982 resultados para Voluntad
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Este trabajo pretende hacer énfasis, en la dinámica participativa para el fortalecimiento de la capacidad institucional, y expresiones de voluntad política, en el marco de un conflicto armado, con relación a la Problemática del Desplazamiento. Para medir estas voluntades políticas y presencia participativa 4 de los integrantes en el proceso, se tomarán como base las propuestas de petición de fondos, previo estudio de los comités temáticos proporcionales a los componentes del Plan de Acción Humanitaria. En ese orden de ideas esta investigación pretenderá responder al siguiente cuestionamiento: ¿Qué efectos ha generado el Plan de Acción Humanitaria, en la participación y formulación de políticas para la atención a la población desplazada en ONG, el sistema de las Naciones Unidas y el Estado Colombiano
La política de seguridad y defensa común europea, el mayor desafío a la integración política europea
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La presente monografía parte de la hipótesis de que la Política Europea de Seguridad y Defensa es el mayor desafío en el marco de la integración política europea porque establece el termómetro de la voluntad política de los Estados y la defensa de la soberanía nacional, ya que lastima sentimientos nacionales, años de historia y tradición. A lo anterior se suma, que las divisiones internas bajo los países europeístas, los países pro OTAN, los países neutrales y los países nuevos son profundas respecto a la relacion trasatlántica y el modelo intergubernamental y, de esta manera, dificultan la velocidad de la integración política en la construcción europea. 5 El enfoque adoptado para analizar el problema planteado es el institucionalismo liberal que establece la primacía del Estado en las relaciones internacionales para la defensa de la soberanía nacional pero sin negar la importancia de las organizaciones internacionales para el proceso de integración europea En primer lugar, el objetivo de la presente monografía es analizar las debilidades que presentan la PESC en el proceso de construcción europea y cómo las debilidades afectan la integración política europea. El primer capítulo, Hacia la construcción de la PESC analiza los inicios de la integración europea en la década de los años cincuenta cuando los motivos descansaron esencialmente en razones de seguridad, razones que condujeron posteriormente a la creación de la PESC en 1992 con el Tratado de Maastricht, antes de analizar la construcción de la PESC en los últimos años de integración europea. En el segundo capítulo, ¿En que medida la PESC afecta el proceso de integración europea?, se demostrará si realmente los retos y obstáculos de la PESC son el mayor desafío de la integración política europea. Tomando como marco la defensa de la soberanía nacional en los asuntos de seguridad y defensa se presentarán las diferentes divisiones por la relación trasatlántica, evidentes desde los inicios de la construcción europea. Del mismo modo, las razones por las cuales la PESC se constituye en el mayor desafío para la integración plena de la integración europea. Por último se presentan las conclusiones generales pertinentes al trabajo. Finalmente, a título personal deseo afirmar mi pasión por el estudio de la integración europea porque me permite observar cómo los Estados europeos defienden sus sentimientos nacionales llenos de orgullo y tradición, frente al proceso en el que se aventuraron hace más de cincuenta años después de dos guerras mundiales. De este modo, la presente monografía se convierte en el inicio de mi estudio profesional por las políticas europeas.
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El principal objetivo de esta monografía es, entonces‚ generar una serie recomendaciones prácticas que permitan demostrar las posibles consecuencias de uno o varios procesos de integración, y cual de ellos es más recomendable para suplir las necesidades de Colombia frente a la voluntad de una integración regional.
Anuari de l'educació de les Illes Balears 2005.'Anuario de la educación de las Islas Baleares 2005'.
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Resumen tomado de la publicación
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Resumen tomado de la publicación
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Resumen tomado de la publicaci??n
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Este trabajo tiene como objetivo el interés que me asiste de tratar de una manera amplia, no sólo limitada a la mera descripción de normas y a la citación de doctrina y jurisprudencia, las acciones revocatorias de la Ley 222 de 1995 y 550 de 1999. Si bien estas figuras jurídicas se nutren del régimen general del Derecho Civil, presentan unas peculiaridades que merecen ser estudiadas detenidamente ya que operan en marcos distintos. Partiendo de la base de que el tema de la manifestación de la voluntad se encuentra íntimamente ligado al de la confianza que debe regir el tráfico jurídico, cuando una persona natural o jurídica incursiona en el mundo del comercio adquiriendo la calidad de comerciante con los derechos y obligaciones que esto implica, sus actos no sólo afectan a las personas que directamente negocian con él, sino a la sociedad misma; así por ejemplo, las altas tasas de interés responden a elevados niveles de riesgo generados en parte por la desconfianza que tienen los prestamistas de recuperar su dinero. Las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999 que forman parte del ordenamiento jurídico comercial colombiano, regulan lo tocante a la crisis económica de la empresa, vista ésta como una unidad de explotación económica que no sólo responde a sus propietarios sino a la sociedad donde se desenvuelve; de ahí la autonomía del Derecho Comercial en general y del concursal en particular. El empresario en concurso, quiebra o reestructuración económica sufre una limitación en su capacidad dispositiva ya que sus bienes están sometidos a distintos regímenes jurídicos hasta que terminen los procesos y se haya cumplido total o parcialmente con las obligaciones que tenía vigentes.
