The Snail Darter, The Tellico Dam, and Sustainable Democracy — Lessons for the Next President From a Classic Environmental Law Controversy.

This presentation was the product of an invitation to speak at a symposium for students and faculty from a variety of different non-law departments at the University of Tennessee, where in 1973 I had started what became a six-year legal campaign to divert the Tennessee Valley Authority from impounding the last flowing 33 miles of the Little Tennessee River behind TVA’s Tellico Dam.

La responsabilidad del Estado por el hecho del legislador

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo xx. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.

El principio de colaboración armónica, ópticas, problemática y posibles soluciones a los conflictos

Esta investigación estudia de forma general el principio de colaboración armónica entre poderes, explora las bases teóricas que sustentan dicho principio constitucional, analiza las distintas ópticas jurisprudenciales construidas a partir de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y además abarca la problemática del principio de colaboración armónica en el contexto colombiano, con el objeto de proponer soluciones para mejorar la aplicación del principio de colaboración armónica. Con este escrito se pretende resolver las siguientes preguntas: ¿existe una base jurisprudencial sobre la cual se sustente el principio de colaboración armónica? ¿Se aplica este principio de forma efectiva en el Estado colombiano? ¿Qué alternativas permiten aplicar de forma efectiva dicho principio? ¿Existen mecanismos alternativos de solución de conflictos que puedan ayudar a mejorar la aplicación de este postulado?

Las facultades discrecionales en el estado social de derecho colombiano: una aproximación a la discrecionalidad técnica desde la doctrina y la jurisprudencia

En el presente trabajo de grado, se realiza un acopio, valoración y respectivo análisis de la jurisprudencia nacional, la doctrina especializada y la legislación vigente en Colombia en materia de Facultades Administrativas Discrecionales, con el propósito de determinar, si en nuestro ordenamiento existe diferencia de fondo en el tratamiento de la Discrecionalidad Técnica entre la jurisprudencia contencioso administrativa y la constitucional. Así mismo, se resalta que en un Estado Social de Derecho como el nuestro, es necesario que el quehacer administrativo se aproxime cada vez más a los ideales constitucionales de transparencia y justicia social, de forma tal que las decisiones que se adopten, estén siempre sujetas a los principios de legalidad y debido proceso, y en todo caso, propendan por la salvaguarda del bien común y el interés general.

Hacia la aplicación de las guías de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias en Colombia

Los precios de transferencia ocupan el interés de los Estados en el mundo actual al constituir uno de los retos fundamentales del Derecho Internacional Tributario. En el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), creada en 1961, se discutieron y desarrollaron diversas propuestas para regular el fenómeno. Estas, se materializaron en Modelos de Convenios Tributarios e instrumentos de soft law, que hoy en día constituyen los principios internacionalmente aceptados en la materia. Las Guías de la OCDE sobre precios de transferencia para empresas multinacionales y administraciones tributarias son el cuerpo normativo de soft law que se erigen, en el Ordenamiento Internacional, como el norte de las legislaciones a nivel interno para efectos de regulación de dicha temática. Su adopción por parte de los países miembros y no miembros de la OCDE se enfrenta a problemas teóricos derivados del quebrantamiento del decantado principio de reserva de ley tributaria y el respeto por la seguridad jurídica, razón por la cual su incorporación ha variado de Estado a Estado. El presente trabajo recoge la experiencia en varios países europeos y latinoamericanos y pretende proponer una fórmula de adopción en Colombia, coherente con los principios constitucionales tributarios y con virtualidad de superar las críticas realizadas por la doctrina a la aplicación directa de las Guías.

A new parenthood paradigm for twenty-first century family law in England and Wales?

