999 resultados para Corrupción administrativa


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Analizar y presentar los datos sobre el desarrollo de la escuela primaria en Cuba durante el periodo de 1858-1859 que justifique la existencia de una realidad educativa. Analizar las decisiones políticas, órdenes y reglamentos establecidos en los distintos mandatos presidenciales. Analizar las distintas acciones llevadas a cabo por las autoridades cubanas y las directrices educativas desarrolladas. Analizar las instituciones y corrientes pedagógicas influyentes en la escuela primaria y en Cuba. Analizar la importancia de las decisiones políticas respecto la educación adoptadas por los distintos gobiernos. Fuentes primarias: disposiciones oficiales, decretos, leyes, circulares relacionadas con la legislación escolar. Fuentes secundarias: fuentes bibliográficas vivas, documentos inéditos. Utiliza el método histórico-pedagógico por el cual las diferentes fases en las que analiza el proceso educativo en Cuba van aclarando los planteamientos de la investigación. Utiliza los materiales del trabajo de grado, los documentos del Archivo de la Universidad de Salamanca y documentos de los archivos de Cuba. Método histórico-pedagógico. La investigación analiza durante el perido objeto de estudio (1898-1959) la evolución política del país, las normas legales promulgadas desde el Ministerio de Educación respecto la organización de la educación en las escuelas primarias y los diferentes planes de formación del magisterio y la forma de acceso y actuación del magisterio en las escuelas de primaria. La independencia de Cuba de España no implicó el constituirse Cuba como un estado independiente, ya que pasa de la Administración española a la Administración estadounidense, surgiendo dos sentimientos que pervivieron durante todo el periodo de estudio: anexionistas que desean que se una Cuba a Estados Unidos e independentistas que apostaban por una Cuba libre. Durante el periodo de Administración estadounidense se reoganiza en Cuba toda la enseñanza primaria y se establece por primera vez unos planes formativos para el magisterio, que no habían existido durante el periodo de dominación española. Con la segunda intervención estadounidense en la República de Cuba se promulga la primera Ley Escolar que supone la articulación del sistema de enseñanza e inspección, produciendo una reforma educativa en las escuelas rurales. Posteriormente destacan las experiencias educativas puestas en práctica bajo el impulso del que llegó a ser presidente de la República Fulgencio Batista: desarrolla un proyecto educativo con la intervención de militares como maestros en vastas zonas rurales. Las reformas pretendidas por la escuela rural chocan con los intereses de las grandes corporaciones, dueñas de la mayor parte de la superficie cultivable que conllevan a situaciones conflictivas que se traducen en escasez de escuelas y de recursos destinados a la educación. Aparecen intentos aislados de mejora de la enseñanza dirigidos a toda la población tratando de erradicar el alto índice general de analfabetismo: escuelas nocturnas, escuelas en las cárceles, escuelas ambulantes; pero la carencia de profesionales y de recursos limitó su actuación. La enseñanza privada funciona de forma paralela a la pública, dirigida hacia la élite de la sociedad cubana de la época. Se observa un funcionamiento muy irregular y un escaso control estatal. A partir de la Constitución de 1940 y el surgimiento del movimiento de protesta 'Por la escuela cubana en Cuba libre', integrado por los representantes más destacados de la vida política e intelectual de Cuba, se manifiestas en contra de los centros privados. La carencia de escuelas, fundamentalmente en la Zona Oriental constituyó un grave problema, se impone la necesidad de actuar los militares como educadores en estas zonas bajo el mandato de Batista, ante la carencia de profesionales. En relación al alumnado se constata una escasa escolarización y falta de asistencia a clase respecto al número de alumnos matriculados, evidenciándose esta situación en la zona oriental, donde los niños trabajan asiduamente en el campo. La organización escolar de los centros pone de manifiesto la problemática de una organización jerárquica con cargos designados fundamentalmente por políticos, evidenciándose problemas de corrupción durante los mandatos de Gerardo Machado y Pío Socarrás: promulgaron una serie de leyes favorecedoras de dicha situación, destacando la denominada 'Inciso K' a través de la cual se designaron maestros e inspectores desde la administración de forma paralela a la realización de pruebas de oposición establecidas para el acceso a los puestos. Se observa una carencia de organización administrativa educativa puesta de relieve en los programas de las materias, en los planes de estudio o en la carencia de niveles escolares dentro de las escuelas. Las irregularidades en el nombramiento de maestros unido a la escasa formación pedagógica del magisterio en general y la localización de las Escuelas Normales dificultó el acceso del alumnado de zonas rurales a la realización de cualquier tipo de estudios diferenes a los elementales. Los distintos gobernantes de Cuba dirigieron sus esfuerzos hacia otros ámbitos diferentes al de la escuela, que siempre quedó relegada a un segundo plano. La escuela en Cuba nace bajo la gestión y administración de los Estados Unidos, que intentan que la enseñanza primaria llegue a todos los rincones de la isla, desarrollando un sistema propio de formación del magisterio a través de cursos de verano. A pesar de sucederse distintas leyes educativas no será hasta 1944 cuando se desarrolle un verdadero Plan Educativo, perfectamente planficado. Se suceden iniciativas aisladas pero la tónica general es la desconexión entre las necesidades de la escuela y los objetivos planteados por la Administración. La corrupción política es una constante en este periodo que implicará tanto a maestros, inspectores e incluso a los propios ministros de Educación. Las dificultades económicas en Cuba, la lucha entre el gobierno y la guerrilla, la inestabilidad política suponen graves dificultades para la provisión de maestros en determinadas zonas rurales y dificultó la asistencia de los alumnos, fundamentalmente de la zona oriental, a la escuela. La guerrilla apuesta desde el principio por una educación primaria del pueblo, creando escuelas en aquellas zonas donde se establecen. La Ley de 1944 constituye una apuesta firme de reforma educativa, elaborada y planificada por destacados educadores cubanos, en un intento de dinamizar y renovar la escuela.

