1000 resultados para Seguridad Pública
Resumo:
El artículo repasa los cambios y continuidades en las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el lapso 2001- 2014. A los fines de la descripción se definen tres períodos, el primero, 2002-2007 en el que se destaca la puesta en marcha de la reforma policial y la disputa pública entre dos definiciones alternativas del problema de la inseguridad. El segundo, correspondiente a la asunción del gobernador Scioli en 2007 marca la ruptura con la empresa reformista y la restauración del viejo modelo policial, bajo la consigna de "devolver el poder de fuego a la policía". Por último, se plantea el interrogante sobre el surgimiento de una nueva etapa signada por la Declaración de Emergencia de marzo de 2014.
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El artículo repasa los cambios y continuidades en las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el lapso 2001- 2014. A los fines de la descripción se definen tres períodos, el primero, 2002-2007 en el que se destaca la puesta en marcha de la reforma policial y la disputa pública entre dos definiciones alternativas del problema de la inseguridad. El segundo, correspondiente a la asunción del gobernador Scioli en 2007 marca la ruptura con la empresa reformista y la restauración del viejo modelo policial, bajo la consigna de "devolver el poder de fuego a la policía". Por último, se plantea el interrogante sobre el surgimiento de una nueva etapa signada por la Declaración de Emergencia de marzo de 2014.
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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?
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Tabla de contenidos: Amor a la ociosidad. Justificaciones sobre la persecución de los vagos en Buenos Aires [1776-1865] / Agustín Casagrande. Cómo se organiza un poder : El Poder Judicial después de la Constitución de 1873 de la provincia de Buenos Aires / María Angélica Corva. El sí de los niños. Algunas aproximaciones al problema del consentimiento sexual en el ámbito jurídico bonaerense entre 1850 y 1890 / Betina Clara Riva. Peronización y desperonización del Poder Judicial bonaerense / Andrés Stagnaro. Muriendo, nace; rompiendo, crea. Prácticas, significados y sentidos de la muerte violenta en la provincia de Buenos Aires [1983-2009] / Santiago Galar. Crímenes, peligros y usos de la intervención policial en la sociabilidad barrial : Reflexiones en torno a un estudio de caso en la Ciudad de La Plata / Eliana Gubilei. Planificar para gobernar. Gobernar para reprimir. Práctica y doctrina anticomunista en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a mediados del siglo XX / María Eugenia Marengo. Los Foros Vecinales y el Mapa Vecinal de Prevención del Delito como estrategia de participación ciudadana en políticas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires / Gabriel Atilio Rivas. La división entre oficiales y suboficiales en la policía bonaerense : De su problematización a la acción política pública / Agustina Ugolini. La reinserción desde el punto de vista de los actores. Dictando clases en el Servicio Penitenciario Bonaerense / Iván Galvani. Reflexiones en torno al rol de los profesionales en la institución penitenciaria / Matilde Silva Pelossi. Desencajados. Remanencias de pabellón en liberados de cárceles bonaerenses [2009-2012] / Fabián Viegas Barriga.
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El artículo repasa los cambios y continuidades en las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires en el lapso 2001- 2014. A los fines de la descripción se definen tres períodos, el primero, 2002-2007 en el que se destaca la puesta en marcha de la reforma policial y la disputa pública entre dos definiciones alternativas del problema de la inseguridad. El segundo, correspondiente a la asunción del gobernador Scioli en 2007 marca la ruptura con la empresa reformista y la restauración del viejo modelo policial, bajo la consigna de "devolver el poder de fuego a la policía". Por último, se plantea el interrogante sobre el surgimiento de una nueva etapa signada por la Declaración de Emergencia de marzo de 2014.