There are few other areas in family law where incongruence between the legal and social positions is as evident as that concerning parenthood. Recent cases involving lesbian couples and known sperm donors serve to highlight the increasing tension between the respective roles of biology, intention and functional parenting in the attribution of legal parental status. As both legislative and case-law developments have shown, intention is central in some circumstances, but not in others. The main claim of this paper is that this ad hoc approach leads to incoherent and unsatisfactory law: instead of striving to identify a status, what we are really looking to do is to identify the people who assume responsibility for a child. Drawing upon recent case-law, this paper explores how a conceptual reform of the law could result in a principled framework which would place formally recognised intention at the heart of parental status in order to reconnect legal duty with social reality for as many children and parents as possible. Moreover, it would ensure that parental status would not be dictated by the mode of conception of the child (natural or assisted). The analysis identifies the objectives of reform before proposing a new model which, while recognising the social importance of the biological parentage link, would reserve legal status for functional parenthood.

Retributivists! The harm principle is not for you!

Retributivism is often explicitly or implicitly assumed to be compatible with the harm principle, since the harm principle (in some guises) concerns the content of the criminal law, whilst retributivism concerns the punishment of those that break the law. In this essay I show that retributivism should not be endorsed alongside any version of the harm principle. For some versions of the harm principle, this is because retributivism is logically incompatible with it, or its grounds. For others, retributivists can only endorse the harm principle at the cost of endorsing implausible positions about the content of the criminal law.

Civilian casualties and nuclear weapons: the application of the rule of distinction

This chapter considers the possible use in armed conflict of low-yield (also known as tactical) nuclear weapons. The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Advisory Opinion maintained that it is a cardinal principle that a State must never make civilians an object of attack and must consequently never use weapons that are incapable of distinguishing between civilian and military targets. As international humanitarian law applies equally to any use of nuclear weapons, it is argued that there is no use of nuclear weapons that could spare civilian casualties particularly if you view the long-term health and environmental effects of the use of such weaponry.

Just another case of treaty interpretation? Reconciling humanitarian law and human rights law in the ICJ

This chapter offers a fresh critique of the approach taken by the International Court of Justice to the relationship between humanitarian law and human rights law. In so doing, it seeks to move beyond the intractable debates that have dominated this area, offering an original account of the relationship that is firmly grounded in general international law concepts of treaty interpretation.

Anti-money laundering and governance in Latin America

This paper is designed to provide a first approach to some questions raised by the Global administrative Law Project concerning the anti money laundering system, as a global governance project, and how it works in Latin America. We address some interactions between actors at the global, regional and local level. So we have organized our presentation according to those three spaces: 1) global standards, 2) regional efforts and 3) national experiences, where we present the contrast between Brazil and Argentina.

Políticas de conteúdo local: crescimento econômico e rule of law

As chamadas Políticas de Conteúdo Local (“PCLs”) fazem parte de um grupo de políticas desenvolvimentistas adotadas em todo o mundo com o objetivo de maximizar os benefícios sociais e econômicos decorrentes de determinadas atividades econômicas. Neste trabalho, analisaram-se, principalmente, as PCLs relativas à extração e produção de petróleo e gás. O instituto é juridicamente polêmico, uma vez que, além de ser difícil de definir, é instrumentalizado por diversos atos normativos diferentes. Tal situação agrava-se com o fato de que o desenho de cada PCL pode sugerir ou impor diversas medidas de implementação diferentes, com impactos nas diferentes áreas do Direito. Considerando este cenário, aponta-se que o principal objetivo deste trabalho é a análise de transplantes ao nosso ordenamento jurídico de PCLs bem-sucedidas em ordenamentos jurídicos estrangeiros. Para isso, demonstrou-se, em um primeiro momento, que o instituto das PCLs deve ser reinterpretado à luz da Constituição vigente. Isso porque as PCLs foram criadas em uma época em que a escola desenvolvimentista principal era a keynesiana, que foi substituída atualmente pela escola do Rule of Law. Embora nosso ordenamento jurídico tenha acompanhado essa evolução (através de Emendas Constitucionais e adoção de determinadas leis), as PCLs não acompanharam e, por isso, precisam sofrer essa releitura. Nesse sentido, extraíram-se da Lei quatro elementos principais que as PCLs devem preencher para estar em consonância com o Rule of Law: (A) Benefícios aos Consumidores Finais; (B) Sustentabilidade; (C) Transetorialidade; e (D) Ampliação do Mercado de Trabalho. Em sequência, classificaram-se as diversas PCLs mapeadas, exemplificando cada uma. Ao longo da classificação, apontaram-se três critérios que facilitam a identificação das maiores dificuldades jurídicas em cada transplante: (A) Canal; (B) Natureza; e (C) Instrumento. Por fim, quatro PCLs estrangeiras bem-sucedidas foram escolhidas para uma análise mais aprofundada: a Kazakhstan Contract Agency, no Cazaquistão, a Petro Arctic Supplier Asssociation, na Noruega, o Australian Industry Participation Plan na Austrália e o Nigerian Oil & Gas Content Industry Development Act, na Nigéria. Para cada uma, é dedicada uma análise especial. As análises são seguidas pela Conclusão.

