1000 resultados para El país de la dama eléctrica
Resumo:
El diseño y la ejecución de las políticas públicas es una de las actividades fundamentales del Estado y es la forma en la que éste ofrece soluciones para suplir necesidades más apremiantes de la sociedad. La formulación y la ejecución de las políticas públicas también dan cuenta de las relaciones entre los gobiernos y la comunidad, y los niveles de legitimidad y gobernabilidad que tienen el Estado en un territorio determinado. La estructura político-administrativa de Bogotá, como Distrito Capital, es muy diferente a la de los demás municipios y departamentos del Colombia, pues desde 1991 se ha desarrollado un proceso de descentralización interna de la ciudad para acercar más al gobierno distrital con la comunidad y permitir la participación activa de los ciudadanos en la construcción de las soluciones a las necesidades de su entorno más cercano, las Localidades. En la primera década de desarrollo de este proceso interno de descentralización, tres administraciones afrontaron el reto de profundizar dicho proceso (Jaime Castro 1992-1994, Antanas Mockus Paul Bromberg 1995-1997 y Enrique Peñalosa 1998-2000), que estaría enmarcado en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). De estas tres primeras administraciones que se enfrentaron a la figura novedosa en el país de la descentralización al interior de un ente descentralizado como el Distrito Capital, la administración de Enrique Peñalosa adoptó políticas que disminuían la relativa autonomía que habían logrado las Localidades y planteó un modelo de recentralización que transformaba la relación entre los gobiernos locales, el gobierno central distrital y la ciudadanía.
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La UNODC coopera con Colombia en el combate a las drogas ilícitas con la ejecución de programas en el país. Por esta razón es necesario examinar la acción de la UNODC en comparación con otras fuentes de cooperación internacional y su relación con las prioridades del gobierno colombiano.
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En la monografía se hace un análisis de la evolución en las relaciones entre el Islam y el Estado que se ha presentado a lo largo de la historia contemporánea de la República de Turquía, desde una búsqueda del control total de la religión por parte del Estado, hasta un punto intermedio en el cual se comprende la sensibilidad religiosa de la población y la necesidad que esta tiene de verse representada. Una muestra de esta relación se ve en uno de los más importantes grupos de fe presentes en este país, el Movimiento Fethullah Gülen, el cual se caracteriza por combinar la religiosidad con la secularidad, al mismo tiempo que brinda una gran importancia a la educación y al liberalismo económico.
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Desde el año 2004 la Organización de Estados Americanos, a través de su Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz MAPP/OEA- en Colombia, estableció una cooperación técnica para hacer un seguimiento, acompañamiento y monitoreo al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración DDR- de los miembros de los grupos armados ilegales del país, en particular de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares) . Su trabajo ha permitido un conocimiento público del proceso con el grupo irregular y además está sirviendo como herramienta de aprendizaje para otros casos de DDR actuales y futuros.
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El DANE es la institución del Estado colombiano encargada de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión a nivel nacional e internacional de las estadísticas oficiales, con el fin de facilitar la toma de decisiones en relación con el desarrollo socio económico del país. El intercambio de datos, actividades de conocimiento y buenas prácticas entre otros, es indispensable para mejorar ciertas instancias modificando y aplicándolas de acuerdo con las necesidades específicas del país. De acuerdo con esta necesidad y con el ánimo de la institución por cumplir con actividades de tipo internacional se creó el Grupo de Relaciones Internacionales y Cooperación Técnica del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, oficina adscrita a la Subdirección General desde el 2006. A pesar de contar con labores determinadas para cada uno de los integrantes del grupo, y de conocerse su labor en el ámbito institucional, se han detectado ciertas fallas en el GRICT, que en ocasiones no le permiten desarrollar su ejercicio de forma clara y precisa, a las que se pretende dar una solución a través del presente estudio. Por lo anterior y revisando las funciones que ha venido desarrollando el GRICT y lo que le espera para que pueda brindar un mayor apoyo a la Dirección del DANE se presenta en éste estudio una propuesta simple pero moderna de la nueva dependencia del DANE que esté acorde a los nuevos tiempos y al devenir del país dentro del marco de los procesos de globalización.