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La policia administrativa, una de les més clàssiques formes d'intervenció pública en l'esfera jurídica dels particulars, ha vingut caracteritzant fins a temps recents l'acció administrativa en el sector dels aliments. No obstant, les limitacions que sembla presentar aquesta forma d'intervenció davant el riscos que avui emergeixen de tal sector, i en particular de l'industria alimentària, han propiciat la construcció d´un nou i, fins a cert punt, complex sistema, caracteritzat a grans trets per la intersecció entre agents públics i privats: els sistema d´anàlisis i gestió de riscos.

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School management is a recent worry in the history of Brazilian education. Still today the administrative theories from the industrial business model are reference for education, despite its specificities. This situation is not a misconception. Care is necessary to attempt to the goal differences from schools to companies. The aim of this research was to analyze the influence of administrative practices in the quality of education in the Brazilian state of Pará, taking as empiric reference the educational-administrative reality of the 10th Educational Regional Unit (ERU), in the period from 2007 to 2010. The study was made by means of document analysis, questionnaires and the revision of theoretic fundaments, analyzing the results of the national exams of high schools and the practice of ERU school directors and schools of the same unit. Our conclusion is that among managers, the is a lack of knowledge and lack of practice of an adequate theory for education, what has created problems to the students evaluation, whose right to success is guaranteed by the Federal Constitution of Brazil. The academics and managers of education would need to discuss and reach the propositions of a management theory that meets the aims and goals of education

