diverse soluzioni già proposte dalla dottrina, si cerca di gettare le basi per un’interpretazione autonoma e sistematica del fenomeno. Adottando un approccio quanto più possibile interdisciplinare, si cercano di coniugare i punti di approdo della teoria generale dell’accertamento giuridico con quelli, gius-pubblicistici, della categoria dell’accertamento amministrativo. Si passa, infine, a vagliare le condizioni affinché tale ipotetico modello unitario possa ritenersi compatibile con altri valori di rilievo costituzionale e non solo, utilizzando quale parametro di riferimento l’art. 6 Cedu, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.
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La ricerca si propone di fornire un contributo allo studio del diritto penale dell’ambiente, prendendo in considerazione la disciplina penalistica che rileva nel caso di offesa – effettiva o potenziale – delle acque marine. Nello specifico – in ragione dei sempre più frequenti casi di inquinamento e disastro ambientale causati dalle immissioni di sostanze tossiche nelle acque marine, riconducibili alle attività di impresa ed alla navigazione – l’obiettivo del lavoro è quello di soffermarsi, partendo dalla dimensione internazionale ed europea del fenomeno, sulle disposizioni penali vigenti nel nostro ordinamento a salvaguardia delle risorse naturali marine, sulle modalità con cui le stesse sono tipizzate e sui possibili autori di tali reati, valutando – in termini più generali – se sia veramente effettivo l’attuale impianto nazionale di tutela oppure se non sia necessario ripensare il ruolo del diritto penale in tale settore. Per ampliare il contesto dell’indagine, verrà presa in considerazione la corrispondente disciplina francese, spagnola e statunitense; tale scelta si fonda sulla circostanza che i tre più significativi disastri ambientali marini della storia moderna si sono verificati rispettivamente a largo delle coste bretoni (petroliera Erika), galiziane (nave Prestige) e della Louisiana (piattaforma petrolifera Deep Water Horizon).
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L’Unione europea è un progetto politico ed economico unico nel suo genere: un graduale e progressivo cammino che ha condotto le nazioni europee a concepire accordi di diversa natura, i quali hanno concesso di avviare un processo di unificazione. Il tema della sicurezza e della difesa dell'Unione europea è stato a lungo trattato come un aspetto quasi marginale nello scenario della politica d’integrazione europea. I risultati ottenuti in materia di sicurezza restano legati alla convergenza o alla divergenza degli approcci nazionali sui principali temi che la difesa europea dovrebbe affrontare per garantire gli interessi comuni dell’Unione. Nel corso degli anni, ci sono stati Paesi europei, le quali politiche assunte a livello nazionale, hanno influito maggiormente sullo sviluppo dei processi di integrazione: tra questi troviamo la Francia.