La influencia del crimen organizado transnacional en el proceso de formulación de políticas públicas. Estudio de caso: Argentina 2001-2013

Este estudio de caso analiza la influencia del Crimen Organizado Transnacional en la formulación de Políticas Públicas de seguridad en Argentina entre 2001 y 2013. En contraste con otros estudios, se considera que la relación de estos dos fenómenos debe recoger aspectos fundamentales de un enfoque de seguridad integral y multidimensional. En el caso de Argentina, durante 2001 el Crimen Organizado Transnacional ocupó el primer lugar en la agenda pública, lo cual derivó en una serie de acciones públicas llevadas a cabo por los distintos gobiernos. Sin embargo, los casos de Santa Fe en 2012 y Córdoba en 2013 demostraron la debilidad institucional en la formulación de Políticas Públicas de este país. Por lo tanto, este trabajo pretende demostrar con los casos anteriormente mencionados que debilidades estatales como la corrupción estatal y la indiferencia ciudadana son obstáculos para la formulación de políticas públicas.

El proceso de paz: una interpretación desde la mirada de los altos mandos militares en Colombia

A pesar de la normatividad que establece el carácter apolítico de los miembros de las Fuerzas Militares es posible afirmar que los militares en Colombia cuentan con un pensamiento político debido a procesos sociológicos e históricos que datan de mediados del siglo XX. En el caso puntual del proceso de paz actual, iniciado en Agosto del 2012, entre el Estado Colombiano y el grupo guerrillero FARC se concluye que aunque los militares están a favor de la paz existen multiples factores que generan preocupación e incertidumbre al respecto, lo que se explica a partir de los procesos mencionados.

Derechos humanos de la población desplazada en Colombia. Evaluación de sus mecanismos de protección.

El desplazamiento forzado es uno de los fenómenos más dolorosos y críticos de la historia reciente a nivel mundial e interno. En respuesta a estas circunstancias han emanado de la comunidad internacional y de los Estados afectados diversas normativas y sistemas de atención, todavía en construcción, que pretenden dar respuesta efectiva a las adversas circunstancias de la población que es víctima de este flagelo. El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El Estado colombiano desafortunadamente no ha sido ajeno a este drama y a partir del año 1995 comenzó a registrar un inmenso número de casos en los que las personas se desplazaban a sus lugares de origen en busca de la protección de sus vidas y de su integridad. La respuesta estatal a esta problemática estuvo dada por la Ley 387 de 1997 y algunos otros instrumentos jurídicos que pretendieron establecer un marco de acción y un direccionamiento de la política pública interna que brindara un adecuado tratamiento a la población desplazada. A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.A pesar de la existencia de la reglamentación, con el paso del tiempo el problema se agudiza, las expectativas de atención a las víctimas se incrementan y son cada vez mayores las demandas sociales de personas en estas circunstancias que pretenden hacer exigibles sus derechos. Con esta crítica situación la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional y fija unos plazos específicos de cumplimiento por parte de los entes que conforman el sistema nacional de atención a la población desplazada, buscando un redireccionamiento de los sistemas de atención y política pública en la materia desde un perspectiva integral de derechos humanos. El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.El presente trabajo pretende realizar una exhaustiva mirada a la respuesta estatal y jurisprudencial, la coordinación y planificación del sistema, presentar las condiciones de los grupos vulnerables y evidenciar el rol de la capital de la república, como principal receptora de quienes se desplazan de sus asentamientos.

Premio experiencias pedagógicas sobre seguridad en los centros escolares 2008.

Se presentan los trabajos galardonados en los premios 'Experiencias Pedagógicas sobre Seguridad en el Entorno Escolar' en el año 2008. Las experiencias premiadas tratan la seguridad ciudadana, animando a la participación del sector educativo para el conocimiento real de la protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas. Los premios se dirigen a los centos escolares de Educación Infantil, Primaria, Especial, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

La educación para la ciudadanía en los países latinoamericanos.

Resumen tomado del autor. Resumen en castellano e inglés. Notas a pie de página. Este artículo se incluye en el monográfico 'Ciudadanía y educación'

La Violencia Intrafamiliar, un desafío fundamental del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.