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La estrategia i2010 de la UE tiene como objetivo garantizar el liderazgo europeo en materia de TIC y poner los beneficios de la Sociedad de la Información al servicio de la economía, la sociedad y la calidad de vida personal, teniendo presente que los éxitos de Europa hasta la fecha se han basado en favorecer la competencia leal en los mercados de las telecomunicaciones y crear un mercado sin fronteras para contenidos y medios de comunicación digitales. En esta línea, la Comisión Europea ha establecido que los distintos estados miembros deben contribuir activamente al desarrollo y uso seguro de los servicios telemáticos entre sus ciudadanos. Más concretamente, atribuye a las Administraciones Públicas, tanto a nivel nacional, regional como local, un papel dinamizador de la Sociedad de la Información que les obliga a ofrecer paulatinamente todos los actos administrativos a los ciudadanos a través de Internet. Como primer paso para el uso seguro de los servicios telemáticos que ofrecen las instituciones públicas se hace preciso dotar a los ciudadanos de una identidad digital que les permita identificarse ante un Proveedor de Servicio o ante otros ciudadanos de manera inequívoca. Por esta razón, la mayoría de países europeos – y otros en el resto del mundo – están promoviendo, sistemas fiables de gestión de identidad electrónica (eIDM), de tal manera que los ciudadanos, las empresas y departamentos gubernamentales (incluso en Estados miembros diferentes) pueden identificar y certificar sus operaciones con precisión, rapidez y sencillez. Sin embargo, la gestión de esta identidad por las Administraciones Públicas supone un importante desafío, acentuado cuando se hace necesaria la interoperabilidad entre Administraciones de diferentes países, puesto que personas y entidades tienen credenciales de identificación diferentes en función de su propio marco jurídico nacional. Consciente del problema, en la Unión Europea se han puesto en marcha una serie de proyectos con el objetivo de conseguir la interoperabilidad de los eIDMs entre las instituciones públicas de diferentes Estados miembros. A pesar de ello, las soluciones adoptadas hasta la fecha son insuficientes porque no prevén todos los posibles casos de interacción del usuario con las instituciones. En concreto, no tienen en cuenta un aspecto muy importante que se ofrece en los distintos sistemas jurídicos nacionales, a saber, la delegación de la identidad, mediante la cual un ciudadano puede autorizar a otro para que actúe en su nombre para acceder a determinados servicios prestados por las instituciones públicas. En esta tesis se realizan un conjunto de aportaciones que dan solución a distintos aspectos de los problemas planteados y que, de forma conjunta, permiten la interoperabilidad y la delegación de identidad en determinados Sistemas de Gestión de Identidad aplicados al entorno de las Administraciones Públicas. En el caso de la delegación, se ha definido un sistema de delegación dinámica de identidad entre dos entidades genéricas que permite solucionar el problema del acceso delegado a los servicios telemáticos ofrecidos por las Administraciones Públicas. La solución propuesta se basa en la generación de un token de delegación, constituido a partir de un Certificado Proxy, que permite a la entidad que delega establecer la delegación de identidad en otra entidad en base a un subconjunto de sus atributos como delegador, estableciendo además, en el propio token de delegación, restricciones en el conjunto de servicios accesibles a la entidad delegada y el tiempo de validez de la delegación. Adicionalmente, se presentan los mecanismos necesarios tanto para poder revocar un token de delegación como para comprobar sin un token de delegación ha sido o no revocado. Para ello se propone una solución para la identificación unívoca de tokens de delegación y la creación de una nueva entidad denominada Autoridad de Revocación de Tokens de Delegación. Entre las características del sistema de delegación propuesto destaca el que es lo suficientemente seguro como para ser utilizado en el entorno de la Administración Pública, que no requiere el uso de mecanismos off‐line para la generación de la delegación y que se puede realizar la delegación de forma instantánea y sin la necesidad de trámites complejos o la participación de un elevado número de entidades. Adicionalmente, el token de delegación propuesto es perfectamente integrable en las infraestructura de clave pública actual lo que hace que, dado que gran parte de las Administraciones Públicas europeas basan sus sistemas de identidad digital en el uso de la PKI y certificados de identidad X.509, la solución pueda ser puesta en marcha en un entorno real sin necesidad de grandes cambios o modificaciones de comportamiento. En lo referente a la interoperabilidad, se realiza un análisis exhaustivo y la correspondiente evaluación de las principales propuestas de Sistemas de Gestión de Identidad orientados a conseguir la interoperabilidad realizadas hasta la fecha en el marco de la Unión Europea y se propone, a alto nivel, una arquitectura de interoperabilidad para la gestión de identidad en las Administraciones Públicas. Dicha arquitectura es lo suficientemente genérica como para poder ser aplicada tanto en el entorno pan‐Europeo como en los entornos nacionales, autonómicos y locales, de tal forma que la interoperabilidad en la gestión de la identidad esté garantizada en todos los niveles de la Administración Pública. Por último, mediante la integración de la solución de