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A motivação organizacional é assunto que vem sendo estudado mais profundamente com o passar do tempo, buscando entender o que realmente faz com que o colaborador se sinta motivado para desenvolver suas atividades laborais. A fim de atingir o objetivo proposto nesta pesquisa foram estudados os aspectos motivacionais no ambiente de trabalho da área administrativa do hospital filantrópico Divina Providência, localizado no município de Marituba integrante da área metropolitana do Estado do Pará e, qual a percepção dos clientes em relação aos serviços prestados por estes profissionais. Para tanto, a primeira parte do estudo, apresenta uma pesquisa bibliográfica, com o objetivo de coletar contribuições de diversos autores sobre o tema motivação Estes aspectos foram estudados sob a égide de estudiosos como Maslow, Herzberg, McGregor, Aldefer e Adams. O estudo justifica-se pela necessidade de serem obtidos dados que dizem respeito a aspectos objetivos e subjetivos que podem ser captados ou não na correlação entre os fatores motivacionais e o êxito dos serviços realizados. Face à natureza do problema, este estudo de caso tem como procedimento metodológico a aplicação e a análise de três questionários em três amostragens: colaboradores da área administrativa sem cargo de chefia, colaboradores que possuem cargo de chefia na área administrativa em dados sobre motivação laboral, clientes sobre a qualidade de serviços prestados pelo hospital. Por um lado, os dados evidenciaram uma visão realista em relação a motivação dos colaboradores. Mostrando ainda uma visão positiva em relação à qualidade dos serviços prestados. Os resultados expostos conseguiram demonstrar quais os principais fatores que representam a motivação dos colaboradores no trabalho além de visualizar a satisfação dos usuários com os serviços prestados.

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Esta investigación se llevó a cabo con el objetivo de develar los mecanismos que utilizan los periodistas y medios de comunicación para construir las noticias de todos los días. ¿De qué o de quiénes depende el enfoque o puntos de vista implícitos en la información? ¿Sobre la base de qué se seleccionan a los temas que se publican? ¿Cuál es el modelo dominante que se presenta en las noticias? Estas son algunas de las interrogantes que este libro busca contestar. Para abordar el vasto tema de la corrupción pública la autora realiza una investigación sobre el “Caso piponazgo” producido a partir de la denuncia de una diputada contra un ex presidente del Congreso Nacional, quien, por esta denuncia, se convirtió, además, en el primer ex presidente de la república que ha ido a prisión. La autora analiza –utilizando métodos cuantitativos y cualitativos– cómo el tema fue cubierto por un medio de comunicación escrito, en un período de cuatro años (agosto de 1997 – mayo de 2000), y realiza un análisis periodístico que toma en cuenta el espacio otorgado a la información, la ubicación de la noticia, el titular, el recurso gráfico y las relaciones existentes con casos o hechos paralelos. Para el estudio cualitativo, la investigación incluyó entrevistas con el fin de conocer las motivaciones de los comunicadores sociales que construyeron estas informaciones, la política del diario y de su director, y cómo esto incidió en el enfoque que prevaleció en la mayoría de las noticias sobre este tema.La investigación revela que el periódico tenía una línea o política para el tratamiento de este caso, así como la predisposición de los periodistas para favorecer o desfavorecer a los implicados.

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El tema relativo al control en la administración pública y aún en el ámbito privado, es un aspecto presente en la administración de todo país, su presencia es parte fundamental para garantizar el debido desarrollo de las actividades privadas y públicas, desde empresas pequeñas hasta los órganos de más alto nivel de todo Estado. Todos los ordenamientos jurídicos de los países, y no por excepción el nuestro, mencionan diferentes organismos de control con los que cuenta el Estado, y que tienen ámbitos de competencias exclusivas y funciones especiales, sin embargo de ello no escapa la existencia de ciertas complicaciones para el ejercicio de la actividad de control por el Estado, ya se deba a falencias en cuanto a: la gran diversidad de órganos de control previstos en la Carta Magna; la verdadera necesidad de su existencia; al eficaz cumplimiento de sus actividades; la interferencia de unos respecto de otros; a la existencia de corrupción dentro de ellos; entre otros. El presente estudio a través de un análisis jurídico-critico del desarrollo de la actividad de control en general y especialmente de dos de los órganos de control previstos en la Constitución Política Ecuatoriana de 1998: Contraloría General del Estado y Comisión de Control Cívico de la Corrupción, así como del modelo adoptado en la actual Constitución Política de la República del Ecuador (2008), pretende deslumbrar un deber ser de un órgano de control, tanto a ejercerse por un órgano contralor como por un órgano anticorrupción, como la posible interferencia entre los mencionados órganos.