Resumen basado en el de la publicación

Seguridad y derechos humanos

Así, se asiste actualmente a un escenario de progresiva vulneración de derechos que se respalda en una necesidad de garantizar un derecho a la seguridad asumido como un fin en sí mismo; exigencia que en el absurdo, se ha vuelto una simple herramienta discursiva carente de un contenido específico traducible en reivindicaciones de derechos. Un ciego reclamo de seguridad vacía de derechos.

El derecho a la seguridad integral en 2011

Desarrolla las evidencias del distanciamiento del mandato constitucional relativo al derecho a la seguridad integral como la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la constitución de cuatro zonas de seguridad en torno a proyectos hidroeléctricos, concesiones mineras y en la zona de construcción de la refinería del Pacífico, la afectación a la seguridad laboral con la adopción del reglamento general a la Ley Orgánica del Servicio Público y su reforma, el incremento de delitos, accidentes de tránsito y suicidios. Concluye que la concepción y práctica de seguridad no supera la visión centrada en la seguridad del Estado y no de las personas.

Informe sobre derechos humanos Ecuador 2012

El Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, inició en 2009 la publicación anual de un informe sobre derechos humanos como una contribución a la reflexión y observancia de su cumplimiento. Tomó como referencia el nuevo marco constitucional, adoptado a finales de 2008, el cual plantea nuevos desafíos al Estado ecuatoriano y al conjunto del país en el fortalecimiento del catálogo de derechos y de garantías y sus principios, entre ellos integralidad, interdependencia, pro homine, aplicación directa y progresividad. Cada nueva entrega del Informe fue sujeta a una evaluación y fue incorporando ajustes y modificaciones. El correspondiente al año 2011, publicado el año pasado, tuvo gran impacto nacional e internacional. En muchos sectores fue muy bien recibido, pero provocó el rechazo del Gobierno. La Universidad y el PADH explicaron ante la opinión pública el contenido y alcances de la publicación, pero se generó un conflicto público. Ante ello, el presidente del Consejo Superior, de acuerdo con el rector de la sede ecuatoriana, en ejercicio de la autonomía universitaria, consultó a los miembros de ese organismo sobre la posibilidad de que se designara una comisión internacional para que estudiara el Informe y presentara sus observaciones y sugerencias. La respuesta de los miembros del Consejo Superior fue afirmativa y la comisión internacional fue designada. Así se lo comunicó a la comunidad universitaria y a las autoridades de la República del Ecuador. La comisión, integrada por el Dr. Enrique Bernales Ballesteros (Perú) y la parlamentaria andina Gloria Florez Schneider (Colombia), trabajó por varios meses y visitó Quito, entre enero y febrero de este año. La comisión internacional delimitó su labor a examinar la metodología del informe y a establecer recomendaciones para su fortalecimiento. Presentó su informe en abril y su versión final estuvo lista para publicación en junio. El contenido completo del documento ha sido publicado, por disposición del Presidente del Consejo Superior, en la página web de la Universidad: ‹http://www.uasb.edu.ec/ padh_contenido.php?cd=1158&pagpath=1&swpath=infb&cd_centro=5&ug=ac›. Desde mediados de 2012, el PADH continuó con las actividades necesarias para realizar el Informe correspondiente a 2012, pero a inicios de 2013 se resolvió esperar el informe de la comisión internacional para concluirlo y publicarlo. Una vez que lo conoció, el equipo de PADH procuró recoger las observaciones y recomendaciones. Es así como se han realizado algunos ajustes. El principal fue una división entre el “Informe” propiamente dicho, que prepara el PADH en forma institucional, y las contribuciones, bajo la modalidad de artículos, de la sociedad civil, docentes y entidades del Estado. Por ello, desde este año, aparecerán dos publicaciones. Por un lado el Informe sobre Derechos Humanos, un balance preparado por el equipo responsable. Por otro lado, una publicación colectiva titulada Horizontes de los derechos humanos que analiza varios casos y temáticas relevantes de 2012, con la contribución de varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y docentes. También se incorporan los dos artículos presentados por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y por el Ministerio Coordinador de la Política Interna y Externa.