delegación dinámica de identidad y la arquitectura de interoperabilidad propuestas se presenta una solución al problema de la delegación en un escenario pan‐Europeo de gestión de identidad, dando lugar a una arquitectura global de interoperabilidad pan‐Europea con soporte a la delegación de identidad. SUMMARY The i2010 European Union Plan aims to ensure European leadership in ICT and to promote the positive contribution that information and communication technologies can make to the economic, social and personal quality of life, bearing in mind that, to date, success in Europe has been based on promoting fair competition in telecommunications markets and on creating a borderless market for contents and digital media. In this line, the European Commission has established that the different member states should contribute actively to the development and secure use of telematic services among their citizens. More specifically, it is attributed to national, regional and local Public Administrations to have a supportive role of the Information Society, requiring them to gradually provide the citizens with Internet‐based access to all administrative procedures acts. As a first step for the secure use of telematic services offered by public institutions, it is necessary to provide the citizens with a digital identity to enable them to identify themselves unequivocally to a Service Provider or to other citizens. For this reason, most European countries ‐ and others in the rest of the world ‐ are promoting reliable systems for managing electronic identity (eIDM), so that citizens, businesses and government departments (even in different Member States) can identify and certify their operations with precision, speed and simplicity. However, the identity management by Public Administrations is a major challenge that becomes more difficult when interoperability between administrations of different countries is needed, due to the fact that individuals and entities have different identification credentials according to their own national legal framework. Aware of the problem, the European Union has launched a series of projects with the aim of achieving interoperability of eIDMs between public institutions of different Member States. However, the solutions adopted to date are insufficient because they do not foresee all possible cases of user interaction with the institutions. In particular, solutions do not take into account a very important aspect that is offered in different national legal systems, namely, the delegation of identity, by which a citizen can authorize another to act on his/her behalf to access certain services provided by public institutions. In this thesis a collection of contributions that provide solution to different aspects of the aforementioned problems are carried out. The solutions, in global, enable interoperability and identity delegation in some of the Identity Management Systems applied to Public Administration environment. In the case of delegation, a dynamic identity delegation system between generic entities is defined. This system makes it possible to solve the problem of delegated access to telematic services offered by Public Administrations. The proposed solution is based on the generation of a piece of information called delegation token. This delegation token, derived from a Proxy Certificate, allows the establishment of identity delegation by an entity that delegates (delegator) in other entity (delegatee) making use of a subset of delegator attributes. It also establishes restrictions on services that can be used by the delegated entity and the expiry date of delegation. In addition to this, the mechanisms necessary to revoke and check the revocation status of a delegation token are presented. To do this, a solution to univocally identify delegation tokens and the creation of a completely new entity, called Token Delegation Revocation Authority, are proposed. The most remarkable characteristics of the proposed delegation system are its security, enough for it to be used in the Public Administration environment, the fact that it does not require off‐line processes in order to generate the delegation, and the possibility of performing the delegation instantaneously and without neither complex processes nor the intervention of a large number of entities. The proposed delegation token can be completely incorporated into current Public Key Infrastructure (PKI). Thus, since most of the European Public Administrations base their digital identity systems on PKI and X.509 identity certificates, the solution can be adopted in a real environment without great changes or performance modifications. Regarding interoperability, an exhaustive analysis and evaluation of most significant proposals on Identity Management Systems that aim to achieve interoperability carried out in the European Union framework until now are performed. A high level identity management interoperability architecture for Public Administrations is also proposed. This architecture is sufficiently generic to be applied to both pan‐European environment and national, regional or local environments, thus interoperability in identity management at all Public Administration levels is guaranteed. Finally, through the integration of the proposed dynamic identity delegation solution and the high level interoperability architecture, a solution to the problem of identity delegation in a pan‐European identity management environment is suggested, leading to a pan‐European global interoperability architecture with identity delegation support.
