585 resultados para Penal de El Dueso (Santoña, Cantabria)


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Una mejora del modelo de justicia juvenil para el procedimiento de evaluación del riesgo en los usuarios está basado en el juicio profesional o clínico y en el procedimiento actuarial, quedando patente en el trabajo que presentamos la según opción tal y como ha demostrado Andrews y Bonta (2003) y Garrido (2003). Se presenta la adaptación del YLS/CMI de Andrews y Bonta (2002) a población de justicia juvenil española, concretamente el IGI-J, que ayuda a planificar el PIEM dentro del marco de la justicia penal de menores.

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Si la “cuestión de la identidad” atraviesa todos los procedimientos judiciales, no siempre lo hace de la misma manera. Diversas son las formas en que se identifican a las personas así como los modos en que se conceptualizan y se llevan adelante esas formas de identificación y diversos son también los usos que se les asignan. Así pues, este trabajo pretende reflexionar sobre algunas prácticas de identificación, tales como la “rueda de reconocimiento” y otras, que tienen lugar en el mundo de la Justicia Penal. Interesa dar cuenta de cómo la “cuestión de la identidad”, la necesidad de determinar la identidad de las personas, atraviesa los procedimientos judiciales penales, sirviéndose para ello de diferentes materiales y adoptando usos y sentidos diversos.

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El Derecho, como sistema de regulación de conductas, establece cuáles están permitidas, prohibidas u ordenadas. En el caso del aborto, un enfoque conservador se orienta a su prohibición absoluta, lo que equivale a que el sistema legal indica que todos los embarazos deben culminar en nacimientos, proscribiéndose cualquier intervención en ese transcurso. No obstante lo anterior, existe otra tendencia en materia de aborto: aquella orientada a su permisión en determinados supuestos que son más bien excepcionales. En ese contexto, algunos ordenamientos jurídicos otorgan tratamientos diferentes al aborto que se produce en circunstancias en los que las mujeres no han podido decidir sobre el embarazo, pues las relaciones sexuales les fueron impuestas, como es el caso de las víctimas de violación sexual o en circunstancias en las que a mujeres a quienes han consentido continuar con su embarazo se les indica médicamente que el feto tiene malformaciones que hacen no viable su vida extrauterina. No es el caso peruano en que ambas situaciones son consideradas delitos.

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Fil: Ibarbia, María Milagros. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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Frente a la necesidad de generar propuestas analíticas que abandonen la perspectiva primordialmente jurídica de la problemática de la inseguridad civil, centrada en el debate por más/menos penas, libertad condicional/ encierro prolongado e incorpore nuevos elementos que enriquezcan la mirada sobre esta problemática, la siguiente investigación se propone dar cuenta del funcionamiento de una Asesoría Pericial, en su contribución específica en la designación de la peligrosidad de los acusados. Si se considera la "cuestión criminal" como una construcción social, cabe preguntarse: ¿quién realiza esa construcción? y ¿dentro de qué marco institucional?, ¿cómo se realiza?, ¿en función de qué criterios o parámetros? El juez o fiscal pregunta al perito si el sujeto es o no peligroso, en función de lo cual debería o no quedar en libertad; en este marco se entrelaza el discurso científico con el discurso jurídico, representante éste por excelencia del poder simbólico, poder de nombrar y designar, poder de establecer la mirada legitima sobre el mundo social. Desde esta posición de poder, se decide sobre el destino de las personas, sobre su libertad, sobre su inocencia o culpabilidad. Se pone en el centro de la mirada institucional al acusado, a su familia, a su medio comunitario y social. ¿En qué consiste y en función de qué criterios se construye la categoría "peligrosidad" en el discurso y prácticas de los peritos Asistentes/Trabajadores Sociales?; ¿Cómo se articulan con el discurso jurídico? ¿Existen tensiones entre estos discursos? ¿Qué lugar ocupa la dimensión interpretativa - valorativa en la construcción de las mismas?

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Fil: González, María. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.

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El presente trabajo se propone reconstruir y analizar cual fue la índole y la naturaleza del proceso sociopolítico, identificado como crisis de la seguridad pública, que derivó en la reforma del Código Penal y la reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ocurridas ambas en 2004. A tal fin se realizará un análisis de medios tomando al diario Clarín como principal objeto de estudio. El análisis comparativo acerca del tratamiento allí dedicado al caso Peralta y al caso Blumberg, servirán a nuestro objetivo. Finalmente, el análisis de discurso sobre éste último caso, ayudará a identificar cual fue la relación de sentido establecida entre las demandas por él enunciadas y el papel jugado por la dirigencia política en los procesos de reforma aquí analizado

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El presente artículo tiene como objetivo analizar la dinámica que adquieren las relaciones de dominio señorial al interior del señorío de la Casa de los Velasco, Condestables hereditarios del reino de Castilla, partiendo de la forma que adopta la intrincada red de agentes y administradores señoriales a su servicio ubicados en el nivel de las aldeas y villas que forman parte de la zona oriental de Cantabria entre los siglos XIV al XVI. Para ello, estableceremos los diversos mecanismos de solidaridad, dependencia y sujeción de los cuales se vale el señor para ejercer su jurisdicción y poder de mando sobre este conjunto plural de comunidades y hombres. Es decir, nuestra intención es estudiar el proceso de construcción del poder señorial a partir de una imagen dinámica que le brinde dimensión y profundidad y que, al mismo tiempo, permita entender la constitución del dominio político señorial no sólo como una imposición de arriba hacia abajo, sino también como un espacio de negociación en permanente rearticulación que involucra tanto al señor, su parentela y clientela, como a las comunidades jerarquizadas, tanto rurales como urbanas, que se encuentran sometidas a su poder

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La sanción del código penal en la provincia de Buenos Aires en el año 1877, fijó en el homicidio la penalidad y determinó las circunstancias del delito mediante la enumeración de los atenuantes y agravantes. El objetivo era contemplar todas las posibilidades del delito para reducir el "arbitrio judicial". Sin embargo, deteniéndonos en los cambios operados en cuanto a la ebriedad en la normativa legal y en la práctica judicial, se puede observar que la función del juez no se redujo únicamente a computar la pena según el delito. A su cargo quedó la apreciación de las pruebas y la interpretación legal. En este sentido, la ley dejó márgenes para considerar a la ebriedad como atenuante o no de la penalidad. Sin embargo, los jueces le negaron tal beneficio al imputado, lo cual marcó una ruptura con respecto al período anterior. Interpretación que estuvo determinada no por un cambio en la percepción sobre el efecto del alcohol como perturbador de la conciencia, sino por ciertos prejuicios que otorgaron una jerarquía y un valor a los motivos que pudieran cegar al trasgresor. Considerada aun como un vicio y no una patología, revelaron la condena a esta práctica social determinando que hechos ya no quedaban comprendidos como circunstancias atenuantes. En definitiva, la ebriedad posibilita apreciar el complejo proceso de codificación que consistió no únicamente en la aplicación literal de la ley sino también en la interpretación que de ella se hiciera.

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Fil: Ibarbia, María Milagros. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Argentina.