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La Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción, establecen que la inhabilidad para contratar con el Estado de los contratistas incumplidos y también de los adjudicatarios fallidos, una vez resuelto por parte de la Administración Pública la terminación unilateral y anticipada de un contrato de obra, bien o servicio o la negativa del oferente a suscribir el contrato, será de cuatro y tres años respectivamente, contados a partir de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, en la práctica la sanción o inhabilidad del contratista o adjudicatario fallido sancionado, va más allá de lo que la Codificación de la Ley de Contratación Pública y el Reglamento Sustitutivo para el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos, Registro de Contratos, Registro de Garantías de Contratos y Régimen de Excepción determinan. De hecho la sanción impuesta al contratista incumplido o al adjudicatario fallido, por parte de la administración pública, empezaba desde el momento mismo en que la Contraloría General del Estado tomaba conocimiento de la resolución de terminación unilateral y anticipada del contrato, mediante la cual resolvía, entre otras cosas el registro como contratista incumplido o adjudicatario fallido en la entidad de control, incumpliendo de esta manera lo que la Ley y el Reglamento prescribía respecto a que la sanción produciría efecto desde la fecha en que la entidad pública emisora de la sanción ejecutaba la garantía de fiel cumplimiento del contrato o de seriedad de la oferta, según el caso.

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Según la Ley y la doctrina la acción de lesividad se creó para aquellos casos en los cuales los actos que resulten lesivos al interés público y no puedan ser revocados por la propia administración no queden aislados del control de la legalidad. Por esta razón, es necesario incorporar reformas a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con la finalidad de que se eviten vacíos e incongruencias legales, permitiendo con ello, el ejercicio del control de la legalidad en materia contencioso administrativa en el Ecuador, sobre la base del respeto a los derechos y garantías constitucionales.El recurso de lesividad es una institución jurídica, nueva, desconocida y que no tiene mayor aplicación en sede judicial. Esta acción de lesividad procede cuando resulta imposible, en sede administrativa, revocar un acto administrativo, que se encuentra firme, y que generó derechos subjetivos, que están en ejecución, o han sido ejecutados. Entonces la administración pública a fin de eliminar del mundo jurídico un acto ilegítimo, que importa agravio al Estado de Derecho, debe acudir al órgano judicial para que expida la sentencia en la que declare nulo o lesivo el acto expedido por la autoridad. Ese accionar de la administración, accediendo a sede judicial con el fin de preservar el imperio de la legitimidad, se denomina acción de lesividad.

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La presente investigación tiene como propósito principal el determinar de forma fehaciente si la Acción de Amparo hoy denominada Acción de Protección es o no mal utilizada por parte de los sujetos que han planteado la antes prenombrada acción como medida de protección o amparo a la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y que estos actos u omisiones se hayan derivado de cualquier autoridad pública no judicial o cuando existan políticas públicas que nieguen o restrinjan el goce de los derechos reconocidos en la Constitución. Uno de los problemas más recurrentes que existe dentro del tema planteado es que, quienes han utilizado la acción de amparo como medio de reparación frente a la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, primero han optado por esta vía, la cual sin lugar a dudas se encuentra estipulada tanto en la anterior Constitución en su artículo 95, como en la actual Constitución en su artículo 88 lo cual permite a cualquier ciudadano en uso de sus Derechos Constitucionales accionar el órgano jurisdiccional competente y ejercer la correspondiente acción en pos de la protección de sus derechos. Más sucede que la legislación ecuatoriana en lo que tiene que ver con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, estipulan dentro de su normativa los lineamientos y procedimientos que se deben ejecutar, cuando se haya omitido o actuado de forma arbitraria por parte de una autoridad pública. En el presente trabajo realizaré un análisis de casos en los cuales se podrá demostrar que, quienes utilizaron la Acción de Amparo hoy denominada Acción de Protección no observaron en primer lugar los procedimientos administrativos que la Ley a previsto para estos casos y que luego de no ser aceptada la Acción de Amparo optaron por presentar la 4 Acción Contencioso Administrativa o también conocida como Recurso Subjetivo de plena Jurisdicción. A mi entender y luego del estudio propuesto debo señalar que la mala aplicación de esta acción, a lo único que ha llevado es a congestionar el sistema judicial, porque en todos los casos analizados luego de haberse planteado la acción de amparo se continuó con la interposición de la correspondiente acción administrativa. Dentro del trabajo se recurre a un estudio entre otras fuentes de las normas contenidas en la Constitución ecuatoriana codificada en 1998, así como de la nueva Constitución del 2008, en donde realizamos un estudio crítico a cerca de la aplicación del amparo en los actos administrativos. Entre los principales temas abordados en la presente tesis, podemos sintetizar los siguientes títulos, en donde abordaremos: El Amparo en el Ecuador; La Justicia Constitucional en el Ecuador; El Amparo y el Acto ilegítimo; en el cual lo que queremos enfatizar es la forma en la cual se ha llevado esta institución jurídica en el Ecuador. En su segundo capítulo trataremos de relacionar de forma jurídica al Amparo y su aplicabilidad dentro de los procedimientos administrativos puntualizando al amparo y la supremacía Constitucional, la utilización del Amparo en los Actos Administrativos, destacando también la aplicabilidad del amparo dentro de los Actos Administrativos, enfatizando justamente en el mal uso que se le da a esta institución jurídica en nuestro ordenamiento jurídico interno. Terminaremos el presente trabajo con un análisis de casos reales en los cuales se han establecido las dos acciones dentro de un mismo caso y en donde demostraremos que existe una mala aplicación de esta acción.