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Los últimos años han sido pródigos en accidentes con fuego en túneles de tráfico, lo que ha motivado la preocupación de los organismos encargados de velar por la seguridad en el transporte así como de los usuarios en general. Ello ha dado lugar a un renovado interés por todos los aspectos relacionados con la seguridad de lo que son buena prueba las Recomendaciones del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la seguridad en túneles carreteros, y la realización de este mismo Seminario. Como toda obra pública los túneles son infraestructuras esencialmente seguras en donde los accidentes graves son sucesos raros que, al ser inesperados y afectar a un número alto de usuarios, despiertan alarma social. En este capítulo, y en primer lugar, se hacen unos breves comentarios sobre los accidentes en túneles de carretera que han servido para llamar la atención de la profesión sobre las incógnitas subyacentes en un problema que se creía bien resuelto. A continuación se describe el proceso que ha ido elaborando el conocimiento actual mediante analogía con otras aplicaciones y ensayos específicos, lo que permitirá comentar el origen de algunas recomendaciones prácticas que se manejan actualmente. Finalmente se hace un resumen de los sistemas de seguridad activos y pasivos de uso habitual en los túneles.
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Antecedentes/Objetivos: El discurso político sobre el reto de la desnutrición ha aumentado y llevado a acuerdos nacionales e internacionales. Pero existe un nivel crucial de acción descuidado, centrado en los entornos y procesos que sustentan las políticas y su implementación. Se pretende analizar los factores de la gobernanza que influyen en el impulso de las políticas de nutrición en Iberoamérica, comparándolos con un grupo de países desarrollados, en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico para 2012, que utiliza el país como unidad de análisis (iberoamericanos, Canadá, nórdicos y España) sobre relación entre la gobernanza y 1. Seguridad alimentaria (SeA) y 2. Soberanía alimentaria (SoA). Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO y UNICEF. Se realizo un modelo de regresión lineal simple, y ajustado por riqueza. Resultados: Controlado por la riqueza del país se detectan asociaciones entre las variables de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria con las de gobernanza: La efectividad gubernamental se relaciona con el acceso al agua R2 = 67,4% (p = 0,002), prevalencia de subnutrición R2 = 44,9% (p = 0,02) intensidad déficit alimentario R2 = 51,5% (p = 0,03), desnutrición aguda R2 = 52,1% (p = 0,01). La voz y rendición de cuentas con el acceso al agua R2 = 66,4% (p = 0,003), desnutrición aguda R2 = 49,1% (p = 0,02). El estado de derecho con el acceso al agua R2 = 66,4% (p = 0,003), desnutrición aguda R2 = 51,1% (p = 0,01). El control de la corrupción con el acceso al agua R2 = 71,4% (p = 0,01), desnutrición aguda R2 = 49,8% (p = 0,02). La transparencia con el acceso al agua R2 = 69,5% (p = 0,001), desnutrición aguda R2 = 50,9% (p = 0,01). Y la calidad regulatoria con el acceso al agua R2 = 55,4% (p = 0,05) y desnutrición aguda R2 = 52,9% (p = 0,009). Conclusiones: La efectividad gubernamental es la condición de la gobernanza más ligada a la seguridad y soberanía alimentaria en los países Iberoamericanos. La disponibilidad de agua potable mejorada, se relaciona con todas las categorías de la gobernanza, y la desnutrición aguda con la mayoría. Siendo importante el impulso político para dar respuesta a la población vulnerable necesitada, las intervenciones para fomentar la disponibilidad, utilización y acceso a los alimentos todavía precisan mejorar y evaluar los procesos de toma de decisiones, y los procesos por los que las decisiones son implementadas, o no.