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Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación TICs-, como herramientas influyentes en las estructuras sociales y los procesos económicos, han permitido transformar las relaciones del Estado y el ciudadano, y aún más, aspirar a fortalecer las prácticas democráticas fundamentadas en la participación. Con este propósito, surgió la iniciativa de Gobierno Electrónico o e-Government, que para el caso colombiano, se encuentra actualmente en manos del programa Agenda de Conectividad y la estrategia de Gobierno en Línea GEL-. Con dicha estrategia, el Ministerio de Educación Nacional, diseñó en el año 2006, un modelo de participación basado en la utilización de medios electrónicos por parte de los ciudadanos para realizar aportes, contribuir al debate, y finalmente construir el documento final del Plan Nacional Decenal de Educación PNDE- 2006-2016. Este proceso de construcción del PNDE, ha permitido visualizar cómo las soluciones electrónicas utilizadas para tal fin y la creación de espacios de deliberación de ésta naturaleza, elevan los niveles de inclusión política y social (si se tiene en cuenta la gran variedad de actores involucrados), favorecen la participación, y contribuyen al compromiso del Estado con la disminución de la Brecha Digital existente en el país.
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El actual escenario internacional está siendo definido por procesos de regionalización que han tenido lugar tanto en Europa, como en Asia, también en América y en la subregión de América del Sur que impulsan el surgimiento de potencias regionales en los diferentes contenientes. Estos nuevos centros de poder regional son de vital trascendencia debido a que modifican la configuración del orden internacional y suscitan el cambio de las estructuras de poder. En Suramérica este proceso se ha venido desarrollando a favor de Brasil, país que en los últimos años ha acrecentado y afianzado su liderazgo sobre los diversos procesos de concertación política e integración económica tanto en el cono sur como en la región andina. Esta monografía busca demostrar que Brasil jugó un rol creciente, influyente y determinante en materia de seguridad y defensa durante el periodo mencionado, llegando a erigirse como la potencia regional en ambos aspectos, al mismo tiempo que es percibida como un poder pacífico, mediador y estabilizador en Sudamérica.
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Esta monografía nace de un cuestionamiento sobre las prioridades que el país tiene o ha definido en el tema educativo a partir de la adopción de los Planes Decenales de Educación y de los Decretos reglamentarios que han sido expedidos en dicho contexto y de cómo tales prioridades corresponden al reconocimiento de multiculturalismo que se hace en la Constitución Política de 1991. No es muy notorio el desarrollo legislativo que ha tenido el multiculturalismo en el país, Tal vez el caso más conocidos es el de la ley 70 de Agosto 27 de 1993 sobre negritudes, que desarrolla el artículo quinto de la Constitución Política de 1991 , en la cual se reconocen los principios de integralidad, diversidad, participación y protección de las comunidades negras dentro del concepto de Nación.
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El fenómeno del desplazamiento interno forzado en el mundo representa una problemática de gran envergadura que impacta a aquellas personas que se ven obligadas a migrar dentro del territorio de su país huyendo de las zonas de conflictos y de las persecuciones de los actores armados, debido al contexto de violencia en el que se encuentran y del cual resultan ser las principales víctimas. Así pues, en el caso de Colombia, el desplazamiento forzado interno representa una de las principales consecuencias que ha dejado el contexto de violencia armada sufrido en el país a lo largo de las últimas décadas, lo cual ha llevado a las instancias constitucionales a pronunciarse sobre el accionar del Estado para darle solución a esta problemática. El trabajo se enfoca específicamente en la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la Corte Constitucional donde se establece que el país atraviesa por un Estado de Cosas Inconstitucional. De manera particular, a lo largo del análisis se realiza una evaluación de la implementación, cumplimiento y alcance de la Sentencia en la Ciudad de Bogotá, durante la Administración de Samuel Moreno Rojas.