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Se presenta desde el punto de vista histórico-jurídico, el papel de los Actos Políticos o de Gobierno en la formación constitucional de la República de Colombia y su tratamiento y control en las Constituciones colombianas de 1821 a 1991.
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El suicidio asistido como una posible opción al final de la vida, es una idea que hasta ahora está siendo considerada, ya que existen argumentaciones a favor y en contra que han generado controvertidos debates a su alrededor. Algunos de los argumentos en contra están basados en los principios de las instituciones religiosas de orden cristiano, las cuales defienden el valor sagrado de la vida de las personas y la aceptación del sufrimiento como un acto de amor profundo y sumisión a los mandatos de Dios, el creador. Mientras del lado contrario, se encuentran quienes defienden el procedimiento, impulsando la autonomía y la autodeterminación que cada persona tiene sobre su vida. La revisión de la literatura realizada no sólo permite ampliar los argumentos de estas dos posiciones, sino que también permite conocer la historia del suicidio asistido, la posición que este procedimiento tiene en diferentes países del mundo, incluyendo a Colombia, y finalmente se presentan las contribuciones de la psicología entorno al procedimiento en discusión.
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María de Cristo religiosa del convento de Santa Clara hermana y heredera testamentaria de Juan Peláez Sotelo, difunto, reclama sobre dinero que el Colegio Mayor del Rosario quedó debiendo a su hermano al ser Rector. El expediente comienza con la petición dirigida al presidente de la Real Audiencia de Santafé, seguida de documentos probatorios de la herencia y última voluntad de Juan Peláez que hacen referencia a los dos mil cuatrocientos cincuenta y dos patacones y un quartillo que prestó al Colegio para su manutención.
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Différents points de vue pour déterminer la portée du secret des délibérations dans certains tribunaux internationaux ont débouché sur le fait que les juges aient le droit de présenter des opinions séparées; alors que d’autres n’ont pas ce droit. En tenant compte du rôle et des objectifs des missions internationales, les juges devraient avoir le droit de présenter des opinions séparées, de la même façon que dans le système de common law et dans un grand nombre de tribunaux constitutionnels.Cependant, ces analogies ont joué un rôle marginal dans les travaux préparatoires du Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale en 1920. D’autant que les Etats ne trouvaient pas orrect qu’une opinión juridique d’un juge international soit condamnée a l’anonymat comme consequence du principe du secret des délibérations, ceci comme conséquenced’un «technicisme» relatif au fait que ladite opinion était contraire à la position majoritaire de la Cour au moment de voter le projet de la décision.Les règles générales de droit international public garantissent un pouvoir autonome au pouvoir judiciaire international. Selon les règles de procédure des tribunaux internationaux, les juges ont le droit de se prononcer avec une opinion séparée, même si ce droit ne se trouve pas typifié de façon expresse dans le Statut ou dans le traité constitutif de l’organisation. Cette règle est présumée à moins qu’il y ait eu une claire volonté des Etats dans le sens contraire.Le droit relatif aux opinions séparées peut être analysé sous la perspective des juges en tenant compte de leur droit à la liberté d’expression. En ce sens, un juge international peut avoir la liberté pour démontrer, de façon systématique, par le biais d’opinions séparées, les vides argumentatifs de la majorité, en évitant un style qui puissent être offensif envers ses collègues. Cette façon de s’exprimer est considéré inoffensive envers l’autorité judiciaire.Les effets positifs par l’absence, ou l’interdiction, d’opinions séparées, en relation avec l’indépendance des juges internationaux ne sont pas faciles à mettre de côté. Cependant, ce genre des mesures restrictives à la liberté d’expression n’est pas suffisamment effectif ni proportionné pour légitimer l’objectif du juge. Il y a des instruments bien plus effectifs y moins restrictifs qui mènent au même résultat (par exemple, un seul mandat, non renouvelable, des juges nternationaux).