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Antecedentes/Objetivos: El impacto de la democracia en indicadores de mortalidad infantil, materna y en esperanza de vida ha sido demostrado. Objetivo: explorar la relación entre la democracia y la soberanía y seguridad alimentaria en Iberoamérica, considerando la riqueza de los países en 2012. Métodos: Estudio transversal ecológico, que utiliza el país como unidad de análisis sobre la relación entre el índice de libertad (como proxy de la democracia) y las variables de 1. Soberanía alimentaria: Bajo peso al nacer, desnutrición aguda y crónica infantil, % de población bajo la línea de pobreza; y 2. Seguridad alimentaria: prevalencia de subnutrición, acceso agua potable, suministro de proteínas promedio, y intensidad del déficit alimentario. Fuentes información: Estadísticas de Naciones Unidas, Banco Mundial, FAO, Freedom House. Todos los datos son referidos a 2012. Los países se estratificaron según su nivel de riqueza (Producto interior bruto-PIB) siguiendo la clasificación del Banco Mundial: baja, media, alta. También se clasificó la democracia en 3 categorías según Freedom House: países libres, medianamente libres y dictaduras. Se realizó un modelo de regresión lineal simple, y ajustado para controlar el efecto potencial de la riqueza del país. Resultados: El índice de libertad de los países estudiados, controlado por el PIB, se detecta asociado especialmente a la soberanía alimentaria. En concreto, se asocia a la desnutrición aguda infantil R2 = 49,8% (p = 0,02), desnutrición crónica infantil R2 = 51,4% (p = 0,04), y al % de población bajo la línea de pobreza R2 = 61,6% (p = 0,002). De los indicadores de seguridad alimentaria, solo el acceso al agua potable se detecta asociado R2 = 60,3% (p = 0,01), el consumo de proteínas promedio se asocia al índice de libertad, pero al controlar por el PIB se pierde la asociación. Conclusiones: La economía de los países Iberoamericanos pierde peso en la influencia sobre la seguridad y soberanía alimentaria al considerar su nivel de democracia. Este estudio muestra una fuerte asociación positiva de importantes condiciones como la desnutrición infantil y el acceso al agua potable con los derechos políticos y las libertades civiles, los cuales son políticamente modificables.
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Objetivo: Consensuar competencias profesionales de salud pública del/de la egresado/a en farmacia y los contenidos básicos que debe incluir la materia de salud pública según el criterio de un grupo docente de salud pública del grado en farmacia procedente de distintas universidades públicas y privadas de España. Métodos: 1ª Reunión del Foro de Profesorado Universitario de Salud Pública del Grado en Farmacia, que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid los días 19 y 20 de noviembre de 2013, en la que participaron 17 profesores/as. Los/las participantes disponían de sus propios programas docentes y de dos estudios previos sobre competencias profesionales en salud pública, para analizar las competencias y contenidos de salud pública del grado en farmacia. Se realizaron grupos de trabajo y se compartieron los resultados. Resultados: El mayor número de competencias fundamentales identificadas se corresponden con actividades de las funciones «Valorar las necesidades de salud de la población» y «Desarrollar políticas de salud». El programa final incluye contenidos básicos organizados en ocho bloques: Concepto de salud pública, Demografía sanitaria, Método epidemiológico, Medio ambiente y salud, Seguridad alimentaria, Epidemiología de los principales problemas de salud, Promoción y educación para la salud, y Planificación y gestión sanitaria. Conclusiones: La representación de prácticamente todas las facultades que imparten el grado en farmacia en España, y el consenso alcanzado en la descripción de competencias y contenidos, constituyen una base para unificar criterios que garanticen la mejora de la calidad docente y formativa.
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Reconocido como una de las figuras clave en la difusión de la inoculación contra la viruela en España, el médico de origen irlandés Timoteo O'Scanlan dejó publicadas 3 obras y numerosos artículos de prensa en los que plasmó su pericia e interés por una práctica que se inició de forma tardía en nuestro país. Aceptado como miembro de la Real Academia Médica de Madrid en noviembre de 1778, leyó su discurso de ingreso en abril de 1779. El texto, que constituye la primera aproximación de O'Scanlan a la inoculación, que venía practicando con éxito desde 1771, fue incluido con algunas modificaciones y sin citar la fecha de redacción en la introducción de su primera obra, Práctica moderna de la inoculación (1784). El manuscrito se encuentra en el Archivo del Conde de Campomanes (Fundación Universitaria Española, Madrid).