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El alcance de esta Investigación Diagnóstica es analizar la implementación del programa ART-REDES del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para Colombia, durante el periodo 2008 - 2010, con el fin de generar propuestas de ajuste para el desarrollo de iniciativas de cooperación descentralizada en el país.
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La Segunda Guerra Mundial se considera como un hito clave en el desarrollo de la política exterior colombiana, porque implicó que Colombia configurara una política exterior hacia los países beligerantes Estados Unidos y Alemania, partiendo de sus características particulares, a saber de su condición de país en vía de desarrollo, su sistema político, sus valores culturales, su posición geográfica, sus líderes políticos y los lazos históricos que tenía en temas diplomáticos y comerciales. Es así como durante la primera etapa del guerra (1938 a 1942), la postura colombiana fue de neutralidad, pero con el trascurso de la contienda, esta posición cambia y se definió por un estado de beligerancia con Alemania. A lo largo de la presente investigación, se tratará de demostrar cómo el desarrollo de la política exterior colombiana durante la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por el Réspice Polum, la política del Buen Vecino, la salvaguardia de los principios del Derecho Internacional Público y la defensa del sistema democrático. De igual manera, se intentará demostrar como el debilitamiento de las relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania y el paso al reconocimiento de un Estado de beligerancia de Colombia con el Estado Alemán también respondió a las agresiones de éste contra las goletas colombianas y a los beneficios económicos, comerciales y militares que representaba Estados Unidos.
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Después que muchos Estados se enriquecieran tanto intelectual como económicamente de la explotación o apropiación ilegal de la biodiversidad andina de la cual los miembros de la CAN eran país de origen, surge la necesidad de proteger la riqueza de la región, razón por la cual nace la Decisión 391 en 1996 sobre un Régimen Común de Acceso a Recursos genéticos. De esta manera los países miembros de la CAN se convirtieron en los primeros con un mecanismo de control para el acceso a los recursos genéticos y partición equitativa de los beneficios; buscando con ello sentar bases para la creación de conocimientos sobre el tema, el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas, y la promoción del uso sostenible de los recursos. Sin embargo por razones de carácter nacional la implementación del mismo no ha progresado, generando que los casos de biopiratería aumenten e incluso sean difíciles de prevenir. Siendo este un tema de gran relevancia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, esta monografía examinará en las siguientes páginas la reglamentación nacional para comprender a mayor profundidad los defectos y/o cualidades de las decisiones tomadas por los Estados para la aplicación de la Decisión 391, y así mismo evidenciará las razones por las cuales la implementación de la Decisión no ha tenido éxito total sobre el control de la biopiratería, entre ellas la falta de reglamentación, la especificación de roles, la concientización ciudadana e incluso información al público en general.
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Los campesinos que se ubican a lo largo de las riberas del río Munguidó(...) en el Medio Atrato chocoano, quienes cultivan el chontaduro que se come en algunas ciudades colombianas, vieron interrumpidas de forma insospechada, tanto su vida productiva como su cotidianidad durante el 2002, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestró veintiséis turistas en la ensenada de Utría (Chocó). Los medios de comunicación informaron al país la labor de la fuerza pública por presionar la liberación de los secuestrados. Sin embargo, guardaron silencio frente a los efectos de esta operación militar. El 8 de septiembre, un día antes de que el ELN liberara diez de los turistas secuestrados, doscientos campesinos del Munguidó se vieron obligados a abandonar sus tierras. Desde el 3 de septiembre de 2002, centenares de hombres de la Armada Nacional hicieron presencia en la boca del río Munguidó. Restringieron totalmente la entrada de personas y alimentos, para evitar que los secuestradores alcanzaran ríos navegables como el Baudó. Este cierre de la boca del río fue una estrategia exitosa para presionar la liberación de los secuestrados, pero el costo de ello fue el hambre que padecieron durante esos días las comunidades de la zona. En ese entonces, como la producción agrícola de las parcelas se concentraba en pocos productos, los campesinos del Munguidó no contaban con lo indispensable para sostener una dieta balanceada y autosuficiente. Por el río llevaban a Quibdó los productos que obtenían en las parcelas y con el dinero de sus ventas compraban en esa ciudad los artículos de primera necesidad. Con la escasez de alimentos llegó la presencia sorpresiva del ejército. Este hecho, más que confianza y tranquilidad, generó temor y zozobra en medio de los habitantes. Su presencia aumentaba la probabilidad de confrontaciones entre la fuerza pública y los grupos guerrilleros. Adicionalmente, las víctimas de los hechos ocurridos en Bellavista (Bojayá), el 2 de mayo de 2002, permanecían en la memoria de los habitantes del Munguidó. El hambre y el miedo, efectos colaterales de la guerra, fueron causas suficientes para que las riberas del rio fueran desocupadas. Según el censo realizado por el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación de Campesinos del Medio Atrato (Cocomacia), el 8 de septiembre de 2002, cerca de 200 campesinos se vieron obligados a desplazarse a Quibdó y el 27 del mismo mes otras 2.150 personas hicieron lo mismo(...).