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Sobre la base del principio de justiciabilidad de los actos administrativos, consagrado en el artículo 196 de la Constitución Política de la República del Ecuador y de la anacrónica clasificación del recurso contencioso administrativo en: subjetivo o de plena jurisdicción y objetivo o de anulación, establecida en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he desarrollado esta tesis que tiene como propósito fundamental determinar el marco legal que en el ámbito ecuatoriano, permite la activación de la justicia contencioso administrativa. Las reformas constitucionales de diciembre de 1992, otorgaron a los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, competencia para conocer y resolver, en única instancia y mediante la interposición de los recursos contencioso administrativos antes indicados, las impugnaciones de los actos administrativos y normativos expedidos por la Administración en ejercicio de la potestad estatal; atributo que hasta entonces había correspondido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional. Tales presupuestos constituyen el fundamento de esta tesis que aborda también, temas necesariamente inmersos en la justicia contencioso administrativa, como administración, justicia, principios de legalidad y constitucionalidad, autotutela administrativa y tutela jurisdiccional final; distinción entre los recursos subjetivo y objetivo y la acción de lesividad, los términos legales previstos para su ejercicio, los operadores de la justicia contencioso administrativa, y, finalmente, la determinación de los asuntos sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo vigente.

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En este trabajo se investigan los usos que los operadores jurídicos ecuatorianos hacen del llamado principio de legalidad administrativa, para, luego de una confrontación con los presupuestos teóricos que lo fundamentan y de la evaluación de su correspondencia, plantear las reformulaciones teóricas pertinentes.

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El siempre difícil manejo organizacional del sector público ha exigido a sus dirigentes a ampliar su perspectiva y utilizar criterios administrativos que les permitan ser más eficientes en sus actividades, optimizando los limitados recursos estatales que poseen. El Cuadro de Mando Integral -CMI- nace en la década de los noventas, de la mano de David Norton y Robert Kaplant, con el objetivo de mejorar la medición de los resultados institucionales basados en la estrategia organizacional. El aporte de este “termómetro de resultados” radica en que combina cuatro perspectivas fundamentales dentro de toda organización: Perspectiva de aprendizaje y crecimiento, perspectiva interna, perspectiva del cliente y perspectiva financiera; todos estos enfoques están estratégicamente enlazadas y relacionadas. El presente trabajo busca desarrollar la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento del CMI, aplicado a la Secretaría Técnica Administrativa del CONESUP, alineado a las estrategias de enfoque al cliente (usuario) y optimización de Costos. Para esto se basa en el análisis del Capital Humano: empleados, colaboradores y sus respectivas habilidades; Capital Intelectual: Software, base de datos, CRM, mejores prácticas; Preparación Organizacional enfocada al usuario; Competencias: Sistema de Gestión de Calidad, optimización de procesos.