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El objetivo del presente estudio es describir y comparar los porcentajes de no cumplimentación de dos instrumentos de registro: hoja circulante (HC) y lista de verificación quirúrgica (LVQ), en un mismo entorno quirúrgico para una muestra de pacientes de características similares. Metodología: Estudio descriptivo realizado sobre registros intraquirúrgicos de 3024 pacientes de Cirugía de Ortopedia y Traumatología. 1732 pacientes intervenidos en 2009 con modelo de hoja circulante, cumplimentada al finalizar la intervención y 1292 en 2010 intervenidos con modelo de registro lista de verificación quirúrgica (checklist) cumplimentado durante la intervención en tres tiempos. Se han calculado características descriptivas (media, desviación típica, mínimo y máximo) del porcentaje de no cumplimentación global en ambos registros y el porcentaje de no cumplimentación (intervalo de confianza al 95%) de cada ítem de los registros estudiados. Resultados: Se observa mayor porcentaje de cumplimentación global y, en general, también individual, en la hoja circulante que en la lista de verificación quirúrgica. Conclusiones: El registro intraquirúrgico que mayor porcentaje de cumplimentación ha tenido de manera global ha sido la hoja de circulante y se evidencia la necesidad de implantar estrategias para mejorar el grado de cumplimentación de la LVQ por su relación con la seguridad de pacientes.
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El trabajo explora la emergencia de temas y la constitución de problemas públicos que integran la agenda de la seguridad en Argentina en la etapa democrática a partir de procesos vinculados a la problematización pública de muertes violentas constituidas como casos conmocionantes. Con estos fines, el análisis integra la reconstrucción en el registro de la acción pública de casos conmocionantes con una revisión de trabajos que desde las ciencias sociales abordan dimensiones de la muerte violenta y problemas vinculados a la agenda nacional de la seguridad. Como punto de llegada del análisis destacamos la capacidad que en la actualidad manifiesta la inseguridad para absorber e integrar dimensiones en tanto problema que se constituye como un guion cultural privilegiado para la comprensión de la violencia, que sintetiza sentidos sociales circulantes sobre el riesgo y que sirve de plataforma para la demanda política de amplios sectores de la ciudadanía.
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Uno de los principales objetivos de México —y más ampliamente de América Latina— es abatir la pobreza y promover una mejor distribución del ingreso, riqueza y oportunidades. Si bien esto representa hoy día uno de los escasos consensos entre los distintos actores de la sociedad, la selección del (los) instrumento(s) para lograrlo está sujeto a un acalorado debate. A tal grado llega este último disenso que se ha llegado a confundir el instrumento tomándolo como el fin último. El propósito de esta nota es mostrar que la consecución del objetivo no debe perderse de vista y que la elección del instrumento para conseguirlo debería ponderarse en menor medida, de acuerdo a las circunstancias —políticas, económicas y sociales— específicas a cada país. En particular, aquí se argumenta que la introducción de un sistema de seguridad social universal es uno de los instrumentos fundamentales para reducir la pobreza y la brecha de desigualdad en el ingreso y oportunidades. Asimismo, se sostiene que una reforma verde puede generar gran parte de los ingresos necesarios para financiar dicho sistema. Antes de ello conviene iniciar describiendo brevemente la evolución de los indicadores clave del desarrollo económico, a saber, el crecimiento económico, el nivel de pobreza y el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. A partir de aquí se sugiere una reforma alternativa para el caso de México.
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Entre fines de los años 90 hasta la actualidad en Argentina - considerados por los actores políticos y presentados en los medias como los años de mayor auge de las tasas de delito - varios planes de seguridad son formulados por parte del Gobierno nacional y de los Gobiernos provinciales. A nivel nacional, en el 2000, el gobierno de la Alianza y su presidente, Fernando de la Rua, lanzan un plan nacional de prevención del delito que se presenta como una estrategia ambiciosa, de alcance nacional. El plan será mantenido durante el mandato del presidente Néstor Kirchner, aunque bajo la forma de un programa acotado, implementado por los gobiernos municipales que lo adoptan. En el mismo periodo, varios otros planes son formulados por el gobierno nacional mientras los gobiernos provinciales lanzan sus planes propios. Esta sucesión de planes refleja la dificultad del gobierno nacional para formular una política pública de seguridad. Usando el enfoque de la sociología de la acción, proponemos un análisis de los actores políticos con responsabilidades en materia de políticas de seguridad y de sus acciones, preguntándonos cual es el impacto de la organización institucional sobre la acción política. ¿Las dinámicas político administrativas inciden en la formulación de políticas públicas? ¿En el caso argentino, el carácter federal del Estado, la repartición de competencias entre gobierno nacional y gobiernos provinciales, la división de los recursos entre administraciones en el seno del gobierno nacional, constituyen un obstáculo para la acción política?