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Al discutir las ventajas y desventajas de negociar acuerdos de integración, especialmente entre naciones con economías asimétricas, siempre está presente la preocupación por el impacto en la economía y en la sociedad. Esto exige un examen de los objetivos que se persiguen con la celebración del respectivo acuerdo y establecer si el país cuenta con las condiciones para la aplicación y la puesta en marcha de este tipo de tratados. El principal argumento para la negociación de acuerdos es la relación que existe entre el nivel de exportaciones con el crecimiento y la reducción de la pobreza. Se trata de un análisis bastante conocido que enfatiza las bondades de reducir barreras arancelarias para aumentar la competitividad. Sin embargo, descuida variables internas como la productividad, la investigación y el desarrollo o el capital humano y social, que son en realidad las que determinan el éxito o el fracaso de los acuerdos de comercio. Si bien es cierto que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que negocia Colombia con Estados Unidos crea las condiciones normativas para mejorar los niveles de comercio e integración, su sola suscripción no garantiza el crecimiento del comercio y la economía de los dos países. Para el Grupo de Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, las ganancias a obtenerse con el TLC estarán vinculadas a la forma en que el país implemente el acuerdo, para lo cual reviste particular importancia la participación del Estado, tanto en la adecuación de las políticas macroeconómicas como en la transformación de sus instituciones. Según los investigadores, esto implica una mirada más amplia de los objetivos del comercio internacional, donde se evalúe el impacto del cambio institucional y no se limite a la simple reducción arancelaria. Por tanto, Colombia debe establecer claramente las consecuencias que tendrá un acuerdo de esta magnitud, no sólo para la economía y el comercio, sino también para las instituciones a nivel local, regional y nacional.
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En una sociedad donde el crecimiento económico está aislado del crecimiento social, se tiende a observar, en gran proporción, una calidad de vida marginada, marcada por la exclusión social y la falta de pertenencia, en donde el desempleo, la pobreza, el desplazamiento, etc., son fenómenos que amenazan a largo plazo los procesos competitivos y productivos del país. De cierta forma, el Gobierno, a través de sus instituciones, ha trabajado en la disminución de estas anomalías y ha obtenido resultados no muy significativos; en cierto sentido, cuando se habla de un 48,3% de personas pobres y un 12% de personas desempleadas en Colombia [DANE, 2009], es comprensible. En esta situación, toma importancia el rol en la empresa del sector privado; aquel conjunto de organizaciones con una nueva tendencia en su pensamiento: social en su visión, pública en su imagen y privada en su operación [Restrepo, 2009]. Esta nueva alternativa de adaptación crea escenarios para la aplicación de un modelo que mida la cohesión social ejercida por la empresa y, por consiguiente, una red que genere más impacto en el crecimiento social de la sociedad, equiparable con su crecimiento económico.