Law and economics in the civil law world: the case of Brazilian Courts

Conventional wisdom holds that economic analysis of law is either embryonic or nonexistent outside of the United States generally and in civil law jurisdictions in particular. Existing explanations for the assumed lack of interest in the application of economic reasoning to legal problems range from the different structure of legal education and academia outside of the United States to the peculiar characteristics of civilian legal systems. This paper challenges this view by documenting and explaining the growing use of economic reasoning by Brazilian courts. We argue that, given the ever-greater role of courts in the formulation of public policies, the application of legal principles and rules increasingly calls for a theory of human behavior (such as that provided by economics) to help foresee the likely aggregate consequences of different interpretations of the law. Consistent with the traditional role of civilian legal scholarship in providing guidance for the application of law by courts, the further development of law and economics in Brazil is therefore likely to be mostly driven by judicial demand.

O princípio constitucional da redução das desigualdades regionais e os campos maduro-marginais de petróleo: aspectos regulatórios e fiscais

Under the circumstances of the desestatization that penetrate Brazilian economy in the 90‟s, new features in the monopoly of oil by the Union were designed by the constitutional amendment number 9. of 1995. This deep change in the legal regime of oil sector brought the possibility of entrance to small and medium size producers in this industry, especially through the production activities developed in mature and marginal fields of oil, which are located mainly in northeast region of Brazil. Considering that the intervention of state over the economy finds its guidelines and limits in Federal Constitution disposals, the present work investigated in which way states regulation, mainly through taxation rules, has obeyed the constitutional regime in force, and specially, the reduction of regional inequalities principle. By mean, firstly, of an analysis of central concepts (mature fields, marginal fields, small and medium size producers) we observed that the imprecision over the conceptual aspect has constituted an obstacle to a specific states‟ regulation, directed to this newborn class of producers, whose growth has been pursuit by the state. That is verified in the case of concession procedures, and also, concerning the taxation system applied to small and medium size producers. Examining the main constitutional principles related to this universe which are the legality, equality, privileged treatment to small enterprises, contributive capacity, and reduction of regional inequalities we conclude that it is legally possible, a truly specific regulation, including a special taxation regime, to the small and medium size producers whose activities are concentrate over mature-marginal fields, aiming the concretization of the Brazilian state main goals

O princípio constitucional da legalidade administrativa e os limites do controle das atividades-fim das agências reguladoras pelo Tribunal de Contas da União

Analysis of the role of the Union Accounts Court on the control of regulatory agencies, with the objective of identifying the limits of the Institution s acting on the aim activities of the agencies, particularly the control limits of the Court on the merits of discretionary administrative actions, taking into account the autonomy of these entities in the model of regulatory state. Analyzes the principle of administrative legality, the control of public administration, state s action in the economy and facing regulatory agencies, their emergence, evolution and characteristics. Includes the study of jurisprudence and doctrinal differences, as for the limits of the powers conferred by the constitutional legislator to Federal Court of Audit, regarding the control of agencies aim activities, or, in other terms, their regulatory and inspector missions of market, under the principle of administrative legality. Performs analysis, based on case studies involving Court s audits on regulatory agencies. Are appreciated differences within the Institution about the their decisions effects - imposed or not - as regards the arrangements to be adopted by regulatory agencies to correct the flaws and omissions found during Court s inspections, in which content of the act of public agent, despite their technical nature, can happen the criterion of convenience and opportunity