Ecuador: hacia una seguridad con enfoque integral de buen vivir

El derecho a la seguridad es una combinación de facultades y potestades que tiene la sociedad para requerir del Estado la adopción de condiciones propicias para una convivencia pacífica exenta de todo riesgo o peligro. En su significado semántico, la seguridad supone la exclusión de daño, peligro; en tal virtud, es una situación, estado social o mental con ausencia de todo riesgo o amenaza real. Dentro de este contexto, existen diferentes tipos de seguridad: integral, humana, ciudadana, pública, jurídica, social, entre otras. La Constitución de la República del Ecuador establece el ejercicio popular para la defensa y protección de los derechos colectivos, entre ellos, a la seguridad; por tanto, para satisfacerlo es fundamental adoptar políticas públicas que generen condiciones básicas que garanticen: 1. seguridad económica; 2. seguridad política; 3. seguridad ambiental; 4. seguridad de la salud; 5. seguridad alimentaria; y 6. seguridad ciudadana.

La frontera global. Análisis de los flujos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana

El texto trata la situación de la zona de frontera norte ecuatoriana, identificando que históricamente Ecuador es el único país que ha desempeñado un papel diferencial en la economía política del narcotráfico en los países andino-amazónicos; esto en el contexto de las guerras globales contra el narcotráfico y el terrorismo relacionadas directamente con los flujos transnacionales de narcotráfico. Desde esta perspectiva se presenta una propuesta analítica e interpretativa sobre la economía política del narcotráfico, haciendo referencia a los flujos transfronterizos de narcotráfico, manifestación mediante la cual, la compleja frontera norte-ecuatoriana se relaciona con el sistema industrial de droga que se desarrolla en los países andinoamazónicos insertándose a los circuitos y redes ilegales de la economía política internacional del narcotráfico. El establecimiento de una red de flujos transfronterizos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana, constituyen la agudización de la consecución y la expansión del mercado de producción y tránsito de droga en la zona de frontera colombo-ecuatoriana. Con consecuencias problemáticas que agravan las condiciones sociales y de seguridad ciudadana de las poblaciones transfronterizas, las condiciones de corrupción y desintegración política, institucional y social.

Experiencias emblemáticas para la superación de la pobreza y precariedad urbana: espacio público

Incluye Bibliografía

Algunas aproximaciones teóricas para el análisis de las políticas de seguridad en las ciudades contemporáneas

La inseguridad urbana se presenta como una problemática sumamente actual, y por demás interesante, que requiere ser abordada de manera científica. En este sentido, se considera que la elaboración de un marco teórico en torno al problema de la inseguridad puede significar un valioso aporte, tanto al momento de producir conocimiento para futuras investigaciones, como al momento de someter a crítica ciertos discursos con pretensión de verdad existentes en torno a la seguridad. Discursos que pueden operar como legitimadores de diferentes políticas urbanas de control social.

Cómo se construyó una marcha por justicia y seguridad en una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires. Movilización colectiva, acción política y percepción del delito : el caso de Azul en 2007

Esta ponencia se propone presentar brevemente el proyecto que me encuentro desarrollando como parte de mi tesina de grado y esbozar algunos apuntes de aquello que empieza a asomarse luego del análisis de las fuentes secundarias y de las primeras salidas al campo. El objetivo de la investigación es analizar la construcción de una "Marcha por justicia y seguridad" llevada a cabo en la ciudad bonaerense de Azul el 25 de mayo de 2007 desde el punto de vista de la acción colectiva. Se pretende indagar cómo esta acción, que conlleva una impronta de protesta, se articula en un marco más amplio de acciones, prácticas y sentidos que se ponen en juego en la movilización política de distintos sectores y que connotan significados complejos que requieren ser explorados en profundidad.

Cómo se construyó una marcha por justicia y seguridad en una ciudad del interior de la Provincia de Buenos Aires. Movilización colectiva, acción política y percepción del delito : el caso de Azul en 2007

Esta ponencia se propone presentar brevemente el proyecto que me encuentro desarrollando como parte de mi tesina de grado y esbozar algunos apuntes de aquello que empieza a asomarse luego del análisis de las fuentes secundarias y de las primeras salidas al campo. El objetivo de la investigación es analizar la construcción de una "Marcha por justicia y seguridad" llevada a cabo en la ciudad bonaerense de Azul el 25 de mayo de 2007 desde el punto de vista de la acción colectiva. Se pretende indagar cómo esta acción, que conlleva una impronta de protesta, se articula en un marco más amplio de acciones, prácticas y sentidos que se ponen en juego en la movilización política de distintos sectores y que connotan significados complejos que requieren ser explorados en profundidad.