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El principio de responsabilidad que lleva a que todo Estado proteja su población en el interior de sus fronteras contra crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o limpieza étnica fue admitido y reconocido en el documento final adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en la conferencia mundial del año 2005. A partir de esa fecha, la noción de responsabilidad de proteger es objeto de un profundo trabajo de reflexión en el seno de las Naciones Unidas, aprovechando que tiene un amplio apoyo de la comunidad internacional, aunque también tiene sus detractores. La presente contribución tiene por objeto mostrar, independientemente del proceso de intención hechos al concepto, las preguntas y dificultades que su aplicación puede acarrear en las diferentes fases de su ejecución por parte del Estado al que le corresponde en primer lugar; o a la comunidad internacional que asume esa responsabilidad, a modo subsidiario, en caso de imposibilidad o de falta de voluntad del Estado hacia el cumplimientode esta obligación. Precisar los diferentes medios y condiciones que conlleva la noción de responsabilidad de proteger. Hoy en día se ha vuelto apremiante en la medida en que hechos como los de Libia han hecho que sea necesario pasar de la teoría a la práctica en lo relativo a este concepto.
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La idea de la voluntad del pueblo como expresión de la soberanía es propia de la teoríapolítica que busca explicar el origen del Estado moderno liberal. La compatibilidad entre lalibertad individual de sujetos considerados iguales y el ejercicio del poder político requierepensar a los ciudadanos como sujetos libres, y esto se logra cuando el poder que se ejercesobre ellos se concibe como un poder que nace solo de los propios ciudadanos. En laconcepción individualista de la democracia, los derechos de los individuos son anteriores ytienen primacía sobre la pertenencia a la sociedad. Sin embargo, no es necesario asumir estaconcepción para defender esa primacía. Se la puede defender solo respecto de las decisionesde la sociedad. Desde esta posición, es posible concebir el conflicto entre soberanía populary derechos humanos. La transición política uruguaya ejemplifica esa posibilidad. A través de un referéndum y un plebiscito convocados por la propia sociedad, la mayoría avaló laLey de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide los juicios por los gravescrímenes cometidos durante la dictadura. La Corte idh declaró, en el 2011, que esa decisiónpopular violaba la cadh y que la soberanía popular está sujeta a los límites que le imponenlos derechos humanos. Los análisis de esta decisión se han centrado en la obligación del Estadode acatarla, pero no en lo que ella significa para la comprensión contemporánea de lademocracia. Eso es lo que pretendo hacer en este artículo, a través de dos tesis: el conflictose mantiene si el concepto de democracia es un concepto procedimental; y la Corte idhofrece un concepto que abre un camino a la solución del conflicto.
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The Inter-American system for the protection of human rights provides that disputesbetween States and victims of human rights violations or their representatives can beresolved through a friendly settlement. In this arrangement, conducted before the regionalorgans of protection of human rights, the State accepts its international responsibility,commits itself to investigate and judge the responsible and makes commitmentson compensation to the offended, the victims, on his part, renounce to take the caseto the Inter-American Court of Human Rights, and the Inter-American Commissionmonitors the legal consistency of the agreement and holds the role of independentobserver. What are these agreements, what possibilities and limitations provide to theopposing parties and, above all, what kind of reparation offer to victims of humanrights violations are issues to resolve in this article.
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Este artículo pregunta de qué manera el creciente interés canadiense en promover la construcción de paz en Colombia puede ser vinculado a una forma particular en la que una fracción de la sociedad civil colombiana—el sector privado—se ha comprometido con la construcción de paz. En efecto, muchas empresas y grupos de empresas han comenzado a invertir en proyectos productivos en zonas de conflicto con el fin expreso de superar el conflicto, con base en esfuerzos desde lo local. El diagnóstico en el que se basan estas iniciativas plantea que los costos económicos que impone el conflicto son demasiado altos, que la paz duradera va de la mano del desarrollo y que los intereses empresariales de largo plazo dependen de la solución del conflicto. Un factor importante que promueve el surgimiento de estas iniciativas empresariales es la disponibilidad de recursos externos, que permiten traspasar el umbral entre la voluntad y la acción efectiva. Ello apunta al importante papel que la ayuda externa canadiense puede cumplir en la promoción de estas formas innovadoras de construcción de paz en Colombia.